CORPORACION MIRADOR HERRADURA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Corporación Mirador Herradura Ilustre Municipalidad de Coquimbo Recurso de Protección Rol N°833-2024.- La Serena, diecinueve de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad No RUT reservado en representación de la Corporación Cultural Costa Mirador La Herradura Nº 252836, RUT NºRUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Coquimbo, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en el desalojo efectuado el día 25 de abril de 2024, con destrucción de los enseres existentes en el domicilio y retiro de otros hacia corrales municipales, lo que vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo19 n°5, n°6, n°7, n°15, n°16, n°21, n°22, n°23 y n°24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que la Corporación que representa se constituyó el 28 de marzo de 2017, en la dirección Mirador s/n la herradura Coquimbo, lugar en que ha desarrollado sus actividades, realizando diversos actos sociales y culturales, con las Autoridades Gubernamentales del Estado Chileno e Internacionales.

Agrega que, en el año 2017, adquiere suministro energético proporcionado por CGE.

Refiere que se adjudicó proyecto Corfo, llamado “LA HERRADURA TE ESPERA”, cuya finalidad es impulsar sectores y empresas turísticas, como lo sería el Museo Marítimo de sitio de arqueología y paleontología de La Herradura. Indica que dicho proyecto cuenta con la participación del Municipio de Coquimbo, el que estuvo presente, mediante su alcalde subrogante, al momento de oficializarse el proyecto el 16 de febrero de 2023.

Añade que la posesión del inmueble la obtuvo mediante acuerdo municipal, (como organización cultural o agrupación de personas no constituidas) que consta en acta n°142 sesión Ord acuerdo n° 22, de 22 agosto del 2012, acuerdo que después fue dejado sin efecto en el acta n° 9 sesión Ord acuerdo n°20 de 13 de febrero del 2013.

Afirma que todas las actas mencionan la dirección o ubicación del Proyecto Galería Arte Mirador, con dirección domicilio reservado, mediante adjudicación de proyecto de Corfo, se materializa proyecto “MUJER COQUIMBO EMPRENDE E INNOVA”, financiado por la Municipalidad de Coquimbo, Banefe y otras entidades financieras.

Alega que ha permanecido en dicha ubicación más de 10 años, 5 años como personas naturales y 6 años y medio como persona jurídica, con la misma dirección reconocida, antes los servicios públicos, privados y gubernamentales.

Refiere, de igual manera, que intentó regularizar la propiedad conforme lo dispuesto en el D.L 2695, lo que no ha podido concretar por cuanto faltan informes previos que deben ser emitidos por la Municipalidad y que esta se ha negado a entregar. Indica que los dueños del terreno, le manifestaron que jamás entregaron los terrenos al municipio y que apoyan a la corporación para permanecer en dicho sitio y comenzar con los trámites de regularización.

Relata que el 03 de marzo de 2023, se los infracciona por mantener el sitio bajo cierre perimetral, citándola a comparecer al juzgado de Policía Local, cuya causa se encuentra en la Corte de Apelaciones con ingreso vigente n°78-2024.

Señala que el día 25 de abril de 2024, concurre personal municipal, violando el domicilio, cortando los cerrojos y candados y procediendo con maquinarias, arrasando con el empalme de luz legítimo de la empresa CGE, desalojándolo, y expropiando los bienes de la representante y de la personalidad jurídica, todo sin exhibir orden judicial que lo autorizare.

Menciona que los bienes expropiados, fueron llevados en su totalidad a las bodegas municipales y que a los corrales fue trasladado un carro tipo food truck, color calipso y en funcionamiento permanente, que es la fuente laboral y principal de la representante legal, para su familia y para beneficios de la personalidad jurídica. Que al finalizar el retiro, les indicaron que el procedimiento se realizó por encontrarse las especies abandonadas en la vía pública, por lo que debía retirar el parte policial de la denuncia en el Juzgado de Policía Local y recuperar sus especies.

Alega que la autoridad municipal se retiró, ofendiéndola y acusándola públicamente de estafa, respecto de otra vecina, haciendo presente que jamás le exhibieron resolución que autorizara el desalojo, ni le entregaron acta por las especies retiradas; que el día 26 de abril de 2024, concurre al Juzgado de Policía Local, donde se le indica que no existe denuncia alguna y que no tienen información relativa a su food truck full equipado, con la alimentación retenida.

Añade que luego fue en reiteradas ocasiones y solo el 10 de mayo le entregaron la información, indicándole que se trata de un parte empadronado, en circunstancias que ella se encontraba en el lugar y no le enseñaron ninguna orden judicial.

Menciona que en la denuncia, se le cita al Municipio para el día 26 de abril de 2024, sin embargo esta denuncia no había ingresado al juzgado de policía local cuando asistió ni en los otros días posteriores en que acudió a ese juzgado, así como tampoco se encontraba esta información hasta el día 10 de mayo, donde el Juez solicito al Municipio y a Bienes Nacionales pronunciarse si el Mirador de La Herradura es o no un bien nacional de uso público, oficiado con fecha 7 de mayo, de lo que se espera respuestas.

Conforme lo anterior, indica que la Municipalidad no ha remitido los antecedentes solicitados por el Juzgado Policía Local, que respalden jurídicamente la denuncia sobre los bienes que estarían abandonadas en la vía pública, o en un espacio de bien de uso público, en administración de esa municipalidad o cualquier otro ente del Estado, y que la respuesta, por parte del municipio se podría demorar meses, lo que impediría a dicho tribunal resolver en el plazo establecido, afectando la posibilidad de recuperar los bienes.

Acusa vulneración del artículo 19 n° 5, 16, 19, 21, 22 y 24, de la Constitución Política de La República, los que transcribe.

Luego hace referencia a los derechos de la persona jurídica, concluyendo que éstas tienen derecho a igualdad ante la ley, libertad de residencia, libertad de contratar, derecho de propiedad, al debido proceso y garantías jurisdiccionales, libertad de trabajo y otros cuasi derechos a opinión, expresión y difusión del pensamiento, a solicitar la información que requiera, siendo atributos de la personalidad jurídica.

A continuación, levanta listado de bienes incautados, indicando que el valor de estos asciende a la suma de $ 12.430.000.- Finaliza solicitando 1) Dejar sin efecto parte de denuncio por especies abandonada en la vía Pública en el JPL, 2) Dejar sin efecto la incautación de los bienes y costos anexados a traslado a corrales municipales y bodegas, 3) Dejar sin efecto todo tipo de expropiación o desalojo en domicilio de la persona jurídica, 4) dejar sin efecto todo tipo de inversión de recursos estatales, por parte del Alcalde en el domicilio o propiedad de la persona jurídica expropiada por la Autoridad, 5) dejar sin efecto la prohibición de ejercer la actividad económica del food truck, 6) dejar sin efecto el acto arbitrario de la expropiación del empalme de luz autorizado por CGE, de propiedad y domicilio de la persona jurídica.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Parte de denuncia especies en la vía Pública, 2) video entrega pública, 3) video desarrollo social nombre reservado y la Representante Jurídica, 4) comprobante de solicitud del registro de las personas Jurídicas, 5) Acta de constitución, 6) Estatutos, 7) Certificados de vigencia PJ, 8) Boleta CGE electricidad, 9) certificados SII, 10) Asignación de rol SII, 11) acta 142 Consejo Municipal, 12) Acta 9 Consejo Municipal, 13) oficio de bienes nacionales, 14) oficios de la contraloría a la municipalidad de Coquimbo, 15) Respuesta oficio Seremi de bienes Nacionales por regularización D. L N° 2695/79, 16) Certificado de número solicitado a la DOM y que la calle no es bien de uso público, 17) informes del Consejo Monumentos Nacionales dirigidos al Alcalde y al MOP, 18) Declaraciones notariales testimoniales de vecinos colindantes sobre la expropiación del terreno privado como por vía publica, 19) video del desalojo por Alcalde de las especies bienes, 20) certificado Junta de Vecino ecológico de La Herradura, 21) informe técnico del arquitecto ante notario del cierre perimetral de los deslindes, 22) solicitudes de informes previos a la DOM a nombre de la personalidad jurídica, 23) noticia 5 marzo del 2023 declaración del Seremi de bienes nacionales y privados sobre la jurisdicción del terreno en ocupación de la personalidad jurídica, 24) contrato de compra de food truck a nombre de la representante jurídica nombre reservado. 25) resolución sanitaria y cambio de la razón social de persona natural a la jurídica.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica en primer término que el recurso fue interpuesto en forma extemporánea, por cuanto entre las variadas alegaciones de la recurrente, se encuentra el hecho de haberse dejado sin efecto la concesión del bien raíz que ocupa la misma, hecho que aconteció el 20 de febrero de 2013.

Por otra parte, señala que la I. Municipalidad de Coquimbo dictó el decreto de demolición con fecha 5 de diciembre de 2014, signado con el N° 6536, para ejecutar la demolición de las estructuras, por lo que igualmente el arbitrio constitucional se encuentra fuera de plazo.

Indica en otro orden de ideas que esta Corte ya se pronunció respecto del mismo asunto en causa rol 356-2023, en la que denunció supuestas actuaciones ilegales, referidas a la paralización de obras, a detener la orden de demolición (que fue practicada finalmente el 25 de abril de 2024), y a prohibir el ingreso de funcionarios municipales. Ocasión en que se rechazó el referido recurso de protección, por sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Refiere que la sentencia señala específicamente, en su considerando sexto, que “no resulta posible para estos sentenciadores tener por acreditado el ejercicio de un derecho indubitado por parte de la recurrente. Efectivamente, se acompañó por la actora acta de sesión ordinaria N°142 de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, de 24 de agosto de 2012, que contiene el mencionado acuerdo N°22, en que se acuerda entregar concesión en los términos expresados por la recurrente, sin embargo, dicho documento no individualiza a quién se le entrega la concesión. Asimismo, no resulta lógico invocar únicamente el referido acuerdo a fin de concluir que la concesión fue entregada a la persona jurídica que recurre, especialmente, por la fecha de su constitución, en el año 2017, no alegándose o acreditándose la existencia de algún acto posterior que así lo determine.”.

Asimismo, en el considerando séptimo de la sentencia, esta Corte resuelve que “se desprende que la eventual ilegalidad o arbitrariedad del acto que se impugna en el presente recurso, esto es, la demolición de la estructura emplazada en el terreno objeto de concesión, ya fue discutida por las vías respectivas, tanto administrativas como judiciales, en sus distintas instancias, cuyos fallos se encuentran firmes y ejecutoriados, por lo cual es posible concluir que el actuar de la Municipalidad corresponde a la ejecución de una demolición ordenada el año 2014, en el correcto ejercicio de sus facultades, no correspondiendo por esta vía efectuar una nueva revisión de los antecedentes.”

Alega finalmente que la vía elegida por la actora para resolver la controversia surgida, no es la correcta, toda vez que la litis planteada en autos trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el presente arbitrio, lo que determina que no sea procedente para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de derechos, como es la situación de la especie, que se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, particularmente en lo referido a la regularización del inmueble que ocupaba o a su adquisición mediante prescripción adquisitiva, como alega en el libelo.

Acompaña los siguientes documentos: 1.

Acta de sesión ordinaria N° 9, de 13 de febrero de 2013, del Concejo Municipal de Coquimbo, 2. Nota interna N° 200, de 25 de marzo de 2013, 3. Nota Interna N° 140, de 21 de febrero de 2013, 4. Ordinario N° 951, de 24 de abril de 2013, 5. Acta de sesión ordinaria N° 142, de 22 de agosto de 2012, del Concejo Municipal de Coquimbo, y 6. Nota Interna N° 754, de 24 de agosto de 2012.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, corresponde en primer término hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad efectuada por el recurrido.

En este punto teniendo presente que del relato contenido en el libelo se puede desprender que el hecho que se acusa de ilegal o arbitrario consiste en el acto material de desalojo y retiro de las especies que se encontraban ubicadas en la dirección Mirador s/n La Herradura, sin que se acreditara que dichos bienes se encontraran abandonados en la vía pública, o en un espacio de bien de uso público, hecho ocurrido el día 25 de abril de 2024, y habiéndose interpuesto el presente recurso el día 25 de mayo de 2024, no queda más que concluir que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo legal.

SEXTO: Que, conforme se indicó en el considerando precedente, se puede desprender del texto del libelo recursivo, que la acción de protección se entabla en contra del acto que se acusa de ilegal y arbitrario consistente en el desalojo de la recurrente de la dirección ubicada en Mirador s/n, La Herradura, y el subsecuente retiro de especies, sin previa exhibición de orden judicial y sin que hasta la fecha la municipalidad hubiere presentado los antecedentes ante el juzgado de Policía Local que respalden jurídicamente la denuncia de encontrarse los bienes abandonadas en la vía pública, o en un espacio de bien de uso público o en administración de esta municipalidad o cualquier otro ente del estado, privándola ilegalmente de sus bienes muebles.

SÉPTIMO: Que, el acto material del desalojo ocurrido el día 25 de abril de 2024, mantiene como antecedente la orden de demolición total ordenada mediante Decreto Alcaldicio N° 24, de 12 de abril de año 2023, respecto de la cual la recurrente en su oportunidad interpuso recuro de protección, el que fue rechazado por sentencia dictada en causa Rol 356-2023, de esta Corte de Apelaciones.

De igual manera consta que los hechos fueron sometidos al conocimiento del Juzgado de Policía Local de Coquimbo, existiendo a su respecto un recurso de apelación pendiente de resolver e ingresado con el Rol, 78-2024 a esta Corte de Apelaciones.

OCTAVO: Que es posible advertir, tal como se indicó en causa Rol 356-2023 en su oportunidad, que la concesión en que asila la recurrente el derecho a permanecer en el terreno ubicado en Mirador s/n, La Herradura fue dejada sin efecto, conforme ella misma lo reconoce, siendo además del caso precisar que en acta de sesión ordinaria N°142 de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, de 24 de agosto de 2012, que contiene el acuerdo N°22 relativo a la concesión, no individualiza a quién se le entrega ésta.

NOVENO: Que, de lo que se viene asentando se desprende prístinamente que la orden de desalojo y retiro de las especies atacada por este remedio de urgencia es una consecuencia de la orden de demolición de las estructuras edificadas por la recurrente, respecto de la cual la recurrente en su oportunidad ya pretendió dejarla sin efecto interponiendo recurso de protección en causa rol 356-2023 de esta Corte de Apelaciones, el que fue rechazado.

DÉCIMO: Que, por esta vía se pretende, ahora, nuevamente cuestionar la procedencia de la orden de demolición, invocándose que el terreno en cuestión no tendría el carácter de fiscal o municipal, y por ende las especies de la actora no se encontrarían abandonadas, discusión que, como se puede avizorar, junto con revivir una cuestión que en lo medular ya fue zanjada por decisión jurisdiccional, comprende ahora materias cuya dilucidación rebasa los contornos de la presente acción, cuya naturaleza conservadora, cautelar y de urgencia solo permite asegurar los derechos protegidos por las garantías que señala la Carta Constitucional, mas no para declarar derechos que se encuentran controvertidos, como sucede en la especie, discusión esta que debe ventilarse en un procedimiento declarativo, con bilateralidad de la audiencia, al que, por lo demás, ya se acudió con el conocimiento entregado al Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo y a esta Corte en el ingreso Rol 78- 2024.

UNDÉCIMO: Que, con lo expuesto y considerando además que existe actualmente una causa pendiente entre las partes relativa a los hechos que sustentan la acción, necesario se hace concluir que la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por la Corporación Cultural Costa Mirador La Herradura, en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente, Juan Carlos Espinosa R.

Rol N° 833-2024 (Protección).-