nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol 842-2024.- La Serena, veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 comparece JOSÉ ELI BUGUEÑO CONTRERAS, abogado, en favor de doña nombre reservado, medica cirujana, casada, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo (COMPIN), representada legamente por su Presidenta doña nombre reservado o por quien la reemplace o subrogue legalmente en el cargo, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que acusa de ilegal y arbitrario consistente en el oficio ordinario N°2404411375 de 20 de mayo de 2024, por medio del cual se le requiere la remisión de antecedentes e informes complementarios de 50 pacientes a quienes se les otorgó licencia médica, otorgando para ello un plazo de 7 días corridos, bajo las sanciones administrativas que indica.

Menciona que la recurrente es médica cirujana de profesión y en ese contexto, atiende y trata diariamente pacientes que sufren variadas y graves patologías de diversa naturaleza, entre éstas, enfermedades de salud mental.

Indica que, de este modo, en el buen ejercicio de la profesión de médica, a su representada le corresponde diagnosticar y tratar adecuadamente a sus pacientes, según sea la patología. Explicando que, como parte de estos tratamientos, en muchos casos, se indica al paciente reposo laboral, otorgándose la correspondiente licencia médica.

Puntualiza que el pasado lunes 20 de mayo de 2024, por medio de correo electrónico, se le notificó el oficio ordinario N°2404411375, de la misma fecha, por el cual se le requiere la remisión de antecedentes e informes complementarios de 50 pacientes a quienes se les otorgó licencia médica entre el 17 de mayo de 2023 y 16 de mayo de 2024, concediendo para ello, el plazo de 7 días corridos, bajo las sanciones administrativas que indica, circunstancia que, según refiere, requiere una búsqueda compleja de recopilación de antecedentes clínicos y elaboración de informes, pues se trata de 50 pacientes. Sumado a lo anterior, indica que la recopilación de la información exigida por la recurrida requiere por cada paciente un cúmulo de antecedentes, consistentes en: a) Informe médico; b) Copia de ficha clínica; c) Copia de bono o boleta de honorarios y d) El talonario de licencia cuando ha sido otorgada por papel.

Sostiene que la recurrida exige copias de la ficha clínica de cada paciente, cuestión que coloca a su representada en la dificultad de contravenir los datos sensibles de sus pacientes, protegidos por la Ley, conforme lo disponen los artículos 12 y 13 de la Ley 20.584 sobre deberes y derechos del paciente, en relación con el artículo 2 de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, se pide ventilar copias de datos sensibles (fichas clínicas) para cumplir con los antecedentes médicos complementarios exigidos por la COMPIN.

Señala que el actuar de la recurrida se ha ejercido con infracción de ley, contraria a su espíritu y ámbito de aplicación, toda vez que, mediante un solo acto administrativo, se pretende la fiscalización de 50 licencias médicas otorgadas por la recurrente a distintos pacientes.

Explica que esta facultad de fiscalización de la COMPIN se fundamentaría en el artículo 2 de la Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, en que se le permite a la recurrida pedir información sobre el otorgamiento de reposo laboral. Agrega que dicha facultad, atendido el espíritu de la Ley, se encuentra concebida para un caso concreto en que exista sospecha cierta de emisión de licencias sin fundamento y, en consecuencia, sostiene que el requerimiento de información de manera masiva resulta fuera del ámbito de aplicación de la norma habilitante.

Agrega que el ejercicio de la actuación administrativa de la recurrida, resulta arbitraria, abusiva e irracional, pues se ha requerido la entrega de información, en un solo acto administrativo, en ejercicio de sus potestades de fiscalización, bajo amenaza de aplicar sanciones en caso de no cumplir con los antecedentes requeridos y relativos a 50 pacientes, lo cual revela un desajuste entre los medios y el objetivo perseguido, esto es, verificar la existencia o la inexistencia de hechos que fundamentan su actuar, lo que califica como una decisión antojadiza en la forma ejercida.

Argumenta que, además, se verifica la arbitrariedad, en la desproporción entre la medida y los fines fiscalizadores, toda vez que, junto con requerir información masiva, bastaría constatar la no remisión de los antecedentes solicitados, para cursar sanciones administrativas gravosas a los derechos de su representada, por lo que se constituye una amenaza evidente a los derechos fundamentales de la recurrente.

Expresa que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha causado una perturbación en los derechos de la actora, pues produce un trastorno o alteración al ejercicio legítimo y normal del derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, ya que impone una carga que le resulta imposible de llevar.

Del mismo modo, afirma que el actuar de la recurrida constituye una amenaza, desde que el acto recurrido mencionado, constituye una intimidación de aplicar sanciones administrativas, pecuniarias y personales, lo que constituye un inminente perjuicio y afectación de los derechos de la actora, específicamente la igualdad ante la Ley del artículo 19 N°2; el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y la libertad de trabajo del artículo 19 N°16 de la Carta Magna.

Explica que con dicho acto se amenaza su derecho de propiedad, en atención a que el requerimiento de información contiene una intimación a cumplirse bajo graves sanciones pecuniarias, privando a su representada de su sustento económico. Asimismo, menciona que se amenaza su libertad de trabajo, desde que se sancionaría con una eventual suspensión, lo que la priva de una herramienta de ejercicio laboral, afectando también la salud y vida de sus pacientes.

Por todo lo indicado y lo dispuesto en los artículos 19 N°1, 2, 16, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y artículos 1, 2 y demás pertinentes de la Ley 20.585, solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN COQUIMBO, representada legalmente por su presidenta, doña nombre reservado, se someta a tramitación y, en definitiva, se acoja y se declare que la recurrida deje sin efecto el ordinario N°2404411375 de 20 de mayo del 2024. Que, en subsidio, en caso de mantenerse intacto el actual requerimiento de información solicita se le conceda un plazo desde que quede ejecutoriada la presente sentencia; y que, a todo evento, se adopten las medidas necesarias que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados, condenando en costas a la recurrida.

Acompaña a su acción los siguientes documentos: 1) Copia Ordinario N°2404411375; 2) Copias correos electrónicos y 3) Copia fallo ICA Santiago Rol 39.715-2021 para ser tenida a la vista.

SEGUNDO: Que, a folio 8, la recurrente informa que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez con fecha 05 y 27 de junio de 2024, ha dictado las resoluciones exentas N° 240441137502 y 240441137503, por medio de las cuales ha aplicado la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas de la actora, por 15 días consecutivos.

Indica que la alegada perturbación y amenaza a los derechos de la recurrente, se han concretado ahora en la privación de los mismos.

TERCERO: Que, a folio 13 evacúa informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo.

Menciona que la Ley 20.585, faculta en su artículo 2º a la COMPIN en el marco de procedimiento de fiscalización, a solicitar antecedentes y fiscalizar a los prestadores, respecto a las licencias médicas emitidas, así como, a sancionar en caso de que estos no cumplan con lo solicitado para dicho efecto.

Agrega que el Departamento COMPIN Nacional, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, en acuerdo con otras entidades como la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y FONASA, definen quienes se constituyen en calidad de prestadores riesgosos, que corresponde a quienes incurran en algunos de los siguientes comportamientos; “i. Prestador que emita sobre 1.600 licencias médicas por año móvil; 400 licencias médicas en un trimestre o; 133 licencias médicas al mes (incluyendo las licencias médicas emitidas para FONASA e ISAPRE); y ii. Prestador individual o institucional de bajo tamaño que emita sobre 1.200 licencias médicas al año y; con un porcentaje de diagnóstico desbalanceado donde las patologías psiquiátricas y osteomusculares representen la mayoría”. Indica que la fundamentación de la estrategia implementada atiende al control del gasto por subsidio por incapacidad laboral, que afecta transversalmente a toda la población e impacta en la disponibilidad de recursos públicos.

En cuanto a la recurrente, menciona que de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, a través del software “TABLEAU1”, doña nombre reservado, es una profesional médico general, que desde el 17-05-2023 al 16-05-2024, previo a la fiscalización, emitió 583 licencias médicas, dejando de manifiesto que es preocupante la cantidad mensual de licencias médicas emitidas, por el periodo fiscalizado, en los cuales predominan de forma importante las licencias de 30 días.

Expresa que la COMPIN, respecto de este caso, únicamente fiscalizó la cantidad de 50 licencias médicas, reduciendo a la mitad el total de licencias médicas habitualmente requeridas por la autoridad administrativa para dicho efecto, de un total de 583 licencias emitidas entre el 17-05-2023 al 16-05-2024, elegidas todas de forma aleatoria, desprovista de cualquier tópico que pudiese ensuciar el muestreo requerido, en el entendido que el software TABLEAU aplicado para estos efectos, permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por doña nombre reservado, y que en la práctica dan cuenta de un proceder objetivo de la COMPIN, al momento de realizar la elección del fiscalizado en virtud del algoritmo previsto para dicho efecto. Sosteniendo que no corresponde a un actuar antojadizo y caprichoso, como se ha insinuado sistemáticamente por el recurrente en la presente acción de protección.

Señala que dicho procedimiento se inició con fecha 20-05-2024, mediante el Ordinario N°240441375, notificado al correo electrónico de la recurrente de autos, como es expresamente reconocido en la presente acción de protección, por medio de la cual se solicitó la remisión de antecedentes e informes complementarios, de las 50 licencias médicas fiscalizadas, cuya respuesta debía ser realizada en 7 días corridos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° de la Ley 20.585.

Menciona que al haberse cumplido el plazo con fecha 28 de mayo de 2024 se remitió el Ordinario N°240441137501, para efectos de reiterar la remisión de antecedentes e informes complementarios, teniendo en cuenta que dicha circunstancia era absolutamente posible de cumplir por la recurrente, ya que, se encuentra obligada por el Decreto N°41, que aprueba el reglamento sobre fichas clínicas a contar con dicha información solicitada, a través del almacenamiento digital o papel de dicha información, de forma permanente, y por la cantidad de 15 años. Agrega que el 87,8% de las licencias médicas emitidas fueron realizadas en un centro médico privado de la profesional, circunstancia que la habilita con mayor preponderancia a un acceso rápido y oportuno de la información requerida para el cumplimiento del procedimiento de fiscalización administrativa instruido.

Por lo indicado, sostiene que se trata de un procedimiento de fiscalización reglado por la Ley 20.585, que establece la aplicación de medidas de control, fiscalización y sanciones para profesionales médicos y contralores de Isapres, ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas en la emisión y evaluación de las licencias médicas y cuyo objetivo es el establecimiento de medidas que permitan asegurar el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas, además de una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud.

Expresa que al no existir respuesta oportuna por la recurrente, en los plazos establecidos por la Ley, ante el requerimiento realizado por COMPIN, se procedió a emitir las multas N°240441137502 de 05 de junio de 2024, notificada el 06 de junio del presente año por correo certificado de Correos de Chile; y N°240441137503 de 27 de junio de 2024, notificada el mismo día.

Explica que la COMPIN, se encuentra habilitada por Ley a sancionar, mediante resolución fundada, con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales al profesional que se niegue reiteradamente a la entrega o no remita los antecedentes solicitados, en los plazos que se le hayan fijado al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos. Agregando que, en casos calificados por la referida Comisión, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días y que dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional.

Explica que la profesional podrá reclamar ante la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 20.585, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la respectiva notificación por carta certificada de la sanción aplicada e incluso podrá acudir a la vía recursiva establecida en la Ley 19.880, si así lo estimara pertinente, lo que en la práctica no ocurrió.

En relación con la fundamentación y motivación de la resolución exenta N°240441137502, de 05 de junio de 2024, refiere que aquella fue desarrollada de forma pormenorizada por la COMPIN de forma expresa, en cada una de las licencias médicas fiscalizadas.

Refiere que la recurrente omite que desde el Ordinario N°240441137501 de 28 de mayo de 2024 hasta la época en que se emitió la multa transcurrieron 5 días administrativos completos, en los cuales no presentó documentación de ningún tipo, ni requirió audiencia para aclarar las dudas que mantuviera respecto al proceso, existiendo normativa prevista para ello y estando en conocimiento de aquellas posibilidades.

En lo referente a la solicitud de la ficha clínica, señala que la COMPIN cuenta con facultades médicas administrativas y es en este sentido que, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone de un catálogo de medidas de las cuales puede disponer la Comisión para formarse una mejor convicción de la licencia médica objeto de estudio, dentro de las cuales -especialmente en la letra d- subyace la posibilidad de solicitar la ficha clínica del beneficiario de una licencia médica. En consecuencia, sostiene que las actuaciones realizadas por COMPIN, para solicitar la ficha clínica, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto en dichas normas, frente a la necesidad de asegurar que el correcto uso de las licencias médicas.

Concluye que la resolución de fiscalización que la recurrente impugna se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, como en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico.

Concluye que el actuar de la recurrida es razonable y reglado, carente de arbitrariedad, ya que la información que es requerida al fiscalizado se encuentra debidamente regulada por la Ley, su Reglamento, específicamente en los artículos 6 y 8 con relación a la información mínima que esta ficha clínica debe contener para ser tal, y la obligación de almacenamiento y protección de forma digital o papel, atribuciones y conductas que han sido validadas por la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones, solicita rechazar la acción de protección interpuesta en contra de su representada.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia del Ordinario N°2404411375, de 20 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se inicia proceso de fiscalización y solicita remisión de antecedentes e informes complementarios; 2) Copia del Ordinario Nº240441137501, de 28 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 3) Copia de Resolución Exenta Nº240441137502, de 05 de junio de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta 10 de talonarios; 4) Copia de Resolución Exenta Nº240441137503, de 27 de junio de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios; 5) Copia de los reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU, que permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por doña nombre reservado, desde el 17-05-2023 hasta el 16-05-2024; 6) Copia de Circular SUSESO Nº3523, de 21-07-2020, mediante la cual se imparte instrucciones para la aplicación de la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas; 7) Copia de publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl, mediante la cual exponen en la gaceta jurídica pública, dedicada a la asesoría de médicos en Chile, respecto del objeto y las particularidades de forma pormenorizada del procedimiento cuestionado en la presente acción; 8) Copia envió de notificación, resolución N°240441137502, de 05 de junio de 2024 por correo certificado, de Correos de Chile de 06 de junio de 2024; 9) Copia envío de notificación, Resolución N°240441137503, de 27 de junio de 2024, por correo certificado, de Correos de Chile de 27 de junio de 2024, Orden de Transporte N°6000250012321; y 10) Copia de mandato judicial, emitido en notaría pública de La Serena, de don nombre reservado, otorgado el 25 de agosto de 2023, para actual en representación de la COMPIN de la Región de Coquimbo.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por el presente recurso se cuestionan la Resolución Exenta N°2404411375, de 20 de mayo del presente año, emitida por la recurrida, en cuya virtud se solicitó a la recurrente el envío de antecedentes médicos que justifican las licencias de 50 pacientes, otorgándole el plazo de 7 días corridos para remitir la información respectiva.

Asimismo, la impugnación se hace extensiva respecto de los actos administrativos posteriores por los que se le reiteró la solicitud de información y se aplicó la sanción de suspensión de 15 días para emitir licencias médicas por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución de 20 de mayo de 2024, esto es, las resoluciones N°240441137501, de 28 de mayo de 2024; N°240441137502, de 5 de junio de 2024 y N°240441137503, de 27 de junio de 2024.

SÉPTIMO: Que, según lo dispone el artículo 2 de la Ley 20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso”.

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880”.

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada”.

OCTAVO: Que, de la normativa expuesta, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquella que es objeto del presente arbitrio constitucional. Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley 20.585.

En efecto, la normativa en análisis establece primero como hipótesis que hace procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer una multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el Legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, caso en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el que además ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse, y el plazo para su interposición.

NOVENO: Que según se colige del ordinario Nº2404411375 de 20 de mayo de 2024, se requirió a la recurrente la remisión de antecedentes e informes complementarios, de un total de 50 pacientes, solicitándole un informe médico, de acuerdo con formato que otorga el sistema, la ficha clínica de cada paciente conforme con el Decreto 41, copia del bono o de la boleta de la atención médica correspondiente y talón completo en el caso que se trate de licencias extendidas en papel, en un plazo que siete días corridos.

Luego, el 28 de mayo de 2024, por Resolución N°240441137501, se reiteró la solicitud de información en los mismos términos ya señalados.

Ante el no envío de la información en el plazo antes indicado, la recurrida dictó la Resolución N°240441137502 de 5 de junio de 2024, la que impuso la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas por el plazo de 15 días; la que fue renovada en los mismos términos por Resolución N°240441137503 de 27 de junio del presente año.

DÉCIMO: Que, sobre el particular como ya fuera resuelto por esta Corte en autos Roles 1614-2023, 188-2024 y 261-2024 sobre recurso de protección, la exigencia por parte de la autoridad recurrida de la entrega de la ficha clínica de cada paciente, además de la copia del bono o boleta de atención médica, excede de aquello que habilita la normativa atingente, por lo que se torna en ilegal. En efecto, respecto de las fichas clínicas, el artículo 13 de la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, dispone que “Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona, independiente de la modalidad de atención prestada”. Por lo tanto, como indica las sentencias citadas, el requerimiento de la ficha clínica del paciente, sin que medie el consentimiento de su titular, y no encontrándose el COMPIN dentro de aquellos organismos respecto de los cuales se faculta su otorgamiento, aparece como excedido de aquello que permite el artículo 2 de la Ley 20.585, misma situación en la que se encuentra los bonos o boleta de atención médica.

UNDÉCIMO: Que, ahora bien, en lo relacionado a los informes médicos requeridos, es pertinente señalar que, conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.585, supletoriamente se aplicarán las normas de la Ley 19.880 normativa ésta que a su vez, dispone en el artículo 17 que entre los derechos de los administrados, se encuentra, según señala el literal e) “Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”.

DUODÉCIMO: Que en la situación sublite, el contraste entre el número de informes requeridos, cincuenta informes, y el plazo para cumplir con la carga – 14 días corridos en total- demuestran una lógica dificultad para cumplirla en el término referido, atendidos los límites de la referida norma contenida en la Ley 19.880 transcrita en el considerando que precede, y por lo tanto, efectivamente, aparece razonable inferir que ello constituye una amenaza tangible para la integridad psíquica de la parte sobre quien pesa tal obligación, desde que resulta atendible en un orden lógico del entendimiento de las cosas, que por breve que pudieran ser los referidos informes, ello no dejaría tiempo para otras naturales y ordinarias actividades de la parte recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, el volumen de informes a emitir, aconsejaba una mayor prudencia en la definición del término dentro del cual debía satisfacerse la petición del ente fiscalizador, el que en la especie no ha tenido en cuenta los ya anotados derechos del administrado consagrados expresamente por el legislador, lo que define que aun cuando dentro de la legalidad vigente, el actuar de la recurrida se torna en arbitrario, al alterar del modo que se ha venido diciendo, los aspectos de comodidad y compatibilidad que establece el legislador de la Ley 19.880, lo que viene dado por el grueso volumen de antecedentes requeridos dentro del plazo exiguo que contempla la Ley. Así, el alto volumen de antecedentes requeridos torna en arbitraria la actuación de la recurrida.

DÉCIMO CUARTO: Que amén de lo antes reseñado, solo es posible concluir que el fundamento que aparece en la Resolución Exenta cuestionada es sólo aparente, puesto que de conformidad con los argumentos en ella expuestos, la fiscalización se derivaba de la emisión de licencias médicas por un período de tiempo determinado. Así, aparece que la profesional nombre reservado “…ha emitido 573 licencias médicas entre el día 17 de mayo de 2023 y el 16 de mayo de 2024”. No obstante que la información que se requiere es de 50 de esos pacientes.

También se aprecia la absoluta ausencia de una argumentación que permita comprender por qué en esta situación particular se configuraría el supuesto normativo de “caso calificado” que habilite para la imposición de la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, lo que necesariamente importa la asignación de un disvalor adicional al mero incumplimiento en la entrega de información, lo que sólo amerita multa; y en este último caso, tampoco se advierte la fundamentación que impone la legislación atinente para imponer la pena pecuniaria.

Es más, las resoluciones objetadas se fundan en la reiteración de la negativa a entregar la información requerida, lo cual, según consta de los antecedentes allegados por la recurrida, sólo fue efectuado una vez, el día 28 de mayo de 2024.

A todo lo anterior se suma que la imposición de la sanción de suspensión en el otorgamiento de las licencias médicas, no constituye el único procedimiento que regula la Ley 20.585, puesto que también era posible la citación ante la Comisión respectiva del profesional de la salud, sujeto a fiscalización, lo que no se produjo.

DÉCIMO QUINTO: Que las actuaciones de la recurrida constituyen un atentado a las garantías previstas en los numerales 1 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que le impone exigencias excesivas e incluso antijurídicas, lesionando su prestigio en atención a que la emisión de licencias médicas constituye una facultad ínsita del profesional de la salud y suspenderlo en dicha función lo margina del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo; y, en consecuencia, se dejan sin efecto las resoluciones exentas números 2404411375, 240441137501, 240441137502 y 240441137503.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Salas Salazar.

Rol N°842-2024 Protección.-