Protección contra Tesorería General de la Republica representada por su Tesorera Regional doña [no

nombre reservado, nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol N° 831-2019-PRO La Serena, cinco de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 17 de junio de 2019 se presenta don Matías Mundaca Campos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, transportista, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la Republica representada por su Tesorera Regional doña nombre reservado, funcionario público, ambos domiciliado en domicilio reservado, quien ha ordenado en el expediente administrativo Rol N° LS-11947-2018 el embargo y retención de todos los dineros que por cualquier concepto deba pagar o le adeude Rendic Hermanos S.A. RUT RUT reservadohasta por un total de $30.330.202.-, lo anterior, para pagar el crédito que dice tener a su favor, lo que se ha verificado por Rendic Hermanos S.A. y también por la Compañía Minera San Gerónimo, al retener todas las facturas de su representado, afectando su derecho al trabajo, su derecho a poder ejercer su actividad económica libre y legítimamente, su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus dineros, siendo las actuaciones denunciadas, acciones arbitrarias e ilegales.

Expone que la recurrida ha emitido la resolución de fecha 31 de mayo de 2019 en el expediente administrativo N°11947-2018 de La Serena, en que se decreta la traba embargo sobre las dineros que se adeuden a su representado hasta por un total de $30.330.202.-, en los términos referidos, ordenando que dichas sumas deben ser retenidas y puestas a disposición de la Tesorería General de la Republica hasta el pago íntegro de la obligación, con reajustes, intereses y multas.

Expresa que dicha resolución fue notificada el día 3 de junio de 2019 a Rendic Hermanos S.A., quien cumpliendo con la orden procedió a embargar y retener la suma de $30.330.202.- Reclama que su representado no adeuda la suma de $30.330.202, que pretende arbitrariamente el recurrido.

Señala que en el expediente de cobro de impuestos administrativo N°11947-2018, ha sido notificada y requerida de pago, ordenando un embargo por hasta la suma de $17.020.522.- y se ha dado cuenta de pago por la suma de $8.061.060.-, por consiguiente, no sería posible que dicha suma haya aumentado a la cifra que pretende el ente persecutor.

Precisa que antes de la notificación de embargo y retención de fecha 31 de mayo de 2019, la recurrida ya había ordenado a Rendic Hermanos S.A. la retención de dineros, quienes conforme la notificación de 13 de noviembre de 2018 retuvieron el pago de la factura número 418 de fecha 18 de noviembre de 2018 por la suma de $4.455.360, la que ha sido percibida por la recurrida y no ha sido imputada al pago de la acreencia, es decir, la institución emplazada ha percibido el pago parcial de la suma de $4.455.360.-, la que no ha sido rebajado de la deuda que se demanda.

Expresa que esta situación se ha hecho ver el día 31 de mayo de 2019 y ha sido rechazado por el recurrido el día 05 de junio de 2019, siendo un acto abusivo e ilegal, al negarse a rebajar los pagos parciales.

Agrega que dicho embargo y retención se ha notificado además a la Compañía Minera San Gerónimo Rut RUT reservado, con fecha 13 de noviembre de 2018, quienes retuvieron el pago de los dineros correspondientes a la factura N°390 por la suma de $2.272.9003 y la factura N°395 por la suma de $1.332.800, que totalizan la suma de $3.605.700, cantidad que ha sido percibida por la recurrida sin ser imputada al pago de la deuda, negándose arbitrariamente a rebajar los pagos parciales efectuados, siendo esa resolución una acción ilegal y arbitraria.

Recalca que las normas civiles referidas al pago son aplicables a todo el ordenamiento jurídico, siendo uno de las características esenciales del pago, su efecto liberatorio, con ello, y habiendo el recurrido percibido la suma de $8.061.060.-, se solicitó con fecha 31 de mayo de 2019 que se impute dichas sumas como pago y se alce parcialmente el embargo, rebajando la obligación en la parte que ha sido extinguida, lo cual, ha sido rechazado por la Tesorería General de la Republica, mediante la resolución cuya ilegalidad se promueve.

Arguye además que existe un desorden contable y una serie de actos abusivos contra su representado, pues con anterioridad a la presentación de fecha 31 de mayo de 2019, ha pagado a la recurrida la suma de $18.318.972.-, más las sumas que se imputan en la presentación de 31 de mayo de 2019, por lo que existe un abono total de $26.380.032.- como pagos parciales.

Concluye que con las acciones descritas han sido conculcados derechos fundamentales de su representado, en especial la propiedad de los frutos de su trabajo y el derecho a una igual aplicación de las cargas impositivas, siendo con ello afectado gravemente en su patrimonio.

Manifiesta que se ha vulnerado el derecho garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, esto es, derecho de propiedad sobre sus operaciones comerciales, añadiendo que posee derechos y obligaciones para con sus trabajadores a quienes debe pagar sus remuneraciones, además de hacer frente a costos directos, insumos y proveedores.

Asimismo hace hincapié en que también se ha visto afectada la garantía de la libertad de trabajo y su protección, garantizado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, precepto que establece que "Toda persona tiene derecho a libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución", y del mismo modo la garantía del articulo 19 N° 3, esto es, " La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos".

Insiste en que su representado ha sido víctima de una actuación discriminatoria por parte del recurrido y que conforme los artículos 49 y 50 del Código Tributaria, se ha desconocido el derecho que posee todo contribuyente de solicitar que se rebaje de su deuda fiscal los pagos parciales efectuados.

Termina solicitando que se acoja la acción constitucional impetrada, declarando arbitraria e ilegal las actuaciones de la recurrida, ordenando que cesen en esas acciones y se abstenga el servicio de Tesorería General de la Republica de continuar embargando los ingresos del recurrente, mientras no se rebaja el total de los pagos parciales efectuados por el contribuyente y que han sido arbitrariamente omitidos por el recurrido.

SEGUNDO: Que el recurrente acompaña junto con su presentación los siguientes documentos: a. Acta de notificación de fecha 31 de mayo de 2019 de la resolución de fojas 24 del expediente administrativo 11947-2018 notificada con fecha 3 de junio de 2019; b. Acta de notificación de resolución fojas 26 de fecha 05 de junio de 2019 notificada 5 de junio de 2019, en el expediente administrativo 11947-2018; c. Copia de presentación dando cuenta de pago de fecha 31 de mayo de 2019 en el expediente administrativo 11947-2018; d. Copia de pago de fecha 13 de mayo de 2019 por Compañía Minera San Gerónimo en que da cuenta de la retención y pago al recurrente nombre reservado por la Tesorería general de la Republica, y; e. Copia del requerimiento de pago del expediente administrativo 11947-2018 por la suma de $17.020.522 de noviembre de 2018.

TERCERO: Que, con fecha 01 de julio del año en curso, la recurrida evacua el informe solicitado, y pide que el recurso que informa sea desestimado por carecer de todo asidero jurídico y fáctico, con expresa condenación en costas.

Expresa en primer lugar, que el 28 de mayo de 2019, en expediente administrativo 11947-2018 de La Serena, se dictó resolución que ordena trabar embargo sobre todas las sumas de dinero que Rendic Hermanos S.A. Rut RUT reservado, le adeude a nombre reservado RUT RUT reservado. Posteriormente el 3 de junio de 2019, el Recaudador Fiscal Patricio Calderón Galleguillos notificó a deudor la resolución de fecha 28 de mayo de 2019, que ordena trabar embargo sobre todas las sumas de dinero que Rendic Hermanos S.A. RUT RUT reservado, le adeude a nombre reservado RUT RUT reservado, por un monto de $30.330.202.-, trabándose embargo sobre toda suma de dinero provenientes de estados de pago, facturas y/o cualquiera otra suma de dinero que se encuentre pendiente de pago, y que la deudora deba percibir de Rendic Hermanos S.A. RUT RUT reservado, hasta la concurrencia de lo adeudado por la ejecutada, esto es, la suma de $30.330.202.-, monto que incluye reajustes, intereses y multas a la fecha, todo lo cual consta a fojas 26 de expediente señalado.

Enseguida relata que el 31 de mayo de 2019 presentó escrito dando cuenta de pago y oposición al embargo, fundado en un pago parcial de la deuda, señalando que la suma de $4.445.360.- enviada con fecha 9 de enero de 2019 por retenedor Rendic Hermanos S.A., montos embargados en expediente 11947-2018 de La Serena, imputados a la deuda del recurrente, con fecha 11 de enero de 2019, según consta a fojas 17 y siguientes del mismo expediente. Adiciona que las sumas de $2.272.900.-y $1.332.800.-, enviadas con fecha 13 de mayo de 2019, por retenedor Compañía Minera San Gerónimo, montos embargados en expediente 12089-2017 de La Serena, suma imputada a la deuda del recurrente, con fecha 14 de mayo de 2019, según consta a fojas 46 y siguientes del mismo expediente.

Indica que por resolución de fecha 4 de junio de 2019, en expediente 11947-2018 de La Serena, la oposición a la ejecución, por pago parcial fue declarada inadmisible por extemporáneo. Dicha resolución fue notificada al deudor mediante carta certificada de fecha 5 de junio de 2019.

Finalmente, con fecho 4 de junio 2019, don Patricio Calderón Galleguillos, en su calidad de Recaudador Fiscal, notificó la traba de embargo al retenedor Rendic Hermanos S.A. RUT RUT reservado, actuación que rola a fojas 38 de expediente 11947-2018 de La Serena.

Reclama que se pretende impugnar a través de esta acción constitucional una resolución de carácter jurisdiccional, que ha sido dictada en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio del derecho, lo cual supone que se encuentra sometido a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación.

Recalca que se está intentando por la vía de la protección constitucional, corregir o enmendar una resolución judicial dictada en materia ejecutiva-tributaria por el juez sustanciador que conoce de la causa, por lo que no puede existir una privación, perturbación o amenaza del derecho al debido proceso ni del derecho de propiedad del recurrente, ya que nos encontramos ante un procedimiento legalmente tramitado, con facultades otorgadas expresamente por el legislador. Considerándose además que dicho procedimiento contempla medios ordinarios de impugnación de las resoluciones en él dictadas, no cabe duda que ésta no es la sede para conocer y resolver la cuestión planteada como objeto del recurso.

Estima que no es procedente que por la vía constitucional se cuestionen decisiones de índole jurisdiccional, en procesos que importan controversia a través de un proceso de lato conocimiento.

Enfatiza que el recurso de protección no ha sido creado paro solucionar conflictos específicos entre partes, ni entre éstas y la autoridad pública, cuando dicho conflicto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales o autoridad correspondiente, porque en la especie la controversia se encuentra bajo el imperio del derecho, debiendo impugnarse dichas actuaciones o resoluciones por los medios que la ley franquea, agregando que esta ilustrísima Corte de Apelación, conociendo de un Recurso de Protección, en relación a la misma materia de autos, lo declaró inadmisible.

Luego, refiere que los aspectos sustantivos de la acción proteccional, también conducen a que ésta sea rechazada, toda vez que el propio legislador facultó y ordenó expresamente a la Tesorería General de La República a proceder al cobro coercitivo de los tributos impagos de nuestro país, y obtener el pago de los mismos.

Estima que es una facultad de la Tesorería proceder al cobro coercitivo de los tributos impagos del país, y obtener el pago de los mismos, por lo que no existe ningún acto u omisión arbitral e ilegal por parte de ese servicio, sino más bien un estricto apego de las normas legales y el ejercicio de una facultad legal entregada al servicio CUARTO: Que la recurrida acompañó junto con su informe la siguiente documentación: a. Copias digitalizadas de expedientes administrativos rol 11947-2018 y 12089-2017 ambos de La Serena; b. Copia resolución Corte de Apelaciones de La Serena, en autos rol N' Protección 1707- 2016 Y 283-2018, y; c. Certificado de deuda de don nombre reservado RUT RUT reservado.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por parte de la magistratura, de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, en mérito los antecedentes del recurso consignados previamente, es imperioso concluir que la acción constitucional que nos convoca, no es la vía idónea para dar respuesta a las pretensiones del actor, ya que la presente acción cautelar tiene por finalidad la tutela de garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentran discutidos, lo que no ocurre en el presente caso. En efecto, de conformidad con lo expresado por la recurrente, lo que se pretende por esta vía es controvertir dos resoluciones jurisdiccionales, la primera de fecha 28 de mayo del presente año, que dispone trabar embargo sobre dineros que se deban pagar al recurrente por la empresa Rendic hermanos S.A., y la segunda, la resolución de fecha 04 de junio del presente, por la cual la recurrida declara inadmisible por extemporánea la oposición al embargo, y en definitiva el cobro de tributos como deudor, cuestión absolutamente ajena a un recurso de protección atendido su carácter de cautelar y extraordinario, teniendo además en consideración que no es procedente la declaración de derechos por medio de esta acción.

SÉPTIMO: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio de otros derechos que pudieren hacerse valer por la recurrente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción de protección deducida por Matías Mundaca Campos en representación de nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol N° 831-2019 (nombre reservado)

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogado integrante señora María José Montesino Bianchi.

En La Serena, a cinco de julio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.