nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO BIO

nombre reservado

Contraloría Regional de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 852-2020.- La Serena, treinta de julio de dos mil veinte VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 21 de mayo de los corrientes, comparece nombre reservado, chilena, casada, Nutricionista, cédula nacional de identidad n° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO, representada por su Contralor Regional don Hugo Segovia Saba, ambos con domicilio en domicilio reservado, respecto a la decisión contenida en el Oficio nº1.574 dictado por dicha entidad, y que le fuera notificado con fecha 21 de abril del presente año, en virtud del cual hoy se encuentra obligada a pagar, por concepto de devolución de las asignaciones de desempeño difícil recibidas, la suma total de 39,8 Unidades Tributarias Mensuales, y que será descontada de sus remuneraciones en cuotas mensuales, decisión que constituye un actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, vulnerando sus derechos fundamentales consagrados en los números 2º, 16º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes de hecho refiere que:

Ingresó como parte de la Dotación de los establecimientos municipales de atención primaria de salud de la comuna de Monte Patria, específicamente en el Consultorio General Rural de Carén, con fecha 15 de febrero del año 1993.

Refiere que el 15 de febrero de 1993 firmó un contrato de trabajo a plazo fijo con la I. Municipalidad de Monte Patria, el que con fecha 02 de agosto del mismo año pasó a ser indefinido mediante Decreto Alcaldicio n°4347.

Hace presente que en la Comuna de Monte Patria existen cuatro Centros de Salud Familiar o CESFAM: Monte Patria, Carén, El Palqui y Chañaral Alto, además de nueve Postas de Salud Rural y una Clínica Dental Móvil.

En esta red asistencial, en el Cesfam de Monte Patria existe además un Servicio de Urgencia Rural (SUR), donde dicho Cesfam actúa como centro regulador comunal, donde son derivadas las personas que requieran una evaluación profesional.

Relata que al cumplir un año en el ejercicio de sus funciones, se le dio la oportunidad de trasladarla al Cesfam de Monte Patria, como encargada comunal del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y para ejercer las funciones propias de su profesión, tal como consta en el decreto Alcaldicio n° 083 de fecha 01 de febrero de 1994, y en el Ordinario n°098 de fecha 10 de febrero del mismo año.

En el referido establecimiento, se ha desempeñado desde el inicio de sus labores hasta hoy, siendo parte de su dotación durante toda su trayectoria profesional en la Red de Salud de Monte Patria.

Menciona que a comienzos del año 2016, el Director de la Red Comunal de Salud don nombre reservado y el Sub-Director Administrativo del Depto. de Salud don nombre reservado, conversaron en reiteradas oportunidades le solicitaron apoyo en la Sub-Dirección técnica del Departamento de Salud, en calidad de “encomendación de funciones", ya que según lo que se le explicó, estas labores de apoyo no significaban una modificación de su contrato como tampoco un desmedro de sus remuneraciones, ya que de aceptar, sus funciones aumentarían y contraería mayores responsabilidades.

Indica que el compromiso asumido por sus superiores fue que de aceptar estas funciones se mantendría en la dotación del Cesfam de Monte Patria, ya que la referida encomendación no tenía una fecha de término preestablecida. Durante los 25 años en que he prestado servicios no se ha dictado ningún acto administrativo en virtud del cual se haya dejado sin efecto su contratación en el Cesfam de Monte Patria y se la contrate como parte del Departamento de Salud.

Finalmente, esta encomendación de funciones tuvo una duración hasta el mes de abril de 2017, y con fecha 27 de abril del mismo año se dictó el Decreto Alcaldicio n°5.529 en virtud del cual volvía a sus funciones en el Cesfam de Monte Patria.

Señala que cuando conoció el tenor del referido Decreto, le llamó la atención su redacción, ya que señalaba “destínase” al Cesfam de Monte Patria, mientras que en los hechos la destinación fue al Departamento de Salud, atendiendo a que siempre perteneció y fue contratada para ejercer labores en el Cesfam.

Manifiesta que en virtud de sus labores, y al pertenecer a la dotación del Cesfam de Monte Patria, parte de su remuneración está compuesta por la Asignación de Desempeño Difícil contemplada en el artículo 28 de la Ley 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Señala que en virtud de un Decreto Supremo que es dictado de forma anual por el Ministerio de Salud, se determina el aporte estatal a las Municipalidades que allí se indican para las entidades administradoras de salud municipal, y respecto a la asignación de desempeño difícil señala que el referido aporte se transferirá por mensualidades, por resolución del Ministerio de Salud a cada Servicio de salud. Los servicios de salud por su parte, transferirán a las entidades administradoras de salud municipal, por intermedio del respectivo municipio, el aporte estatal determinado dentro del correspondiente mes, y son los Directores del Servicio de salud correspondiente quienes deben notificar a la entidad administradora de salud municipal el aporte estatal que corresponde.

Señala que el decreto incluye cuáles son las comunas con diferentes grados de dificultad para prestar atenciones de salud, indicando que comprende a aquellas comunas en que la dotación de los establecimientos municipales de atención primaria de salud tiene derecho a asignación de desempeño difícil, dentro de las que se incluye a Monte Patria. Así mismo señala que los valores básicos mensuales determinados para estas comunas se han fijado a nivel comunal de acuerdo a la dotación informada al Ministerio de Salud y al tramo establecido.

Dice que en los hechos, esta información se proporcionaba a través de una planilla confeccionada por la Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Salud, la que contiene el listado de toda la dotación de personal a quien le corresponde el pago de la asignación de desempeño difícil.

Afirma que durante todo el tiempo en que se le ha pagado la referida asignación, ha sido en virtud de que la autoridad correspondiente que la incluyó en el listado informado al Ministerio de Salud. Es así, como se ha mantenido percibiendo la asignación de desempeño difícil de forma ininterrumpida hasta el presente.

Indica que mientras continuaba en la legítima creencia que la asignación de desempeño difícil se le pagaba conforme a derecho, en el año 2017 comienzan una serie de comunicaciones entre la Municipalidad de Monte Patria y la Contraloría Regional, respecto a la interpretación y aplicación de los artículos 27 y 28 de la Ley 19.378, los que contienen las asignaciones de responsabilidad y de desempeño difícil respectivamente.

Relata, después de una referencia a todas las comunicaciones sostenidas entre la Municipalidad de Monte Patria y Contraloría, que la Asociación de Funcionarios a la cual pertenece, y en representación de todos los funcionarios a los que se ordenó reintegrar lo percibido a través de descuentos en las remuneraciones, realizó las gestiones pertinentes ante la Municipalidad de Monte Patria para solicitar la reconsideración de esta decisión de Contraloría, teniendo además como antecedente la sentencia dictada por esta Corte en causa Rol 3692-2019 “nombre reservado CON CONTRALORÍA REGIONAL”.

Señala que el Alcalde de Monte Patria solicitó la reconsideración de los oficios en virtud de los cuales Contraloría Regional ordenó el reintegro, esto es, los oficios 5283 y 6787, con el fin de que los funcionarios no se vieran obligados a devolver los dineros percibidos por concepto de asignación de responsabilidad y de desempeño difícil.

En respuesta a la referida reconsideración, la Contraloría Regional de Coquimbo dictó el Oficio n° 1.574 de fecha 13 de abril de 2020, el que por este recurso se solicita se deje sin efecto en aquella parte que dice relación con la asignación de desempeño difícil.

En el referido oficio, la Contraloría Regional reconsideró parcialmente el oficio n° 6787 y rechazó la reconsideración al Oficio n° 5283, manteniendo la orden de reintegro de las sumas percibidas por concepto de asignación de desempeño difícil, y cuyo cobro se realiza a través de descuentos mensuales en las remuneraciones de los funcionarios afectados.

En virtud de dicho oficio, la Municipalidad de Monte Patria dicta el Decreto Alcaldicio n°6036 de fecha 13 de abril de 2020, en donde instruye el cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría Regional.

Reclama que actualmente le han cobrado 3 cuotas a través de descuentos en sus remuneraciones, las 2 primeras por la suma de $140.582.- en la remuneración de diciembre de 2019, y la tercera cuota por la suma de $57.789.- en la remuneración de abril de 2020.

En cuanto al acto recurrido en particular:

Señala, luego de replicar los motivos que señaló la recurrida Contraloría Regional en su oficio n° 1.574, para rechazar la reconsideración del oficio n°5.283 respecto a la orden de reintegrar lo percibido por concepto de la asignación de desempeño difícil, que la emplazada incurrió en un acto arbitrario e ilegal.

Afirma que el recurrido no menciona siquiera de forma somera cuáles fueron los antecedentes acompañados por la Municipalidad de Monte Patria, ni por qué estos fueron insuficientes o incapaces de modificar la decisión sometida a reconsideración. Si no se explican los motivos por los que una justa petición es desechada, dicha decisión sólo obedece al capricho, y no así a la razón y mucho menos a la ley.

Agrega que la mención al artículo 8 del Código Civil, resulta abiertamente arbitraria por parte de la Contraloría Regional, por cuanto la emplazada pretende responsabilizarla por tener que conocer lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19.378, pero lo relevante no es si conocía o no el texto de dicha norma, si no cuál fue la situación de hecho ocurrida, así como la interpretación y aplicación que se dio a la misma, interpretación y aplicación que llevó a cabo .Municipalidad de Monte Patria, no ella.

Señala que la Contraloría Regional le imputa un comportamiento “indebido”, consistente en recibir las sumas que la Municipalidad ordenó se me pagaran de forma sostenida durante meses, acusación injusta y arbitraria. No existió ningún procedimiento administrativo en el que se investigara una conducta indebida por su parte, y mucho menos existió un acto administrativo final que así lo declarara, si no que hoy, sin más, se me acusa de actuar de un modo ilícito, injusto y falto de equidad.

Hace presente que la Contraloría Regional como tampoco la Municipalidad de Monte Patria, le ha indicado a qué período de tiempo corresponde la devolución que se exige.

Destaca que existe una causa proteccional Rol 3692-2019 “nombre reservado CON CONTRALORÍA REGIONAL” de esta Corte, donde se acoge el mismo, respecto de un acto emanado por la Contraloría Regional, en virtud del cual se ordenaba a un funcionario del Departamento de Salud de la Municipalidad Monte Patria el reintegro de lo percibido por concepto de la asignación de responsabilidad.

Con posterioridad a la dictación de la sentencia recién citada, la que se encuentra firme y ejecutoriada, la Contraloría Regional decidió dejar sin efecto la orden de reintegrar lo percibido por concepto de asignación de responsabilidad para todos los funcionarios, pero no fue así respecto a la asignación de desempeño difícil, la que no fue tratada en el referido recurso de protección.

Por otro lado, estima que la decisión adoptada también es ilegal pues la Contraloría General afirma que percibió indebidamente los montos correspondientes a la asignación de desempeño difícil, y se niega a considerar la existencia de buena fe en su actuar, debiendo haber acreditado la existencia de mala fe a través de un procedimiento administrativo conforme lo dispone la ley, citando al efecto diversos pasajes de la ley 18.883, específicamente los artículos 124, 125, 126, 127, 135 y 136; inciso 4° del artículo 67 de la Ley 10.336; y artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Concluye que existe una afectación de las siguientes garantías constitucionales:

1. Artículo 19 n°2: Al afirmar que ha tenido un comportamiento indebido, y no presumir y aplicar la existencia de buena fe al recibir la asignación por desempeño difícil sin que haya existido ningún procedimiento administrativo que así lo declarara, con su respectiva investigación y descargos, he sido privada de su derecho a la igualdad ante la ley, ya que todo funcionario municipal tiene derecho por igual, a que se respeten estas normas dadas por las leyes que nos rigen.

2. Artículo 19 n°16: Se me garantiza el derecho constitucional a la libre elección del trabajo con una justa retribución, de la que se le priva con la decisión del recurrido, ya que se descontarán de sus remuneraciones un monto superior a los $50.000.- y variará mes a mes al estar establecido en Unidades Tributarias mensuales (1,32), durante un período de 30 meses, lo que inició en el mes de diciembre de 2019 y continuó en el mes de abril del presente año.

3. Artículo 19 n°24. Derecho de Propiedad: Del mismo modo, se le ha privado y se continuará privando del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, donde por motivos arbitrarios e ilegales, se descontará de dicho dinero la suma de 1,32 UTM equivalentes al momento de hacer efectivo el descuento, durante un período de 30 meses.

Solicita finalmente que se deje sin efecto el oficio n° 1.574 de fecha 13 de abril de 2020, en aquella parte en que rechaza la reconsideración respecto al oficio 5283 en virtud del cual se le ordena la restitución de lo recibido por concepto de asignación por desempeño difícil; se dicte un nuevo oficio o resolución, en donde se acoge la reconsideración al oficio 5283, y al igual que resolviendo respecto a la asignación de responsabilidad, se considera que la situación que afectó a los funcionarios se verificó debido a un error de la Administración, del cual esa última no puede aprovecharse, pues importaría un enriquecimiento sin causa, habida cuenta que los interesados percibieron las referidas asignaciones de buena fe, por lo que no procede solicitarle la restitución de las sumas que recibieron; Se condene en costas al recurrido.

Acompaña: 1. Contrato de trabajo de fecha 15 de febrero del año 1993 celebrado con la Ilustre Municipalidad de Monte Patria; 2. Modificación de contrato de fecha 2 de agosto del año 1993 celebrado con la Ilustre Municipalidad de Monte Patria; 3. Decreto Alcaldicio n° 83 de fecha 01 de febrero de 1994 en que se le nombra como encargada comunal del PNAC a desempeñarse en el Consultorio General Rural de Monte Patria; 4. Ordinario n° 98 de fecha 10 de febrero de 1994 donde se designa como funcionaria del Consultorio General Rural de Monte Patria; 5. Decreto Alcaldicio 6067 de encomendación de funciones, de fecha 13 de mayo de 2016; 6.

Oficio n° 5283 de fecha 30 de agosto de 2017 dictado por la Contraloría Regional; 7. Resolución exenta n° 124 de fecha 28 de octubre de 2019 dictada por la Contraloría Regional; 8. Oficio n° 1574 de fecha 13 de abril de 2020 dictado por la Contraloría Regional 9.

- Decreto Alcaldicio n° 6036 de fecha 15 de abril, dictado en cumplimiento al oficio n°1574; 10. Decreto n° 55 de fecha 24 de diciembre de 2019, que determina aporte estatal a municipalidades que indica, para sus entidades administradoras de salud municipal, por el período que señala; 11. Liquidaciones de remuneraciones correspondientes al año 2016, en donde consta que en ellas se indicó que pertenecía a la dotación del Cesfam de Monte Patria; 12. Liquidación de remuneraciones correspondientes al mes de diciembre de 2019 y liquidación del mes de abril de 2020, en donde constan los descuentos de sus remuneraciones, y; 13. Correo electrónico de fecha 21 de abril de 2020, en donde consta la notificación realizada del Oficio n° 1574 y del decreto Alcaldicio n°6036, 14. Planilla Dotación Proceso Desempeño Difícil 2015-2016, en la que consta en su página 2, que doña nombre reservado fue incluida en la referida nómina por la I.Municipalidad de Monte Patria, 15. Planilla de Dotación Proceso Desempeño Difícil 2016-2017, en la que consta en su página 3, que doña nombre reservado fue incluida en la referida nómina por la I. Municipalidad de Monte Patria, 16. Sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa ROL 3692-2019 Protección “nombre reservado CON CONTRALORÍA REGIONAL”, de fecha 18 de diciembre de 2019.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, con fecha 11 de junio de 2020, comparece la entidad recurrida solicitando el rechazo del recurso intentado en su contra.

En primer orden de cosas, reclama la extemporaneidad del recurso.

Indica que si bien la presente acción cautelar ha sido formalmente interpuesta en contra del oficio N° 1.574, de 13 de abril de 2020, la recurrente busca dejar sin efecto las conclusiones del oficio N° 5.283, de 30 de mayo de 2017, emitido a raíz de la consulta efectuada por la Municipalidad de Monte Patria.

Destaca que el oficio N° 1.574, de 2020, se limitó a ratificar el criterio contenido en el oficio N° 5.283, de 2017, atendido que ese municipio no presentó nuevos antecedentes que permitieran desvirtuar la conclusión antes arribada en relación con la asignación de desempeño en condiciones difíciles, por lo que se rechazó la solicitud de reconsideración.

Así, considerando que el recurso fue interpuesto con fecha 21 de mayo de 2020, y que el antedicho oficio N° 5.283, fue emitido con fecha 30 de agosto de 2017, sin que la recurrente reclamara de su contenido, habiendo tomado conocimiento del mismo mediante carta remitida por el municipio con fecha de fecha 1° de febrero de 2018, no puede sino concluirse que el presente recurso resulta extemporáneo.

En segundo lugar, arguye que el acto impugnado no ha podido afectar derecho alguno de la actora, pues yerra cuando manifiesta que en virtud del oficio N° 1.574, de 2020, se encuentra obligada a devolver lo percibido por concepto de asignación por desempeño en condiciones difíciles, ya que este pronunciamiento se limitó a rechazar la solicitud de reconsideración del oficio N° 5.283, de 2017, presentada por la Municipalidad de Monte Patria, en lo relativo a dicha asignación.

Afirma que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso, pues de acuerdo a lo expresado en el petitorio de la acción deducida, se advierte, inequívocamente, que lo pretendido por esta vía es obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho indiscutido que se encuentre amagado, lo que es absolutamente improcedente en esta instancia.

En otro orden de ideas, acusa la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en el oficio N° 1.574, de 2020, toda vez que dicho acto fue emitido por la Contraloría Regional, a solicitud de la Municipalidad de Monte Patria, en ejercicio de la habilitación que le ha sido conferida a esta Entidad Fiscalizadora por la constitución y las leyes, con estricto apego a la normativa y a la jurisprudencia administrativa aplicable en esta materia.

En cuanto al fondo del asunto, estima que igualmente procede el rechazo del recurso, pues la recurrente no tiene derecho a percibir la asignación contenida en el artículo 28 de la ley N° 19.378, la actora, en el periodo en que desempeñó labores en el departamento de salud del municipio, esto es entre los meses de abril de 2016 y mayo de 2017 según reconoce en su recurso, no cumplió con los requisitos para ser beneficiada de la asignación en comento, de manera que no le corresponde percibir aquel estipendio, debiendo, en consecuencia, reintegrar aquellas sumas que le fueron pagadas por aquel concepto, sin que exista una compleja interpretación de la normativa aplicable, según expone en su recurso, sino la constatación del incumplimiento de un requisito objetivo para ser asignatario del beneficio remuneratorio observado en su caso.

Por otro lado, la sentencia dictada en la causa rol N° 3692-2019 por esta Corte, consideró elementos que no concurren en la especie, y el supuesto esencial del fallo citado se sustenta en que las labores hayan sido efectivamente realizadas, elemento que en la especie no se ha verificado, dado que, la asignación que la municipalidad ordena reintegrar, corresponde a aquellos percibidos durante el tiempo en que la recurrente se desempeñó en el departamento de salud y no en algún establecimiento calificado como de desempeño difícil.

Con lo anterior estima que no ha existido conculcación a las garantías fundamentales acusadas por la recurrente.

Acompaña en apoyo de su informe: 1.

Presentación N° 44.906, de 2019, de la Municipalidad de Monte Patria y sus antecedentes; 2. Oficios N°s. 5.283 y 6.787, de 2017; y 1.574, de 2020, de esta Contraloría Regional; 3. Decreto alcaldicio N° 1.721, de 2018, de la Municipalidad de Monte Patria y carta dirigida a la señora nombre reservado; 4. Oficio N° 2.565, de 2018, y resolución exenta N° 124, de 2019, de esta Contraloría Regional; 5. Dictámenes N°s. 43.895 y 79.503, de 2016, 40.741, de 2017 y 7.963, de 2018, de esta Entidad de Control, y; 6. Resolución N° 1.002, de 2011, de esta Contraloría General.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

CUARTO: Que, en primer lugar se resolverá la alegación de extemporaneidad del recurso de protección intentado, teniendo presente que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, previene que debe entablarse dentro del plazo fatal de treinta días corridos, a contar del acto u omisión o el conocimiento de los mismos. En el caso sub lite el acto recurrido es la decisión contenida en el Oficio nº1.574 dictado por la Contraloría Regional de Coquimbo, que fue notificado a la recurrente con fecha 21 de abril del presente año. Es efectivo que la Contraloría, por oficio N° 5.283, de 2017, indicó que los funcionarios que se desempeñaban en el departamento de salud municipal no tienen derecho a la percepción de asignaciones de desempeño en condiciones difíciles, pues ella exige que se labore en establecimientos calificados de desempeño difícil por decreto supremo del Ministerio de Salud, y en aquellos que, sin pertenecer a dichos establecimientos, ejecuten labores en un servicio de atención primaria de urgencia, señalando que el municipio debía adoptar las medidas necesarias para requerir a aquellos funcionarios a quienes se les hubiera enterado estas asignaciones, reintegraran de lo pagado indebidamente. Luego de una solicitud de reconsideración intentada por el alcalde de la comuna estableció que “ En relación al oficio N° 5.283, de 2017, es necesario hacer presente que el municipio no ha acompañado antecedente alguno que haga modificar lo resuelto previamente, reiterándose, por ende, que las asignaciones de responsabilidad y de desempeño en condiciones difíciles, no benefician a quienes se desempeñan en la unidad administradora de la salud municipal, de acuerdo a los dictámenes N°s 5.309, de 2018 y 19.278, de 2019, ambas de este Ente de Control. En este contexto, es dable añadir que el artículo 8° del Código Civil establece que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que esta haya entrado en vigencia, de modo que la misma se entiende conocida por todos, tratándose, además, de una presunción que no admite prueba en contrario, tal como lo ha sostenido esta Entidad de Control en el dictamen N° 19.639, de 2018. De esta manera, en atención a la señalada presunción, los funcionarios que se desempeñaban en el departamento de salud no pudieron desconocer que no tenían derecho a dichos beneficios. Ahora, en lo relativo al hecho de que tal asignación la percibieron de buena fe y con justa causa de error, es menester aclarar que tales elementos no permiten eximir a un empleado de la obligación de reintegrar las sumas que haya recibido indebidamente, sino que han sido previstos por la ley, únicamente, para los efectos de ser considerados al momento de determinar si existe mérito para liberarlo total o parcialmente de ese deber, como se precisó en los dictámenes N°s. 100.958, de 2015 y 40.741, de 2017, de esta Institución. En consecuencia, se rechaza la solicitud de reconsideración del oficio N° 5.283, de 2017, de esta procedencia”. Como es dable apreciar las nuevas consideraciones y argumentaciones expresadas por la recurrida en el documento que plasma el acto impugnado hacen que se trate en los hechos de un nuevo acto, con particularidades distintas al oficio N° 5.283, de 2017, por lo que, habiéndose presentado el recurso de protección el 20 de mayo del año en curso sólo corresponde rechazar la excepción de extemporaneidad alegada por al recurrida, al haberse notificado el oficio 1574 a la recurrente el 21 de abril del año en curso.

QUINTO: Que, el artículo 67 de la ley 10.336. que fija el texto refundido de la ley de organizacion y atribuciones de la Contraloria General de la República establece que “El Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas. Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas. Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento. Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error. Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales que en cada caso concurran.”

SEXTO: Que, no obstante, el tenor de la norma antes citada, la recurrente estima ilegal el actuar del órgano contralor, lo que funda en que la Contraloría General afirma que percibió indebidamente los montos correspondientes a la asignación de desempeño difícil, y se niega a considerar la existencia de buena fe en su actuar, debiendo haber acreditado la existencia de mala fe a través de un procedimiento administrativo conforme lo dispone la ley, sin embargo, la lectura de la norma antes transcrita permite concluir que no es requisito del reintegro remuneracional que se pruebe mala fe en un procedimiento administrativo y, la buena fe y justa causa de error, que refiere la recurrente como presentes en su actuar, solo habilitan a que el Contralor, en uso de sus facultades, de acuerdo a las circunstancias del caso, a liberar a los funcionarios total o parcialmente de restituir los valores indebidamente recibidos, es decir, no existe una suerte de derecho indubitado a la condonación, por estar de buena fe, por lo que habiendo actuado Contraloría en la esfera de sus atribuciones legales su actividad no resulta ilegal.

SEPTIMO: Que, por su parte, la arbitrariedad se configura cuando el acto o proceder es contrario a la razón y está motivado sólo por la voluntad o el capricho, circunstancias que no se dan en la especie, teniendo como base lo sostenido por el recurrente en orden a por qué los antecedentes acompañados por la Municipalidad de Monte Patria, que no se mencionan son insuficientes para modificar la decisión sometida a reconsideración. Estimando que entonces dicha decisión sólo obedece al capricho.

OCTAVO: Que el actuar del ente de control no puede ser calificado de arbitrario, atendido el tenor del oficio 1574, reproducido en el considerando cuarto, que no da cuenta de una conducta que cumpla con las condiciones reseñadas en el considerando precedente, por cuanto se dio cuenta que la recurrente no podía fundarse en un desconocimiento legal y además se resolvió en base a las normas regulatorias pertinentes, pero fundamentalmente porque tratándose de una reconsideración, su fundamentación es complementaria de aquella que se vertió en el oficio que se reconsidera, N° 5.283, de 2017, que estableció que los funcionarios que se desempeñaban en el departamento de salud municipal no tienen derecho a la percepción de asignaciones de desempeño en condiciones difíciles, pues ella exige que se labore en establecimientos calificados de desempeño difícil por decreto supremo del Ministerio de Salud, y en aquellos que, sin pertenecer a dichos establecimientos, ejecuten labores en un servicio de atención primaria de urgencia, señalando que el municipio debía adoptar las medidas necesarias para requerir a aquellos funcionarios a quienes se les hubiera enterado estas asignaciones, reintegraran de lo pagado indebidamente NOVENO: Que finalmente, como se ha dicho, no existe un derecho indubitado a la condonación de lo pagado indebidamente respecto de la recurrente, no habiendo ilegalidad y no estando acreditada la arbitrariedad, por lo que no queda sino rechazar la acción intentada.

Por las consideraciones señaladas y teniendo presente lo dispuesto en los artículos. 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Exma Corte Suprema sobre tramitación y fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales se declara que SE RECHAZA, el recurso de protección presentado por doña nombre reservado, en contra de Contraloría Regional de Coquimbo.

Redacción de la ministra Caroline Turner González.- Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 852-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y señora Caroline Turner González.

En La Serena, a treinta de julio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.