nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº845-2025 La Serena, dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Hugo Olivares Fuentes, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y de su hija de nacionalidad chilena, con nombre de iniciales B.J.H.P., dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de Resolución Exenta N°25269523, la que rechaza su solicitud de residencia definitiva y dispone el abandono del país, notificada con el 12 de mayo del presente año, afectándose con ello sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República; asimismo, por transgredir los artículos 1 y 13 de nuestra Carta Fundamental en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Expone que, la recurrente el 13 de julio de 2024 ingresó por la plataforma virtual del servicio su solicitud de residencia definitiva, que concurrió varias veces a consultar por el estado de ésta, pero la respuesta era que se encontraba en tramitación y que debía seguir esperando; que el 27 de enero de 2025 concurre a las oficinas de la recurrida y es notificada en ese acto que dispone de 10 días para subsanar omisiones y faltas que adolece su postulación. Señala que la recurrente acompañó en tiempo y forma la documentación pertinente para obtener su residencia, sin embargo, el 12 de mayo de 2025 el Servicio resuelve que no adjunta la ampliación de su certificado de antecedentes de país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, alega que la documentación fue enviada al Servicio tanto de manera digital como por medio de carta certificada dirigida a la recurrida.

Arguye que, después de seis meses de haber realizado la solicitud de residencia definitiva tomó conocimiento del proceso, y por su propia gestión, pues el servicio no la notificó, siendo que debieron hacerlo mediante correo electrónico, así los dispone el artículo 37 de la Ley de Migraciones y su Reglamento en el artículo 46. Por lo que, indica existir una omisión grave del Servicio, al no haber informado a la recurrente de los avances de la tramitación de su solicitud.

Señala que, lo ilegal del actuar de la recurrida, se traduce en el incumplimiento de los plazos impuestos a la autoridad para concluir un acto administrativo dentro de 6 meses, y de no haber informado con la debida premura de los requisitos que eventualmente la actora pudo haber adolecido para ser subsanados. Indica que los derechos constitucionales de su representada se ven afectados con la omisión de dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva, que para el presente caso suma ya más de 300 días, por lo que alega encontrarse infringidos lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, destacando el principio de celeridad y de la economía procedimental, evitando dilaciones innecesarias. Así señala que, el artículo 27 establece, que salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, lo cual de no ser cumplido vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes.

Alega que, a la recurrente la han dejado en la más absoluta indefensión dado que el plazo fatal de 10 días que se le otorgó no le permitió en la especie tramitar y gestionar en su país de origen la documentación requerida, consistente en el certificado de antecedentes debidamente autorizado y apostillado, razón por la cual, la resolución recurrida vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 numeral 2 y 3 de la Constitución Política de Chile y las normas y principios procedimentales establecidos en la Ley N°19.880.

Señala que, con el actuar de la recurrida se ha vulnerado la igualdad ante la ley de la recurrente, existiendo un trato evidentemente desigual para con ella en comparación con otros administrados, quienes, al acudir ante la administración del Estado, en sus diferentes peticiones, no son sometidos a plazos de tramitación excesivos, sino que, al contrario, el Estado chileno les garantiza la respuesta de sus solicitudes dentro de los plazos previstos en la Ley 19.880, dándole así cumplimiento a la norma. Indica, además, vulnerada la igualdad ante la ley con el funcionamiento interno del ente recurrido, quien resuelve sus solicitudes al azar, de forma no organizada ni cronológica, otorgando respuesta a solicitudes en plazos que exceden, por mucho, el tiempo máximo de tramitación permitido por la Ley 19.880.

En relación a la garantía del debido proceso señala, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 04/19 aprobada el 7 de diciembre de 2019, en virtud de la cual se establecieron los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, reconociendo la obligación de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, así invoca el principio N°50: Garantías de debido proceso legal en procedimientos migratorios, que en su inciso segundo establece que "los Estados deben adoptar todas las medidas que sean convenientes para evitar retrasos innecesarios en los procesos administrativos y judiciales". Luego indica que, para profundizar el concepto de debido proceso legal en procedimientos migratorios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A N°18.122, señala que "La Corte considera que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio”, así señala que, la racionalidad y justicia del proceso se ancla en lo establecido en el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes, por lo que la omisión en resolver la solicitud de residencia definitiva más allá de un plazo razonable vulnera la garantía constitucional del debido proceso administrativo.

Además, alega vulneración de los derechos del niño y el orden de las familias, pues la recurrente hizo familia en este país, siendo madre de la niña B.J.H.P. de nacionalidad chilena, nacida el 15 de octubre de 2019, por lo que indica que cabe sensibilizarse con los legítimos derechos de la hija de la recurrente, pues de llevarse a cabo el cumplimiento de la referida resolución impugnada la niña quedará sin madre, y ello por el injusto administrativo de no haber dado la instancia para acompañar un único certificado de antecedente, que ahora acompaña, lo cual no fue ponderado por la recurrida.

Refiere que la recurrente no posee antecedentes penales, jamás ha cometido delito alguno en este país ni en su país de origen, integrándose de manera correcta y gradual a esta sociedad.

Indica que, el principio de protección de la familia y el consecuente derecho de los niños a no ser separados de sus padres se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo a la familia como núcleo de la sociedad, lo que tambien es consagrado en tratados internacionales ratificados por Chile. Por lo que, refiere que nos encontramos frente a dos grandes deberes estatales: por un lado, la obligación de fortalecimiento de la familia, y por otro, el deber de dar protección a la misma. Señala que, el principio de protección de la familia debe relacionarse con el interés superior del niño, en atención a una eventual afectación en los derechos de un menor de edad respecto a la decisión de expulsar del país a un miembro de su grupo familiar.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida reevaluar la solicitud de permiso de residencia definitiva de la recurrente, otorgando un plazo de 10 días para que pueda volver a subir a la plataforma los antecedentes requeridos; y en subsidio, se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, salvaguardando en todo evento el legítimo interés superior de la niña B.J.H.P., evitando la salida por decreto de expulsión del país de su madre, con condena en costas en caso de oposición.

Acompaña a su presentación: certificado de nacimiento de la Niña B.J.H.P.; certificado de estudios medios de la recurrente; Resolución Exenta N°25269523 del Servicio Nacional de Migraciones de 12 de mayo de 2025; notificación del Servicio Nacional de Migraciones del 27 de enero de 2025; anexo de contrato de trabajo de la recurrente; copia del comprobante de envío de carta certificada al Servicio Nacional de Migraciones; y certificado de antecedentes emitido por la Policía Nacional de Colombia y Apostilla.

SEGUNDO: Que, a folio 6 comparece la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señala que, el 19 de marzo de 2019 la recurrente ingresa a Chile en calidad de turista por paso fronterizo habilitado, y el 27 de marzo de 2020 el servicio le otorgó visa temporaria por vínculo con chileno, por el periodo de 1 año, en calidad de titular, el que tuvo vigencia desde el 07 de septiembre de 2022 hasta el 07 de septiembre de 2023.

Expone que, en relación con la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, que fue solicitada el 13 de julio de 2024, con esa misma fecha pasa a análisis, para luego el 19 de agosto de 2024 avanzar a la etapa de "solicitud de documentos adicionales", y en esta instancia, se observó que el certificado de antecedentes penales presentado tenía dos problemas, no estaba vigente y señalaba que la recurrente poseía antecedentes penales en su país de origen, por lo que, se le requiere presentar un certificado consular en el que constaran los detalles de dichos antecedentes, debidamente apostillado, lo cual indican haber notificado a doña nombre reservado. Señala que, tras cumplir lo solicitado el 21 de agosto de 2024 la solicitud pasa a etapa de resolución, posteriormente el 27 de enero de 2025 pasa a pago pre rechazo, ya que el Servicio constató dos incumplimientos, el primero no se acompañó el certificado consular requerido, que detallara los antecedentes penales, documento fundamental para el otorgamiento del beneficio, así lo dispone el artículo 88 N°2 en relación con el artículo 32 N°5 de la Ley de Migración y Extranjería; y el segundo, que no pagó la multa correspondiente a la estancia irregular previa a la solicitud de residencia definitiva, pues su residencia temporal venció el 07 de septiembre de 2023, y la nueva solicitud fue presentada recién el 13 de julio de 2024, es decir, 10 meses después, periodo en cual mantuvo residencia irregular en el país, y según el artículo 107 de la Ley de Migraciones corresponde sanción y pago de multa, lo cual fue notificado a la recurrente.

Señala que, el 11 de febrero de 2025 la solicitud volvió a la etapa de resolución, y que finalmente, al no haber cumplido con lo solicitado el 12 de mayo de 2025 fue rechazada su solicitud mediante la Resolución Exenta N°25269523, disponiéndose el abandono del país de la recurrente.

Indica las normas aplicables al trámite de residencia definitiva, indicando que son aplicables las normas de la Ley N°21.325, y el artículo 78 de dicha ley define a la residencia definitiva como aquel "permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias". Y que el artículo 37 de misma norma, dispone que le compete al Servicio otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia, por lo tanto, la resolución impugnada que rechazó la solicitud de residencia definitiva de la actora fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

Alega que, en el caso concreto, durante toda la tramitación de la solicitud en cuestión, a pesar de habérsele solicitado específicamente y en dos oportunidades a la recurrente que remitiera el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, no fue entregado, así se concluyó que no reunió los requisitos legales para ser beneficiada con la residencia, y no remitir copia de la sanción por residir en el país con el permiso de residencia vencido, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Refiere que, previo a dictar un acto administrativo terminal, se procedió a notificar a la persona extranjera solicitante sobre la configuración de la causal de rechazo y los fundamentos que la sostenían, otorgándole además un plazo de 10 días para realizar los descargos respectivos para desvirtuar la aplicación de dicha causal, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 91 inciso 2 de la Ley 21.325. por lo que indica, que no habiéndose acompañado lo solicitado, correspondía rechazar la solicitud de residencia definitiva, al no cumplir con las exigencias documentales establecidas en la Ley N°21.325, a saber, los artículos 37 y 107.

Expone sobre las consecuencias para la recurrente del rechazo de su solicitud y la medida de abandono, señalando que la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de cualquier extranjero cuya solicitud de residencia haya sido rechazada con arreglo a la ley, así lo dispone el articulo 91 N°4 de la Ley N°21.325, y del tenor literal de la norma, es posible desprender que es una disposición imperativa respecto de lo que debe hacer la autoridad migratoria, pero al mismo tiempo, es una orden de carácter voluntario para el solicitante de residencia definitiva, lo que difiere de una orden de expulsión, cuyo cumplimiento es compulsivo.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

Acompaña a su informe: notificación bajo folio 63217270 de 19 de agosto del 2024 la cual indica solicitud de documentos adicionales; notificación bajo folio 71929400 de 27 de enero del 2025 la cual indica etapa pre rechazo; y Resolución exenta N°25269523 de 12 de mayo del 2025 la cual rechaza la solicitud de residencia definitiva y dispone el abandono del país.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por rechazar la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, ordenando su abandono del país, lo cual califica la recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que no fue debidamente notificada para dar cumplimiento a lo requerido por el Servicio, y además, que la recurrida no ponderó que posee una hija chilena, quien será afectada con lo resuelto por el Servicio, afectando así su interés superior, por lo que solicita que se orden al servicio otorgar un nuevo plazo para entregar la documentación requerida.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la extranjera fue notificada de las resoluciones dictadas, en que se le pedía cierta documentación, en particular ampliación de su certificado de antecedentes penales emitido por su país debidamente apostillado por el consulado chileno, lo cual no cumplió, habiéndose otorgado un plazo para aquello, por lo que en cumplimiento de la normativa respectiva fue rechazada su solicitud ordenando su abandono del país.

SEXTO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la carpeta digital del presente recurso, se advierte que la recurrente carece de anotaciones prontuariales, según se advierte del certificado de antecedentes penales apostillado acompañado al libelo de la recurrente, lo cual se contradice con lo señalado por la recurrida, por lo que resulta del todo necesario dilucidar la situación penal de doña nombre reservado.

SÉPTIMO: Que, en efecto, no es discutido por la entidad recurrida que la actora es una residente habitual de nuestro país; que ingresó legalmente al territorio nacional; que es madre de una hija chilena de seis años, cuyo interés superior no puede ser desatendido por la recurrida, por cuanto la ejecución de la orden de abandono generará un grave e irreparable daño a una niña, respecto de quien el Estado se ha comprometido con la comunidad internacional a promover, proteger y respetar garantías como su derecho a vivir en familia y a resolver conforme a su interés superior, garantía que no se vería concretada en caso de separarla de su progenitora.

OCTAVO: Que, por tanto, el actuar de la recurrida en este caso particular, debe ser calificado de ilegal y arbitrario porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, el servicio a ponderado debidamente sus situaciones particulares, más si existe una total discordancia en relación a los antecedentes penales de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y se deja sin efecto la Resolución Exenta N°25269523 de 12 de mayo de 2025 que rechaza la solicitud de Residencia Definitiva, y se ordena al Servicio otorgar un nuevo plazo que no podrá ser inferior a 90 días corridos, para que la recurrente cumpla con acompañar el certificado de antecedentes requerido por el Servicio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 845-2025 Protección