nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 8388-2022.

La Serena, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, a nombre de don nombre reservado, quien a su vez actúa por sí y en favor de don nombre reservado, pasaporte iraní N°RUT reservado, soltero, PHD en Geografía y nombre reservado, ambos de nacionalidad iraní y domiciliados para los efectos domicilio reservado, Región de Coquimbo, deducen recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, alegando vulneración al principio de igualdad ante la ley, Indica que el recurrente don nombre reservado, siendo profesor titular y jefe del departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Católica del Norte sede Coquimbo, envió solicitud de Visa de Residente Temporal para el académico don nombre reservado, bajo la modalidad de contrato de trabajo, para el cargo de investigador postdoctoral.

Sostiene que la solicitud fue enviada el 29 de junio de 2022, que posteriormente consultó el estado de avance la solicitud, indicándoles el 5 de octubre de 2022, que se encontraba en etapa de análisis.

Agrega que el 14 de octubre pasado, recibió un correo electrónico en el cual indica que “solicitud insuficiente… le fue otorgado un plazo de 60 días a fin de acompañar los antecedentes enumerados en la notificación adjunta”, pero que, no obstante, en dicho correo no fue acompañada ninguna resolución que indicase cuales eran los requisitos faltantes, por lo que lo recurrentes no tienen idea de que está solicitando el ente recurrido.

Agrega que, además cuando ingresan al portal de extranjería y siguen los pasos indicados en el correo, la plataforma les genera un error, por lo que ni la notificación enviada mediante correo electrónico ni la plataforma del ente les permiten visualizar cuales son los antecedentes adicionales que se deben acompañar, considerando que se les indica un plazo para acompañarlos bajo el supuesto de declarar desistida la solicitud y proceder a rechazarla.

Indica que, urgidos ante tal situación, los recurrentes envían un reclamo, nuevamente, ante el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, pero que a la fecha de interposición de esta acción constitucional, no se ha brindado respuesta alguna a dicho reclamo y, para detrimento de los peticionarios, el plazo para la carga de esos documentos sigue transcurriendo, a pesar de que se encuentran imposibilitados de cumplir con aquello.

Señala que lo expuesto evidencia que ha habido una tramitación defectuosa en el caso de autos, lo cual se traduce en un perjuicio para los peticionarios, quienes se hallan “obligados a lo imposible”, toda vez que se les solicita unos antecedentes que no son exteriorizados ni debidamente notificados, como en derecho corresponde y en total contravención del principio de Servicialidad del Estado que opera en favor de los administrados, haciendo presente los principios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y que rigen la materia de autos.

Señala que, la actuación caracterizada por un procedimiento defectuoso por parte del Servicio Nacional de Migraciones en orden a resolver la solicitud de visa del peticionario deviene en ilegal siendo que ha infringido lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) de Ley N°19.880 y 5,13 y 46 de la Ley N° 21.325, y arbitraria dado que el error en su plataforma computacional se ha convertido en un obstáculo para que el interesado pueda cargarlos. Que dicha conducta no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo, en primer lugar la posibilidad de conocer cuales antecedentes adicionales se requieren y, en segundo lugar, una respuesta formal y definitiva a su procedimiento.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que informe debidamente a la parte recurrente cuáles son los antecedentes adicionales que está solicitando, debiendo otorgar un plazo para subsanarlos que inicie desde la fecha de la notificación y habilitación del sistema informático para que pueda, efectivamente, cargarlos.

En subsidio de lo anterior, en caso de que la autoridad considere que no existen documentos faltantes, proceda a dar curso progresivo al procedimiento hasta su final resolución, con condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Cédula de identidad del recurrente. 2. Pasaporte del peticionario. 3. Contrato de trabajo ofrecido al peticionario. 4. Comprobante de envío de solicitud. 5. Captura de las peticiones interpuestas ante el SIAC. 6. Captura de pantalla de la falla generada por el sistema computacional.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción.

Indica respecto de la situación migratoria del recurrente nombre reservado, que el 29 de junio de 2022 solicita ante el Servicio Nacional de Migraciones, el beneficio migratorio de RESIDENCIA TEMPORAL, bajo el ID 45698901, la que se encuentra en etapa de análisis.

Agrega que el 14 de octubre de 2022, se le comunica que se requieren antecedentes y se le otorga un plazo de 60 días para acompañar dichos antecedentes y a la vez se señala como debe ingresarse al sistema.

Además, informa que los documentos que debe acompañar son: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL PAÍS DE ORÍGEN DEBIDAMENTE LEGALIZADO O APOSTILLADO, debido a que el documento que presentó no era el que se le estaba solicitando.

Indica que, en consecuencia, por medio del informe se responde al recurrente respecto de los documentos que se solicitan, por lo que es del parecer que el recurso ha perdido toda oportunidad, puesto que la pretensión perseguida se encuentra completamente satisfecha por el actuar del Servicio Nacional de Migraciones.

En los argumentos de derecho, señala que la solicitud de residencia temporal se encuentra en análisis, pudiendo acceder el extranjero consultar su situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl.

En cuanto al tiempo de tramitación de la solicitud, expone que según lo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país. Cita jurisprudencia al efecto e indicando que, en todo caso, dicho plazo no es fatal para la administración.

Alega que el presente recurso no es la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880, entendiendo que al presente caso resulta aplicable el mecanismo de silencio administrativo negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por la recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos y, en consecuencia, la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria.

Agrega que la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, que existen aproximadamente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra del Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia. Que aquello lleva a que el Servicio tenga que dar prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria.

Señala que, por lo expuesto, y teniendo presente que esa parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual del amparado, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra en tramitación, manteniendo situación migratoria regular, solicitando además el rechazo a la TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la recurrente alega como acto ilegal y arbitrario, la imposibilidad de continuar con la tramitación de la residencia temporal en atención a que se recibió una comunicación en la que se informa que su solicitud se encuentra insuficiente y se le otorga un plazo de 60 días a fin de acompañar los antecedentes, los que estaban enumerados en la notificación adjunta, alegando que, no obstante, en dicho correo no fue acompañada ninguna resolución que indicase cuales eran los requisitos faltantes.

Que la recurrida al evacuar el informe de rigor señaló que los antecedentes que se solicitó adjuntar corresponden a un “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL PAÍS DE ORÍGEN DEBIDAMENTE LEGALIZADO O APOSTILLADO, debido a que el documento que presentó no era el que se le estaba solicitando” y que en base a lo expuesto, es del parecer que el recurso habría perdido oportunidad.

SEXTO: Que la recurrente, en forma posterior alega que la plataforma online a través de la cual se debe acompañar el documento arroja error, y que le es imposible cargar el documento solicitado. Que dicha afirmación fue refutada en estrados por el abogado que representó al Servicio Nacional de Migraciones en cuanto señaló que la plataforma digital se encuentra operativa, dando instrucciones precisas de cómo hacer la carga del documento, las cuales no llegaron a noticia de la parte recurrente en atención a que no compareció a la audiencia desarrollada con esta fecha.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo reseñado en los motivos anteriores y advirtiendo que la recurrente tiene conocimiento cierto respecto de los antecedentes que debe acompañar al servicio recurrido para hacer avanzar la solicitud de residencia temporal y no siendo indubitada la circunstancia de existir un error en la plataforma en la cual se incorpora dicho documento, se concluye por estos sentenciadores, que no existe en la actualidad alguna actuación ilegal o arbitraria del Servicio Nacional de Migraciones que afecte alguna de las garantías constitucionales cuyo imperio esta Corte deba cautelar a través de la presente vía, siendo lo alegado por el actor una situación cuya resolución es de carácter administrativo que cómo se indicó no se puede imputar al Servicio por no constar que sea efectiva, sin embargo, de acuerdo con lo que se puede advertir en este recurso esa situación le ha impedido al recurrente cumplir con las exigencias que la ha impuesto el Servicio Nacional de Migraciones dentro del plazo oportuno para lo cual será preciso otorgarle un plazo mayor para que cumpla tales exigencias. Por lo expuesto se rechazará le recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, sin perjuicio de lo cual, se dispone que el plazo notificado a través de la resolución de 14 de octubre de 2022, se amplía en 60 días a contar de la fecha en que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°8388-2022 Protección-.