Protección contra Universidad de Antofagasta

Noventa y cinco//95 nombre reservado

Tesorería Regional Coquimbo Recurso de protección Rol N° 841-2015.- La Serena, catorce de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 4, don Kenneth Romero Quiroz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, la Serena, en representación convencional de doña nombre reservado, kinesióloga, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de Universidad de Antofagasta, representada por su Rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de Tesorería Regional de Coquimbo, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, señalando que con fecha 3 de junio de 2015, doña nombre reservado tomó conocimiento a través de consulta en la página web del Servicio de Impuestos Internos, que se le había retenido la suma aproximada (sic) de $966.905, por el Servicio de Tesorería Regional de Coquimbo, de su devolución de impuesto a la renta por una supuesta deuda al Fondo Solidario de Crédito Universitario de la señalada Universidad, en donde cursó sus estudios de Kinesiología, entre los años 1995 y 2004, en que recibió crédito universitario del 30% del valor de la carrera, durante los años 1999, 2000 y 2001.

De los hechos descritos, estiman que existe una conducta arbitraria e ilegal de los recurridos que afecta las garantías del artículo 19 N°s. 3 y 24 de la Constitución Política del Estado. Respecto de la primera, anticipa que en este caso se está ante un verdadero proceso en contra de su mandante, impulsado por la Administradora del Fondo Solidario del Crédito Solidario de la Universidad de Antofagasta, en el que el papel del órgano juzgador se encuentra radicado en la Tesorería General de la República, que no satisface los requisitos mínimos exigidos por la Carta Fundamental para ser considerado un proceso racional y justo. Considera que el derecho al debido proceso que dice relación con el hecho que toda persona tiene derecho a un mínimo de garantías para asegurar un resultado justo equitativo dentro de un proceso, permitiendo a ambas partes hacer sus alegaciones y plantear sus defensas en un plano de igualdad ante el órgano juzgador, dándoles la oportunidad para probar dichas alegaciones y defensas, lo que en definitiva permite equilibrar los medios y posibilidades de actuación dentro del proceso respectivo y que el tribunal debiera ponderar antes de decidir el caso concreto. A doña nombre reservado -acusa- pero no se le permitió ejercer su derecho a defensa, al no ser oída por la Tesorería General de la República, la cual con la sola información otorgada por la respectiva Administradora del Fondo Solidario procedió a retener la devolución de impuesto, sin permitirle como supuesta deudora ejercitar ante la Tesorería General de la República, un tribunal de justicia u otro órgano que haga las veces de juzgador su derecho a defensa que no sea la prueba del pago de la obligación, estando aún esa única prueba expresamente limitada pues solamente se permite para acreditar ese pago un certificado emitido por la propia Administradora del Fondo, por lo cual es aún más patente la vulneración al debido proceso.

Agrega que el procedimiento que establece el Decreto N° 297, del Ministerio de Educación que aprueba el Reglamento que fija Procedimiento para Retención de la Devolución de Impuestos, señala en su artículo 5º no satisface los requisitos mínimos para garantizar el debido proceso, donde se asegure una actuación justa y racional tras la recepción de todos los antecedentes del caso y una oportunidad de audiencia del afectado para ante la autoridad ejecutora. Arguye que el procedimiento consagrado se limita a consultar un trámite de aclaración ante la misma entidad administradora del Fondo, así como el posterior envío a Tesorería General de la República de la orden correspondiente, para que ésta proceda a la retención sin más antecedentes que el sólo mérito de la nómina de deudas vencidas, en circunstancias que conforme al artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución Política, es la ley la que debe asegurar a los particulares un previo procedimiento justo y racional, el que ha de tener lugar, especialmente, antes de que se consumen aquellos actos de la administración que puedan afectar o menoscabar de cualquier modo sus derechos adquiridos. Al efecto refiere jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley Nº 19.989, en que se basa la retención aludida.

En cuanto a la segunda garantía estimada como vulnerada, contenida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, y que resguarda el derecho de propiedad en sus diversas especies, estima el recurrente que, desde que se encontraba aprobada la declaración de impuesto a la renta de su representada, se ha lesionado esta garantía por cuanto se conculcó la propiedad que tenía sobre el derecho a percibir y recibir el importe de la devolución de impuestos, lo que a su juicio representa un verdadero acto de expropiación sin asidero jurídico.

Concluye solicitando a esta Corte que, en definitiva, se ordene al Servicio de Tesorería, cesar la retención de la cantidad de dinero correspondiente a la devolución de impuestos y por ende se le entere dicha suma a la amparada.

A fojas 17, doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Tesorería de La Serena (s), informando el arbitrio señala, en primer lugar, que esta Corte sería incompetente para conocerlo, sobre la base de estimar que la acción constitucional se la direccionado en contra de la Universidad de Antofagasta, que corresponde a la entidad que informa a la Tesorería General la nómina de morosos del crédito. Refiere que el acto arbitrario o ilegal estaría originado en Antofagasta ya que el Servicio que representa opera “según lo informado por el respectivo administrador”, conforme al artículo 9º de la Ley Nº 19.848 y artículo 1º inciso 1º de la Ley Nº 19.989, de lo que implica afirmar que el acto lesivo sería el informe emitido por la Universidad y, entonces, el tribunal competente sería la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

En cuanto al fondo, sostiene que con fecha 23 de abril de 2015, la Tesorería General de la República –por orden de la Universidad de Antofagasta- procedió a retener la devolución de impuesto a la renta a doña nombre reservado, por la deuda de crédito universitario que mantenía con dicha institución educativa. Ello, en conformidad al artículo 9º inciso 2º de la Ley Nº 19.848, artículo 1º de la Ley Nº 19.989, Decreto Supremo Nº 297 y Circular Normativa Interna Nº 15, de 2005. Expresa que el procedimiento para este tipo de actuaciones se encuentra establecido en el Decreto Nº 297, de 2009, del Ministerio de Educación (D.O. 19-11-2009), y refiere las principales etapas del procedimiento aplicable. El artículo 1º señala que este reglamento regirá la forma en que las instituciones administradoras del Fondo Solidario del Crédito Universitario informarán a la Tesorería General de la República de las deudas que existan con ellas por concepto de Crédito Solidario Universitario; los procedimientos de retención de las devoluciones de impuestos a que se refiere el artículo 1º inciso 1º de la Ley Nº 19.989; la imputación de las retenciones de impuestos a las deudas informadas por los respectivos administradores de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario y de su respectivo pago, además del ejercicio de derechos por parte de los deudores afectados. Así las cosas, de existir deuda con alguna de las Administradoras del Crédito Universitario, éstas deben elaborar una nómina de deudores con los montos vencidos e impagos, debiendo notificar a los deudores, quienes pueden solicitar a esa entidad que aclare su situación del deudor en aquellos casos en que éste consulte o considere que ha operado algún modo de extinguir las obligaciones o que el monto no está correcto, contando con un plazo de 10 días a contar de la fecha de la notificación. El artículo 12 señala la manera en que cada Administrador debe informar a Tesorería General de la República, agregando en su inciso final que el Administrador del Fondo será el único responsable de enviar y mantener actualizada la información respecto de las deudas mencionadas en las nóminas.

Entonces, el mero acto de retener efectuada por Tesorería General no puede revestir las cualidades que pretende la recurrente. No puede ser ilegal porque se ampara en el inciso 2º del artículo 9º de la Ley Nº 19.848, que establece normas para la reprogramación de deudas provenientes del Crédito Solidario de la Educación Superior; el artículo 1º de la Ley Nº 19.989 que establece facultades para la Tesorería General de la República, normas que son aplicables por expreso mandato del artículo 71 de la Ley Nº 18.591; y artículo 20 de la Ley Nº 19.287. Asimismo, el acto de retener tampoco puede ser arbitrario debido que se origina en un mandato de una institución ajena, a la que la ley le confiere la facultad de administrar, determinar e informar la situación de los deudores morosos del crédito en comento.

Habiéndose presentado por parte de la recurrente, ante el Excmo. Tribunal Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley Nº 19.989, que incide en estos autos, éste fue rechazado por sentencia de 30 de diciembre de 2015 (Rol Nº 2865-15-INA).

Atento el tiempo transcurrido y la inactividad del recurrente, respecto de notificar a la recurrida Universidad de Antofagasta, por resolución de fecha 29 de marzo de 2016, esta Corte hizo efectivo el apercibimiento de fojas 91 y, en consecuencia, se continuó esta acción cautelar únicamente respecto de Tesorería Regional de La Serena.

A fojas 92 se ordenó traer los autos en relación.

CON RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO.- Que, de conformidad a lo establecido en el Nº 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo de esta acción cautelar, dictado por la Excma. Corte Suprema (Acta 94-2015), “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

CUARTO.- Que, en relación a la alegación de incompetencia efectuada por la señora Tesorera Regional, ésta no podrá prosperar, en razón a que el domicilio de la recurrente se encuentra dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte, vale decir, en la Comuna de La Serena, en donde el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario –retención de devolución de impuestos- produce sus efectos.

QUINTO.- Que el recurso de protección, como uniformemente lo ha señalado la jurisprudencia, por su propia naturaleza, en cuanto mecanismo de emergencia, con un procedimiento rápido e informal, está destinado a solucionar problemas de evidente y actual infracción a derechos constitucionales, y en este caso, las garantías constitucionales que habrían sido privadas, perturbadas o amenazadas al decir del recurrente son las contempladas en el artículo 19 Nºs. 3 y 24 de la Constitución Política, esto es, el derecho a un debido proceso y su derecho de propiedad, lo que se habría producido en la forma que se ha detallado en la parte expositiva del presente fallo, como consecuencia de la retención de parte de su devolución de impuesto.

SEXTO.- Que, en cuanto a la existencia de un acto ilegal o arbitrario, presupuesto básico de la acción de autos, cabe tener presente el inciso 1º del artículo 1° de la Ley N° 19.989, que prescribe:

"Artículo 1º.- Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

Por consiguiente, es la propia ley la que facultó a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual del impuesto a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario, los montos impagos de dichos créditos, retención que opera según lo informado por la entidad acreedora.

SÉPTIMO.- Que, conforme lo antes expuesto es dable concluir que no es posible calificar, en la especie, de ilegal o arbitrario el proceder de Tesorería General de la República, ya que ésta actuó, a partir de la información remitida por el ente pertinente, Administrador General del Fondo Solidario Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta, retención efectuada dentro de sus atribuciones legales y respetando de ese modo los alcances de los artículo 6º y 7º de la Constitución Política del Estado.

OCTAVO.- Que, concurriendo en la especie el presupuesto fáctico que facultó a la recurrida para efectuar la retención de la devolución de impuestos, y atento las normas transcritas, necesariamente debemos excluir la ilegalidad que acusa la recurrente, precisamente por cuanto no puede sostenerse que tal actuación esté dentro de la órbita de ilegalidad; y, además, atento al origen y naturaleza de la retención, como de sus antecedentes, no es dable catalogar dicha medida como caprichosa o irracional, lo que excluye su arbitrariedad.

NOVENO.- Que, atento a lo razonado, resulta inconducente analizar si la medida denunciada atenta de algún modo contra las garantías aseguradas por el artículo 19 Nº 3 y Nº 24 de la Constitución Política del Estado.

Por estas consideraciones, lo previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, disposiciones legales anotadas y lo prevenido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para la tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de incompetencia formulada por la Tesorería Regional de La Serena; y II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 4, por el abogado don Kenneth Romero Quiroz, en representación de doña nombre reservado.

III.- Que no se condena en costas a la perdidosa.

Redacción del abogado integrante don Mario Carvallo Vallejos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 841-2015 Civil.- Pronunciado por la Segunda Sala integrada por el Ministro Titular señor Jaime Franco Ugarte, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos.

Jorge Colvin Trucco Secretario En La Serena, a catorce de abril de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.