Protección contra Universidad de Antofagasta

nombre reservado c/ Universidad de Antofagasta Tesorería General de la República Recurso de Protección Rol N° 840-2015.- La Serena, diecisiete de Julio de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 2 comparece el abogado nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección en contra de la Universidad de Antofagasta, representada legalmente por su Rector don nombre reservado; y en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo, representada legalmente por doña nombre reservado; en razón de los fundamentos que expone y que, en síntesis, son los siguientes:

Aduce que durante el periodo respectivo, procedió a efectuar su declaración de impuesto a la renta, a través del correspondiente formulario en línea de la página web del Servicio de Impuestos Internos, respecto de las rentas correspondientes al año 2014. El día 3 de junio de 2015, tras consultar la misma página web del Servicio de Impuestos Internos para saber en qué estado se encontraba su devolución de impuestos, se enteró que ésta había sido retenida por el Servicio de Tesorería Regional de Coquimbo, por el monto de $550.708.- aproximadamente, con fecha 19 de mayo de 2015.

Posteriomente, agrega, pudo constatar que dicha retención se efectuó por una supuesta deuda de crédito universitario basada en la sola información que el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la casa de estudios recurrida le proporciona al Servicio.

Indica que la supuesta deuda por concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario correspondía a los estudios realizados por el recurrente entre los años 1994 a 2001, en los cuales cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Antofagasta, alegando que sólo recibió crédito universitario desde el año 1994 hasta el año 1999.

Sostiene el recurrente que la situación planteada se rige por la Ley N° 19.287, que modificó la Ley N° 18.591, estableciendo normas sobre Fondos Solidarios de Créditos Universitarios Ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la Republica y modifica la Ley N°19.848, sobre reprogramación de deudas a los Fondos de Crédito Solidario; y por el Decreto N°297 del Ministerio de Educación, de 19 de noviembre de 2009, reproduciendo en este punto la norma del artículo 1° de la Ley N° 19.989.

Alega que la conducta arbitraria e ilegal de los recurridos conculca, primero, su garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política. En efecto, señala, se vulnera su derecho al debido proceso, puesto que en el presente caso, afirma, estamos frente a un verdadero proceso en su contra, impulsado por la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Solidario de la Universidad de Antofagasta, en el cual el papel de órgano juzgador estaría radicado en la Tesorería General de la Republica, que no satisface los requisitos mínimos para considerarlo un procedimiento racional y justo, afirmación que explica indicando que no se le permitió ejercer su derecho a defensa, no fue oído por la Tesorería General de la República, la que con la sola información otorgada por la respectiva Administradora del Fondo Solidario, procedió a retener su devolución de impuestos, sin permitirle ejercitar ni ante la Tesorería, ni ante un Tribunal de Justicia u otro órgano que haga las veces de juzgador, otro medio de defensa que no sea la prueba de pago de la obligación, estando incluso esa única prueba extensamente limitada, pues sólo se le permite acreditar el pago mediante un certificado emitido por la propia Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario, por lo cual es aún más patente la vulneración al debido proceso.

Agrega que el procedimiento que establece el Decreto Supremo N°97 del Ministerio de Educación, que fija el reglamento de la Ley N°19.989, no satisface los requisitos mínimos exigidos a través de la garantía del debido proceso, donde se asegure una actuación justa y racional tras la recepción de todos los antecedentes del caso, y una oportunidad de audiencia al afectado para ante esa autoridad ejecutora, con el propósito de prevenir la comisión de demencias o abusos al realizarse este verdadero mecanismo de autotutela legal. Dicho procedimiento, sostiene, se limita a consultar un trámite de aclaración ante la misma entidad Administradora del Fondo Solidario del Crédito Universitario, interesada en el cobro, así como el posterior envío a la Tesorería General de la Republica de la orden correspondiente, para que esta proceda a la retención sin más antecedente que el sólo mérito de la nómina de deudas vencidas que le comunica la Administradora respectiva. Sin embargo, conforme al artículo 19 N° 3, inciso 6° de nuestra Carta Fundamental, es la ley la que debe asegurar a los particulares un previo procedimiento justo y racional, el que ha de tener lugar antes de que se consumen aquellos actos de la administración que puedan afectar o menoscabar de cualquier modo sus derechos ya adquiridos. Aduce que el Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 19.989, citando ocho fallos en que dicha magistratura ha declarado la inaplicabilidad de la norma, por ser contraria a los preceptos de la Carta Fundamental.

En seguida, el recurrente expone que el actuar arbitrario e ilegal denunciado conculca igualmente el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, que resguarda el derecho de propiedad en sus diversas especies. Al respecto, señala que una vez que fuera aprobada su declaración de renta tenía derecho a percibir la correspondiente devolución, de manera que se vulneró la propiedad que tenía sobre el derecho a percibir, recibir y que en definitiva le entregaran la suma por la cual se había aprobado su devolución de impuestos. Agrega que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o el interés nacional, circunstancias ambas que deben ser calificadas por el legislador, de manera que en el presente caso se produce un auténtico caso de expropiación de facto, ya que la retención no ha sido previamente autorizada por ley general o especial, ni mucho menos el fundamento de dicha expropiación puede ser considerada como causa de utilidad pública o de interés nacional, como lo exige la norma constitucional, por lo que en definitiva se viola y merma flagrantemente el derecho de propiedad de doña nombre reservado (sic) sobre su derecho a percibir la suma de su devolución de impuestos a la renta.

Finaliza solicitando que, sin perjuicio de las medidas de protección que esta Corte determine para restablecer el imperio del derecho, se le ordene a la Tesorería cesar en la retención de la suma de dinero correspondiente a la devolución de impuestos y por ende se le entere dicha suma a doña nombre reservado (sic).

A fojas 30, comparece informando el recurso doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Tesorerías de La Serena, solicitando su rechazo, conforme a los argumentos que expone y que, en síntesis, son los siguientes:

Como una cuestión preliminar alega la incompetencia de esta Corte para conocer del recurso, fundada en que en la acción interpuesta no se precisa con claridad el o los actos ilegales y arbitrarios que originan la petición, puesto que la recurrente señala como antecedente que el día 3 de junio de 2015 tomó conocimiento de la retención efectuada por la Tesorería de su devolución de impuestos, sin embargo, no queda claro cuál es el acto supuestamente arbitrario o ilegal, si la retención misma efectuada por la Tesorería o la orden de retener efectuada por la entidad acreedora. Agrega que ontológicamente es imposible que el acto de retener la devolución de impuestos por concepto de deuda de crédito universitario, efectuado por el Servicio de Tesorerías, sea ilegal y/o arbitrario, puesto que un acto ilegal es definido como un acto contrario a la ley, sin embargo, la facultad de retención está precisamente amparada en la ley, en el inciso primero del artículo 9° de la Ley N°19.848 y en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N°19.989. Por lo tanto, concluye, siendo un acto amparado y autorizado precisamente en la ley, resulta necesario indagar si dicho acto es arbitrario como lo expresa el recurrente, teniendo en consideración que de acuerdo a la definición dada por la doctrina nacional, acto arbitrario es aquél producto del mero capricho de quien incurre en él. Al respecto, señala que el acto de retener ejecutado por la Tesorería, por definición legal no puede ser inspirado en el capricho de la recurrida, por cuanto la retención se origina en un informe elaborado y comunicado por otra entidad diferente al Servicio de Tesorerías. Así, la Tesorería sólo ejecuta una comunicación, careciendo de la facultad de representar la legalidad, oportunidad o conveniencia de ese informe, por cuanto esa facultad le corresponde a otra institución.

Volviendo a sus alegaciones en cuanto a la incompetencia de esta Corte para conocer del recurso, expresa que esclarecer tanto el acto o actos impugnados, como también él o los recurridos, tiene ingentes implicancias tanto en la competencia de los tribunales llamados por la ley para conocer del recurso, como también, para resolver sobre el fondo de la cuestión debatida. En efecto, citando el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, indica que si se considera que el acto ilegal y arbitrario consiste en el informe efectuado por la Universidad de Antofagasta para que la Tesorería retenga los impuestos, se debe considerar que dicho informe se originó en la ciudad de Antofagasta y no en La Serena. Por otro lado, si se considera que el acto ilegal y arbitrario es sólo la retención efectuada por la Tesorería, no se entendería el por qué se dirige la acción en contra de las autoridades Universitarias. Indica como corolario de este capítulo de alegaciones la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien conociendo del Recurso de Protección Rol 216-2010, declaró la incompetencia de dicho tribunal de alzada.

En cuanto al fondo, expresa que, en cumplimiento con lo señalado en los artículos 9° inciso segundo de la Ley N° 19.848 que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del Crédito Solidario de la Educación Superior, el artículo primero de la Ley N° 19.989 que establece facultades para la Tesorería General de la República, sobre reprogramación de deudas a los Fondos de Crédito Solidario, Decreto N° 297 que aprueba el reglamento que fija el procedimiento para retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, y la Circular Normativa Interna N° 15 del año 2005 del Servicio de Tesorerías; la Tesorería General de la República, con fecha de 17 de abril de 2015, por orden de la Universidad de Antofagasta, procedió a retener la devolución de impuesto a la renta del recurrente, por un monto de $550.708., por la deuda de crédito universitario que mantenía con dicha universidad.

Luego de realizar una exposición de las normas aplicables al procedimiento de retención de impuestos, indica que el inicio, determinación, información, cuantía y responsabilidad de la elaboración de la nómina de deudores morosos se le ha conferido a otras instituciones distintas a la Tesorería General de la República, siendo dicho organismo sólo un agente ejecutor de una orden originada en un procedimiento sustanciado ante otras instancias. Que la elaboración de la nómina debe realizarse antes del primero de Febrero de cada año, y su contenido se le comunica a cada uno de las personas a quienes se les va a retener, ya sea por carta certificada, ya sea por medio de publicación en un diario de circulación nacional. Luego, aduce, el procedimiento previo a la ejecución de la retención efectuado por el Servicio de Tesorerías establece claramente la posibilidad a los deudores para que reclamen de la información, solicitando se rectifique el monto adeudado o solicitando derechamente la no procedencia de la retención en aquellos casos en que a su juicio estimen que ha operado algún modo de extinguir las obligaciones. Finalmente, existe un mecanismo de verificación de cumplimiento de los trámites que los Administradores deben efectuar al confeccionar la nómina, que es llevado a cabo por el Ministerio de Educación. De esta manera, expresa, a la luz de los hechos, si se practicó la retención en contra del recurrente, lo fue porque el Ministerio de Educación visó la actuación realizada por el Administrador.

Reitera que el actuar de la recurrida no es ilegal, por cuanto es una facultad que se encuentra establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N°19.848, que establece normas para la reprogramación de Deudas provenientes del Crédito Solidario de la Educación Superior; y en el artículo primero de la Ley N°19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República, normas que son aplicables al caso por expreso mandato de las normas contenidas en los artículos 71 de la Ley N°18.591, y el artículo 20 de la Ley N°19.287. Por otro lado, alega, el acto de retener efectuado por la Tesorería General de la República tampoco puede ser arbitrario debido a que se origina en un mandato de una institución ajena a quien la ley le ha entregado la facultad de administrar, determinar e informar la situación de los deudores de crédito Fiscal por estudios superiores en sus diversas formas.

Señala que, conforme a las conclusiones anteriores, la existencia de algún reproche de legalidad o arbitrariedad sólo podría efectuarse respecto de algún acto u omisión emanados de otra institución ajena al Servicio de Tesorerías, como en el presente caso sería la Universidad de Antofagasta, sin embargo, ello traería las siguientes implicancias: 1) El nombre reservado incoado sería extemporáneo, por cuanto el Administrador del Fondo Solidario debió haber notificado al actor el hecho de proceder a la retención en caso de no pagar, por medio de carta certificada dirigida a su domicilio, lo que dio origen al plazo señalado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley N°19.989, que es de 10 días desde la notificación, y cuya nómina debe ser elaborada antes del 1° de febrero de cada año). 2) Luego, esta Corte de Apelaciones carecería de competencia para conocer del recurso, tanto por los actos realizados por la Universidad de Antofagasta o por el Ministerio de Educación, puesto que éstos se han verificado en la ciudad de Antofagasta o Santiago.

Finaliza exponiendo que la orden de retención y su consecuente retención de impuesto respecto del recurrente no es un hecho aislado, que se haya producido sólo este año, por el contrario, desde el año 2009 el Servicio de Tesorerías ha cumplido con la retención y posterior compensación de la renta del señor nombre reservado, sin que exista reproche alguno a la actividad ejecutada por el Servicio de Tesorerías.

A fojas 45, comparece informando el recurso don nombre reservado, en representación de la Universidad de Antofagasta, solicitando su rechazo, conforme a los argumentos que expone y que, en síntesis, son los siguientes:

Alega en primer lugar la incompetencia de esta Corte para conocer del recurso, puesto que del relato del recurrente se desprende que lo que se impugna es la orden o el informe efectuado por la Universidad de Antofagasta para que la Tesorería retenga sus impuestos. En razón de esto, señala, el supuesto acto arbitrario e ilegal se origina en la ciudad de Antofagasta y no en La Serena, puesto que en dicha ciudad tiene su domicilio la recurrida Universidad de Antofagasta.

En cuanto al fondo, indica que la medida de retención de la devolución de impuestos alegada por el recurrente, fue ejecutada por la Tesorería Regional de Coquimbo, basada en la información aportada por el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta, ya que el recurrente mantiene deudas con ésta última, que se generó por los estudios que el recurrente realizó en el periodo 1994 a 1999, para los que fue beneficiado con el Crédito Solidario Universitario.

Agrega que la Ley N°19.287 establece que los estudiantes que fueron beneficiados con el Crédito Universitario deber pagar dicho crédito a través de cuotas, después de dos años de haber egresado, calculándose el valor de cada cuota en base al 5% de los ingresos que anualmente el deudor debe declarar ante el respectivo Administrador de Fondo Solidario. En lo que respecta a las retenciones, indica, los artículos 1° y 6° de la Ley N°19.989, establecen la posibilidad que se retenga a los deudores de Crédito Universitario, de su devolución de impuestos, los valores adeudados por dicho concepto. De manera que el Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta informó al recurrente de la retención de impuestos por parte de la Tesorería Regional, sin recibir respuesta alguna.

En cuanto a las garantías constitucionales que se denuncian infringidas, señala la recurrida que el recurrente incurre en un error, puesto que los deudores del Crédito Solidario tienen una instancia administrativa y, en su caso, judicial, para oponerse a la retención de la devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República, conforme al artículo 6° del Decreto Supremo N°297 de año 2009. Sin embargo, el recurrente no presentó antecedente alguno que aclarara la deuda dentro del plazo de diez días que establece el reglamento, por lo que no puede alegar en esta instancia vulneración de su derecho a defensa ni al debido proceso. Luego, en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad del actor, indica que la Ley N°19989 faculta en su artículo primero a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario, los montos que se encontraren impagos, según lo informado por la entidad acreedora, por lo tanto, resulta improcedente la alegación del recurrente en cuanto a que no hay disposición legal que haya permitido retener la devolución de sus impuestos.

Finaliza reiterando su solicitud de rechazo de la acción constitucional intentada, con expresa condena en costas.

A fojas 52 se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que el nombre reservado establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Segundo: Que de lo expuesto, se desprende que la acción cautelar supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que todo ello provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que de lo narrado latamente en la parte expositiva de esta sentencia, se puede concluir, con cierta dificultad, tal como lo señalan los recurridos, que en la presente acción de protección se acusa principalmente como acto ilegal y arbitrio, el hecho de haber sido retenida por el Servicio de Tesorería Regional de Coquimbo, la suma de $550.708 , a consecuencias de una “supuesta deuda” informada por el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta, deuda que provendría de los estudios realizados por el recurrente en esa institución entre los años 1994 y 2001.

Considerando que tal hecho, el de retención, conculca las garantías constitucionales establecidas en los números 3 inciso sexto y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental ––derecho al debido proceso y el de propiedad––, dirige la acción en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo representada por doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera subrogante, pero también en contra de la Universidad de Antofagasta, representada por su Rector don nombre reservado.

Cuarto: Que en lo que respecta a la entidad pública recaudadora, a quien el recurrente le asigna el papel de órgano juzgador, se le acusa el haber actuado vulnerando la garantía de un procedimiento racional y justo, al no permitírsele ser escuchado, toda vez que con la sola información otorgada por la respectiva administradora del fondo solidario, procedió a retener su devolución de impuestos, situación que además, ha conculcado su derecho de propiedad sobre aquella suma de dinero.

Quinto: Que acerca del actuar de la Tesorería Regional, habrá de indicarse, atento con lo informado, que por orden de la Universidad de Antofagasta, procedió a retener la devolución de impuesto a la renta del recurrente, por un monto de $550.708., por la deuda de crédito universitario que mantenía con dicha Universidad. Sin embargo, tal proceder, está amparado en la ley, expresamente en el inciso primero del artículo 9° de la Ley N°19.848 y en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N°19.989, disposición legal esta última, similar a la anterior, y que señala: " Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador”.

En consecuencia, la actuación de la Tesorería Regional, como órgano de la Administración del Estado, corresponde a un acto administrativo ejecutado a virtud de la facultad que le confiere ley (susceptible de impugnación de acuerdo con la ley 19.880), de manera que su proceder no puede ser tildado de ilegal, ni menos de arbitrio, pues se origina en un informe elaborado y comunicado por otra entidad diferente al Servicio de Tesorerías, que corresponde a la Universidad de Antofagasta (Institución Administradora del Fondo Solidario del Crédito Universitario); informe que es el resultado de toda una normativa reglada en el Decreto Ley 297 del Ministerio de Educación, de 7 de agosto de 2009, que aprobó el reglamento que fija el procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República.

Es de hacer notar que al amparo de ese cuerpo legal, el recurrente también ha tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos, en el ámbito administrativo y judicial, en caso de disconformidad.

Sexto: Que, en consecuencia, el acto de la recurrida Tesorería Regional de Coquimbo, por no ser ilegal ni arbitrario no ha podido vulnerar el derecho de propiedad en los términos que alega el accionante. En cuanto a la garantía del debido proceso que el recurrente lo concreta en el inciso sexto del Nº3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (procedimiento racional y justo) tan solo se indicará que dicha garantía, tal como ha sido propuesta, no se encuentra protegida en el ámbito de un nombre reservado

Entonces, como corolario, se dirá que la acción de protección que ha sido dirigida en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo tendrá que ir a su indefectible rechazo.

Séptimo: Que en lo que dice relación con el reproche que el accionante hace de manera indirecta a la Universidad de Antofagasta, por cierto que el recurso resulta confuso puesto que en él más bien se acusa o impugna el concreto actuar de la Tesorería Regional de Coquimbo, y aun cuando la retención efectuada proviene de un informe de Corporación educacional, cuyo domicilio es la ciudad de Antofagasta, por la forma en que ha sido planteada la acción constitucional, se ha estimado procedente, para mantener su unidad, que correspondía a esta Corte de Apelaciones conocer y resolver el asunto.

Octavo: Que en consecuencia, dado lo informado por la Universidad de Antofagasta, resulta claro que ella se ha ceñido al procedimiento reglado en el Decreto 297 del Ministerio de Educación, ya señalado en el motivo quinto de este fallo, y además, a la normativa prevista en las leyes 19.848 y 19.989 antes comentadas. En consecuencia, su proceder tampoco puede ser calificado como ilegal ni arbitrio, de manera que el recurso no podrá prosperar a su respecto, tal como se expresara en el apartado sexto de este fallo.

Por estos motivos, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, de declara: Que se RECHAZA, sin costas, el nombre reservado deducido por el abogado don nombre reservado en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo y de la Universidad de Antofagasta.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro don Juan Pedro Shertzer Díaz.

Rol Nº 840-2015.- Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Juan Pedro Shertzer Díaz, señora nombre reservado.

nombre reservado

Secretaria (S)

En La Serena, a diecisiete de julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.