nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol N°836-2026 La Serena, dos de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por el Tesorero General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en dar inicio al procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal (CAE) regulado en la Ley N°20.027, utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, reservados para la cobranza de obligaciones tributarias, indicando que se han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ha mantenido obligaciones derivadas del sistema de financiamiento universitario con garantía estatal prevista en la Ley N°20.027, y que, la recurrida el 7 de abril de 2026 confeccionó una nómina de deudores morosos en la cual la incluyó por la deuda de $16.244.560.-, lo cual le fue notificado el 9 de abril de 2026, dando inicio al cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, lo cual alega le ha afectado en su esfera patrimonial, pues amenaza sus bienes, ingresos y demás recursos económicos. Añade que, lo anterior se ve incrementado cuando paralelamente, se ofrecen convenidos de pago por la recurrida, sin previa explicación de los alcances y efectos jurídicos de su eventual suscripción. Indica que estos convenidos son automáticos, con una suma inicial de consignación elevada que el recurrente no está en condiciones de asumir, lo que, además de exponerlo a un procedimiento coactivo, lo presiona económicamente, lo que podría resultar en una afectación significativa de su estabilidad económica.

Alega que, el actuar de la recurrida es ilegal, pues el cobro del CAE debe someterse al régimen especial que el legislador estableció en la Ley N°20.027, la cual regula de manera expresa los mecanismos de cumplimiento y cobro de esta obligación, estableciendo un marco claro para su ejercicio y las facultades de la autoridad, sin contemplar la aplicación del procedimiento administrativo coercitivo del Título V del Código Tributario. Añade que la obligación derivada del CAE es de naturaleza contractual y civil, distinta a una obligación tributaria, por lo que la aplicación del procedimiento coercitivo para el cobro de obligaciones tributarias carece de sustento legal.

Indica que la decisión de la recurrida de apartarse del estatuto especial para las deudas del CAE y recurrir a un procedimiento más intenso y gravoso vulnera el principio de la juridicidad establecido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Prosigue señalando que el actuar de la recurrida, además, es arbitrario, por cuanto constituye un ejercicio infundado y desproporcionado de potestades públicas, al someter el cobro del Crédito con Aval del Estado a un régimen de ejecución excepcional que no corresponde a la naturaleza de dicha obligación, optando por la alternativa más favorable para la Administración y más perjudicial para el afectado.

Se refiere a la Ley N°20.027, indicando que prima por ser ley especial por sobre la aplicación de las normas generales del Título V del Código Tributario, lo cual señala haber sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en fallo dictado en Rol 206.904-2023 de 11 de enero de 2024, y transcribe sus considerandos sexto y séptimo.

Luego se refiere a los mecanismos de cobro del Título V de la Ley N°20.027, indicando que procede cuando se han hecho efectivas las garantías estatales, según dispone el artículo 13 de la señalada ley, realizando una remisión expresa al Título V de la misma norma, lo cual no puede ser ignorado, pues implicaría desnaturalizar el sentido de la disposición, ampliando el cobro a un régimen excepcional concedido para obligaciones tributarias. Señala los mecanismos de cobro de las deudas por CAE establecidos en el Título V de la Ley N°20.027, contenidos en sus artículos 16, 17 y 18 bis, los cuales delimitan las facultades de cobro.

Destaca que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027, al señalar "reglas generales", se está refiriendo a las normas del Código del Procedimiento Civil, que constituye la regla general de cobro ejecutivo; y no a las previstas en el Título V del Código Tributario. Y si el legislador hubiese querido habilitar a la Tesorería General de la República para perseguir el cumplimiento de los créditos derivados de la garantía estatal de la Ley N°20.027, mediante el procedimiento especial de cobro de obligaciones tributarias, lo habría señalado de manera expresa, y al no haberlo hecho, la utilización del mecanismo invocado por la recurrida resulta ilegal y arbitraria, pues, sin fundamento que lo justifique, la autoridad recurrida intentó aplicar un régimen ejecutivo especial.

Señala que, el artículo 168 del Código Tributario delimita el actuar de la recurrida para iniciar cobranzas administrativas y judiciales bajo las reglas del Título V del Libro III del Código Tributario, siendo aplicables sólo a las obligaciones tributarias, y no a las deudas por el CAE, careciendo la Tesorería de habilitación legal para aplicar aquel procedimiento excepcional de apremio a una deuda civil. Añade que la obligación no muta por hacerse efectiva la garantía estatal, lo cual ha sido establecido por la Excma. Corte Suprema en fallo bajo Rol 6.438-2013, y transcribe sus considerandos octavo y noveno.

Indica que la nómina de deudores del artículo 169 del Código Tributario no constituye título ejecutivo para el cobro del Crédito con Aval del Estado, al constatar una inadecuación tipológica absoluta entre este instrumento y los elementos materiales exigidos por la ley, así señala que el CAE es un crédito de origen contractual y civil, no un impuesto ni una sanción tributaria, careciendo del tipo de tributo y de los antecedentes documentales idóneos –como órdenes de ingreso o boletines del Servicio de Impuestos Internos– que la norma aludida exige taxativamente. Destaca que, el artículo 169 contiene una enumeración cerrada y no ejemplificativa, cuya interpretación no permite añadir elementos no previstos por el legislador, y que el Título V del Código Tributario, desde su artículo 168, circunscribe su ámbito a las "obligaciones tributarias", delimitando un sistema lingüístico e institucional exclusivo para deudores de impuestos. Afirma que la recurrida intenta subsanar esta carencia mediante una operación administrativa de etiquetado –asignando códigos de impuesto convencionales y folios internos– que carece de cobertura legal y vulnera la reserva legal y la publicidad administrativa. Concluye que aceptar la tesis de la Tesorería produciría una incoherencia sistémica, generaría una duplicación de títulos ejecutivos, permitiría al Estado auto titularse cualquier acreencia patrimonial sin proceso previo y vulneraría el debido proceso al reducir drásticamente las excepciones del deudor, desnaturalizando así el régimen excepcional de autotutela ejecutiva que el Estado de Derecho reserva exclusivamente para los tributos.

Se refiere a las garantías constitucionales infringidas con el actuar de la recurrida, refiriéndose en primer término a la igualdad ante la ley, vulnerada cuando la recurrida introduce una diferencia de trato que no se funda en criterios legales ni responde a un fin legítimo, sino que obedece únicamente a la decisión de aplicar un procedimiento más favorable para el Fisco y más perjudicial para el deudor, lo que configura una discriminación arbitraria prohibida. Luego, sobre la garantía del juez predeterminado por ley, artículo 19 N°3 inciso quinto, se ve infringido al no respetar la ley especial, desplazando al actor hacia un régimen de juzgamiento no previsto por la ley para esta clase de acreencias, por lo que, se desconoce la competencia de los tribunales ordinarios, sino que además se atribuyen funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo fuera de los casos expresamente autorizados por la ley, vulnerando directamente la garantía de ser juzgado por el juez natural previamente establecido. Y, por último, señala la garantía del derecho de propiedad, vulnerada al afectar el patrimonio del recurrente por medio de un procedimiento tributario no aplicable en la especie.

Concluye solicitando sea acogido el recurso, y se deje sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo, emitido en contra del recurrente bajo el Titulo V del Código Tributario, ordenando a la recurrida abstenerse de iniciar o continuar el procedimiento de cobro del CAE no expresamente contemplados en la Ley N°20.027 ni comprendidos dentro de las facultades que dicha ley le ha conferido; y que toda eventual actuación de cobro se ajuste estrictamente al marco legal especial aplicable.

SEGUNDO: Que, comparece la Tesorería General de la República, informando al tenor de lo ordenado.

Expone una descripción del sistema de financiamiento de la Ley N°20.027, cuyo objeto es el financiamiento de estudios de educación superior, para aquellos que no cuentan con posibilidad de acceder al crédito en el sistema financiero, y que esta ley creó la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión), la cual es la que otorga el beneficio de crédito con garantía, luego el beneficiario suscribe los instrumentos respectivos con la institución financiera, y el monto prestado es cancelado en cuotas mensuales.

Añade que, frente a incumplimientos del deudor, la institución financiera puede solicitar a la Comisión el pago de la garantía estatal o por deserción académica, previa acreditación del agotamiento de las gestiones de cobranza prejudicial, la mora del deudor y la interposición de acciones judiciales de cobro. Y que, verificados estos requisitos, la Comisión aprueba la solicitud mediante el correspondiente acto administrativo, y luego la deuda es informada a la Tesorería General de la República, la que procede a registrarla como crédito fiscal en la Cuenta Única Tributaria (en adelante “CUT”) del deudor, a través del Formulario 34, pasando a ser una obligación de naturaleza legal distinta de la obligación crediticia original. Asimismo, tratándose de deserción académica, la Comisión también hace efectiva la garantía correspondiente ante la institución de educación superior, la cual debe enterar el monto respectivo conforme a la normativa aplicable.

Finalmente, señala que, conforme al artículo 5 de la Ley N°20.027, y los artículos 43 y siguientes de su Reglamento, y a las Bases de Licitación Pública del sistema, el Fisco de Chile, representado por la Tesorería General de la República, podrá adquirir los créditos respecto de los cuales la institución financiera ejerza su derecho de venta, particularmente aquellos asociados a cambio de carrera o de institución, así como los casos de deserción académica debidamente certificada.

Precisa que, una vez que la Comisión aprueba el pago de la garantía estatal mediante el correspondiente acto administrativo o certifica el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos cuyo titular es el Fisco de Chile, se materializa la ejecución de una obligación caucionada por el Estado en los términos del artículo 40 del Decreto Ley N°1.263, esto es, una garantía que respalda una obligación originalmente contraída por un tercero. En virtud de dicho pago, el Fisco, que ha efectuado el desembolso, se encuentra legalmente obligado a exigir su restitución, lo que no implica la continuidad de la relación crediticia original, sino el nacimiento de un crédito distinto, de naturaleza fiscal, cuyo titular es el Fisco y que se incorpora al Sistema de Administración Financiera del Estado.

Asevera que la Comisión actúa como ente girador de un crédito fiscal moroso, cuya fuente ya no es convencional, sino legal, derivada del pago de la garantía estatal y de las normas de administración financiera del Estado. Por consiguiente, dicha acreencia pasa a integrar el conjunto de créditos del Sector Público y debe ser registrada y perseguida por la Tesorería General de la República conforme a los mecanismos de recaudación y cobranza establecidos en el ordenamiento jurídico, aplicables a todo crédito fiscal, cualquiera sea su origen.

Prosigue exponiendo los antecedentes de la deuda del recurrente y el proceso de cobro asociado, la cual se encuentra asociada al expediente administrativo N°11.474-2026 de Coquimbo, en el cual el 7 de abril de 2026 se confeccionó la nómina de deudores morosos, se despachó mandamiento de ejecución y embargo y se ordenó la notificación y requerimiento de pago al ejecutado, de conformidad con los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Alega que el recurso no es la vía idónea, pues el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para esta materia, Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes, en relación con los artículos 30 y 35 del Decreto Ley N°1263, por lo tanto, la acción es improcedente como vía sustitutiva o paralela al procedimiento especial que el legislador ha establecido para el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y demás créditos fiscales cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías, por cuanto el recurso de protección es una acción de naturaleza estrictamente cautelar, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actuaciones u omisiones que afecten el ejercicio actual de determinadas garantías constitucionales.

Luego arguye que, el recurso impetrado, en los hechos, persigue dejar sin efecto actuaciones y resoluciones dictadas dentro de un procedimiento de cobro reglado por ley, en el cual el Tesorero actúa como Juez Sustanciador en virtud de las potestades que expresamente le confiere el Código Tributario. Por lo que, el reproche del actor no es en contra de una mera actuación material carente de sustento normativo, sino a resoluciones emitidas dentro de un expediente ejecutivo de cobro, de modo que la acción intentada no puede erigirse en una vía paralela para revisar lo obrado dentro de dicho procedimiento especial, tanto más si la propia ley contempla mecanismos de impugnación, corrección y revisión ulterior. Por lo que el asunto se encontraría sometido al imperio del derecho.

Indica como tercera alegación de inadmisibilidad de la acción, la ausencia absoluta de un derecho indubitado en favor de la recurrente, puesto que lo discutido, no es un hecho simple, pacífico y ostensiblemente contrario a derecho, sino una controversia jurídica compleja sobre el estatuto aplicable al cobro de los créditos CAE una vez que se ha hecho efectiva la garantía estatal. Y la sola circunstancia de que sobre la materia existan dictámenes de Contraloría, doctrina administrativa, sentencias previas y una línea jurisprudencial reciente de la Corte Suprema que ha ido consolidando la tesis del Servicio demuestra que no hay un derecho manifiesto e indiscutido de la recurrente a sustraerse al procedimiento de cobro desplegado por Tesorería, lo que escapa al ámbito de acción del presente recurso de naturaleza cautelar y breve.

En cuanto al fondo, señala que el actuar de la Tesorería se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente y a las potestades que la ley le encomienda, sin excederlas ni aplicarlas de manera irracional o discriminatoria. Reitera que una vez que la Comisión verifica el incumplimiento del deudor y constata que la entidad financiera agotó las acciones de cobranza prejudiciales y judiciales exigidas por el ordenamiento, la Comisión hace efectiva la garantía o certifica el término de la administración de los créditos, mediante una resolución que ordena a TGR el pago de la deuda a la institución financiera, de modo que dicho desembolso estatal determina que la acreencia quede radicada en el Fisco, registrándose en la Cuenta Única Tributaria del deudora través del formulario de cobro correspondiente, esto es, el Formulario 34. Desde entonces, la deuda deja de situarse exclusivamente en el ámbito de la relación entre la entidad financiera y el deudor, quedando sometida, para efectos de su recaudación y cobro, al estatuto legal aplicable a los créditos fiscales o del sector público cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías.

Advierte el error del recurso al tratar como jurídicamente idénticas dos realidades que el propio legislador diferenció con claridad, por una parte está el crédito originalmente otorgado por la institución financiera, respecto del cual ésta conserva la calidad de acreedora y puede valerse de mecanismos como el del artículo 17 de la Ley N°20.027, y por otra, enteramente diversa, es la acreencia que queda radicada en el Fisco o respecto de la cual se ha hecho efectiva la garantía estatal, supuesto en el cual la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, queda legalmente habilitada para ejercer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de créditos de los que el Fisco es titular o de aquellos en que la garantía estatal se ha hecho efectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley N°20.027. Esa disposición, por tanto, no puede ser leída aisladamente ni en contradicción con el resto del sistema, sino como parte de una estructura legal destinada precisamente a asegurar la recuperación de recursos fiscales desembolsados o comprometidos para financiar estudios superiores.

Sobre su competencia legal para ejercer la cobranza de las deudas del CAE, invoca el dictamen de la Contraloría General de la República N°54.539 de 2011, en el cual sostiene que, atendido el marco normativo del sistema, dentro del ámbito de aplicación de las normas de cobranza del sector público quedan comprendidas toda clase de acreencias de que el Fisco sea titular, incluidas aquellas que derivan de las sumas de dinero que el Estado paga por concepto de garantía estatal, debiendo entenderse que ellas constituyen créditos a favor del sector público. En el mismo sentido, el dictamen D183-2026, reafirmó que corresponde a la Tesorería General de la República ejercer la cobranza de los créditos CAE en que ha operado la garantía estatal o que han sido cedidos al Fisco, pudiendo para ello valerse de los procedimientos administrativos y judiciales contemplados por el ordenamiento aplicable. Por tanto, la Tesorería no actúa como si estuviera cobrando un crédito bancario ordinario, sino en cumplimiento de las potestades legales que le han sido conferidas para recuperar recursos fiscales comprometidos o desembolsados con ocasión del sistema de financiamiento de educación superior con garantía estatal.

Destaca que, la recurrente omite indicar que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027, no regula por sí solo toda la vida jurídica del crédito ni toda la secuencia de su cobranza, sino que se inserta en un entramado normativo más amplio, en el cual concurren la Ley N°20.027, su reglamento, las normas generales sobre administración financiera del Estado, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y, finalmente, el régimen de cobro de los créditos del sector público. Indica que, La norma del artículo 18 bis no dice que la Tesorería solo podrá accionar mediante el juicio ejecutivo civil del Código de Procedimiento Civil, sino que dice algo muy distinto, a saber, que las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de la ley.

Señala que, la procedencia del Título V del Código Tributario no depende de que el crédito CAE pase a ser impuesto, sino de que se trata de un crédito fiscal o del sector público cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías por mandato legal.

Destaca que, aun cuando en abstracto pudiera imaginarse una discusión interpretativa sobre el alcance del artículo 18 bis, de ningún modo podría calificarse como ilegal o arbitraria la actuación de Tesorería cuando ella se ajusta precisamente a la interpretación consolidada del órgano contralor y al mandato legal que regula la cobranza de los créditos fiscales.

Indica que, los convenios de pago, la existencia de una propuesta de regularización no constituye un acto coactivo autónomo ni una fuente nueva de ilegalidad. Se trata, más bien, de una alternativa de cumplimiento progresivo frente a una deuda ya registrada y sometida a cobranza, cuyo objeto es compatibilizar la recuperación del crédito público con la situación patrimonial del deudor, y que, la recurrente estime económicamente gravosa, insuficiente o inconveniente una determinada propuesta de convenio no transforma en arbitrario el procedimiento de cobro, no extingue la deuda, no invalida el título ni priva a Tesorería de la competencia que la ley le entrega.

Sobre la vulneración de garantías constitucionales, señala que no existe, pues la recurrente no ha sido sometida a un estatuto excepcional, singular o discriminatorio, sino al mismo régimen jurídico que corresponde a los deudores CAE que se encuentran en una situación equivalente, y no existe infracción al debido proceso ni al derecho a un procedimiento racional y justo, pues el procedimiento de cobro regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario contempla base legal, competencia del órgano que actúa, formación de título ejecutivo, despacho de mandamiento, notificación, requerimiento de pago, plazo para oponer excepciones, corrección de vicios manifiestos y posterior control jurisdiccional. En el caso concreto, además, la parte recurrente fue puesta en conocimiento del procedimiento y del plazo de 10 días hábiles para oponer excepciones, de manera que no se advierte indefensión ni privación de defensa jurídica. Añade que no hay vulneración al derecho de propiedad, pues el patrimonio del deudor no se encuentra constitucionalmente inmune frente al cobro de obligaciones legalmente exigibles ni frente a los mecanismos compulsivos que el ordenamiento contempla para su satisfacción.

Finalmente, afirma que la Tesorería ha actuado dentro de su competencia, sobre la base de atribuciones conferidas por la Ley N°20.027, su reglamento, el Decreto Ley N°1.263, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y el Código Tributario, además de hacerlo en armonía con los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, y lo planteado por la recurrente es una discrepancia con el estatuto jurídico aplicado por Tesorería, pero dicha discrepancia no basta para configurar una infracción manifiesta al principio de juridicidad susceptible de ser amparada por esta vía cautelar.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, la acción que se reprocha de la recurrida, como ilegal y arbitraria, consiste en haber iniciado en su contra el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, facultad que no contempla la Ley N°20.027, pues tales potestades fueron reservadas por el legislador exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza de la que el Crédito de Aval del Estado carece.

Así las partes se refieren, a fin de sostener sus pretensiones, a la correcta interpretación que debe efectuarse de ciertos artículos de la Ley N°20.027, aquellos que dicen relación con el cobro de las deudas por CAE y las facultades que la misma entrega a la Tesorería, en los cuales, ambas partes destacan lo dispuesto en el artículo 18 bis de la señalada ley, interpretando la norma para favorecer sus respectivas defensas o alegaciones.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene relevar que la controversia planteada ya se encuentra sometida a un procedimiento específico dotado de las garantías necesarias para que las partes puedan hacer valer íntegramente sus derechos y pretensiones, de forma tal que sólo cabe concluir que la materia se halla bajo el imperio del derecho y cuenta con un mecanismo idóneo de resolución, circunstancia que conduce al rechazo de la acción incoada.

Lo anterior, pues su naturaleza cautelar, urgente y subsidiaria impide que pueda transformarse en una instancia paralela destinada a revisar cuestiones que ya están siendo conocidas por la autoridad competente al amparo del procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico para resolver el conflicto propuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado en favor de nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Espinosa, quien fue del parecer de acoger la acción incoada por las siguientes consideraciones:

1°.- Que respecto del procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal, cuando ésta se ha hecho efectiva, el artículo 18 bis de la Ley N°20.027, dispone: “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22.

Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión.

Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad”.

A su turno, el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 dispone: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.”

2°.- Que el primer análisis que cabe realizar es la de la normativa que la recurrida ha aplicado a este procedimiento de cobro. Al efecto, el Título V del Libro III el Código Tributario, este último titulado “De la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los procedimientos y de la prescripción” y aquel “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, descripciones ambas que circunscriben su aplicación a las obligaciones tributarias, como se desprende de su claro tenor.

A su turno, a partir del artículo 168 cada una de sus referencias lo es, precisamente, a aquellas obligaciones tributarias, cuyo título ejecutivo se forma de la manera establecida en el artículo 169, esto es, las listas o nóminas de los deudores que se encuentren en mora agregando en su inciso primero que: “Y la cantidad adeudada por concepto de impuestos o de sanciones en su caso y del tipo de tributo...”, expresiones todas que hacen, en una primera aproximación, excluir la aplicación de dicho procedimiento al cobro deudas derivadas del Crédito con Aval del Estado –CAE– y que, al mismo tiempo, reforzando su exclusión, la circunstancia que en este tipo de procedimiento regulado por el Código de la especialidad contemplado en los artículo 168 y siguientes, sólo admite tres excepciones a la ejecución: el pago de la deuda, la prescripción de la acción y no empecer el título al ejecutado, según se desprende del artículo 177 del mismo código.

3°.- Que, por otro lado, de la lectura del inciso segundo del artículo 18 bis citado, se desprende la existencia de una remisión expresa, para los efectos de las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, a las reglas de procedimiento general, dentro de las cuales no es posible comprender a las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, las cuales se refieren al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, cuyo no es el caso.

A ello se suma la circunstancia que la Ley N°20.027 entrega una multiplicidad de facultades de cobro y disposición de estos créditos, incluso venderlos a terceros, lo que resulta completamente incompatible con la postura que en estos antecedentes ha mantenido el recurrido, ya que si se alude a que la naturaleza jurídica del crédito con garantía estatal es la que define que su cobro únicamente debe hacerse a través del procedimiento establecido en el Código Tributario, tal acto de disposición como la venta sería imposible, pues de aceptarse importaría una interpretación que se aparta de la regla contenida en el artículo 22 del Código Civil.

Asimismo, no obsta a lo que se ha venido concluyendo, el artículo 35 del DL 1263, por cuanto de su tenor literal se desprende que la alusión a “cualquiera que sea la naturaleza del crédito” contenida en su inciso segundo, sólo puede referirse a aquellos créditos descritos en su inciso primero, dentro de los cuales no se encuentra el de autos. A mayor abundamiento dicha norma sólo habilita a la Tesorería para aplicar los procedimientos administrativos y judiciales del Código Tributario al cobro de determinados créditos fiscales, cualquiera sea su naturaleza, refiriéndose exclusivamente al régimen procedimental, mas no a la configuración del título ejecutivo que debe servir de base a la ejecución. En este sentido la habilitación para la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales en caso alguno comporta una habilitación para alterar la composición material del título, cuya tipificación corresponde exclusivamente al legislador. Aun cuando se admitiera que la Tesorería puede emplear el procedimiento del Título V del Código Tributario para ciertos créditos no tributarios, ello no implica que pueda sustituir el título propio de dichos créditos por la nómina del artículo 169 del compendio de la especialidad.

4°.- Que, siguiendo este razonamiento, del sólo examen del ordenamiento jurídico chileno en materia de créditos fiscales no tributarios refuerza la conclusión expuesta en el motivo precedente. En efecto el legislador ha establecido consistentemente títulos ejecutivos y procedimientos sectoriales específicos para cada tipo de acreencia fiscal, sin recurrir nunca a la nómina del artículo 169 como contenedor general. Así queda demostrado por ejemplo en el cobro de Subsidios habitacionales: La Ley N°17.635 regula un procedimiento de cobro judicial específico basado en títulos propios del sistema, que se sustancia ante tribunales ordinarios; el cobro del Fondo Solidario de Crédito Universitario, en que la Ley N°19.287 confiere mérito ejecutivo a las cuotas determinadas conforme a dicho sistema, estableciendo un régimen propio de cobro, distinto del Código Tributario; el cobro de obligaciones derivadas de responsabilidades patrimoniales declaradas por la Contraloría; cobro de obligaciones contendidas en sentencias dictadas en juicio de cuentas que constituyen títulos ejecutivos cuya ejecución se rige por el procedimiento civil ordinario, sin intervención de la Tesorería mediante la nómina del artículo 169; cobro de Multas administrativas, en que dicho cobro se funda en los títulos propios de las obligaciones —resoluciones sancionatorias firmes— y no en la generación de una nómina sustitutiva. Por lo demás, de aceptarse la inclusión de esta acreencia en la nómina del artículo 169 ya mencionado, implicaría que la acreencia que se cobra ahora en sede de Tesorería tendría una doble calidad de título ejecutivo, esto es, como pagaré y como integrante en dicha nómina, y en este último caso tal calidad la obtendría no de la ley sino de una decisión posterior del ente administrativo, lo que se evidencia contario a derecho.

5°.- Que, por otro lado, para razonar de la manera indicada este disidente ha tenido en especial consideración lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, cuyo ejercicio en la especie no ha requerido la producción de prueba alguna, pues las disposiciones legales involucradas resultan ser de una inteligencia que ha permitido desentrañar sus sentido y alcance a través de este mecanismo cautelar y de urgencia.

6°.- Que, conjuntamente con lo anterior debe tenerse presente y traer a colación la historia fidedigna de la Ley N°20.027, donde consta en su mensaje N 511-348/ de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia el proyecto de ley que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, de dos de abril de dos mil tres, establece que con el propósito de asegurar la equidad en el acceso a la educación superior “… hemos hecho un compromiso de facilitar el ingreso a la Educación Superior a todos los jóvenes que, teniendo los méritos académicos, carecen de recursos para financiar sus estudios. Lograr este ambicioso objetivo implica actuar coordinadamente en distintas dimensiones y ofrecer a los estudiantes diversos instrumentos de financiamiento.”

Agrega, el referido mensaje que un componente central del diseño de la política de Educación Superior integral, lo constituye la creación de un Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil, que busca asegurar que ningún joven talentoso quede excluido de la Educación Superior. Asimismo, consta del mentado mensaje que este sistema se apoya en cuatro pilares, dentro de los cuales contempla “…Un subsistema de crédito sustentable para estudiantes de instituciones autónomas acreditadas, que permita a sus estudiantes obtener financiamiento a partir de sus posibilidades de pago futuro sin necesidad de recurrir a avales…”

Por último, el proyecto en su letra k, dentro de las Medidas para asegurar el pago del crédito. Contempla “…dos mecanismos para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado.”

Por un lado, se dispone que dicho estudiante deberá otorgar un mandato especial e irrevocable, que faculte la deducción de sus remuneraciones para el pago de las cuotas del crédito. Y, la Tesorería General de la República queda facultada para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de que hubiese cuotas impagas.

7°.- Que, además, cabe tener presente que la Excelentísima Corte Suprema (Rol N°150.310-2020) a propósito de compensación de obligaciones originadas en el crédito con el aval del estado v/s acreencias a favor de un deudor CAE en contra del Fisco de Chile se pronunció a cerca de la naturaleza del crédito con Aval del Estado estimando que este no es un tributo señalando: “Sabido es que el citado artículo 6° permite a la Tesorería General de la República compensar deudas de contribuyentes con los créditos de que son acreedores del Fisco. Sin embargo, a continuación, al tenor literal de la disposición legal siguiente, es posible colegir que las deudas de esos contribuyentes deben tener por causa un tributo, cuestión que no resulta ser baladí si se considera que la deuda del actor constituye un crédito del sector público que no tiene carácter tributario, debido a lo cual no sería compensable. Ahora bien, aun cuando lo anterior permite concluir que la acreencia fiscal susceptible de ser compensada se circunscribe a los tributos, descartando desde ya el crédito adeudado en la especie por el actor, lo cierto es que tal enunciado puede ser desvirtuado en caso que se considere que la expresión “tributo” que utiliza el artículo 7° del Estatuto Orgánico, comprende el conjunto de los ingresos fiscales a los que la ley les otorga un trato análogo, sin ser propiamente tal un tributo –género- o un impuesto –especie-, o bien, si se estima que dicha norma únicamente resulta aplicable a los recargos legales que afectan a deudas de carácter tributario propiamente tal.

8°.- Que, por otro lado, ha dicho nuestro máximo tribunal que a partir de la promulgación de la Ley N°20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general.

9°.- Que el legislador nunca ha optado por utilizar la nómina del artículo 169 del Código Tributario como contenedor general de acreencias fiscales no tributarias. Aceptar la tesis de la Tesorería implicaría admitir que, por la sola circunstancia de tratarse de un crédito de titularidad fiscal, cualquier obligación podría ser ejecutada mediante el procedimiento tributario, vaciando de contenido los regímenes especiales establecidos por el legislador y permitiendo al Estado generarse a sí mismo un título ejecutivo respecto de cualquier acreencia (Lo que no ha acontecido con el cobro de las obligaciones indicadas en el motivo 7° precedente). Tal conclusión resulta incompatible con los principios de legalidad y tipicidad en materia de ejecución forzada.

Por último, la naturaleza jurídica del crédito de autos no puede mutar por el solo hecho de ser incluido en un formulario, como se pretende, por no existir la facultad legal que así lo permita, como es el caso del impuesto territorial.

Finalmente, juntamente con el proceso de cobro por tesorería se ha iniciado otro paralelo administrativo consistente en una oferta de convenios de pago respecto de la deuda que se cobra judicialmente.

De lo dicho se desprende que el accionar de la recurrida lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues obliga a la recurrente a someterse a un procedimiento que resulta altamente restrictivo, en cuanto al ejercicio de derechos procesales, que aquel “ejecutivo” establecido en las reglas generales y a que debe someterse el cobro de los créditos ordinarios.

Por estas razones y fundamentos, fue del parecer de acoger la acción cautelar de protección interpuesto en favor de nombre reservado, por estimar que el accionar de la recurrida lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según se fundamentó y, en consecuencia, estuvo por dejar sin efecto el procedimiento de cobro incoado por la recurrida en contra del recurrente en el proceso Rol N°11.474-2026 de la Tesorería Regional de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°836-2026 (Protección).