SOC. CENTRAL DE VIGILANCIA LTDA. con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO LA SERENA

Sociedad Central de Vigilancia Limitada Inspección Provincial del Trabajo La Serena Recurso de Protección Rol N° 853-2021.- La Serena, veintidós de julio de dos mil veintiuno.

Visto y considerando.

Primero: Que el 5 de junio de 2021, a folio 1, comparece don nombre reservado, Ingeniero, en representación de Sociedad Central de Vigilancia Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo La Serena, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado la Resolución Ordinaria N°66 de fecha 6 de mayo de 2021, que rectifica el monto de la multa contenida en la Resolución N°41 de 28 de Enero de 2021, aumentándola de 1 IMM a 10 IMM, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

Explica que con fecha veintisiete de noviembre de 2020, a propósito de un procedimiento de fiscalización cargo de la fiscalizadora Sra. nombre reservado, ésta remitió un correo electrónico a la empresa recurrente, en el que se afirmó: “atendida la contingencia le informo que este procedimiento, en primera instancia, se llevará a cabo en la modalidad remota, esto es, a través de comunicaciones por correo electrónico. De no constar con su anuencia y cooperación para llevar a cabo este procedimiento de fiscalización, a través de medios remotos, será fiscalizado de manera presencial en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan”. Además, se le solicitó que la información documental requerida se remitiera de vuelta a más tardar el día tres de diciembre, al mismo correo electrónico Agrega que el veintiocho de noviembre, el representante de la empresa recurrente, Sr. nombre reservado, respondió solicitando ampliar el plazo de entrega física de la documentación laboral, hasta el día cuatro de diciembre, por cuanto el jefe administrativo de la empresa se encontraba ausente, lo que fue desestimado por respuesta de la fiscalizadora de treinta de noviembre, invocando instrucciones internas del Servicio, y precisando además, que la documentación debía enviarse de forma remota y no de manera física. Por su parte, ese mismo día la empresa respondió cuestionando la urgencia del procedimiento inspectivo y haciendo referencia a la mención a ser “fiscalizado de manera presencial en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan”, decidiendo que la fiscalización se llevara a cabo en tal modalidad.

Pese a lo anterior, con fecha tres de diciembre de 2020, la Inspección del Trabajo La Serena emitió la Resolución de Multa Nº 1293.2020.19 del siguiente tenor: “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: contratos de trabajo y anexos, comprobantes de remuneraciones período abril a octubre de 2020, comprobantes de entrega de elementos de protección personal, registro de asistencia período abril a octubre de 2020. Lo anterior, respecto de los trabajadores que a continuación se indican: nombre reservado, Juvitza nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado”. La contravención a los arts. 31 y 32 del D.F.L. N° 2/1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue sancionada con la suma de 10 ingresos mínimos mensuales (IMM).

Con fecha doce de enero del año en curso el empleador solicitó la sustitución de la multa por la asistencia a un programa de capacitación, reiterando tanto que se optó por la alternativa de una fiscalización presencial cuando las condiciones sanitarias lo permitieran, como los inconvenientes que enfrentaba para poder cumplir con lo requerido. La petición de sustitución fue rechazada mediante el Ord. N.º 41 de veintiocho de enero de 2021, determinación que se fundó en el hecho que el empleador no acreditó la corrección íntegra de la infracción constatada.

A su juicio, se la recurrida incurrió en una serie de irregularidades. Primero, se dio inicio a un proceso de Fiscalización remota solicitando la colaboración del Fiscalizado y ofreciéndole la alternativa de una revisión presencial una vez concluyera la emergencia sanitaria. Sin embargo, tal Fiscalización en absoluto podría considerarse obligatoria, ya que recién con fecha 30 de abril de 2021, se dictó la Ley 21.327 que, precisamente y modificando el Código del Trabajo, otorga obligatoriedad a las Inspecciones por esa vía. Segundo, a la fecha del primer correo de Fiscalización, La Serena se encontraba en cuarentena desde el 27 de julio de 2020, de tal forma que no era posible acceder a sus instalaciones sin un permiso especial. Tercero, el D.F.L. 2, de 1967, que dispone la restructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo, en su artículo 24 consagra un sistema de fiscalización presencial de la Dirección del Trabajo; y el artículo 31 inciso final, en coherencia con dicho sistema de fiscalización presencial, obliga a las empresas a tener en sus establecimientos la documentación pertinente. Atendido que su parte se encontraba con las labores suspendidas o en modalidad de teletrabajo, y con cuarentenas vigentes, claramente no podían, por razones no imputables a la recurrente, cumplir con la obligación de entregar los antecedentes solicitados.

En cuanto al derecho, expone argumentos doctrinales, y afirma que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, y afecta los derechos que la Constitución asegura en su artículo 19º numerales 3, 21 y 24.

Finalmente pide que: “Primero, solicitando a la recurrida que, en el más breve plazo, informe al tenor de este recurso, acompañando todos los antecedentes que obren en su poder, especialmente los que dicen relación con el inicio de la fiscalización, con las condiciones en las cuales ésta se plantea, con la forma en que se llevó a cabo y con las resoluciones que concluyeron con la rectificación de la última dictada y que se recurre; Segundo, declarando derechamente que es improcedente tanto la Rectificación de multa recurrida como todo el proceso administrativo que desemboca en dicha Resolución; finalmente, ordenando que se deje sin efecto la sanción aplicada pues se origina en una resolución que produce amenaza, perturbación y privación efectivas en los términos que han sido expuestos, la cual vulnera los derechos que la Constitución asegura a mi representada, teniendo el carácter de arbitraria e ilegal, y pretendiendo establecer, paradójicamente, cooperación y voluntariedad donde luego se aplica sanción y obligatoriedad.”.

Junto con su acción acompaña los siguientes antecedentes: 1.- Copia de los correos electrónicos que se inician a partir del de 27 de noviembre de 2020, de la Fiscalizadora doña nombre reservado; respuesta del compareciente de 28 de noviembre de 2020; respuesta de la Fiscalizadora de 30 de noviembre de 2020; y respuesta y ejercicio de opción del compareciente de misma fecha. 2.- Resolución de Multa N°1293/20/19 de 3 de diciembre de 2020. 3.- Reconsideración Administrativa de fecha 18 de enero de 2021, debidamente recibida en la Inspección del Trabajo. 4.- Ordinario 41 de fecha 28 de enero de 2021, que resuelve la Reconsideración anterior. 5.- Resolución N°66 de 6 de mayo de 2021, que rectifica sanción aplicada a la recurrente. 6.- Copia de su personería, que consta de escritura de fecha 30 de noviembre del año 2007, otorgada en la notaría de Santiago de don nombre reservado. 7.- Certificado de deuda de Tesorería General de la República donde consta el cobro de la multa que se reclama.

Segundo: Que, con fecha 6 de julio de 2021, y a folio 10, comparece Elías Patricio Alcayaga Zumarán, abogado, en representación de la recurrida, evacuando el informe y, solicitando el rechazo del recurso, con costas, Al informar, confirmó el desarrollo cronológico de los hechos expuestos por el recurrente, con algunas precisiones. Relató que con fecha 19 de noviembre de 2020 un trabajador de la empresa recurrente denunció el no pago de remuneraciones e incumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad laboral, lo que activó la fiscalización. Afirmó que no es efectivo que se haya propuesto al empleador optar por una u otra forma de fiscalización, y que tampoco en el correo electrónico enviado por la fiscalizadora se señaló que la nula cooperación de la empresa dejaría en suspenso el procedimiento inspectivo hasta que se pudiera realizar de forma presencial, razón por la cual se cursó la multa. Añadió que el empleador solicitó la sustitución de la multa, pero no se acompañó toda la documentación requerida durante la fiscalización, por lo que se rechazó la solicitud de sustitución de multa, determinación que consta en el Ord. N.º 41 de 28.01.2021 de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, notificado a la empresa por carta certificada depositada en Correos de Chile el día 29.01.2021, entendiéndose practicada la notificación el día 08.02.2021 de conformidad al art. 508 del Código del Trabajo. En el referido Ord. N.º 41 de 28.01.2021 se cometió un error de copia o de referencia, ya que se indicó como valor de la multa la suma de 1 IMM y no de 10 IMM como era correcto señalar, ya que al haberse desestimado todo recurso administrativo no procedía rebaja alguna en el monto de la sanción. En tal sentido, de conformidad al art. 62 de la Ley N.º 19.880, de oficio se dictó una resolución rectificatoria del Ord. N.º 41 ya citado, por cuanto el error cometido fue meramente formal y no afectaba el fondo de lo resuelto. Así, la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena pronunció la Resolución N.º 66 de 06.05.2021, notificada personalmente a un representante de la empresa el día 07.05.2021.

A continuación, la recurrida se avoca a los vicios referidos al inicio de la fiscalización y requerimiento documental, señalando, en primer término, que en este ámbito la acción de protección resulta absolutamente extemporánea, ya que las comunicaciones entre la fiscalizadora y la empresa datan de 27, 28 y 30 de noviembre de 2020, y, en particular, la decisión del empleador de “optar” por una fiscalización presencial, también se efectuó en tal fecha, mientras que la multa N.º 1293/2020/219 fue cursada el día 03.12.2020. Con lo que, el tiempo trascurrido desde tales sucesos excede con creces el plazo de 30 días corridos para la interposición de la acción constitucional de protección, razón suficiente para que el recurso sea desestimado de plano sobre dicho aspecto.

Agregó que el empleador incurre en un notorio error conceptual sobre el ejercicio del ius puniendi estatal, por cuanto estima que él podía determinar “optando” sobre el momento en que la autoridad laboral podrá fiscalizarlo. Dicha “opción” se basa en el tenor de sus comunicaciones con la fiscalizadora actuante, lo que no es efectivo, como aparece de la revisión de los correos electrónicos, ya que en ningún momento la funcionaria expresó que la empresa podía optar entre tipos y épocas de fiscalización, sino que, se sostuvo que si la empresa no colaboraba, se podría realizar una fiscalización presencial “cuando las circunstancias sanitarias lo permitieran”, lo que no obsta, ciertamente, a que el procedimiento inspectivo que ya se encontraba en curso, llegara a su término aplicándose sanciones ante las infracciones constatadas.

Enfatizó que la Dirección del Trabajo no constituye una comisión especial que lleve a cabo fiscalizaciones contra de la voluntad de la empresa. En efecto, la propia norma del art. 505 del Código del Trabajo faculta al Servicio para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, prerrogativa que ciertamente no requiere la anuencia de los empleadores. Concluir que los procedimientos inspectivos son voluntarios y que las empresas definirán cómo y cuándo serán fiscalizadas desnaturaliza completamente el ejercicio del ius puniendi estatal, más aún cuando en casos como el analizado la actuación se generó por denuncia de un trabajador afectado por el actuar de la recurrente.

Finalmente, llamó la atención acerca del hecho que habiendo transcurrido tanto tiempo desde que se efectuó la fiscalización, recién ahora la empresa cuestione el proceder del Servicio, máxime si se considera que incluso se ejerció un recurso administrativo ordinario, la sustitución de multa, y no se impugnó oportunamente el fondo del procedimiento inspectivo.

Luego, la recurrida se refirió a los vicios respecto de la resolución que se pronunció sobre la solicitud de sustitución de multa. Afirma que la acción de protección también resulta extemporánea, ya que el rechazo de la solicitud de sustitución consta en el Ord. N.º 41 de 28.01.2021, el que se tuvo por notificado a la empresa el día 08.02.2021, por tanto, el tiempo trascurrido también excede con creces el plazo de 30 días corridos para la interposición de la acción constitucional de protección, razón suficiente para que el recurso sea desestimado de plano sobre este aspecto.

En cuanto al actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena desestimando la sustitución de multa por capacitación, afirmó que éste se ajusta completamente a Derecho, ya que la norma del artículo 506 ter Nº 2 del Código del Trabajo impone como criterio para dar lugar a la sustitución la acreditación de la corrección fehaciente de la contravención que motivó la sanción, presupuesto incumplido en la especie, ya que la recurrente no acompañó toda la documentación laboral requerida por el Servicio. Así las cosas, la única alternativa era rechazar la solicitud de sustitución.

Agregó que existe una acción de lato conocimiento destinada a que se revise judicialmente lo resuelto por la Inspección del Trabajo en la etapa administrativa, acción regulada en el art. 512 del Código del Trabajo. Esa vía judicial no fue ejercida oportunamente por la recurrente, sin que proceda que a través de la protección se intente revivir el plazo para la revisión judicial de los recursos administrativos.

Por último, la recurrida realizó alegaciones respecto de los vicios referidos a la rectificación en el valor de la multa, es decir, respecto de la Resolución N.º 66 de seis de mayo de 2021 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena. Reitera que dicha resolución rectificatoria se enmarcó en el artículo 62 de la Ley N.º 19.880, precepto que posibilita que la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, rectifique en cualquier tiempo los errores meramente formales de sus actuaciones. En dicho sentido, habiéndose rechazado la sustitución de multa por capacitación, resulta evidente que la presunta rebaja en el valor de la sanción que indica la empresa no es efectiva, por cuanto no existe ningún fundamento de hecho ni de derecho para que la Inspección del Trabajo hubiera rebajado el valor de la multa en un 90% como pretende aferrarse la recurrente. La multa cursada, en su valor original de 10 IMM, se ajusta plenamente a la normativa vigente y al tipificador infraccional de la Dirección del Trabajo, por tanto, consignar un valor diverso en el Ord. N.º 41 de 28.01.2021, fue un error meramente formal corregido oportunamente en base a la disposición legal ya citada.

Afirmó que no resiste mayor análisis la tesis esbozada por la empresa de que un error meramente formal termine vulnerando diversos derechos fundamentales, puesto que en dicha lógica la norma del artículo 62 de la Ley N.º 19.880 no sólo sería inconstitucional, sino que además se infringirían diversos principios de la tramitación administrativa, si se resta al Estado de posibilidad de rectificar sus actuaciones, en consonancia con las demás actuaciones del procedimiento.

En lo que respecta al derecho, sostiene la legalidad de las actuaciones del procedimiento inspectivo, la ausencia de arbitrariedad en el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, y controvierte la vulneración de derechos fundamentales.

Junto con su informe aparejó los siguientes antecedentes: 1. Carátula e informe de fiscalización N° 0401.2020.1061 de 21.12.2020. 2. Resolución de multa N° 1293/2020/19 de 03.12.2020. 3. Activación de fiscalización N.º 0401.2020.1061. 4. Formulario FI-1, notificación de inicio de procedimiento de fiscalización. 5. Formulario FI-2, antecedentes verificados en la fiscalización. 6. Formulario FI-4, acta de notificación de requerimiento de documentación y citación, de 27.11.2020 y 03.12.2020. 7. Set de correos electrónicos entre la fiscalizadora nombre reservado y don nombre reservado, incluyendo mensajes de 27.11.2020, 28.11.2020 y 30.11.2020. 8. Solicitud de recurso administrativo de 19.01.2020, incluyendo nota y documentación adjunta. 9. Formulario F-15, registro del proceso de recurso administrativo, de 25.01.2021. 10. Ord. N.º 41 de 28.01.2021, de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena. 11. Documento express de remisión de carta certificada, de 29.01.2021. 12. Resolución N.º 66 de 06.05.2021, de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena. 13. Acta de notificación personal de 07.05.2021.

Tercero: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que la primera de las argumentaciones expuestas por la recurrente, desde un punto de vista cronológico, dice relación con el requerimiento efectuado por la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, en orden a remitir por vía remota determinada documentación de carácter laboral, en circunstancias que la empresa habría “optado” por una fiscalización presencial, una vez que las condiciones sanitarias así lo permitieran. A este respecto, teniendo a la vista las comunicaciones vía correo electrónico verificadas entre la fiscalizadora y la recurrente, en el mes de Noviembre pasado, el hecho que la multa respectiva fuera cursada con fecha tres de diciembre del año 2020, y constando que la interposición de la acción constitucional de marras se produjo recién el cinco de junio del presente año, esto es, más de seis meses después de la actuación reprochada, no cabe sino acoger la alegación de extemporaneidad esgrimida en el informe de la Inspección del Trabajo.

Al efecto, es preciso recordar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece en lo pertinente, que dicha acción cautelar se interpondrá “…dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.” Este plazo preciso y breve que ha sido establecido por nuestro máximo tribunal se explica por cuanto la acción de protección persigue poner pronto remedio a los efectos que puede provocar un acto u omisión que puede reputarse como arbitrario o ilegal, respecto del derecho fundamental de toda persona, de los cautelados por el arbitrio constitucional en comento.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, no puede dejar de hacerse notar que la recurrente aceptó en su oportunidad la procedencia de la inspección remota propuesta por el ente fiscalizador, lo que queda en evidencia del hecho de haber deducido la solicitud de sustitución de la multa aplicada, sin efectuar impugnación alguna en relación con el procedimiento utilizado. Es dable añadir que no existe en nuestro ordenamiento precepto alguno que faculte para que sea el empleador quien determine la época en que podrá verificarse una inspección de esta índole, lo cual es de toda lógica atendida la naturaleza propia de la actividad fiscalizadora. Finalmente, la invocación por parte del recurrente de la Ley 21.327 es errónea, pues si bien es efectivo que dicha normativa vino a regular de mejor manera la utilización de medios electrónicos en la actividad fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, ella ya era posible, siendo por lo demás de amplia utilización práctica, al tenor de las facultades contenidas en el artículo 24 del DFL 2 de 30 de mayo de 1967, que dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo, el que en modo alguno obliga a que la actividad revisora deba ser de carácter presencial. En consecuencia, el recurso entablado no podrá prosperar, en cuanto pretendía dejar sin efecto el proceso de fiscalización remota ejecutado por la Inspección del Trabajo en los meses de noviembre y diciembre del año 2020.

Séptimo: Que la principal objeción de la recurrente se refiere a la Resolución Ordinaria N°66 de 6 de mayo del año en curso, que a su entender rectifica el monto de la multa contenida en la Resolución Ordinaria N°41 de fecha 28 de Enero de 2021, aumentándola de 1 ingreso mínimo mensual a 10 ingresos mínimos mensuales, vulnerando las garantías fundamentales que refiere en su libelo. Sin embargo, de los antecedentes expuestos por las partes, así como del tenor de las actuaciones de la propia recurrente, se advierte que la multa en cuestión había sido impuesta por resolución N°1293/20/19 de tres de diciembre de dos mil veinte, la que con toda claridad señalaba el monto de diez ingresos mínimos mensuales así como su equivalente en pesos, situación de la cual la recurrente era perfectamente consciente, pues fue respecto de dicha resolución, estimando excesivo el monto de la multa, que interpuso una solicitud de recurso administrativo, en el mes de enero del presente año, que fue resuelta negativamente por la resolución ordinaria N°41, ya referida.

Octavo: Que, si bien es efectivo que la resolución ordinaria N°41 señala como monto de la multa aplicada el de un ingreso mínimo mensual, nada hay en su contenido que permita sustentar o justificar una rebaja de la multa originalmente impuesta en diciembre pasado. Del tenor del acto administrativo en comento, que en su parte resolutiva se limita a rechazar la solicitud de sustitución de multa administrativa, indicando además el motivo para dicha negativa, no es posible en modo alguno inferir una intención de disminuir el monto de la sanción aplicada a la recurrente, resultando por lo mismo del todo atendibles las afirmaciones de la recurrida, en cuanto afirma que se trata en la especie de un mero error de transcripción, de carácter eminentemente formal. Bajo dichas circunstancias, resulta plenamente aplicable la norma contenida en el artículo 62 de la Ley 19.880, invocada por la recurrida, en cuanto habilita a la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento para rectificar de oficio los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.

Noveno: Que, conforme se ha razonado, no se vislumbra que exista arbitrariedad ni ilegalidad en la forma en que ha procedido la entidad recurrida, por cuanto ha obrado previa habilitación legal, en base a motivos expuestos en el acto administrativo que se ejecuta, adoptando la decisión en forma razonada dentro del margen de apreciación que el legislador le ha reservado. En consecuencia, verificado que no existe un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida no es necesario determinar si la recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Sociedad Central de Vigilancia Limitada en contra de la Inspección Provincial del Trabajo La Serena.

Regístrese y archívese en su oportunidad Redacción del ministro Sergio Troncoso Espinoza.

Rol 853-2021 Protección.