RECURSO DE PROTECCION INTERPUESTO POR PROTECTOR SECURITY SUPERMARKET SPA EN CONTRA DE LA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LIMARI-OVALLE

Protector Security Supermarket SpA c/ Inspección Provincial del Trabajo de Ovalle Recurso de Protección Rol Ingreso Corte 860-2017 La Serena, dos de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

1° Comparece don Francisco Gadella Cáceres, abogado, en representación convencional de Protector Security Supermarket SpA., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, ejerciendo acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Ovalle, representada legalmente por su Inspector Provincial del Trabajo don nombre reservado, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, que amenaza la garantía constitucional del artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, al no admitirse a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa por ordinario n° 371 de fecha 18 de abril de 2017, por considerarla fuera de plazo al no cumplir los requisitos que le permiten al Servicio conocer de la solicitud, esto es, al interpretar que se presentó fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Precisa, que la resolución de multa n° 1762/17/8 se cursó con fecha 8 de febrero de 2017 y mediante ordinario n° 130 de fecha 17 de febrero de 2017 se notifica a su representada la multa impuesta.

Indica, que la recurrida ha resuelto erróneamente, ya que necesariamente se debe concluir que al no señalar el artículo 512 del Código del Trabajo si el plazo de 30 días se trata de días corridos o hábiles, obligatoriamente se debe interpretar que se rige por el artículo 25 de la ley 19.880, esto es, que se trata de días hábiles, considerándose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Termina solicitando que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 371 de fecha 18 de abril de 2017, resguardando el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, con condenación en costas.

Acompañó a su presentación documentos consistentes copia de resolución de multa administrativa n° 1762/17/8 de fecha 27 de marzo de 2017; copia de escrito de solicitud de reconsideración administrativa y copia de resolución ordinaria n° 371 que deniega la tramitación del recurso de reconsideración con fecha 18 de abril de 2017.

2° Evacuando el informe solicitado, comparece don nombre reservado, funcionario público, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo del Limarí- Ovalle, domiciliado en domicilio reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por los motivos que en síntesis consisten en lo siguiente:

Señala que en relación a los hechos descritos en el recurso, se verificó que la solicitud de reconsideración administrativa de multa cursada fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, mediante Ordinario n° 371 de fecha 18 de abril de 2017 de la Inspección Provincial del Trabajo, informándose a la empresa que no se admitiría a tramitación tal solicitud por incumplimiento de requisitos legales, ya que no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Sostiene que el artículo 512 del Código del Trabajo no especifica si el plazo de 30 días es de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza, corresponde en primer término recurrir a las restantes normas del Código del Trabajo. En ese sentido, relata que el artículo 435 del Código del Trabajo establece en su inciso 1 que los plazos establecidos en el Libro V son fatales, con excepción de aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del Tribunal, cualquiera sea la forma en que se expresen y que en consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue, por el solo ministerio de la ley, con el vencimiento del plazo, estableciendo en su inciso 3° que los términos de días que establece el Título I del Libro V se entenderán suspendidos durante los días feriados, siendo el artículo 435 en comento inaplicable a este caso en cuanto se refiere al Título I del Libro V y no al Título Final que es donde se encuentra regulada la solicitud de reconsideración administrativa. Por otra parte, indica que el artículo 312 del Código del Trabajo, referido a los plazos de negociación colectiva, señala expresamente que cuando un plazo de días establecido en el Libro IV venciere en día sábado, domingo o festivo, se entiende prorrogado hasta el día siguiente hábil, norma que tampoco es aplicable al caso, dado que se refiere únicamente a plazos de días del Libro IV relativos a la negociación colectiva.

Afirma, que atendido lo anterior, resulta procedente aplicar las normas supletorias del derecho común establecidas en el Código Civil, en especial lo dispuesto en el artículo 50 del dicho cuerpo legal, de tal manera que cuando el legislador laboral ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha señalado expresamente y que cuando nada se ha dicho debe entenderse que se trata de días corridos, hipótesis del artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo.

Agrega, que existiendo una norma legal expresa que regula la presentación de solicitudes de reconsideración administrativa, no resulta procedente la aplicación de la norma del artículo 25 de la ley 19.880 que tiene el carácter de supletoria, la que por lo demás resulta ajena a la realidad y principios laborales. Sostiene que lo anterior, ha sido interpretado de dicha forma por la Contraloría General de la República pronunciándose en los dictámenes n° 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 y n° 17.344 de fecha 10 de marzo de 2014, los cuales revisten fuerza obligatoria para los órganos de la Administración.

Culmina expresando que no se ha conculcado la garantía constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19 n° 2 de nuestra Carta Fundamental, ya que se ha fundado el Ordinario n° 371 de fecha 18 de abril de 2017 en una decisión ajustada a derecho por parte de la autoridad, por lo que solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompañó a su informe documentos consistentes en resolución de multa n° 1762/2017/8-1, 2 y 3, incluyendo acta de notificación y guía de correos; formulario para reconsideración de multa presentado por la empresa Protector Security Supermarket SpA de fecha 27 de marzo de 2017; Ordinario n° 371 de la Inspección Provincial del Trabajo de Ovalle de fecha 18 de abril de 2017 con guía de despacho de correo certificado; sentencia de fecha 16 de abril de 2014 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago recaída en recurso de protección rol n° 9115-2014; dictamen n° 64985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009; dictamen n° 17344 de la Contraloría General de la República de fecha 10 de marzo de 2014 y resolución exenta n° 1153 de fecha 25 de mayo de 2012.

3° Con fecha 31 de mayo de dos mil diecisiete se trajeron los autos en relación.

4° Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala y permite a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados- privados, amenazados o perturbados- por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas.

Que, siguiendo lo antes expuesto, es supuesto forzoso de acogimiento de la acción cautelar de protección, la comprobación de la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

5º Que, la controversia planteada estriba en determinar si el plazo de treinta días para presentar reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles.

6° Que, la solicitud de reconsideración en cuestión se ha presentado en la etapa administrativa del procedimiento de reclamación por lo que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la misma ley, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Este, por lo demás, es el criterio que ha establecido nuestro máximo tribunal en causa rol 12637-2011.

7° Que, a partir de lo anterior, cabe entender que la reconsideración planteada por la recurrente con fecha 27 de marzo de 2017 fue presentada dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación de la multa en cuestión, lo que ocurrió el día 24 de febrero de 2017 por carta certificada, punto no controvertido por las partes.

8° Que, planteada una acción constitucional de esta naturaleza, atendido sus fines, corresponde al tribunal verificar si los hechos acreditados constituyen o no una vulneración, amenaza o perturbación de una garantía amparada por la Constitución, independiente de las invocadas por el recurrente.

9° Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, pues al interpretar la recurrida el artículo 512 del Código del Trabajo en la forma en que lo hizo, esto es, decidir que se trata de un plazo de días corridos y no de días hábiles, lo que le llevó a estimar extemporánea la reconsideración planteada por la recurrente, no ha respetado el procedimiento previsto por el legislador para resolver las solicitudes de reconsideración de la multa administrativa impuesta por funcionarios del servicio cuestionado, y atendido que la resolución cuya reconsideración no se admitió a tramitación impone a la recurrente una sanción pecuniaria, dicho proceder implica una amenaza al derecho de propiedad de la reclamante, garantía amparada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

10º Que, por último, no se vislumbra violación, perturbación o amenaza a la garantía de igualdad ante la ley toda vez que no se acreditó que la recurrida haya hecho diferencias arbitrarias entre sujetos sometidos a la misma situación.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por Francisco Gardella Cáceres, en representación de Protector Security Supermarket SpA, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 371 de 18 de abril de 2017 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Limarí (Ovalle), debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente el 27 de marzo de 2017, respecto de la Resolución de multa Nº 1762/17/8 de 8 de febrero de 2017.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 860-2017 Civil.- Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete.

La Serena, a dos de junio de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.