Recurso de protección

Hospital San Juan de Dios nombre reservado

Recurso de protección Rol N°852-2025 La Serena, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación del Hospital San Juan de Dios de La Serena, interponiendo acción constitucional de protección en favor del hijo recién nacido de nombre reservado, por la negativa de ésta última a la aplicación de vacunas para la prevención de la meningitis tuberculosa y hepatitis B. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el NUM000 pasado nació en el Hospital San Juan de Dios de La Serena el hijo de la recurrente y que ésta última se negó a la inoculación del niño aduciendo que las vacunas serían aplicadas con un pediatra particular.

Agrega que entrevistada la madre por el Equipo Chile Crece Contigo esta argumentó razones personales para negarse a la vacunación de su hijo y que “ha conocido casos de enfermedades presuntamente desarrolladas tras la administración de vacunas, lo que genera desconfianza y temor hacia el proceso de inmunización”.

Alega que la negativa de la recurrida a suministrar las vacunas al lactante constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto ellas se encuentran contempladas en el Decreto Exento N°50 del año 2021 del Ministerio de Salud dentro de aquellas cuya aplicación resulta obligatoria para la población según la facultad que otorga a ese ministerio el artículo 32 inciso primero del Código Sanitario. Agrega que, además, la Ley N°21.430 garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser vacunados contra las enfermedades prevenibles como acontece en este caso, lo que se encuentra en concordancia con el derecho a la vida e integridad física y psíquica que les reconoce el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, disponer que “el recurrente Hospital San Juan de Dios de La Serena, por medio de su personal, procederá a la vacunación del recién nacido, hijo de la recurrida, de actuales NUM001 de edad, tan pronto como quede ejecutoriada la sentencia que acoja el presente recurso, concediendo la facultad al recurrente, de recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de oposición de cualquier persona a la referida vacunación; disponiendo que al recién nacido se le apliquen de forma inmediata todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias”.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida señalando, en lo pertinente, que rechazó la inoculación de su hijo debido a que se sintió presionada por el personal de salud y dado que ella misma presentó problemas de salud en su infancia. Agrega que, a su juicio, en este caso debe primar el “el derecho de libre pensamiento y de autonomía de crianza” y sostiene respecto a las vacunas que se pretende aplicar a su hijo que “ya no es técnicamente oportunidad de administrarlas considerando que ya no existen los riesgos para los cuales se recomendaba su uso pues su hijo tiene actualmente tiene NUM002 de edad”.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para discernir la materia objeto del recurso en estudio, conviene revisar algunas normas que disciplinan la materia, a saber: 1.- Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 N 1, estatuye que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Asimismo, el artículo 24 de la citada convención, en su N°1, prescribe que “Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” y, en el numeral 2, previene que “Los Estados Partes asegurarán las plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez y b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud” 2.- Que, lo anterior, aparece hoy robustecido en nuestro derecho interno a través de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que representa un cambio de paradigma en cuanto a consolidar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y es en este marco que se consagra el Derecho a la salud y a los servicios de salud, que se erige como una pieza fundamental para el bienestar infantil, abarcando de manera categórica el derecho a la inmunización como una de sus manifestaciones esenciales. Es así que en su párrafo octavo se señala que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente.”

La ley no se limita a garantizar un estándar mínimo de salud, sino que aspira al "más alto nivel posible". Este principio, de raigambre internacional en derechos humanos, obliga al Estado a realizar esfuerzos continuos y progresivos para mejorar la salud infantil. En este contexto, la inmunización, al prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales, es una herramienta indispensable para alcanzar este "más alto nivel". La omisión de programas de vacunación o su debilitamiento constituiría una violación directa de esta disposición.

El artículo analizado mandata al Estado a asegurar un sistema de salud con acceso universal y gratuito a la atención primaria, y en Chile, los programas de inmunización se han implementado a través de la atención primaria de salud (APS). Al garantizar el acceso universal y gratuito a la APS, la ley asegura indirectamente que todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su previsión de salud (FONASA o ISAPRE) o su condición socioeconómica, tengan acceso a las vacunas contempladas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). De esta manera se enfatiza la "promoción" y "prevención" en salud. La inmunización es, por definición, la principal estrategia de prevención primaria en salud pública.

Al destacar este aspecto, la ley refuerza la obligación del Estado de mantener y fortalecer programas como el PNI, que busca activamente evitar la aparición de enfermedades infecciosas. 3.- Que, desde un lente sanitario, el artículo 32 inciso 1 del compendio de la especialidad, refiere que “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles”, prescribiendo el inciso 2 que “El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades trasmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.”

Es precisamente en virtud de dicho mandato que el Poder Ejecutivo procedió a dictar el Decreto N 6 de 29 de enero de 2010 del Ministerio de Salud, en el cual dispuso, en síntesis, la vacunación obligatoria de la población que vive en Chile contra las enfermedades inmuno-previsibles, dentro de las cuales se encuentra la tuberculosis y hepatitis B. 4.- Que, finalmente, el artículo 14 inciso 1 de la Ley N°20.584 prescribe que “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16 , norma ésta última que en su inciso 2 , señala que Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario.”

SEXTO: Que, del marco normativo internacional y doméstico antes transcrito, se advierte que la razón expuesta por la recurrida para sustraer a su hijo del cumplimiento de la ley, en general, y del sistema de inmunización dispuesta por la autoridad sanitaria, en particular, además de resultar incompatible con ella, contraviene el principio del interés superior del niño que la informa, como quiera que el Estado de Chile debe velar por la salud de éste último, no habiéndose entregado fundamentos que permitan entender la necesidad de sustraer al niño, conforme al principio citado del programa de inmunización.

De esta manera, desprovista de antecedentes que la sustenten, la decisión aparece arbitraria y provoca la inejecución de los derechos y garantías del niño, siendo aquello contrario a su interés superior y, por lo demás, incumple la progenitora su principal rol de custodio del ejercicio de las prerrogativas de su hijo, propias de la corresponsabilidad parental que hay a la base de sus roles paterno- filiales. No debemos olvidar que el derecho/deber de crianza y educación de los hijos radica en sus padres, reconocido en el artículo 10 de la Ley N°21.430, mandata que los niños “tienen el derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados y asistidos, en todas las etapas de su desarrollo preferentemente por sus padres y/o madres” y, a ese respecto, el Estado asumir un rol de acompañamiento para dicho ejercicio, debiendo “especialmente, respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho, así como el cumplimiento de los deberes paternos y/o maternos.” De esta forma, si bien es efectivo que los padres pueden definir que estilo de crianza brindarán a sus hijos, aquello jampas podría incluir dejarlos en desprotección que, de ocurrir, es el Estado el encargado de cubrir. Y aquello es justamente lo que obra en autos, cuando la libertad invocada por la progenitora, en un simple ejercicio de ponderación de derechos, cede ante la garantía de que su hijo viva y cuente con la satisfacción de su integridad física en plenitud.

SÉPTIMO: Así las cosas no encontrándose, la negativa prestada por la recurrida para inmunizar a su hijo, fundada o amparada en la legislación vigente, forzoso y necesario resulta concluir que su actuar resulta ilegal y, además, arbitrario, desde que no expone motivo más que la libertad de criar, argumento que en este caso cede ante los derechos que nuestra normativa nacional e internacional establecen en favor de los niños en temas sanitarios, por lo que no corresponde sino acoger la acción constitucional que nos ocupa, en los términos que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Abona a dicha conclusión lo mandatado por la Observación General N°14 del Comité sobre derechos del niño, en orden a la evaluación y determinación del interés superior de éste, lo que tiene corroboración en el sistema interno en lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°21.430. En tal sentido, corresponde identificar cuál decisión resulta más favorable para el niño, en la lógica de que la que se adopte le permita gozar y disfrutar de las garantías a él otorgadas.

Y, en este ejercicio, podemos identificar como elementos centrales su edad, la estructura familiar, la carencia de razones objetivas y comprobadas para privarlo de su derecho a ser inmunizado, los riesgos que aquello conlleva -y que se extrapolan para todos los demás sujetos que compartan con él en el evento de resultar afectado por la enfermedad que se intenta evitar-, su salud e integridad física y la imposibilidad de recoger su voluntad -por su edad- es posible afirmar que la inoculación resulta ser la opción que, de mejor forma, garantiza los derechos en juego y, por tanto, su interés superior.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación del Hospital San Juan de Dios de La Serena, en favor del recién nacido nombre reservado, ordenándose a la recurrida nombre reservado que concurra con su hijo al Servicio de Salud que corresponda, con el fin de permitir la vacunación contra la meningitis tuberculosa y la hepatitis B, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez del domicilio del niño, a fin de iniciar el procedimiento de protección administrativa a que diere lugar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°852-2025 Protección.