Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andres Recurso de Protección Rol N° 827-2019.- La Serena, veintitrés de Agosto de dos mil diecinueve.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido don nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda su presentación en que con fecha 3 de febrero de 2014 solicitó un crédito de dinero en la institución recurrida por un total de $2.248.044.-, pagaré número 52.0024678, pagaderos en 48 cuotas de $82.203.-, de las cuales pagó las 11 primeras cuotas, añadiendo que con fecha 29 de agosto de 2014 solicitó otro crédito de dinero a la recurrida por un monto de $1.276.664, pagaré número 52.002711-3, pagaderos en 24 cuotas de $72.073 y de las cuales pagó las dos primeras cuotas.

Continúa indicando que con fecha 4 de agosto y 26 de octubre del año 2015, la institución recurrida presentó dos demandas de cobro de pagaré seguidas ante el Primer y Segundo Juzgados de letras de Ovalle, seguidas bajo los roles C-876-2015 y C-792-2015 respectivamente, la primera por $1.400.026.- y la segunda por $2.187.043.-, ambas por el capital, intereses moratorios y costas.

Agrega que, pese a que ambos procedimientos están en tramitación y sin resolución definitiva, la recurrida ha efectuado el cobro de crédito con cargo directo a su remuneración de los meses de diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, descontándole sumas mensuales de $299.720.-, decisión de la recurrida que se encuentra fuera del marco legal y de toda racionalidad, vulnerando su derecho de propiedad.

Sostiene que ni el empleador ni la recurrida le informaron del descuento de remuneraciones por créditos solicitados hace seis años, a lo que añade que la decisión de descontar la señalada suma se opone al principio de proporcionalidad que rige a las instituciones sin fines de lucro, ya que equivale al 20% de la remuneración bruta aproximadamente, sin perjuicio de indicar que, a su juicio, la espera de más de 5 años para cobrar el crédito valiéndose de una vía ilegal y arbitraria, implica aceptar que las instituciones como la recurrida tienen un derecho perpetuo a realizar cobros por esa vía, pese a estar agotadas las vías judiciales de cobro.

En cuanto al derecho, la acción de la institución recurrida afecta la legislación laboral que lo ampara, específicamente los artículos 57 inciso primero del Código del Trabajo, referido a la inembargabilidad de las remuneraciones bajo el monto de 56 unidades de fomento, y el artículo 58 del mismo cuerpo legal, en la parte que se refiere a los límites que tiene el empleador en las deducciones que pueden efectuarse en la remuneración del trabajador con el límite del 15% para aquellas que son voluntarias.

En ese sentido, afirma que las normas citadas no podrían ejercerse en su contra, ya que las deducciones no son embargos decretados por un tribunal, ni corresponden a descuentos voluntarios destinados al pago de una vivienda o educación, y de ser voluntarias, su monto excede del 15% que señala el legislador.

Finaliza solicitando se tenga por interpuesto el nombre reservado, se acoja y se decrete que la institución recurrida debe abstenerse de efectuar los descuentos señalados y que restituya las sumas descontadas, todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece el abogado don Sergio Abarca Vargas, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Respecto a los créditos de dinero que informa el recurrente, sostiene que aquel obtenido con fecha 29 de agosto de 2014, código 52.27228-3 por un monto de $1.276.664, se encuentra totalmente pagado mediante descuentos efectuados en primera instancia entre octubre y noviembre de 2015 y luego entre enero de 2016 y octubre de 2017, a diferentes empleadores.

En cuanto al crédito de dinero obtenido con fecha 3 de febrero de 2014, código 52.24678-2, por un monto de $2.248.044, el recurrente habría pagado por descuentos de remuneraciones las primeras nueve cuotas, pagando a través del seguro de cesantía contratado las cuotas 10 y 11, por lo que en octubre de 2015 se interpuso la demanda ejecutiva de cobro de pagaré Rol C-792-2015, del Segundo Juzgado Civil de Ovalle, la que no pudo ser notificada al recurrente por no ser habido en el domicilio indicado al solicitar el crédito, por lo que estaría actualmente archivada.

En esa misma operación crediticia, indica que al reanudarse su calidad de trabajador dependiente, se efectuaron los descuentos de las cuotas 12 a 28, entre los meses de enero de 2016 y septiembre de 2017, volviendo a ser cubiertas por el seguro de cesantía las cuotas 29 a 31 y pagando en forma directa en la sucursal la cuota 32. Posteriormente, al volver a la calidad de dependiente, se efectuaron los descuentos de remuneración correspondientes a las cuotas 33(escrito dice 32) a 38, luego por seguro de cesantía las cuotas 39 a 41, por descuentos de remuneraciones las cuotas 42 y 43, por pago directo las cuotas 44 y 45 y parcialmente la cuota 46.

El saldo de la cuota 46 y las cuotas 47 y 48 restantes, continúa su informe, fueron saldadas mediante una tercera operación de crédito, código RUT reservado, obtenido el 7 de diciembre de 2017, por un monto de $6.027.223.-, pagadero en 25 cuotas de $299.720.-, cuyo primer vencimiento fue en febrero de 2018.

Respecto de este último crédito, afirma que se han pagado las primeras 16 cuotas, ya sea mediante el pago directo o el descuento de remuneraciones, siendo esta última la modalidad de pago efectuada en las cuotas 1 a 16, por lo que se encontraría al día en el pago de sus obligaciones, estando vigente el crédito y con cuotas por vencer hasta el mes de febrero de 2020.

Agrega que los créditos otorgados por su representada tienen el carácter de social, y su mecanismo de cobro está regulado por el artículo 22 de la Ley 18.833, a cuyo tenor se ajustan todas las acciones adoptadas por ella, entre lo que se cuenta la interposición de acciones ejecutivas para recuperar los montos prestados, de acuerdo al carácter imperativo de la norma mencionada, añadiendo que las causas ejecutivas referidas en el recurso deducido no tienen relación con el crédito social que actualmente se cobra, ya que correspondería el primero a un crédito que el recurrente ya pagó completamente -el que está bajo el código 52.24678-2- y el segundo a uno que fue pagado mediante la constitución de un nuevo crédito social - el que está bajo el código RUT reservado.

Basado en lo anterior, sostiene que el crédito cuyo descuento se hace de la remuneración del recurrente está vigente y es actualmente exigible, por lo que los descuentos efectuados y los que se produzcan en el futuro se hacen con total apego a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833.

En lo que refiere al tope de descuentos que se encuentra vulnerado según el recurrente, afirma que de acuerdo a la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, los descuentos de crédito social no se encuentran sujetos al límite del 15% que fija el código laboral, mientras que la Superintendencia de Seguridad Social ha determinado, a través de la Circular Nº 2052, que dicho tope en estos créditos alcanza al 25% de la remuneración líquida.

Por ello, alega que no es posible sostener que la actuación de su representada vulnere las garantías constitucionales del recurrente, citando jurisprudencia de la Corte Suprema, Rol 9172-2019.

TERCERO: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 …… podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptara de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes" CUARTO: Que el artículo 1 º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiese cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará contar en autos.

QUINTO: Que a su vez, el inciso segundo del artículo 5º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que la Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación.

SEXTO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de cautela destinada a resguardar el ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, a través de medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho, y garantizar la protección al afectado que ha sido objeto de un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza dicho ejercicio.

SEPTIMO: Que por lo tanto, es requisito indispensable del nombre reservado, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en cuanto se vulnera un precepto normativo obligatorio, aplicable al caso concreto, de manera que el actuar u omitir es ilegal, cuando basándose en algún poder jurídico que se detenta, se extralimita en su ejercicio; o bien arbitrario, vale decir, derivado del mero capricho, de modo que la arbitrariedad indica ausencia de razonabilidad en la actuación u omisión. Pero además se requiere que el acto u omisión ilegal o arbitrario, afecte a las garantías resguardadas con el referido nombre reservado.

OCTAVO: Que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833, establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales”.

NOVENO: Que la Circular 2052, de fecha 10 de abril de 2003, de la Superintendencia de Seguridad Social, denominada “Régimen de Crédito Social. Imparte instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, en el punto 9, señala “Para determinar la capacidad de endeudamiento del solicitante, deberá aplicarse sobre el monto líquido de las remuneraciones o pensiones, el porcentaje máximo mensual de descuento conforme a lo indicado en el número 10 de este título. Para los efectos de determinar la remuneración líquida, deberá considerarse el concepto de remuneración que define el Código del Trabajo.” A su vez, el punto 10, de dicha circular, establece que “La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25 % de la remuneración líquida mensual o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente, definidas en el punto 9 precedente”.

DECIMO: Que se han traído a la vista las causas civiles Roles 876-2015 y 792-2015, sobre Juicio Ejecutivo, en las cuales la recurrida persigue el cobro de los saldos adeudados, sin embargo, según se desprende de lo expuesto al informar sobre el recurso la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el pagaré que está bajo el código 52.24678-8, ya fue pagado completamente, mientras que el restante pagaré aludido por el recurrente fue pagado mediante la constitución de un nuevo crédito social que está bajo el código 11.RUT reservado,denominado Mutuo de Crédito Social, otorgado con fecha 7 de diciembre de 2017 por la suma de $5.800.000, cuya copia acompaña la recurrida, la cual además adjunta copia de la respectiva Solicitud de Crédito, en la cual se consigna que se otorga mandado expreso al empleador y entidades pagadores de pensión para que descuenten del pago de sus emolumentos mensuales los dividendos correspondientes a dicho crédito, mutuo este último respecto del cual el recurrente no hace ninguna referencia en su recurso y que es el actualmente vigente.

UNDECIMO: Que como se puede apreciar, en su momento la cobranza judicial de los saldos adeudados por la recurrente, se han perseguido por la recurrida con estricta sujeción a la Ley N° 18.833 y Circular 2052, de fecha 10 de abril de 2003, de la Superintendencia de Seguridad Social, como así también los descuentos de sus remuneraciones para el pago de los respectivos créditos, e incluso el mutuo vigente es el otorgado con fecha 7 de diciembre de 2017, no aludido por la recurrente, de manera que la recurrida no ha incurrido en algún acto u omisión arbitrario o ilegal que haya conculcado la garantía constitucional contemplada en el artículo 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que en consecuencia cabe rechazar el nombre reservado interpuesto.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA el nombre reservado interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y Archívese.

Redacción del Ministro Interino don Miguel Montenegro Rossi.

Rol N° 827-2019 (nombre reservado)