nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VICUÑA
- Fecha
- 17 de marzo de 2022
- Sala
- Segunda Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 86-2022, sentencia de 17 de marzo de 2022
Resumen
Se acoge el recurso de protección contra la Inspección del Trabajo de Vicuña, al impedir a la recurrente formular reserva de derechos al firmar su finiquito, acto ilegal que vulnera la igualdad ante la ley al privilegiar al empleador; se ordena permitir la reserva.
Texto íntegro
nombre reservado
Inspección Provincial del Trabajo de Vicuña Recurso de Protección Rol Nº 86-2022 La Serena, diecisiete de marzo de dos mil veintidós VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, con fecha 21 de enero de los corrientes comparece nombre reservado, trabajadora, domiciliada en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICUÑA, representada por su Jefa de Inspección Comunal doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los siguientes fundamentos.
Relata que el 16 de mayo del año 2016, ingresó a trabajar para la empresa Abarrotes Económicos Ltda., donde se desempeñó como operadora de sala por 5 años y 6 meses.
Agrega que el día 29 de noviembre del año 2021, recibió una carta en que se informaba que la empresa había decidido poner término a su contrato de trabajo a partir del día 29 de noviembre.
En ésta comunicación, se señala que el motivo del despido se debía a la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, lo cual se refiere a necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. En la misma carta, se indicaba que "El hecho fundante de la causal invocada consiste en que la Empresa ha debido realizar una reducción o racionalización de los costos de mano de obra, de la sección donde usted presta servicios, como consecuencia de los resultados operacionales adversos de dicha sección".
Posteriormente su ex empleador informó que su finiquito se encontraba a disposición en la Inspección Comunal del Trabajo ubicada en O'Higgins N°573, de la comuna de Vicuña y que debía ir a firmarlo.
Hace presente que desde un primer momento su intención fue impugnar el despido por intermedio de las acciones legales pertinentes, pues la causal invocada, dudosamente se ajusta a la realidad y por lo demás, no se justificó en la forma ni el fondo. A esto debe sumarse que la misiva recibida es precaria, ya que se limita a invocar la causal de despido y sin cumplir con los requisitos legales en cuanto al desarrollo de los fundamentos de hecho que esta debe contener.
Enseguida, el 22 de diciembre del año 2021, asistió a la Inspección del Trabajo a suscribir su finiquito, con la idea de estampar en ella la cláusula correspondiente, y reservar su derecho a ejercer acciones judiciales contra la empresa. Sin embargo, el funcionario que lo atendió en dicha oportunidad le indicó que no podía estampar la aludida cláusula de reserva, puesto que para ello debía contar con la autorización expresa de su empleador.
Finalmente, y atendido a la negativa manifestada por el funcionario en cuanto a la escrituración de la reserva de derechos para ejercer acciones judiciales posteriores contra su ex empleador, y no tuvo más opción que no firmar dicho finiquito, puesto que se veía claramente amenazado su derecho a acceder a la justicia respectiva, cosa que le ocasiona un perjuicio grave, reparable únicamente con la decisión de esta Corte.
Dice que los hechos relatados afectan la garantía de igualdad ante la ley pues se realizó una diferencia en el ejercicio de sus derechos como trabajadora, puesto que la formulación de reserva de derechos, se encuentra consagrada en el artículo 177 del Código del Trabajo y tal como se menciona en el mismo cuerpo legal, éste es un acto facultativo del trabajador, por lo que, negarlo sin razón alguna, invocando la sola falta de consentimiento por parte del empleador, vulnera un precepto establecido en la ley, reproduciendo el artículo 5 del Código del Trabajo. En el caso concreto la formulación de reserva, es un derecho consagrado en la ley, el cual al ver impedido su libre ejercicio, amenaza sustancialmente una garantía constitucional, la igualdad ante la ley, y consecutivamente el debido proceso, específicamente el acceso efectivo al juez de letras competente. Es así como por un mismo hecho, se vulneran preceptos legales, como los ya mencionados, y pasa a llevar garantías constitucionales, traspasando el límite interpuesto por el artículo 5 del Código del Trabajo ya referido.
A mayor abundamiento, refiere que el derecho a ejercer una acción judicial, es garantía para todas las personas, por lo que lo que su calidad de trabajadora y en concordancia con la legislación laboral ya citada, la formulación de reserva legal es un derecho que no puede ser negado, puesto que bajo la lógica consecuencial, el impedimento de este ejercicio, niega el acceso a la justicia, que no solo se encuentra consagrado legalmente de forma específica en el Código del Trabajo sino que es un derecho fundamental, garantizado en nuestra Constitución.
Citando la garantía del debido proceso en relación al artículo 177 del Código del trabajo, manifiesta que al momento de impedir la formulación de la reserva de derechos que pretendía estampar, el despido realizado por el empleador fue juzgado por el funcionario de la Dirección del Trabajo, sin contar con estas facultades, ya que impidió que el Juez de Letras competente, conociera de los hechos que fundamentaron su despido y seguidamente dictare sentencia respectiva; amenazando su derechos fundamentales, sin competencia alguna y sin las garantías del debido proceso que otorga la Carta Magna.
Solicita finalmente se acoja el recurso y se restablezca el imperio de los derechos que se han amenazado, ordenando que se autorice la suscripción de la respectiva reserva de derechos en el finiquito correspondiente, por cuanto la negativa implica un acto arbitrario e ilegal, que transgrede sus derechos y garantías constitucionales.
Acompaña carta de despido emitida por la empresa Abarrotes Económicos Ltda., el 27 de noviembre del año 2021.
SEGUNDO: Que, a folio 8, con fecha 16 de febrero pasado, al evacuar el informe requerido, la Inspección del Trabajo solicita el rechazo del recurso.
Alega que el 21 de diciembre de 2021 concurrieron ante la Inspección Comunal del Trabajo de Vicuña la Srta. nombre reservado y la Srta. nombre reservado, en representación de la empresa Abarrotes Económicos (Supermercados Acuenta) a realizar el trámite de firma de finiquito, siendo atendidos por el funcionario nombre reservado.
En dicha oportunidad, y antes de efectuar el referido trámite, la trabajadora manifestó dudas respecto a un descuento de préstamo en cuotas que su empleador le estaba efectuando. Por lo anterior, de mutuo acuerdo, ambas partes optaron por verificarlo previamente, retirándose de la oficina con el objeto de aclarar sus diferencias.
El día 22 de diciembre de 2021, nuevamente concurrieron a las oficinas de la Inspección la Srta. nombre reservado y la Srta. nombre reservado, ya con sus diferencias aclaradas respecto al descuento. El funcionario procedió a efectuar la revisión de antecedentes propio del trámite de ratificación de finiquitos, oportunidad en que se verificaron dos circunstancias: Por una parte, la trabajadora manifestó su voluntad de dejar una reserva de derechos a fin de reclamar judicialmente la causal de término de contrato; y por la otra, el funcionario advirtió que la representante del empleador sólo contaba con un poder simple, insuficiente para efectos de firmar el finiquito.
Debido a lo anterior, la Srta. nombre reservado llamó telefónicamente a su jefatura directa, Gerente de Tienda y representante del empleador en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo, a fin de que concurriera tanto a firmar el finiquito como a autorizar la reserva de derechos, quien se negó a hacerlo.
En definitiva, en esta segunda oportunidad el trámite de ratificación de finiquito no se efectuó y ambas partes se retiraron sin formular observaciones o reclamos al respecto.
La trabajadora tampoco concurrió en forma posterior ante las oficinas de la Inspección a interponer el reclamo contemplado en los artículos 168 inciso 5° y 497 del Código del Trabajo en contra de su empleador Dice que la actuación de los funcionarios de la Dirección del Trabajo es fedataria, pero el finiquito en sí mismo, como acto jurídico que genera o extingue derechos y obligaciones, es vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo dando cuenta de la terminación de la relación laboral en determinadas condiciones: trabajador y empleador, en quienes se radicarán los distintos efectos jurídicos del mismo: poder liberatorio, valor probatorio y mérito ejecutivo.
Advierte que la persona que se presentó en representación del empleador carecía de las facultades suficientes para firmar el finiquito en representación de la empresa.
Así, la no ratificación del finiquito por parte del ministro de fe obedeció a dos circunstancias: no sólo a la negativa del empleador a autorizar la reserva de derechos, sino que también a la negativa de su representante con facultades del artículo 4° del Código del Trabajo a presentarse en las oficinas de la Inspección del Trabajo a firmar el finiquito.
Agrega que el trámite de ratificación de finiquitos difiere de la tramitación del reclamo administrativo contemplado en los artículos 168 inciso 5° y 497 del Código del Trabajo, destinado a celebrar un comparendo de conciliación, en el cual se cita al empleador bajo apercibimiento legal, se le requiere la presentación de los instrumentos necesarios, incluyendo el proyecto de finiquito, entre otros, se deja constancia de las declaraciones de las partes, se analiza en detalle la documentación presentada por las partes, y se verifica la existencia de posibles infracciones a la normativa laboral, entre otras actuaciones.
Alega que la reserva de derechos, formulada en un finiquito, supone la concurrencia de acuerdo de las partes sobre el particular. Así las cosas, la negativa del funcionario actuante a dejar testimonio de la reserva de derechos en el finiquito al no contar con autorización expresa del empleador para dicho fin, se ajusta plenamente a la normativa legal y doctrina institucional vigente.
Precisa que no era exigible otra conducta y no existe en la especie arbitrariedad o ilegalidad que haga procedente el presente arbitrio.
Acompaña: 1.
Memorándum N° 05 de 14 de febrero de 2022 de don nombre reservado, funcionario de la Inspección Comunal del Trabajo de Vicuña; 2.
Instrucciones del Manual de Procedimientos de la Dirección del Trabajo relativas a la ratificación de finiquitos de trabajadores; 3.
Dictamen N° 3594/095 de 07 de agosto de 2017 de la Dirección del Trabajo.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que se ha sostenido que el finiquito legalmente celebrado constituye un equivalente jurisdiccional que tiene la misma fuerza que una sentencia firme o ejecutoriada y da cuenta del término de la relación en las condiciones que en él se consignan. Tal instrumento, de acuerdo a la transcrita norma contenida en el artículo 177 del Código del Trabajo, debe reunir ciertos requisitos. A saber, debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, debe haber sido firmado por el interesado y alguno de los ministros de fe citados en esa disposición. Además, en el finiquito, obviamente, como se dijo, debe constar, desde el punto de vista sustantivo, el cabal cumplimiento que cada una de las partes ha dado a las obligaciones emanadas del contrato laboral o la forma en que se dará cumplimiento a ellas, en caso que alguna o algunas permanezcan pendientes.
SEXTO: Que en este orden se ha cuestionado en este recurso la conducta de la Inspección del Trabajo en cuanto no permitió que el trabajador estipulara una reserva de derechos por no contar con la autorización del empleador.
Que, en este tema, es dable asentar que como convención, es decir, acto jurídico que genera o extingue derechos y obligaciones, que se origina en la voluntad de las partes que lo suscriben, es vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo dando cuenta de la terminación de la relación laboral, esto es, a aquéllos que consintieron en finalizarla en determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento libre de todo vicio y sólo en lo tocante a ese acuerdo, es decir, es factible que una de las partes manifieste discordancia en algún rubro, respecto al cual no puede considerarse que el finiquito tenga carácter transaccional, ni poder liberatorio. En otros términos, el poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las partes han concordado expresamente y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó, sea porque una de las partes formula la reserva correspondiente, porque se trate de derechos u obligaciones no especificados por los comparecientes, o por cualesquiera otras razones que el entendimiento humano pudiera abarcar. (Corte Suprema rol 4579-2019).
SEPTIMO: Que lo reflexionado precedentemente y considerando lo previsto en el artículo 5° del código del ramo es posible concluir que la reserva es un acto unilateral y privativo del trabajador que no requiere la voluntad de terceros.
Que abona a lo concluido precedentemente la modificación al artículo 162 del código del trabajo que en su inciso 8° exige al empleador “informar al trabajador que, al momento de suscribir el finiquito si lo estima necesario podrá formular reserva de derechos”, sin distinguir la modalidad de suscripción.
OCTAVO: Que acorde a lo expuesto precedentemente, el funcionario de la Inspección del trabajo al impedir a la actora efectuar la reserva de derechos en el finiquito, incurre en un acto contrario a la ley, conculcando la garantía consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley por cuanto el servicio recurrido está colocando al empleador en una situación de privilegio, al otorgarle una prerrogativa no contemplada en la ley, en claro desmedro de los derechos del trabajador.
En consecuencia, el recurso será acogido.
Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra de la Inspección del Trabajo de Vicuña, representada por doña nombre reservado y, en consecuencia, se dispone que en el finiquito laboral suscrito por la recurrente deberá permitírsele efectuar reserva de derechos dentro del plazo de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, para todos los efectos legales.
Redacción de la Ministro Sra. Maldonado.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol 86-2022.- Pronunciado por la Segunda de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. No firma el señor nombre reservado, no obstante de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.
En La Serena, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.