FUNDACION VALIDAME con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTRO

Fundación Valídame Superintendencia de Pensiones y Otro Protección Rol N°84-2025 La Serena, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero: Que Fundación Valídame recurre de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones y AFP Modelo S.A., por la privación de cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, alegando vulneración de su derecho de propiedad.

Expone que el 23 de diciembre del 2024, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario 24448, instruyó a AFP Hábitat S.A a realizar acciones que se condicen con la privación de un afiliado de su calidad actual de pensionado por sobrevivencia, mediante una revisión no reglada de la cobertura que le otorgó derecho, como padre de hijo de filiación no matrimonial, que vivía a expensas de la causante, Castalia nombre reservado, madre de Altair nombre reservado, pensión otorgada al actor, pareja de la causante, otorgada cuatro años posteriores al fallecimiento de su pareja en AFP distinta a la de afiliación de la causante fallecida, AFP a la que se trasladara la cuenta de capitalización individual de la causante a nombre reservado, padre del hijo en común con la fallecida.

Hace presente el Oficio referido da cuenta de que no existen certezas de que el padre beneficiario cumple con el requisito de vivir a expensas de la causante, alegando que ignora los requisitos por ella misma establecidos, que el afiliado sí reunía al momento del deceso de su pareja cubierta por el seguro, y que fuera considerado por AFP Hábitat, conforme un informe social y la declaración jurada de tres testigos.

Afirma que, sin perjuicio del fondo, la Superintendencia de Pensiones no cuenta con atribuciones legales para requerir una revisión que implique la posibilidad de afectar el derecho de propiedad del afiliado, quien tiene derecho a que el asunto deba ser resuelto por la vía judicial correspondiente, habiendo el afiliado incorporado a su patrimonio la pensión, que se encuentra en modalidad de retiro programado, la cual únicamente puede ser objetada mediante un procedimiento judicial respectivo.

Sostiene que la Superintendencia de Pensiones cuenta con la facultad de fiscalización de las AFP, entre las que se encuentra AFP Modelo S.A., que priva al beneficiario de la cobertura de la póliza, mas no de afectar el beneficio previsional incorporado al patrimonio del afiliado, lo que infringe el principio de legalidad y constituyéndose en una comisión especial.

Alega infracción, asimismo, al artículo 13 inciso cuarto de la Ley 19.880, en cuanto dispone que el límite de la autoridad para ordenar subsanar vicios siempre tiene como límite la no afectación de los intereses o patrimonio de terceros, afectando, con ello, su integridad física y psíquica, su patrimonio, y su igualdad ante la ley, toda vez que, sus propias instrucciones dan cuenta, conforme el Libro III, Título I, Letra E Pensión de Sobrevivencia, Capítulo I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que la calidad de “vivir a expensas” se acreditará mediante la presentación de un informe social, lo cual, reconoce la propia recurrida, y se encuentra cumplida en la especie.

Precisa que, al fallecimiento de la causante, el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno le atribuye a la fallecida la figura de madre de hijo de filiación no matrimonial, por el hijo en común con nombre reservado, quien vivía a expensas de la causante a la fecha del deceso, como fue acreditado por AFP Hábitat S.A., dejando en evidencia el actuar ilegal de AFP Modelo S.A. en la denegación de cobertura de la póliza y cuestionar la acreditación de afiliado cubierto como padre de hijo de filiación no matrimonial, que a la fecha del deceso vivía a expensas de la causante, quien era profesional con trabajo estable, proveyendo recursos al núcleo familiar, conformado por la causante, el actor y el hijo menor en común.

Agrega que AFP Modelo omitió la cobertura al padre, perjudicando por consiguiente al hijo, quien, sostiene, reportaba falsamente siniestros de menor cuantía en condición de contratante, exhibiendo una cartera menos siniestrada ante los oferentes compañías de seguros que cubrían el riesgo de los afiliados.

Conforme lo expuesto, pide se ordene que se ordene una investigación y sanción del regulado AFP Modelo S.A., por la privación arbitraria e ilegal de cobertura de los beneficios previsionales; calcule el aporte adicional de forma retroactiva; que AFP Modelo transfiera a AFP Hábitat el aporte adicional con intereses, reajustes, rentabilidad del fondo de pensiones y multas, que deben ser enteradas a la Tesorería General de la República; que AFP Hábitat S.A., dónde radica actualmente la cuenta de capitalización individual de la causante, recalcule y pague retroactivamente las diferencias de pensión de sobrevivencia adeudadas a ambos beneficiarios; que, se ofrezca una disculpa pública a los afectados, con costas.

Segundo: Que informa Rodrigo Montero Atria, abogado de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima.

Expone que el 24 de marzo de 2021, la recurrente presentó la solicitud de pensión de sobrevivencia, en virtud del fallecimiento de Castalia nombre reservado y que, dentro de la declaración de beneficiarios, individualizó como único beneficiario a su hijo, de iniciales AFV, nacido el 2012, firmada por el propio recurrente, destacando que no sólo no se incluyó a sí mismo dentro de los beneficiarios, sino que tampoco aportó ni informe social ni medios de prueba, o declaración jurada de tres testigos, de que vivía a expensas de la causante.

Agrega que su representada, el 16 de abril de 2021, emitió el certificado saldo de los fondos de la causante y el 7 de junio de 2021, el recurrente seleccionó opción retiro programado con AFP Hábitat, pagando Modelo, el 24 de junio del 2021, la pensión al beneficiario de forma retroactiva, considerando desde la fecha del fallecimiento de la causante -abril del 2020- hacia adelante, hasta el 31 de julio de 2021, fecha en que transfirió los fondos hacia AFP Hábitat.

Descarta la materialización de un actuar ilegal o arbitrario, en cuanto su representada ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, más cuando, habiendo transferido los fondos de la causante a AFP Hábitat, no está facultada para realizar más trámites respecto de la pensión de sobrevivencia y que, lo que pretende la actora, es que se declare una supuesta calidad de beneficiario del seguro de invalidez y sobrevivencia, de manera que la tutela requerida no puede satisfacerse por esta vía, careciendo de un derecho indubitado, debiendo su situación ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -administrativo o judicial-.

Alega, igualmente, que el recurso es extemporáneo, por cuanto el recurrente, desde el 24 de marzo de 2021, declaró como único beneficiario al hijo de filiación no matrimonial que tuvo con la causante, desprendiéndose un conocimiento inequívoco respecto de la identidad de las personas que posteriormente serían declarados como beneficiarios de la pensión.

Previas citas legales, jurisprudenciales y arguyendo que la Superintendencia de Pensiones es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, pide el rechazo de la acción en todas sus partes, por extemporáneo, inadecuado e improcedente, y por la inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria, con costas.

Tercero: Que, igualmente, evacua informe Mario Valderrama Venegas, fiscal de la Superintendencia de Pensiones.

Alega, en primer lugar, la improcedencia de la acción, en cuanto excede el ámbito del recurso de protección, cuestionando la recurrente la procedencia de fiscalización respecto del otorgamiento de un beneficio previsional y el cumplimiento de requisitos para acceder a éste, más cuando se trata de una materia propia de la seguridad social, garantía constitucional que no está amparada por esta acción de excepción.

Asimismo, relata que el actor, mediante correo electrónico de 11 de junio de 2024, comunicó a la Superintendencia que el 5 de marzo de 2024 ingresó en AFP Modelo S.A. una denuncia por omisión de cobertura de padre de hijo de filiación no matrimonial, que vivía a expensas de la causante a la fecha de su fallecimiento, requiriendo la reposición de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, en su calidad de conviviente de Castalia nombre reservado, pidiendo el pago de la totalidad de las pensiones adeudadas y se recalculara el ingreso base y se determinara el aporte adicional.

Destaca que su representada, mediante Oficio Ordinario 10735, de 12 de junio de 2024, pidió informe a AFP Hábitat S.A., y comunicó a la recurrente que el 7 de junio de 2021 fue suscrita en AFP Modelo S.A. la Aceptación de Oferta y la Selección de Modalidad de pensión en la que el hijo en común del recurrente y la causante de pensión, Altair nombre reservado, optó por retiro programado en AFP Hábitat S.A. y que, en agosto 2021, había llegado a AFP Hábitat S.A., los saldos traspasados desde AFP Modelo S.A.

Hace presente que también se tuvo en cuenta que, el 1 de abril de 2024, nombre reservado, presidente de Fundación Valídame, como mandatario del actor, suscribió declaración de beneficiario no declarado y se comunicó que el 11 de junio de 2024, se emitió pago retroactivo de pensión de sobrevivencia al recurrente como padre de hijo de filiación no matrimonial, destacando que, al 7 de junio de 2021, no se declaró en esa oportunidad como beneficiario al actor, ni tampoco acreditó los requisitos para optar al beneficio de pensión de sobrevivencia como padre de hijo de filiación no matrimonial, encontrándose el formulario de 1 de abril de 2024 fuera del plazo de 45 días que establece la normativa.

Precisa que, si bien AFP Hábitat S.A. acreditó la condición de beneficiario del actor, el beneficiario sólo tiene derecho a pensión de sobrevivencia sin recálculo de aporte adicional y sin cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que el 11 de junio de 2024 se comunicó al recurrente que fue emitido el pago retroactivo de pensión de sobrevivencia como padre de filiación no matrimonial por los meses de abril a junio de 2024, desde la fecha de suscripción del formulario y que, el 2 de octubre de 2024, la Contraloría General de la República requirió antecedentes con ocasión de un reclamo interpuesto por el representante de la Fundación, destacando que el recurrente mantiene una causa por pensión alimenticia en el Juzgado de Familia de Vicuña, causa RIT Z-41-2019, reteniéndose de la cuenta de capitalización individual $554.342 por concepto de pago de pensión alimenticia, controvirtiendo que el recurrente había vivido a expensas de la causante, dictándose el acto impugnado, Oficio Ordinario 24448, de 23 de diciembre de 2024, con instrucción a AFP Hábitat para recabar antecedentes adicionales y efectuara un nuevo análisis respecto de la procedencia de otorgar una pensión de sobrevivencia.

Da cuenta de que el actor, el 27 de diciembre de 2024, efectuó una nueva presentación, reprochando el actuar de la Superintendencia y su discrepancia con las instrucciones impartidas a la AFP Hábitat, por cuanto, en ninguna parte de la normativa sectorial se estableció que quienes registren demandas por pensión alimenticia no puedan ser beneficiarios, motivando pronunciamiento de su representada, requiriendo a Fundación Valídame que aportara los antecedentes de que dispusiera, lo que no ocurrió.

Manifiesta que, respecto a la calidad invocada por el recurrente, la normativa establece que la situación de dependencia económica se acreditará mediante medios de prueba que arrojen resultado verificable, destacando que las declaraciones juradas de terceros, como medios de prueba son excepcionales y alternativos y ceden frente a otros antecedentes documentales que conduzcan a conclusiones diversas a las establecidas mediante las declaraciones juradas, lo que motivó un nuevo reclamo, instruyendo su presentada a que AFP Hábitat hiciera un nuevo análisis de la calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia, el que se encuentra pendiente, junto con un estado del juicio ante el Juzgado de Familia de Vicuña.

Junto con invocar la normativa que faculta el actuar impugnado, concluye que la Superintendencia de Pensiones no ha cometido acto arbitrario ni ilegal alguno, por cuanto su actuar no ha sido caprichoso ni antojadizo, sino que estrictamente apagado a la legislación vigente, toda vez que, se limitó a hacer las gestiones tendientes a determinar la veracidad de lo informado, existiendo indicios que permiten presumir que el actor, a la fecha del fallecimiento de la causante, no habría estado viviendo a sus expensas, siendo uno de los requisitos indispensables para poder acceder al referido beneficio, más cuando su concesión va en perjuicio del hijo en común, descartando igualmente vulneración de garantías constitucionales.

Conforme lo expuesto, pide el rechazo de la acción.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Sexto: Que, conforme los antecedentes que obran en la causa, se desprende que lo pedido corresponde al reconocimiento para el recurrente de la calidad de beneficiario de un seguro de sobrevivencia contratado por la causante y conviviente, otorgado en la actualidad al hijo en común, alegando que la recurrida Superintendencia ha efectuado una revisión improcedente, al dar cuenta de la existencia de una causa de alimentos, requiriendo antecedentes al efecto, lo que controvierte el hecho de vivir a expensas de la madre del actual beneficiario.

Séptimo: Que, sin perjuicio del fondo del asunto, expusieron las recurridas que el fallecimiento de la contratante ocurrió en 2020, otorgándose el seguro en cuestión en marzo de 2021, sin que el actor se incorporara como beneficiario, debiendo acreditar el hecho de vivir a expensas de la causante, no pudiendo sino concluirse que la interposición de la acción resulta manifiestamente extemporáneo, no pudiendo considerarse que el pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones importe una negativa a la petición invocada, la que además se encuentra en tramitación administrativa, ante el ente fiscalizador y, como se expuso por ésta, la Contraloría General de la República.

Octavo: Que, abunda a lo razonado, que la controversia escapa de la cautela de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, más cuando la relación fáctica es imprecisa y omite antecedentes que sólo se ponen en conocimiento con ocasión de los informes recibidos, extendiendo las peticiones a ámbitos que escapan de los hechos invocados y cómo se materializa la vulneración a las garantías mencionadas.

Noveno: Que, adicionalmente, cabe precisar que del análisis de los antecedentes que constan en estos autos, respecto de la materia del recurso, se advierte que existen pronunciamientos pendientes, toda vez que existe tramitación en sede administrativa ante el fiscalizador, un reclamo ante el ente contralor y un requerimiento ante el Juzgado de Letras de Vicuña por la causa de a alimentos invocada, lo que reafirma la inexistencia de un derecho indubitado del recurrente, como requisito indispensable para la procedencia del recurso, con especial consideración que el conflicto debe ser resuelto en la sede declarativa que corresponda, lo que conlleva necesariamente el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Fundación Valídame en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Pensiones y AFP Modelo.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°84-2025 Protección.-