Protección contra Sindicato de Establecimiento de Empresa EULEN Chile IV Región

nombre reservado, nombre reservado y otras Sindicato de Trabajadores de Empresa Eulén Chile IV Región Recurso de Protección Rol N° 843-2019.- La Serena, diez de diciembre de dos mil diecinueve VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve comparece nombre reservado, auxiliar de aseo, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, auxiliar de aseo, domiciliada en domicilio reservado, y nombre reservado, auxiliar de aseo, domiciliada en domicilio reservado, e interponen nombre reservado en contra de Sindicato de Establecimiento de Empresa EULEN Chile IV Región, representado por su Directorio integrado por su Presidenta doña nombre reservado, su Secretaria doña Olga Urizar Bordones, y su Tesorera doña nombre reservado, todas domiciliadas en domicilio reservado.

Relatan que con fecha veinte de mayo del año en curso fueron notificadas a través de cartas entregadas en su lugar de trabajo, firmadas por la Directiva del Sindicato recurrido y todas fechadas el mismo veinte de mayo, que fueron expulsadas de la organización sindical, indicándose expresamente que "Esta decisión se fundamenta en las reiteradas faltas a lo establecido en los estatutos del sindicato, en que usted incurrió".

Refieren además que las cartas señalan que la decisión la habría adoptado la asamblea realizada el dieciocho de abril de dos mil diecinueve, más de un mes antes de la fecha de la carta.

Asimismo expresan que en las misivas se afirma que fueron previamente citadas a la asamblea en que se trataría su situación; que tanto nombre reservado y nombre reservado habrían asistido a la misma, ejerciendo su derecho a defensa, y que aun así la asamblea acordó su expulsión, considerando la gravedad de los hechos en que habrían incurrido; y respecto de nombre reservado, se afirma en la misiva que habiendo sido citada y renunció a su derecho de defenderse.

En mérito de lo anterior, reclaman por un lado que lo endosado en las cartas no es efectivo, dudan de la fecha y forma en que se adoptó la decisión de expulsión, desconocen haber sido citadas a efectuar su defensa, y además hacen hincapié que en las cartas no se señala con claridad y precisión cuáles serían las supuestas infracciones a las normas estatutarias, que fueren de tal gravedad que hayan motivado las expulsiones.

En lo tocante a la legalidad y arbitrariedad, exponen que las normas relativas al Régimen Disciplinario Interno se encuentran contempladas en el Título IX de los Estatutos del Sindicato, en sus artículos 39° al 43°.

La primera de las normas referidas, señala que: "Cuando el directorio o la asamblea estimaren pertinente la aplicación de una medida disciplinaria, se resguardará el derecho del afiliado a ser oído". En la especie aquello no se ha respetado.

De igual modo representa que la ilegalidad de la conducta descrita infringe lo estipulado en el artículo 43° indicado, en sus incisos primero y segundo, la que dispone: "Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema, podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato".

Reiteran en este punto, que jamás han incurrido en falta alguna a las normas disciplinarias internas, menos aún en alguna que sea de gravedad tal que amerite la expulsión y, por otra parte, no se les informó con la debida anticipación las faltas supuestas en que habrían incurrido, privando sus posibilidades de defensa.

En cuanto a la arbitrariedad de la sanción, manifiestan que no existe ningún antecedente que justifique la medida adoptada; la arbitrariedad, por un lado, se provoca al no existir un catálogo de hechos constitutivos de infracciones susceptibles de ser sancionadas con alguna medida disciplinaria contemplada en el estatuto, ordenados según su gravedad; ninguna de las recurrentes sabe en definitiva por qué se le sanciona. También se evidencia la arbitrariedad al no existir una descripción y jerarquización de infracciones a los estatutos, resultaría en definitiva que cualquier conducta que implique discrepar de lo sostenido por el sindicato o por su Directorio, podría ser objeto de sanción, no teniendo tampoco certeza de antemano el socio sancionado, acerca de cuál podría ser la pena posible que enfrentaría en el caso particular, lo cual abre las puertas a que las sanciones sean aplicables por mera discrecionalidad del sindicato o de su Directorio, es decir, arbitrariamente.

Estiman conculcadas sus siguientes garantías fundamentales:

A. La contenida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, que asegura a todos los habitantes el debido proceso. La a medida disciplinaria adoptada al interior de una organización debe ser precedida del respeto al justo y racional procedimiento que asegura nuestra Carta Fundamental, lo que no se verificó en la especie.

Precisan que si bien la garantía no es de aquellas expresamente mencionadas en el artículo 20 de la Carta Magna, sí debe ser amparada vía nombre reservado, pues no se ve motivo jurídico alguno por el cual, frente a una conducta atentatoria en contra de dicha garantía, se le prive al afectado del derecho a impetrar la tutela judicial en su favor, e incluso la jurisprudencia se ha inclinado por acoger acciones constitucionales de protección en relación a la garantía señalada (por ejemplo, Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 366-2016- Protección; Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 79.598-2016).

B. La establecida en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental, que garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, privándolas con las expulsión del derecho de dominio sobre la calidad de socias de dicha organización, con todos los derechos que dicha calidad les otorga conforme a los estatutos.

Solicitan se acoja el arbitrio constitucional, disponiendo todas las medidas que sean conducentes para obtener el cese inmediato de la conducta de la recurrida, disponiendo especialmente que se deja sin efecto las medidas de expulsión decretadas, debiendo la recurrida restituirles todos los derechos que correspondan como socias de la organización señalada, con costas.

Acompañan en apoyo de su tesis los siguientes antecedentes: (1) Tres cartas emanadas del Sindicato recurrido, todas de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, dirigidas a cada una de las recurrentes, en que se les comunica la sanción de expulsión que motiva la interposición del presente recurso, y (2) Copia de los estatutos del Sindicato de Establecimiento de Empresa Eulén Chile S.A. Ill y IV Región.

SEGUNDO: Que, con fecha dos de diciembre pasado, estando válidamente emplazada la recurrida, se prescindió de su informe, y se trajeron los autos en relación.

TERCERO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que no existiendo informe de la recurrida, pese a estar válidamente notificada y apercibida conforme a resolución de folio 26, habrá que estarse, para decidir el conflicto, al mérito del recurso, sus alegaciones y en especial los antecedentes acompañados por las actoras.

SEXTO: Que en el relato del libelo recursivo se dirige un cuestionamiento a la decisión de marginar a las recurrentes del Sindicato de Establecimiento de Empresa EULEN Chile IV Región, contenida en sendas cartas remitidas a cada una de las recurrentes el día veinte de mayo de los corrientes.

Dichas misivas fueron acompañadas por el actor a folio 3, y cada una de ellas refiere que la decisión adoptada en asamblea realizada el dieciocho de abril de dos mil diecinueve se funda en las reiteradas faltas a lo establecido en los estatutos del sindicato, haciendo uso del artículo 43 de los referidos estatutos sindicales.

SÉPTIMO: Que el artículo 43 de los estatutos de la recurrida señala que: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hicieren necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la posibilidad de defenderse”. Luego su desvinculación supone, necesariamente, una falta grave o reincidencia en ellas.

Al efecto el artículo 27 de los estatutos establece cuales son las obligaciones de los socios, limitándose a señalar cuatro deberes, a saber, conocer los estatutos, concurrir a las sesiones a que se les convoque, pagar las cuotas sociales y firmar los registros sindicales respectivos.

OCTAVO: Que de una simple lectura de los artículos precedentes y del examen de las misivas cuestionadas por las actores, se aprecia que no existe en las últimas una imputación precisa de los deberes sindicales que se estimaron infringidos, ni menos una justificación y fundamentación que diera cuenta de su gravedad.

Así las cosas, a juicio de estos sentenciadores el acto de desvincular a las recurrentes del sindicato del cual formaban parte, es arbitrario, por cuanto carece de la debida justificación, y, por apartarse de las normas procedimentales dadas por la misma organización para tomar la decisión de expulsión de algún miembro de la misma.

NOVENO: Que, dicho lo anterior, es menester analizar si la conducta antes reprochada afecta las garantías constitucionales de las recurrentes.

A juicio de los sentenciadores, la decisión de expulsión sin duda amaga el derecho de propiedad de las actoras, en tanto les priva de los legítimos intereses, beneficios y prerrogativas propias de los trabajadores que se encuentran sindicalizados, vulnerando con ello su patrimonio y así la garantía del numeral 24, del artículo 19, de nuestra Constitución Política, debiendo acogerse por este motivo el nombre reservado según se dirá en lo resolutivo.

La alegación referida a la afectación del derecho al debido proceso es desestimada, por no encontrándose dicho derecho dentro de las garantías protegidas en el artículo 20 de la Constitución Policita de la Republica, no obstante lo cual, el proceder de la recurrida, al apartarse de las normas que regulan el procedimiento de expulsión de un afiliado, se transforma en una comisión especial de aquellas que repugna el constituyente, afectando de tal manera la garantía contenida en el inciso cuarto del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el nombre reservado, dejándose sin efecto, en consecuencia, la medida de expulsión de las recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, ordenado su reintegro al sindicato, manteniendo incólumes cada uno de sus derechos y prerrogativas que como socias de dicha organización les corresponden, como si nunca hubiesen sido aparatadas de éste.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 843-2019.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Raúl Pelén Baldi.

En La Serena, a diez de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.