nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de protección Rol Nº830-2026 La Serena, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo acción constitucional de protección a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago y en contra de la SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, representado por don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°188, de 05 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Interior, mediante la cual se rechazó su solicitud de regularización extraordinaria, acto que vulnera su derecho fundamental de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a Chile por paso no habilitado, debido a la crisis existente en su país de origen Venezuela.

Por lo anterior, indica que, con el propósito de residir legalmente en Chile, el 08 de octubre de 2024 envió una solicitud de regularización extraordinaria, normada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Sin embargo, indica que el 05 de enero de 2026 se dictó la Resolución Exenta N°188, de la Subsecretaría del Interior, que rechazó su solicitud de regularización migratoria, por estimarse que no se acompañaron antecedentes suficientes para configurar dicha hipótesis excepcional.

Sostiene que la resolución impugnada es ilegal y arbitraria, por cuanto se limita a expresar en términos genéricos la supuesta insuficiencia de antecedentes, sin efectuar un análisis concreto de los documentos aportados, ni precisar cuáles serían los elementos necesarios para estimar configurado un caso humanitario o calificado, infringiendo con ello el deber de fundamentación previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Por lo anterior, denuncia la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, así como del debido proceso administrativo, al no haberse dictado un acto debidamente motivado, racional y justo, conforme lo exige el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental.

Añade que la decisión recurrida desconoce los principios de objetividad e imparcialidad que rigen el actuar administrativo, así como los principios orientadores de la Ley N° 21.325, particularmente aquellos relativos a la promoción, respeto y garantía de derechos humanos y a la migración segura, ordenada y regular, haciendo presente que cuenta con arraigo laboral y familiar.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta y dejar sin efecto la resolución recurrida, disponiendo realizar un nuevo estudio documental, a objeto de decidir conforme a derecho la solicitud de regularización.

SEGUNDO: Que, a folio 4 se evacuó informe por el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señala que mediante la presente acción se reclama en contra de la legalidad de la Resolución Exenta impugnada, dictada por LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, en el cual se rechaza la solicitud de regularización extraordinaria. Por consiguiente, arguye que a quien le corresponde informar el fondo del recurso es a la Subsecretaría del Interior, siendo incompetente el Servicio Nacional de Migraciones.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que la resolución fue dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundada.

Asimismo, indica que el otorgamiento de una solicitud de regularización extraordinaria, es una facultad excepcional de la autoridad, conforme lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.- TERCERO: Que, a folio 5 del expediente, se evacuó informe por la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso, con condena en costas.

Señala que la regularización migratoria se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, no una obligación para la misma, la que sólo accederá a la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que se han establecido internamente.

Refiere que la normativa de la Ley N°21.325 regula dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Sin embargo, precisa que en la actualidad no existen procedimientos de regularización vigentes de aplicación general. Por lo que, cualquier solicitud que se realice sobre esta materia sólo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional por casos calificados o humanitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Luego, refiere que la vía del recurso de protección, de naturaleza cautelar y emergencia, no es la pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, lo que desnaturaliza su finalidad.

Por otra parte, afirma que resulta improcedente que la jurisdicción califique la idoneidad de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materias de migración y extranjería, toda vez que la misma se encuentra regida por el principio de juridicidad y legalidad, sin perjuicio de lo cual siempre se concede un margen de apreciación para sus facultades, por cuanto se trata de potestades de carácter discrecional, cuya aplicación debe sujetarse a un análisis de oportunidad, necesidad, eficacia e idoneidad.

Por lo anterior, sostiene que no procede instrumentalizar una acción de protección para forzar un pronunciamiento del Poder Judicial que califique y valore el mérito de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materia de migración y extranjería, y menos aún que sea esta misma sede jurisdiccional la que ordene a la Administración lo que específicamente debe resolver en el ejercicio de una facultad discrecional privativa.

En otro orden de ideas, señala que el otorgamiento de permisos de residencia temporal solicitados directamente al Subsecretario del Interior, en virtud de una facultad de excepcionalísima aplicación, debe limitarse prudencialmente, ya que altera de manera sustancial la normalidad de su tramitación e impacta directa y transversalmente la planificación y ejecución de diversas políticas públicas en materias tan variadas como salud, educación, vivienda y otras de similar relevancia social.

En el caso concreto de la actora, señala que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que, a su respecto, no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicándose expresamente aquello en la parte considerativa de la resolución exenta N°188, de 06 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Interior.

Lo anterior, por cuanto la parte recurrente fundamenta su solicitud de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal que no logran configurar, a juicio de la autoridad, una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado para tales efectos, y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia.

Añade que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria excepcional de la parte recurrente no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones a las que hace referencia en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario. Al respecto, menciona que si bien la existencia de vínculos laborales en Chile son elementos relevantes en el contexto migratorio general, no son, por sí mismos, suficientes para calificar un caso como excepcional o humanitario bajo el criterio del artículo 155 N° 9 de la ley N° 21.325.

En ese contexto, y en vista de que el caso presentado no era susceptible de una consideración especial, no correspondía acogerlo en base a facultades de excepcional aplicación, dada la importancia de restringir suficientemente el uso de dichas facultades, por cuanto se trata de formas anómalas de funcionamiento en materia de otorgamiento de permisos de residencia a personas extranjeras, quienes deben cumplir una serie de requisitos normativos previos a solicitarlos.

Por otra parte, señala que no es obligación ni de la Subsecretaría del Interior ni del Ministerio del Interior probar que no se ha configurado la hipótesis normativa que permite la aplicación de la potestad privativa de regularización migratoria, sino que es quien efectúa tal solicitud quien debe probar que sí se configura tal hipótesis, lo cual no ha ocurrido en el caso concreto. En consecuencia, señala que es improcedente que la parte recurrente alegue que no se le hayan requerido antecedentes adicionales para justificar suficientemente su presentación, al tenor, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley Nº 19.880, ya que dicha norma es aplicable únicamente si la solicitud inicial no reúne los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, afirma que no existe actuar ilegal o arbitrario, como tampoco una privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales.

Asimismo, sostiene que al acogerse recursos como el de autos, se produce una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, al colocar en una situación favorable al recurrente, sin que exista una razón aparente que lo justifique.

Por lo señalado, solicita el rechazo del recurso, con costas, por carecer la parte recurrente de motivos para litigar.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaría del Interior, por el rechazo de la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida, disponiendo realizar un nuevo estudio documental, a los fines de decidir conforme a derecho la solicitud de regularización.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la regularización extraordinaria, consagrado en la Ley N°21.325, debe culminar mediante la decisión del Subsecretario del Interior, autoridad facultada por ley para conceder dicho beneficio en caso de existir fundamentos calificados que así lo ameriten. Por consiguiente, no se puede reprochar al Servicio Nacional de Migraciones el rechazo de la solicitud, por cuanto dicha decisión es facultad privativa de otra autoridad, por lo que la acción a su respecto deberá ser desestimada.

OCTAVO: Que, en el mismo orden de ideas, debe tenerse presente que, en lo pertinente, el artículo 155 de la Ley N°21.325, prescribe “Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado. 9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.”

NOVENO: Que, en mérito de lo anterior, lo resuelto por la autoridad recurrida se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones y en conformidad a la legislación vigente, ya que por mandato legal la Subsecretaria recurrida se encuentra facultada para acoger la solicitud en casos excepcionales, y respecto de aquellos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado, las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a la autoridad administrativa, en conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política, no pueden ejercitarse de forma caprichosa o injustificada, por lo que, tal como demandan las leyes y la Carta Fundamental, los actos de las autoridades deben ser motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para arribar a una determinada decisión, bajo el riesgo de que su omisión permita establecer que el acto no es lo suficientemente fundado según parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido, el acto impugnado, consistente en la dictación de la resolución que rechazó la solicitud de regularización, aparece debidamente fundada, señalando en su motivación vigésima que “no es argumento suficiente para acceder a un permiso de residencia a través de una regularización migratoria extraordinaria, por sí mismo, el mero hecho de señalar que el país de origen de la persona solicitante pueda verse afectado negativamente en los ámbitos económico, social o político. En efecto, la sola nacionalidad de una persona no permite considerar, sin más, que su caso sea calificado o humanitario, toda vez que existen otras personas extranjeras quienes, a pesar de poseer la misma procedencia que la parte solicitante, sí han utilizado las vías contempladas en la normativa nacional para ingresar de manera regular al territorio nacional, así como también han solicitado y/o accedido a los respectivos permisos desde fuera de Chile, previo a su ingreso”.

Luego, en su consideración vigésimo segunda, agrega: “Que, de esta manera, es posible observar que si bien la situación del país de origen de la parte solicitante efectivamente ha dado lugar a la salida de algunos de sus nacionales, aquella salida se relaciona con la búsqueda de oportunidades laborales y mejores condiciones económicas, y no necesariamente con traslados por conflictos armados, desplazamientos forzados, desastres naturales o calamidades que afectan la vida o integridad de un gran número de personas por igual, características todas que son propias de las situaciones de emergencia humanitaria a nivel internacional".

Enseguida, se añade en la motivación vigésimo tercera: “Que, por lo demás, cabe señalar que la infracción migratoria cometida por la parte solicitante, al haber hecho ingreso voluntario al país por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio a pesar de existir medios legales no utilizados por aquella para ingresar debidamente, vulnera los bienes jurídicos de la protección de las fronteras y de la migración segura, ordenada y regular, lo que genera graves consecuencias sociales que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado, y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y orden social, por cuanto el ingreso irregular de personas al territorio nacional impacta directa y transversalmente no solo la planificación, sino la ejecución de diversas políticas públicas en materias tan variadas como salud, educación, vivienda y otras de similar relevancia social”.

Por último, en el motivo vigésimo cuarto agrega: “Que, si bien la parte solicitante señala la existencia de un arraigo o estabilidad laboral, lo que busca acreditar mediante documentos como certificados de pagos de cotizaciones previsionales, liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo y su anexo, aquello no contribuye a sostener que estamos frente a un caso calificado o humanitario, ya que la sola existencia de dichos vínculos no exime de su responsabilidad respecto de la infracción cometida, ni es aceptable para eludir el ilícito actuar de la autoridad, pues atenta contra el principio de igualdad ante la ley, tal como ha sido sostenido en la jurisprudencia”.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera, no se verifican los reproches efectuados por la parte recurrente a la resolución impugnada, atendido que este fue emanado de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para sustentar la decisión adoptada, por lo que el recurso necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°830-2026 (Protección).-