CENTRO ODONTOLÓGICO LAS ARAUCARIAS LIMITADA con nombre reservado

Centro Odontológico Las Araucarias Limitada nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 859-2023 La Serena, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el día tres de mayo de dos mil veintitrés, comparece don Mauricio Hernán Pacheco Ibarra, abogado, en representación según se acredita de Centro Odontológico Las Araucarias Limitada, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, Juez Sustanciador, Director Regional de Tesorería, Región de Coquimbo.

Expone que el 06 de marzo 2023 se presentó por su representada ante el Tribunal Tributario de Coquimbo, una reclamación de Reliquidación N°10. Luego, el 11 de abril del presente año, la recurrida requirió de pago administrativamente los mismos montos reclamados ante el Tribunal Tributario, ante lo cual se opusieron excepciones y se solicitó la suspensión del procedimiento rechazándose lo solicitado de plano. Agrega que se repuso la resolución y se apeló en subsidio, rechazándose ambos recursos el 26 de abril del presente. En mérito de lo anterior el día 19 de abril del presente se solicitó al Tribunal Tributario la suspensión del cobro administrativo, acogiéndose dicha petición. Sin embargo, el día 20 de abril del presente año, Tesorería a pesar de no haber resuelto los recursos pendientes y estando en conocimiento de la reclamación al tribunal Tributario, procedió a embargar tres cuentas corrientes de su representada por un total de $32.000.000.- Refiere que se le solicito al recurrido el alzamiento de los embargos en virtud de lo resuelto por el Tribunal Tributario, resolución del siguiente tenor: “Como se pide, conforme al inciso tercero del artículo 147 del Código Tributario, suspéndase el cobro de los giros de impuesto correspondientes a la Reliquidación N°10 de fecha 28 de noviembre de 2022, reclamada en autos, hasta que se dicte sentencia definitiva de primera instancia, ofíciese al efecto a la Tesorería General de la República, Dirección Regional de Coquimbo.”

Expresa que don nombre reservado, Juez Sustanciador, al negar el alzamiento de los embargos, luego de lo decretado por el Juez del Tribunal Tributario, se aleja del espíritu de la norma contemplada del artículo 147 del Código Tributario, ya que el objeto de la suspensión del cobro administrativo es no provocar daño al contribuyente que discuta el cobro. De esta forma, el embargo se transforma en un cobro anticipado de los montos reclamados, que inmoviliza la viabilidad de la empresa.

Alega que su representado se ha visto privado de ejercer su actividad comercial, ya que los dineros embargados son el sueldo de los trabajadores, pago de proveedores y pago de servicios, lo que definitiva acarrearía la quiebra de la empresa, ya que la reclamación pendiente es un juicio de lato conocimiento y los $32.000.000.- retenidos causarían un daño irreparable a la empresa.

Aduce que, en la especie, mediante el acto del juez sustanciador al realizar el embargo en conocimiento de la solicitud de suspensión, ha provocado privación de su derecho de propiedad sobre los dineros embargados y de su derecho a desarrollar una actividad económica, consistente en poder seguir funcionando la empresa, respetando las normas legales que la regulan.

Solicita, por tanto, adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, ordenando el alzamiento de los embargos por $32.000.000.-, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña al recurso: 1. Resolución Tribunal Tributario. 2. Resolución de Tesorería.

SEGUNDO: Que, el día dieciséis de mayo de dos mil veintitrés evacuó informe el recurrido, don nombre reservado.

Expone que la contribuyente Centro Odontológico Las Araucarias Limitada, es deudora del Fisco, y que en su contra, se ha incoado el proceso de cobro de obligaciones tributarias, causa llevada bajo el Rol 10726-2023 de La Serena, por la suma neta de $23.747.259.- y liquidada de $53.726.749.- Relata que el 11 de abril de 2023 se procede a notificar por cédula a la ejecutada en su domicilio tributario y que, luego de notificado, el día 14 de abril se despachó resolución que ordena embargo de fondos en cuentas bancarias de propiedad del ejecutado.

Indica que, el mismo 14 de abril de 2023, la recurrente interpuso excepción de no empecer el título, en los términos del artículo 177 del Código Tributario, la que fue declarada inadmisible por resolución de 17 de abril de 2023, por no fundarse en los presupuestos establecidos en el Código del ramo que regulan esta oposición, ordenándose seguir adelante la ejecución en aras del resguardo del interés fiscal entregado a este Servicio.

Agrega que los días 19 y 20 de abril, en cumplimiento de su mandato legal, no constando a la fecha orden de suspensión por parte del órgano girador (Servicio de Impuestos Internos), del Tribunal Tributario o de un Tribunal superior, sino únicamente las alegaciones del contribuyente, Tesorería prosiguió la ejecución en contra de Centro Odontológico Las Araucarias Limitada, trabándose embargo sobre los dineros existentes en las cuentas corrientes de la ejecutada.

Refiere que el día 25 de abril, se recibe nueva presentación de la ejecutada, fundada en la orden de suspensión emanada del Tribunal Tributario y Aduanero decretada el 21 de abril de 2023, lo que fue resuelto ordenando ingresar la suspensión del proceso a contar de la orden del Tribunal Tributario, pero no fue acogida en cuanto al alzamiento de los embargos, puesto que éstos fueron trabados antes de tal instrucción, en el marco de un proceso plenamente vigente, y atendida la incerteza del resultado de tal reclamación; considerando además que la suspensión no implica ni conlleva el efecto de perder lo obrado con anterioridad en la causa, sino la detención inmediata de toda nueva medida de apremio a contar de la fecha de su disposición, no resultaba procedente dejar sin efecto o anular las actuaciones practicadas antes de ello.

Hace presente que además, se ordenó que los dineros embargados, una vez recibidos, se consignasen en formularios 10 “de custodia” bajo el RUT del contribuyente y no se aplicasen directamente a la deuda, y finalmente, que el oficio N°1246 del Tribunal Tributario fue entregado de manera formal a este Servicio el día 28 de abril del presente.

Manifiesta que lo que se pretende impugnar a través de esta acción constitucional corresponde a resoluciones y actuaciones de carácter jurisdiccional, como lo son la traba de embargos y resoluciones que deniegan recursos o rechazan solicitudes de alzamiento; tales actuaciones han sido efectuadas en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio del derecho, lo cual supone que se encuentra sometido a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación.

En definitiva, el actor pretende corregir o enmendar una resolución judicial dictada en materia Ejecutivo-tributaria por el Juez Sustanciador que conoce de la causa. Así, tal como se ha expresado, no puede existir una privación, perturbación o amenaza del derecho al ejercicio de su actividad económica ni del derecho de propiedad del recurrente, ya que nos encontramos ante un procedimiento legalmente tramitado, con facultades otorgadas expresamente por el legislador. Considerándose, además, que dicho procedimiento contempla medios ordinarios de impugnación de las resoluciones en él dictadas, señala que ésta no es la sede para conocer y resolver la cuestión planteada como objeto del recurso.

Alega que, en razón de lo anterior, el presente recurso de protección es improcedente, por cuanto los pretendidos agravios esgrimidos son producto de resoluciones de un proceso de cobro ejecutivo de impuestos legamente tramitado, los cuales se encuentran bajo el imperio del derecho. Así las actuaciones y resoluciones judiciales sólo pueden ser dejadas sin efecto de oficio o a petición de parte interesada, por los medios y recursos procesales idóneos, en la misma causa en que se dictó.

Sumado a lo anterior, explica que el presente recurso debe ser rechazado en todas sus partes ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Tesorerías.

Cita la normativa aplicable, en torno a las funciones y facultades del servicio de tesorerías, de lo cual concluye que el legislador facultó y ordenó expresamente a la Tesorería General de La República para proceder al cobro coercitivo de los tributos impagos de nuestro país y continuar trabando embargos aun cuando existan excepciones interpuestas pendientes de fallarse, impidiendo únicamente cursarse el pago de las deudas discutidas, y por ello, los dineros embargados, en este caso, fueron ordenados mantenerse en custodia mientras subsista la suspensión del proceso ordenada por el Tribunal Tributario, quedando así en evidencia que la facultad de proceder a trabar embargos de diversas especies, en virtud de un mandato legal y del derecho de prenda general, es exclusiva del respectivo Tesorero Regional o Provincial, en su carácter de Juez Sustanciador y, por ende, no podría constituir acto u omisión arbitral e ilegal, sino más bien un estricto apego de las normas legales y el ejercicio de una facultad legal entregada a este organismo público.

Por lo anterior, señala que ninguna arbitrariedad ni ilegalidad se ha cometido en la ejecución de las actuaciones del proceso de cobro tributario, que hayan amenazado, privado o perturbado el derecho constitucional de ejercicio de actividad económica y de propiedad aludidos por el recurrente.

Solicita, por tanto, rechazar el presente recurso de protección por improcedente, y por no ser arbitrarias o ilegales las actuaciones recurridas.

Acompaña: Copia de piezas pertinentes de expediente administrativo Rol 10726-2023 La Serena.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de don nombre reservado, quien en su calidad de Juez Sustanciador, no procedió a alzar el embargo solicitado por el recurrente respecto de fondos de su propiedad, contendidos en tres cuentas corrientes por un total de $32.000.000.- SEXTO: Que, en mérito de los antecedentes expuestos se advierte que la resolución que motiva el libelo del recurrente fue dictada en un procedimiento legalmente tramitado, esto es el Rol 10.726-2023 La Serena, ante el Juez Sustanciador recurrido.

Que, así las cosas, estiman estos sentenciadores que la resolución que negó lugar al alzamiento de embargo, solicitado por el recurrente de estos autos, se encuentra sometida al imperio del derecho, siendo susceptible recursos, así como de revisión o modificación, a través de las herramientas procesales que establece la ley, dentro del marco del propio procedimiento en que se tramita.

En tal sentido, y como se ha fallado reiteradamente, el recurso de protección es un procedimiento excepcional de resguardo de garantías constitucionales, por lo que no resulta la vía idónea para adoptar medidas en el sentido que pretende el actor, razón por la cual el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Mauricio Hernán Pacheco Ibarra, en representación de Centro Odontológico Las Araucarias Limitada, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 859-2023 (Protección).-