nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N° 836-2020.- La Serena, quince de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, cirujano dentista, domiciliado en domicilio reservado quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de La Serena, representada por nombre reservado, de quien ignora profesión u oficio, domiciliados en domicilio reservado, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante carta recibida el 5 de mayo de 2020, se rechazó la solicitud de alzamiento de las anotaciones 54 y 4004, por razones que no le empecen al servicio. Dicha negativa repercute en que no pueda alcanzar convenios de pago de impuestos con Tesorería General de la República.

Al respecto la negativa se centraría en el hecho que él fue condenado en una causa penal, habiéndose concedido la remisión condicional de la pena y que las anotaciones solo se podrían alzar una vez cumplidas las condiciones.

Sostiene que se está construyendo la aplicación de una pena adicional por parte de la recurrida, viéndose el recurrente imposibilitado de acceder a beneficios como condonación de multas e intereses de impuestos adeudados dada la existencia de estas anotaciones. Explica que requiere el alzamiento de las anotaciones para proceder al pago de los impuestos adeudados.

En consecuencia, estima que el rechazo a la solicitud de alzamiento, termina por ser infundado.

En cuanto a las garantías conculcadas, procede a enunciarlas, para concluir que el acto atacado es ilegal y arbitrario, por cuanto impacta directamente en su patrimonio, ya que tendrá que pagar impuestos por un monto superior y; asimismo, se ve impedido de desarrollar una actividad económica en virtud de un acto discriminatorio.

Pide se acoja la acción intentada ordenando a la recurrida deje sin efecto la resolución que rechaza la solicitud efectuada, ordenando el alzamiento de las anotaciones indicadas con el fin de pagar tributos atrasados y regularizar su situación tributaria, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparece nombre reservado, Director Regional de la IV Dirección Regional de La Serena del Servicio de Impuestos Internos quien expone lo siguiente.

Expresa que el recurrente es contribuyente de primera y segunda categoría por la actividad de alquiler de inmueble y de cirujano dentista.

El 23 de mayo de 2018 el Servicio interpuso querella en contra del recurrente por el delito tributario del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, determinándose en el curso del juicio que el recurrente, durante los años tributarios 2014 y 2015, presentó declaraciones anuales de renta maliciosamente falsas, registrando ingresos inferiores a los percibidos, ocasionando un perjuicio fiscal de $248.004.384.

A causa de lo anterior se le condenó, el 8 de febrero de 2020, a la pena de ochocientos días de presidio menor en su grado medio y una multa de 30 UTM junto con las accesorias. Asimismo, se le concedió la remisión condicional de la pena por 800 días.

Conforme a lo anterior, se registró al recurrente en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, en el cual aparecen cuatro notas. La nota 52 indica: “preventiva del jefe de departamento de fiscalización de la IV Dirección Regional de La Serena, de fecha 29.09.2017”; la nota 4001 indica “querellado por delito tributario, de fecha 1 de junio de 2018”; la 4003, “acusado por delito tributario, de 30.03.2020”; la 4004, “condenado por delito tributario, de 30.3.2020”. De esas anotaciones la N° 52 fue eliminada el 27 de mayo de 2020, pues para dejar constancia de los hechos basta la nota 4004.

Por su parte, el recurrente registra impuestos adeudados por $336.171.805, lo que importa diferencias por sumas vinculadas al delito por el que se le condenó.

Explicando la legalidad de su negativa, señala que de conformidad al artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda del año 1969, el Servicio cuenta con facultades para realizar estas anotaciones, particularmente de los que no den cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Luego, todo tipo de actividad relevante se anota en el registro del Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, el que permite llevar a cabo actividades de fiscalización.

Así, en el Oficio Circular N° 9 de 17 de abril de 2008 se establecen las anotaciones que proceden en el marco penal, incluyendo los diversos modos de extensión de la responsabilidad penal. Prosigue la circular indicando que el alzamiento se puede llevar a cabo una vez que se acredite el cumplimiento de la condena.

Continúa indicando que las facultades de llegar a convenios y condonaciones es una cuestión que determina Tesorería General de la República en conjunción con el Servicio de Impuestos Internos y, en ese sentido, existe la Circular N° 43 de 25 de octubre de 2019, emanada de Tesorería General de la República, en que se ha determinado que: “No podrá otorgarse condonaciones a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N° 4 a 9”. Dentro de la gama de contribuyentes excluidos de los convenios, se encuentran los querellados y sancionados.

En consecuencia, no se puede establecer vulneración a garantía alguna, sino que el Servicio de Impuestos Internos ha obrado de conformidad a la normativa legal y administrativa que lo vincula. Por su parte, el hecho de obtener un convenio de pago es una mera expectativa y en el presente caso existen antecedentes administrativos que frustrarían la concesión de ese tipo de beneficios.

Por lo expuesto, solicita se rechace la acción intentada, con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Cuarto: Que, en primer término, se debe examinar si el proceder de la recurrida puede ser calificado de ilegal.

Para ello es relevante tener a la vista la norma que es citada por el Servicio de Impuestos Internos. Dispone el Decreto con Fuerza de Ley N°3, del Ministerio de Hacienda de 1969, en su artículo 2° que: "La confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos". Dicha normativa se corresponde con el artículo 6, letra A, N°1, del Código Tributario, el que dispone: "Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias. Dentro de las facultades que las leyes confieren al Servicio, corresponde: “A. Al Director de Impuestos Internos: 1°. Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos".

Quinto: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no puede ser tildado de ilegal, pues existe un sustento normativo en su actuar que viene dado por las normas antes referidas. Así, el Servicio de Impuestos Internos se encuentra facultado para llevar el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario.

Por ende, cabe proseguir al análisis de si dicha forma de ejercer la potestad legal resulta antijurídica, lo que solo podría pasar por existir alguna clase de arbitrariedad en la negativa a conceder el alzamiento de anotaciones pedido.

Sexto: Que, entonces, en cuanto a la arbitrariedad, cabe apuntar que el Servicio de Impuestos Internos y, asimismo, la Tesorería General de la República, fijaron instrucciones, por medio de oficios, que se aplican de manera general, en que se disponen las condiciones para llevar el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario y para proceder a la condonación de impuestos o el acuerdo de convenios de pago, respectivamente.

Al respecto, en lo relevante, el Servicio de Impuestos Internos ha dispuesto de forma general que, en caso de existir la remisión condicional del procedimiento como beneficio de cumplimiento extra penitenciario en causa penal, se debe mantener la anotación.

Por su parte, la Tesorería General de la República ha excluido de la posibilidad de acceder a convenios a quienes hayan sido objeto de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos, cual es, precisamente, el caso de autos.

En consecuencia, lo que ha realizado la recurrida solo es emplear la reglamentación aplicable a un caso previsto en aquella de manera tal que su proceder resulta correcto y se encuentra, debidamente, justificado, dando las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión impugnada.

A mayor abundamiento, excedería con creces la decisión del presente asunto, el definir si dichos actos administrativos- aquellos en cuya aplicación la recurrida sostiene su actuar- son o no arbitrarios, cuestión que, por lo demás, no ha sido objeto de debate.

Por ende, en base a los antecedentes actuales, no puede sostenerse arbitrariedad alguna del Servicio en su proceder.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de que se trata, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de La Serena.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 836-2020.-