TRANSPORTES FACTOR DISTRIBUCIÓN S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO COQUOMBO

Transportes Factor Distribución S.A.

Inspección Provincial del Trabajo Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 850-2025.- La Serena, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero: Que Hugo Herrera Andreucci, abogado, recurre de protección en favor de la sociedad Transportes Factor Distribución S.A., en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, por haber omitido informe de fiscalización al notificar la Resolución Exenta 404-10145/2025, de 23 abril de 2025, alegando vulneración de sus garantías de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que la empresa que representa, con aproximadamente 500 trabajadores, recibió el 25 de abril de 2025, de parte de la Inspección Provincial de Coquimbo, resolución de fiscalización, que resuelve una controversia conforme lo previsto en el artículo 22 del Código del Trabajo.

Sostiene que dicha actuación se enmarca en el supuesto previsto por el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, que dispone que, “en caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el Inspector del Trabajo respectivo resolverá si esa determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas”, agregando la norma que, “de su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.”

Afirma que su representada tenía solo cinco días para presentar un reclamo judicial en contra de la decisión de la Inspección de Trabajo, más solo pudo tener a la vista la resolución y no así el informe que la funda, que no fue acompañado en el acto de notificación.

Alega que, conforme lo expuesto, la resolución no contiene los elementos ni la fundamentación mínima necesaria, por lo que remitió correo a la recurrida el mismo día, con respuesta negativa, en cuanto la información debía ser requerida por la página de la DT, lo que se materializó el 28 de abril, presentando el reclamo judicial sin poder revisar el expediente, quedando trabada en la causa RIT I-38-2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

Agrega que, recién el 8 de mayo les fue remitido el informe de exposición por transparencia, que venía censurado, cuando el plazo para presentar la reclamación judicial ya se había cumplido, afectando su derecho a la defensa, más cuando en el mismo no consta que se tomó contacto con los trabajadores para ratificar la solicitud o que ésta fue ratificada.

Arguye, igualmente, que el actuar impugnado infringe el Ordinario 123 de la Dirección del Trabajo, de 26 de febrero del año en curso, en cuanto no detalla si tuvo a la vista los medios de control a través de los cuales se fiscalizaría el cumplimiento de obligaciones, invocando contradicciones en el informe con la resolución exenta, destacando que la fiscalización no corresponde con la realizada, se incorpora una declaración de dirigente sindical realizada fuera del procedimiento, indicando que los conductores no tienen supervisión directa e inmediata, lo que se contradice con lo resolutivo.

Estima que lo expuesto infringe los principios que informan el procedimiento administrativo y, asimismo, su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad, por lo que, previas citas legales y jurisprudenciales, pide que se ordene al recurrido que se realice nuevamente la notificación de la resolución referida, acompañando el expediente de exposición que la funda, con costas, y con ello, resurja el plazo de 5 días para ejercer los derechos que asisten a su representada.

Segundo: Que informa Karem González Rojo, abogada de la Dirección del Trabajo, quien pide el rechazo de la acción, con costas.

Alega su improcedencia, atendida su naturaleza extraordinaria y excepcional, habiendo el actor ejercido su derecho a impugnar el acto al presentar reclamación judicial en causa RIT I-38- 2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. Procedimiento, que, como previene el artículo 22 del Código del Trabajo, es el idóneo para oír a las partes y resolver si la resolución administrativa se ajusta a la normativa, más cuando los mismos argumentos fueron expuestos en esa sede.

Agrega que la pretensión del recurrente es que se declare la ilegalidad o arbitrariedad del acto de notificación, procediendo a un nuevo emplazamiento, pretensión que no puede prosperar desde que el acto de notificación no reviste la naturaleza de ilegal o arbitrario, ni menos esa pretensión constituye un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, refiere que el procedimiento que antecede a la resolución impugnada se inició por denuncia de organización sindical para que la Inspección del Trabajo de Coquimbo se pronunciara sobre la procedencia o improcedencia de la exclusión de la limitación de jornada dispuesta por el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo de un grupo de trabajadores, socios del sindicato, y que dio origen al procedimiento que inició con notificación del empleador y requerimiento de antecedentes, el que, una vez concluido, se dispuso la procedencia de aplicar la exclusión de la limitación de jornada respecto de los trabajadores involucrados, la que fue notificada el 25 de abril del año en curso, requiriendo el empleador copia del informe de fiscalización, la que fue entregada conforme a los mecanismos del artículo 24 de la Ley 19.880, dentro del plazo de diez días hábiles, destacando que contiene, en el considerando segundo, los hechos verificados por el fiscalizador y plasmados en el informe de fiscalización y que sirvieron de base fáctica para la resolución.

Arguye que, ni en la ley que regula el procedimiento administrativo ni el artículo 22 del Código del Trabajo, o en las instrucciones internas del Servicio, se dispone la obligación de acompañar el informe de fiscalización junto con la notificación de la resolución administrativa, lo que descarta la concurrencia de una ilegalidad o arbitrariedad, más cuando la resolución fue reclamada judicialmente ante el tribunal competente, concluyendo que tampoco se atenta contra sus garantías constitucionales.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, en este contexto, la controversia que propone el actor dice relación con una notificación que estima incompleta, en términos que, al imponer la sanción, la comunicó sin acompañar el informe de fiscalización respectivo y que le sirve de antecedente.

Al respecto, ha sido reconocido por ambas partes que el asunto ha sido sometido al imperio del derecho, desde que el actor interpuso las reclamaciones judiciales ante el tribunal especializado competente, de forma que esta Corte se ve impedida de adoptar una decisión pues, al hacerlo, necesariamente afectará los resultados de la gestión iniciada que, por lo demás, es la vía para debatir el fondo del asunto, lo que echa por tierra la alegación de tratarse de un acto "infundado", asunto que corresponderá resolver justamente en el procedimiento ordinario ya iniciado.

Sexto: Que, por tanto, al no advertir medidas que esta Corte pueda adoptar, ya que los derechos del actor han sido ejercidos y el conflicto de fondo deberá ser resuelto por el órgano ordinario competente, el libelo constitucional y excepcional será desechado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Hugo Herrera Andreucci, en favor de la sociedad Transportes Factor Distribución S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 850-2025 Protección