Protección contra Ilustre Municipalidad de Illapel

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Illapel Recurso de Protección Rol N° 861-2019.- La Serena, veintidós de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, chilena soltera, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, chilena, soltera, cédula de identidad N° RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, nombre reservado, Illapel y deduce nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel, representada por su alcalde don Denis Cortés Vargas, ambos domiciliados en domicilio reservado, o quien lo subrogue, en razón de haber dictado actos arbitrarios e ilegales que privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio del derecho y garantía establecidos en el artículo 19 N°s. 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política, solicitando que se ordene restablecer el imperio del derecho y se asegure la debida protección a la afectada disponiendo lo que se señalará en la parte petitoria de su presentación.

Señala que su representada es profesora de Educación General Básica con post título en Lenguaje y Comunicación, que desde el año 2010 se ha desempeñado en la Escuela Valle del Choapa de la comuna de Illapel, ejerciendo diversas funciones tales como inspectora general y evaluadora y en forma paralela dictaba clases de lenguaje y comunicación y la jefatura de un curso, que no ha presentado nunca licencia médica y el año 2016 obtuvo la titularidad por 44 horas encasillándose como Experto 2. Agrega que por formar parte del Equipo Directivo ha tenido una actitud de liderazgo por lo que estima que su traslado es un castigo.

Continúa señalando que permanecer todo el día en el lugar destinado a sus labores le sería muy difícil pues es madre de los menores, como tampoco cuenta con medio de transporte, por lo que se asombró cuanto supo que sería trasladada a una escuela en la localidad de Canelillo, ubicada a 25 kilómetros de Illapel, de lo cual tomó conocimiento recién el 20 de febrero pasado por intermedio de la abogada del DAEM., quien le entregó una copia de la carta que no ha recibido formalmente.

Precisa que el acto administrativo que impugna es la Resolución Exenta N° 16 de 8 de febrero de 2019 la cual aprobó su destinación desde la Escuela Valle del Choapa donde cumplía funciones de evaluadora con 44 horas semanales cronológicas a la Escuela Camilo Henríquez de la localidad de Canelillo con 44 horas cronológicas semanales a partir del 1 de marzo de 2019 en las funciones de profesora de educación general básica.

Sostiene que el Plan Anual de Desarrollo Educacional Municipal de 2019 contempla la Subdimensión de Gestión de Personal.

Agrega que el acto administrativo impugnado hace referencia a la reorganización realizada por el DAEM conforme al artículo 22 del Estatuto Docente para el cumplimiento de los objetivos del PADEM. Que la municipalidad recurrida a través del DAEM determinó que el total de horas requeridas para la dotación docente es de 12.135 para el año 2019 por lo que existe una disminución de 2.169 horas en relación al año 2018, pero en ningún momento se establece su cambio de destino.

Que de conformidad al artículo 22 del Estatuto Docente, las modificaciones a la dotación docente, de conformidad a las causales 1 a 4 dicho artículo, deben estar basadas en razones de carácter técnico pedagógico. Del mismo modo el artículo 42 dispone que los traslados no deben significar menoscabo en su situación laboral, y profesional. Estima que el hecho de estar destinada a 25 kilómetros de distancia de su lugar de labores, constituye un menoscabo y que ya en el año 2018 figuraba con labores cronológicas tomadas para el año 2019.

Estima que se produce menoscabo en su persona por cuanto sus ingresos se verán disminuidos al tener que desembolsar fondos para su traslado y que no cuenta con vehículo particular. Si a eso se suma el hecho de tener dos hijos menores, ello implica un costo familiar importante.

Señala que si bien está destinada con la misma carga horaria, los gastos económicos, morales y familiares son demasiados. Todo esto le ha producido un cuadro depresivo y de trastorno fóbico encontrándose actualmente con licencia médica.

Por todo ello estima que el acto administrativo que dispuso su traslado es arbitrario.

Además señala que el referido acto es ilegal por cuanto la Ley N° 19.410 en los artículos 4 y 5, estableció que el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) debe estar aprobado a más tardar por el concejo el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, sin perjuicio de hechos excepcionales sobrevinientes que admiten su modificación posterior, lo cual debe contar con la aprobación del referido concejo, lo que en la especie no ocurre.

Precisa que las garantías constitucionales vulneradas son: 1.- la del N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, puesto que su representada fue objeto de un acto ilegal y arbitrario, basado en hechos inexistentes y que no se ajustó a otros funcionarios de la misma forma; 2.- la del N° 24, esto es, el derecho de propiedad sobre su cargo, entendiéndolo como la estabilidad en el empleo, y que el acto recurrido ha sido maquillado de una supuesta baja en la matricula. A la vez, el referido acto debe estar fundado debidamente; 3.- la del N° 16, esto es, la libertad de trabajo y su protección, puesto que se le ha impedido continuar sus funciones, como personal a contrata; 4.- la del N° 1, esto es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, ya que si bien se le ha destinado con la misma carga horaria, los gastos económicos, familiares y morales que deberá soportar constituyen un menoscabo.

Por todo lo cual solicita se declare como arbitraria e ilegal la Resolución Exenta N° 16 de 8 de febrero de 2019 de la Municipalidad de Illapel y se ordene el reintegro de su representada a la Escuela Valle del Choapa de Illapel con jornada de 44 horas semanales o lo que en derecho corresponda.

Acompaña diversos documentos fundantes de sus pretensiones.

Se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó informar a la recurrida Informando la Municipalidad de Illapel por intermedio del abogado don Miguel Alejandro Jopia López, solicita el rechazo del recurso desde ya, al tenor de lo que argumentará:

Comienza precisando que este es extemporáneo por cuanto el Decreto N° 16 de 8 de febrero de 2019 fue notificado, mediante carta certificada con fecha 8 de febrero de 2019, por lo que ha transcurrido con creces el plazo de 30 días, ya que fue interpuesto recién el 21 de junio de 2019, incluso si se considera el día 20 de febrero de 2019, como lo afirma la recurrente.

En seguida estima que procede el rechazo del recurso interpuesto por cuanto el acto impugnado no es ilegal en tanto se encuentra dentro de la facultad legal establecida en el artículo 42 de la Ley N° 19.070 y que el legislador ha establecido como limitación que no genere menoscabo laboral o profesional. Señala que la recurrente no ha expuesto en que consistiría dicho menoscabo laboral o profesional reconociendo que la destinación se produce con la misma carga horaria y de remuneración y que le afectaría en el ámbito personal ya que debe trasladarse a un nuevo establecimiento educacional.

En lo referente a la arbitrariedad, estima que tampoco concurre ello, puesto que la destinación de la recurrente es sólo una de varias acciones similares para la adecuación de la dotación docente del año 2019 a consecuencia de la planificación contenida en el PADEM 2019, a saber:

-Desvinculación por cumplimiento del plazo: 18 docentes, 15 asistentes a la educación, 20 destinaciones de docentes y 45 modificaciones de carga horaria.

-De acuerdo al PADEM 2019 (página 42) en la Escuela Valle del Choapa, se efectuó una disminución de 470 horas docentes, versus las 93 horas que debía ajustarse a la Escuela de Canelillo y que junto con la recurrente hubo otros cinco docentes de la Escuela Valle del Choapa que fueron destinados a otros establecimientos de la comuna.

Agrega que el PADEM 2019 fue aprobado por el Concejo Municipal el 13 de noviembre de 2018 obedeciendo estrictamente a la necesidad de redistribución de docentes de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento.

Precisa que el acto impugnado no es arbitrario ni ilegal, lo cual ha sido ratificado por la Contraloría Regional mediante oficio N° 2.493 de 22 de mayo de 2019, citando algunos de sus párrafos:

-El objetivo de la fijación de la dotación docente constituye un procedimiento tendiente al mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles para efectuar la labor educacional en términos que esté relacionada con las necesidades del servicio, primando fundamentalmente el interés público por sobre el interés particular de quien desempeña el cargo.

-Que la autoridad edilicia tiene facultades para disponer destinaciones sin el consentimiento del docente, con las solas limitaciones que estas obedezcan a la adecuación anual de la dotación y que no produzca menoscabo al afectado. Así, el PADEM 2019 indica en su punto 5.1 que la matrícula de los alumnos entre los años 2014 y 2018 ha tenido una tendencia a la baja y en base a esos antecedentes se ha realizado una reorganización de la administración municipal educacional lo que implicó una disminución de la dotación docente para el año 2019 (12.135 horas) respecto del año 2018 (14.304).

-En consecuencia, concluye Contraloría, la destinación impugnada se efectuó en aplicación de la normativa señalada, cumpliéndose las condiciones del artículo 42 de la Ley N° 19.070, esto es, que la destinación obedezca a la fijación o adecuación anual de la respectiva dotación, no produciendo menoscabo a la recurrente.

La recurrida acompaña por un otrosí, Plan Anual de Educación Municipal 2019, con su certificado de aprobación del Concejo Municipal, Decreto N° 16 de 8 de febrero de 2019 y comprobante de envío de carta certificada a la recurrente, copias de 19 decretos de destinaciones docentes en la comuna de Illapel año 2019, copia del oficio N° 2.493 de 22 de mayo de 2019 de la Contraloría Regional Coquimbo, y copia de documento ACHS sobre enfermedad no profesional de la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para el análisis del presente arbitrio es necesario tener en cuenta, previamente, que el nombre reservado, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona –por sí o a favor de otra- puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para el amparo cuando los derechos protegidos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo primero del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el N° 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, previene que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

CUARTO: Que, como primer punto de análisis, debe dejarse asentado que el acto arbitrario e ilegal contra el cual recurre la actora es el Decreto Exento N° 016 de fecha 8 de febrero de 2019, emanado de la Ilustre Municipalidad de Illapel y firmado por su alcalde subrogante don Héctor San Martín Rojas, que procede a destinar a la docente doña nombre reservado, profesora de educación general básica, quien cumple funciones en calidad de evaluadora en el Establecimiento Educacional Escuela Valle del Choapa con 44 horas cronológicas semanales, para que cumpla funciones en el Establecimiento Educacional Escuela Camilo Henríquez de la localidad de Canelillo con 44 horas cronológicas semanales, a contar de 1 de marzo de 2019.

QUINTO: Que, según la recurrente, dicha actuación municipal es ilegal y arbitraria y que la priva, perturba y amenaza sus legítimos derechos a la igualdad ante la ley, a su derecho de propiedad sobre el empleo que detenta, a la libertad de trabajo y al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, garantías constitucionales que se consagran en el artículo 19 N°s. 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto dicha destinación y se le reintegre a sus labores originales.

SEXTO: Que ha sostenido la recurrente que, se desempeña en la Escuela Valle del Choapa de la comuna de Illapel, en calidad de docente, obteniendo en el año 2016 la titularidad por 44 horas semanales y que siendo madre de dos menores le sería muy difícil desempeñarse en su nueva destinación distante 25 kilómetros de Illapel.

Señala que, de conformidad al artículo 22 del Estatuto Docente, las modificaciones a la dotación docente, de conformidad a las causales 1 a 4 de dicho artículo, deben estar basadas en razones de carácter técnicos pedagógico, lo que no se cumple en su caso. Asimismo el artículo 42 de dicho Estatuto dispone que los traslados no pueden significar un menoscabo en su situación laboral y profesional, estima que el hecho de tener que desplazarse diariamente a 25 kilómetros de distancia desde su domicilio constituye un evidente menoscabo por cuanto los gastos económicos, morales y familiares son demasiados, lo que deriva en una arbitrariedad.

Agrega que el referido acto municipal es ilegal además por cuanto la Ley N° 19.410 en sus artículos 4 y 5 establece que el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) debe estar aprobado por el Concejo a más tardar el 15 de noviembre para regir al año siguiente, lo que en la especie no ocurre.

SÉPTIMO: Que informando la Municipalidad de Illapel, solicita el rechazo del recurso por cuanto en primer término es extemporáneo ya que el Decreto N° 16 de 8 de febrero de 2019, fue notificado mediante carta certificada de igual fecha y el recurso fue ingresado recién el 21 de junio de 2019, alegación que se desestimará por cuanto el plazo de 30 días debe contabilizarse desde el 22 de mayo de 2019, fecha de evacuación del pronunciamiento de la Contraloría Regional, N° 2.493, relacionado con la materia y solicitado por la recurrente de autos.

En seguida estima que el acto impugnado no es ilegal ya que este se encuentra dentro de las facultades que establece el artículo 42 de la Ley N° 19.070, con la sola limitación de no generar menoscabo laboral o profesional a quien se dirija y que además ha sido la propia recurrente quien reconoce que la destinación se produce con la misma carga horaria e idéntica remuneración, siendo su afectación de carácter personal.

En cuanto a la arbitrariedad, señala que tampoco concurre puesto que la destinación de la recurrente es solo una de varias acciones similares como consecuencia de la aplicación del PADEM 2019, así entre otras, se desvincularon varios docentes por cumplimiento del plazo y que hubo otros cinco docentes, que se desempeñaban en el establecimiento que servía la recurrente, que también fueron destinados a otros establecimientos de la comuna.

Agrega que el PADEM 2019 fue aprobado por el Concejo Municipal el 13 de noviembre de 2018, obedeciendo estrictamente a las necesidades de cada establecimiento.

Finalmente señala que todo lo anterior ha sido ratificado por la Contraloría Regional en el informe Oficio N° 2.493 de 22 de mayo de 2019.

OCTAVO: Que del examen atento de los antecedentes agregados a estos autos, es menester concluir lo siguiente:

a).- Como ya se dijo el presente libelo no es extemporáneo por cuanto el dictamen de Contraloría Regional, solicitado por la propia recurrente, en relación a lo que se denuncia en la especie, fue evacuado por dicho organismo contralor el 22 de mayo de 2019 y el nombre reservado fue ingresado en este tribunal el 21 de junio de 2019.

b).- De conformidad a lo dictaminado por la Contraloría Regional Coquimbo en Oficio N° 2.493 de fecha 22 de mayo de 2019, a propósito de requerimiento formulado por la recurrente respecto de lo discutido en estos autos, dicho organismo contralor precisa que el artículo 42 inciso primero de la Ley N° 19.070 sobre Estatuto Docente prevee que los educadores podrán ser objeto de destinaciones a otros planteles de enseñanza dependientes de un mismo departamento de administración de educación municipal o corporación municipal, como consecuencia de la fijación o adecuación anual de dotación practicada conforme al artículo 22 y al plan de desarrollo educativo municipal, sin que les signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. Señala además que, de conformidad al artículo 21, inciso primero, de dicha ley, la dotación docente será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comienza a regir, una vez aprobado el PADEM por el Concejo Municipal. Por lo cual concluye que la autoridad edilicia tiene facultades para disponer destinaciones prescindiendo del consentimiento del docente con las condiciones de que obedezca a la fijación o adecuación anual de la respectiva dotación y que no produzca menoscabo al afectado, entendiendo por tal todo deterioro sobre la base de una comparación objetiva de las condiciones entre la relación laboral de origen y la nueva, y existiendo en el hecho una tendencia a la baja de las matriculas, lo que implica una disminución de la dotación docente para el año 2019, no existe menoscabo objetivo de la docente, en los términos que se expusieron.

NOVENO: Estos sentenciadores concuerdan los argumentaciones y decisiones que ha hecho presente la Contraloría Regional de Coquimbo, conforme a lo señalado en la letra b) anterior y se determina que no ha existido menoscabo objetivo de la docente recurrente en la destinación objetada.

DÉCIMO: Que por tanto, encontrándose facultada la Municipalidad recurrida, para actuar conforme lo ha hecho en el Decreto Exento N° 016 debe necesariamente concluirse que el citado decreto no es ilegal y en cuanto a la supuesta arbitrariedad del mismo, invocada para la recurrente, de los propios considerandos del documento municipal, signados con las letras a) a g), se desprenden los motivos legales y fácticos que se tuvo en consideración para dictarlo, por lo que dicha actuación se encuentra suficientemente fundada, debiendo además tenerse presente que consta de los documentos acompañados por la recurrida que son varios los docentes destinados de conformidad al PADEM 2019, por disminución de horas docentes, situación que por tanto no cae en una arbitrariedad respecto de la actora.

UNDÉCIMO: Que, en mérito a lo anterior, no se divisa que se haya infringido la igualdad ante la ley ya que no ha existido un trato discriminatorio hacia la recurrente; como tampoco se ha afectado su derecho a la propiedad, ya que ha mantenido su cargo en iguales condiciones objetivas; no se ha transgredido su derecho a la libertad de trabajo puesto que mantiene todo el derecho a desarrollar sus funciones docentes; y, finalmente, su derecho a la integridad física y psíquica no ha sido amenazado, puesto que consta del certificado emanado de la ACHS que la recurrente no requiere reposo laboral por lo que no se le otorga licencia médica.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, el presente recurso deberá ser rechazado.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA:

1.- Que el presente nombre reservado no es extemporáneo.

2.- Que se rechaza el nombre reservado deducido por doña nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel, representada por su Alcalde don Denis Vargas Cortés, sin costas, por estimarse que hubo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol N° 861-2019 (Rec. Protección).- Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros interinos señor nombre reservado, señor nombre reservado y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. No firme el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

En La Serena, a veintidós de julio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.