nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

nombre reservado, nombre reservado y otros Municipalidad de Vicuña Recurso de Protección Rol N° 8415-2022.- La Serena, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Jorge Villar Gutiérrez abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; y doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, pequeñas emprendedoras en el rubro gastronómico, domiciliadas en domicilio reservado, y en contra de Ilustre Municipalidad de Vicuña representada por su alcalde don Rafael Enrique Vera Castillo, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la dictación del Decreto Exento N°5193 de 3 de octubre de 2022, por el cual se invalida la patente municipal de las actoras relativa a la Corporación Agrupación Gastronómica Mujeres de Elqui. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en 1, 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que las recurrentes atienden unas pequeñas cocinerías ubicadas en el sector de la Feria de Abastos de Vicuña, agrupadas en la Corporación Agrupación Gastronómica Mujeres de Elqui. Indica que el 5 de diciembre de 2012 las actoras suscribieron un contrato de arrendamiento con la Municipalidad en virtud del cual se les entregaron tres módulos de restaurant con cuatro locales cada uno, los que fueron construidos precisamente con el propósito de servir de cocinería para pequeños emprendedores de la comuna. Afirma que -en una fecha que no específica- la municipalidad puso término al contrato de arrendamiento de los locales, y que posteriormente inició un procedimiento administrativo de invalidación de las patentes comerciales de las recurrentes que las habilitan para el desempeño de su actividad en los locales, procedimiento que concluyó con la dictación del Decreto Exento N°5193, de 3 de octubre de 2022, y que fuera notificado a las recurrentes el 12 de octubre de 2022, por el cual se dejan sin efecto las patentes, a pesar de que fueron pagadas por las actoras durante el mes de julio del mismo año, aduciéndose por el municipio el término del contrato de arrendamiento antes señalado y lo dispuesto en artículo 26 del Decreto 2385, que fija el Texto Refundido del DL Nº3063, de 1979, sobre rentas municipales.

Sostiene que la municipalidad recurrida actúa en forma ilegal y arbitraria toda vez que los fundamentos esgrimidos en el decreto alcaldicio son equívocos ya que en concepto de las recurrentes el contrato de arrendamiento de los locales continuaría vigente hasta el vencimiento del plazo pactado en éste, en el mes de diciembre del presente año, pues únicamente se habría notificado la intención de la municipalidad de desahuciar el contrato, mas no se habrían cumplido las formalidades legales para ello. Cuestiona, además, que la municipalidad invoque el referido artículo 25 del Decreto N° 2385, puesto que aquella disposición no habilitaría para invalidar una patente que se ha renovado durante 10 años. Adicionalmente, acusa que el decreto alcaldicio no realiza un verdadero análisis de los antecedentes y no satisface los requisitos legales exigidos por el artículo 53 de la Ley N°19.880 para invalidar un acto administrativo. Por último, sostiene que los hechos denunciados vulneran el derecho a la integridad física y psíquica de las recurrentes, su derecho a la igualdad ante la ley, así como su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y su derecho de propiedad.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, ordenar que “se dejen sin efecto todos y cada uno de los actos administrativos contenidos en el Decreto Exento ya especificado en el cuerpo de este libelo, y en su lugar se disponga la inmediata legalidad de las patentes señaladas, con expresa condena en costas a la recurrida”.

Acompaña a su recurso 1) Documento “Información Interna” de certificación de carta de 12 de octubre de 2022 2) Oficio conductor de 6 de octubre de 2022 firmado por doña nombre reservado, Secretaria Municipal de Vicuña 3) Decreto Exento N° 5193 de 3 de octubre de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe por la recurrida el abogado Sebastián Vicuña solicitando el rechazo del recurso. Alega, en primer término, que el recurso de protección no es procedente para resolver la impugnación del decreto alcaldicio cuestionado, ya que las recurrentes debieron previamente agotar la vía administrativa mediante la interposición de los recursos correspondientes, y luego, en su caso, deducir reclamo de ilegalidad municipal conforme al artículo 151 de la Ley N° 18.695.

En cuanto al fondo expresa que el contrato de arrendamiento de los locales comerciales contiene una cláusula quinta que faculta a la municipalidad a terminar anticipadamente el contrato, comunicando la decisión por escrito mediante carta certificada remitida con una antelación mínima de 6 meses a la fecha en que se pretende ponerle termino. Agrega que, sin perjuicio de ello, el aludido contrato tiene vigencia hasta el 5 de diciembre de 2022 por lo que a la fecha igualmente el contrato ha expirado. Señala que la legalidad del término del contrato de arrendamiento ya fue cuestionada por las recurrentes en la causa Rol N°1868 – 2022 (Protección) en la cual se rechazó el recurso intentado, siendo tal decisión confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Respecto al acto administrativo cuestionado en el presente recurso, manifiesta que se constató que el contrato de arrendamiento de los locales comerciales había concluido el 6 de junio de 2022, y que las actoras pagaron la patente correspondiente al segundo semestre de este año, por lo que careciendo estas de un título que las habilite para desarrollar la actividad económica gravada en ese domicilio, procedía invalidar las patentes otorgadas y pagadas. Explica que se cumplió con otorgar la posibilidad a las recurrentes de formular descargos en el procedimiento y que éstas realizaron similares alegaciones a las que se expresan en el recurso de marras, las que fueron desestimadas en virtud del término del contrato de arrendamiento y dado que según la jurisprudencia administrativa citada en el mismo decreto, es irrelevante que una patente haya sido renovada durante 10 años pues la municipalidad debe verificar el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento en forma semestral.

Niega, finalmente, que la municipalidad haya actuado en forma ilegal o arbitraria o que se hayan conculcado las garantías constitucionales de las recurrentes.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto que se impugna en esta sede consiste en el Decreto Exento N°5193 de 3 de octubre de 2022, por el cual se invalidan las patentes comerciales de las actoras esgrimiendo el Municipio de la comuna de Vicuña, como fundamento “el conocimiento que tiene el municipio de la situación puesta que esta misma Administración quien terminó anticipadamente el contrato de los módulos donde funcionan las patentes aludidas, se pudo determinar que estas no cumplen con lo dispuesto en el artículo 26 del decreto N° 2385 que Fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N°3.063, de 1979, como se indicó en el considerando sexto, por carecer de un título que las habilite a ocupar un lugar determinado”.

Al respecto, las actoras sostienen que el contrato de arrendamiento se encontraría aún vigente y que la disposición citada por el municipio en relación a las patentes no habilitaría para proceder a su invalidación, lo cual dejaría sin sustento el acto administrativo impugnado.

QUINTO: Que, a fin de lograr una adecuada comprensión de los hechos, por resolución de catorce de diciembre del presente año se decretó medida para mejor resolver, ordenándose traer a la vista la causa Rol 1868 – 2022 de esta Corte en que se conoció acerca del término del contrato de arrendamiento al que aludieron ambas partes en sus respectivos escritos.

SEXTO: Que, de los antecedentes que surgen del expediente de la causa Rol N° 1868 – 2022, así como de los medios de prueba aparejados en estos autos, es posible tener por establecidas las siguientes circunstancias:

1° Que el 5 de diciembre de 2012, la Ilustre Municipalidad de Vicuña entregó en arrendamiento a la Agrupación Gastronómica Mujeres del Elqui (de la cual forman parte las recurrentes) tres módulos de restaurant con cuatro locales cada uno.

2° Que en la cláusula quinta del instrumento singularizado en el numeral precedente se pacta una duración del contrato de 10 años a contar del día 5 de diciembre de 2012.

En la misma cláusula, se faculta al municipio a poner término anticipado al contrato “cuando razones de interés público así lo ameriten, debiendo en este caso comunicar por escrito y mediante carta certificada dirigida al domicilio fijado en este instrumento, su intención al arrendatario con una antelación mínima de 6 meses a la fecha en que la municipalidad pretende ponerle término”.

3° Por otra parte, se desprende de la causa Rol 1868-2022 que la Municipalidad de Vicuña mediante carta de 30 de noviembre de 2021, comunicó a las actoras su intención de no perseverar en el contrato.

4° Que, contra la decisión de terminar el contrato antes aludido la Agrupación Gastronómica Mujeres de Elqui recurrió de protección ante esta Corte, la que en la causa Rol 1868-2022, rechazó por extemporánea la acción interpuesta, sin entrar a analizar la legalidad o fundamentación del acto cuestionado, resolución que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol 21.546-2022.

5° Que, ni en los presentes autos ni en la causa Rol 1868-2022, consta que el inmueble arrendado a las actoras haya sido restituido a la Municipalidad de Vicuña, sea a la fecha en que estas pagaron las patentes cuya invalidación fue declarada mediante el Decreto Exento impugnado en este arbitrio, o a la fecha en que el contrato debía culminar naturalmente por el vencimiento del plazo pactado.

SÉPTIMO: Que el artículo 26 inciso primero del Decreto N°2.385 levantado como fundamento para invalidar las patentes comerciales de marras, prescribe que “Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior.”. Por su parte, el artículo 24 inciso primero del mismo decreto, establece que: ”la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. Tratándose de sociedades de inversiones o sociedades de profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos, dicho Servicio aportará esta información a las municipalidades, por medios electrónicos, durante el mes de mayo de cada año.”

De tales disposiciones, la recurrida colige que se encuentra habilitada para fiscalizar que el contribuyente detente un “título válido” para acreditar que cuenta con un domicilio en que ejercer su actividad. Así, sostiene la Municipalidad en su informe que: “a su turno, debo señalar a VSI que el giro de patente comercial supone la existencia de un domicilio donde va a ejercerse la misma, conforme se desprende de la lectura del artículo 24 del Decreto N°2385 que fija texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, situación que por lo demás, debe acreditarse con un título valido.”

Por su parte el artículo 53 de la Ley N°19.880 regula la invalidación de los actos administrativos en los siguientes términos: “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.”.

OCTAVO: Que el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, antes citado, establece como exigencia que el contribuyente presente junto con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio; de lo anterior no se deriva que debe acreditar que posee un lugar determinado, y tampoco el título que detenta para usar u detentar el inmueble o local en que utilizará la patente, sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en consideración que las patentes invalidadas por la autoridad edilicia se refiere al giro gastronómico, es obvio que debe realizarse en un local determinado, pero en la especie, según ya se dejó establecido, las recurrentes desde casi diez años están trabajando en la Plaza de Abastos de la ciudad de Vicuña, amparadas por un contrato de arrendamiento celebrado con la misma Municipalidad, al que ésta puso término de manera unilateral, en uso de las facultades que el contrato de arrendamiento les otorgó de conformidad a la cláusula quinta de dicha convención.

NOVENO: Que, habiendo hecho uso de la facultad aludida, esto es, habiendo manifestado la Municipalidad su intención de poner término al contrato por razones de interés público, ello no la libera de la aplicación de las reglas sustantivas y procedimentales que regulan al contrato de arrendamiento; de hecho, si se analiza la estipulación décimo tercera del pacto aludido, se explicita que: “son causales de terminación del contrato ipso facto, es decir, sin necesidad de declaración judicial”, indicándose varias causales, entre las que se incluye la expiración del plazo estipulado en la cláusula quinta de ese contrato, sin embargo, el único plazo cierto que establece esa clásula es el de diez años a contar del 5 de diciembre de 2012; en consecuencia, al no estar incluida en esa exclusión de declaración judicial la situación especial prevista en el párrafo segundo de la cláusula quinta, debe obtenerse una declaración judicial para poner término al contrato, aunque se trate de un bien municipal, porque el artículo 1923 del Código Civil, dispone que tratándose de arrendamiento de bienes municipales, estarán sujetos a reglamentos particulares, y en lo que no lo estuvieren, a las disposiciones de ese título; el código establece reglas para el desahucio y la terminación del contrato; asimismo, el Código de Procedimiento Civil, regula las normas de procedimientos aplicables a la terminación judicial del contrato.

De lo anterior, se deriva que al momento de efectuar el pago de las patentes invalidadas, no habían operado las normas antes aludidas para que las arrendatarias hicieran entrega de los inmuebles arrendados, de lo que se colige que si era necesario demostrar la existencia de un inmueble donde utilizar la patente, ese requisito, a julio de 2022, concurría ampliamente en las recurrentes, por manera que, no había una ilegalidad manifiesta que habilitara al ente edilicio para invalidar las patentes comerciales Roles N° 2-1623, 2-1631,21-1624, 21-1633, 2-1627 y 2-1630.

Décimo: Que, de esta manera, al haberse efectuado la invalidación de las patentes comerciales sin fundamento legal válido para ello, convierte al decreto exento N°5193 de 3 de octubre de 2022, en ilegal, y además arbitrario, porque su única justificación es una interpretación errónea y acomodaticia a sus intereses.

La dictación de ese acto invalidatorio afecta el derecho de propiedad de las recurrentes porque les impide seguir ejecutando las labores económicas que se encuentran amparadas por las patentes y obtener los recursos económicos que obtienen con esa actividad. Asimismo, vulnera la igualdad ante la ley, al haberse invalidado las patentes comerciales, discriminando a las recurrentes en relación de otros contribuyentes de dicha comuna.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; y nombre reservado, y en contra de Ilustre Municipalidad de Vicuña y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Exento N°5193 de fecha 3 de octubre de 2022 Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia redactada por el Ministro Titular Vicente Hormazábal Abarzúa.

Rol N°8415-2022 Protección.