nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol N°823-2026 La Serena, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el acto ilegal y arbitrario consiste en haber iniciado procedimientos de cobro del Crédito con Garantía Estatal (CAE) regulado en la Ley 20.027, utilizando para ello las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, que el legislador reservó exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, indicando que se han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 inciso quinto, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 7 de abril el actor fue notificado del mandamiento de ejecución y embargo en su contra, el cual se tramita en Expediente N°11.376-2026 Coquimbo, lo cual ha iniciado un procedimiento coactivo de carácter excepcional, donde el Tesorero actúa como juez sustanciador, con amenaza actual de ejecución patrimonial, embargo y prosecución forzada, fundándose en normas del Código Tributario que el legislador reservó para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza jurídica que el denominado CAE no posee, al emanar la obligación que origina esta deuda, de una naturaleza eminentemente civil.

Señala que el actor, mantiene obligaciones derivadas del sistema de financiamiento universitario con garantía estatal prevista en la Ley 20.027, y el inicio del procedimiento de cobro por la recurrida le ha afectado su esfera patrimonial, generándole una amenaza cierta a sus bienes e ingresos, a lo cual agrega que, el convenio de pago ofrecido por la recurrida, aparece generado de forma automática y contempla exigencias de pago inicial de cuantía elevada, que el recurrente no se encuentra en condiciones reales de solventar sin comprometer gravemente su estabilidad económica.

Afirma que la afectación el recurrente, deriva del ejercicio regular de una potestad de cobro expresamente conferida por la ley, sino precisamente de la utilización, por parte de la recurrida, de un mecanismo coactivo cuya procedencia respecto de este tipo de obligaciones no aparece autorizada en la normativa especial aplicable. Indica que este mecanismo no aparece en la Ley 20.027, y lo que, la recurrida no puede tratar la deuda CAE como si fuese una obligación tributaria para efectos de los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Añade que, la Ley 20.027 reguló en su Título V, artículos 16 a 19, los mecanismos específicos de cobro del CAE, lo que revela que el legislador sí reguló qué potestades quería atribuirle a Tesorería en materia CAE, sin remitir de modo expreso al procedimiento ejecutivo tributario especial del Título V del Código Tributario.

Se refiere a la Ley 20.027 y su Reglamento, Decreto N°182/2005 del Ministerio de Educación, en especial el Título V “Del pago de los créditos garantizados”, transcribiendo los artículos 16, 17 y 18 bis, y señala que este último precepto, confirma que la recurrida en el cobro de estos créditos no quedó entregado a un régimen especial tributario, sino a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro de los títulos que dan cuenta de la obligación. Por tanto, concluye que, si el legislador no ha previsto el régimen especial tributario de cobro, de forma expresa, no resulta jurídicamente procedente efectuar una interpretación extensiva de las facultades en tal sentido, por lo que, la actuación de la Tesorería desborda el marco fijado por la ley especial, al pretender ejercer potestades que el artículo 18 bis no confiere.

Agrega que, lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 20.027, es esclarecedor, pues al ordenar que el Estado proceda al cobro de las cuotas impagas "utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Titulo V", el legislador sí efectúa una remisión expresa al Título V de la propia ley especial que regula esta obligación, lo que no puede ser usado como una referencia implícita para la utilización de aquella normativa en el cobro de deudas por CAE. Añade que el artículo 14 de la referida ley, despeja cualquier duda en torno al régimen de cobranza aplicable a estas deudas, pues se refiere a los mecanismos del Título V de la misma ley. Indica que el Reglamento de la ya referida ley, no contiene disposición alaguna que habilite al uso del Título V del Código Tributario.

En cuanto a la normativa del Código Tributario, invoca el artículo 168, señalando que dispone que la cobranza es respecto de obligaciones tributarias, y la deuda asociada al CAE no reviste aquella naturaleza, por cuanto no surge del ejercicio de la potestad impositiva del Estado ni de una obligación fiscal, por el contrario, tiene su origen en un contrato de crédito regido por normas de derecho privado, en el cual el Estado interviene únicamente en calidad de garante, asumiendo una posición accesoria propia de un sujeto que actúa en el tráfico jurídico en condiciones análogas a las de un particular, por lo que, su naturaleza privada excluye su asimilación a un tributo.

De lo anterior asevera que la naturaleza jurídica del CAE excluye su cobro por la vía tributaria, pues se rige por una ley especial, es contractual y civil, en cambio la obligación tributaria nace de la ley como expresión del poder impositivo del Estado. Por tanto, el cobro de estas deudas está regulado en el Título V de la Ley 20.027, la cual en sus artículos 13, 17, 18 bis otorga herramientas específicas para la recurrida en el cobro de las deudas por CAE.

Afirma que este precepto legal no habilita a la recurrida al uso del procedimiento ejecutivo tributario del Código Tributario, donde actúa la recurrida como juez, por lo que aquello exige una habilitación legal expresa y no puede entenderse por analogía ni interpretación amplia. Indica que no habiendo autorizado la ley especial el uso del procedimiento de cobro de tributos para el CAE, el actuar de la recurrida contraviene el principio de la juridicidad consagrado en nuestra Carta Magna.

Señala que, además el actuar de la recurrida es arbitrario, pues ha decidido asimilar en los hechos una deuda CAE a una obligación tributaria, sometiéndola a un régimen de ejecución excepcional sin que exista una justificación legal suficiente para esa equiparación, lo cual carece de racionalidad, pues prescinde de la Ley 20.027, utilizando un procedimiento más gravoso, privando a los deudores de las defensas y garantías procesales de un juicio ejecutivo, siendo por tanto discriminatorio su actuar, pues la Tesorería, de manera inconsistente, niega al CAE los beneficios que concede a deudas fiscales, como la condonación de multas e intereses en procesos de renegociación por obligaciones ante el Servicio de Impuestos Internos o por concepto de contribuciones, mientras simultáneamente busca someterlo a un estatuto de cobranza propio de los tributos.

Se refiere a las garantías constitucionales infringidas con el actuar de la recurrida, refiriéndose en primer término a la igualdad ante la ley, vulnerada cuando la recurrida trata a los deudores CAE como si fuesen contribuyentes morosos, sometiéndolos a un procedimiento tributario de excepción, dando un trato desigual respecto de los deudores de créditos comerciales análogos, que sólo enfrentan procedimientos ejecutivos ordinarios ante tribunales civiles. Luego, sobre la garantía del juez predeterminado por ley, artículo 19 N°3 inciso quinto, se ve infringido al no respetar la ley especial, desplazando al actor hacia un régimen de juzgamiento no previsto por la ley para esta clase de acreencias, por lo que, se desconoce la competencia de los tribunales ordinarios, sino que además se atribuyen funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo fuera de los casos expresamente autorizados por la ley, vulnerando directamente la garantía de ser juzgado por el juez natural previamente establecido. Prosigue con la garantía del derecho de propiedad, vulnerada al afectar el patrimonio del recurrente por medio de un procedimiento tributario no aplicable en la especie. Y, por último, la garantía del articulo 19 N°26, infringida por la recurrida al aplicar el procedimiento tributario sin habilitación legal, la Tesorería impone a los recurrentes una carga adicional no contemplada por el ordenamiento jurídico, afectando en su esencia su derecho de propiedad y sus garantías procesales.

Concluye solicitando sea acogido el recurso, y se deje sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo, emitido en contra del recurrente bajo el Titulo V del Código Tributario, ordenando a la recurrida abstenerse de iniciar o continuar el procedimiento de cobro del CAE no expresamente contemplados en la Ley 20.027 ni comprendidos dentro de las facultades que dicha ley le ha conferido; y que toda eventual actuación de cobro se ajuste estrictamente al marco legal especial aplicable.

Acompaña a su recurso copia de la notificación remitida mediante correo electrónico, que contiene mandamiento de ejecución y embargo remitido por la Tesorería General de la República.

SEGUNDO: Que, comparece la Tesorería General de la República, informando al tenor de lo ordenado.

Describe brevemente el sistema de financiamiento de la Ley 20.027, indicando que su objeto es el financiamiento de estudios de educación superior para aquellos que no cuentan con posibilidad de acceder al crédito en el sistema financiero, y que esta ley creó la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión), la cual es la que otorga el beneficio de crédito con garantía, luego el beneficiario suscribe los instrumentos respectivos con la institución financiera, y el monto prestado es cancelado en cuotas mensuales. Añade que, frente a incumplimientos del deudor, la institución financiera puede solicitar a la Comisión el pago de la garantía estatal o por deserción académica, previa acreditación del agotamiento de las gestiones de cobranza prejudicial, la mora del deudor y la interposición de acciones judiciales de cobro. Y que, verificados estos requisitos, la Comisión aprueba la solicitud mediante el correspondiente acto administrativo, y luego la deuda es informada a la Tesorería General de la República, la que procede a registrarla como crédito fiscal en la Cuenta Única Tributaria (en adelante “CUT”) del deudor, a través del Formulario 34, pasando a ser una obligación de naturaleza legal distinta de la obligación crediticia original. Asimismo, tratándose de deserción académica, la Comisión también hace efectiva la garantía correspondiente ante la institución de educación superior, la cual debe enterar el monto respectivo conforme a la normativa aplicable. Finalmente, conforme al artículo 5 de la Ley 20.027, a los artículos 43 y siguientes de su Reglamento y a las Bases de Licitación Pública del sistema, el Fisco de Chile, representado por la Tesorería General de la República, podrá adquirir los créditos respecto de los cuales la institución financiera ejerza su derecho de venta, particularmente aquellos asociados a cambio de carrera o de institución, así como los casos de deserción académica debidamente certificada.

Precisa que, una vez que la Comisión aprueba el pago de la garantía estatal mediante el correspondiente acto administrativo o certifica el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos cuyo titular es el Fisco de Chile, se materializa la ejecución de una obligación caucionada por el Estado en los términos del artículo 40 del Decreto Ley 1.263, esto es, una garantía que respalda una obligación originalmente contraída por un tercero. En virtud de dicho pago, el Fisco, que ha efectuado el desembolso, se encuentra legalmente obligado a exigir su restitución, lo que no implica la continuidad de la relación crediticia original, sino el nacimiento de un crédito distinto, de naturaleza fiscal, cuyo titular es el Fisco y que se incorpora al Sistema de Administración Financiera del Estado.

Asevera que la Comisión actúa como ente girador de un crédito fiscal moroso, cuya fuente ya no es convencional, sino legal, derivada del pago de la garantía estatal y de las normas de administración financiera del Estado. Por consiguiente, dicha acreencia pasa a integrar el conjunto de créditos del Sector Público y debe ser registrada y perseguida por la Tesorería General de la República conforme a los mecanismos de recaudación y cobranza establecidos en el ordenamiento jurídico, aplicables a todo crédito fiscal, cualquiera sea su origen.

Prosigue exponiendo los antecedentes de la deuda del recurrente y el proceso de cobro asociado, la cual se encuentra asociada al expediente administrativo N°11.376-2026 de Coquimbo, en el cual el 7 de abril de 2026 se confeccionó la nómina de deudores morosos, se despachó mandamiento de ejecución y embargo y se ordenó la notificación y requerimiento de pago al ejecutado, de conformidad con los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Señala que el recurrente ejerció defensa en este proceso de cobro.

Alega que el recurso no es la vía idónea, pues el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para esta materia, Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes, en relación con los artículos 30 y 35 del Decreto Ley 1263, por lo tanto, la acción es improcedente como vía sustitutiva o paralela al procedimiento especial que el legislador ha establecido para el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y demás créditos fiscales cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías, por cuanto el recurso de protección es una acción de naturaleza estrictamente cautelar, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actuaciones u omisiones que afecten el ejercicio actual de determinadas garantías constitucionales.

Luego arguye que, el recurso impetrado, en los hechos, persigue dejar sin efecto actuaciones y resoluciones dictadas dentro de un procedimiento de cobro reglado por ley, en el cual el Tesorero actúa como Juez Sustanciador en virtud de las potestades que expresamente le confiere el Código Tributario. Por lo que, el reproche del actor no es en contra de una mera actuación material carente de sustento normativo, sino a resoluciones emitidas dentro de un expediente ejecutivo de cobro, de modo que la acción intentada no puede erigirse en una vía paralela para revisar lo obrado dentro de dicho procedimiento especial, tanto más si la propia ley contempla mecanismos de impugnación, corrección y revisión ulterior. Por lo que el asunto se encontraría sometido al imperio del derecho.

Indica como tercera alegación de inadmisibilidad de la acción, la ausencia absoluta de un derecho indubitado en favor de la recurrente, puesto que lo discutido, no es un hecho simple, pacífico y ostensiblemente contrario a derecho, sino una controversia jurídica compleja sobre el estatuto aplicable al cobro de los créditos CAE una vez que se ha hecho efectiva la garantía estatal. Y la sola circunstancia de que sobre la materia existan dictámenes de Contraloría, doctrina administrativa, sentencias previas y una línea jurisprudencial reciente de la Corte Suprema que ha ido consolidando la tesis del Servicio demuestra que no hay un derecho manifiesto e indiscutido de la recurrente a sustraerse al procedimiento de cobro desplegado por Tesorería, lo que escapa al ámbito de acción del presente recurso de naturaleza cautelar y breve.

En cuanto al fondo, señala que el actuar de la Tesorería se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente y a las potestades que la ley le encomienda, sin excederlas ni aplicarlas de manera irracional o discriminatoria. Reitera que una vez que la Comisión verifica el incumplimiento del deudor y constata que la entidad financiera agotó las acciones de cobranza prejudiciales y judiciales exigidas por el ordenamiento, la Comisión hace efectiva la garantía o certifica el término de la administración de los créditos, mediante una resolución que ordena a TGR el pago de la deuda a la institución financiera, de modo que dicho desembolso estatal determina que la acreencia quede radicada en el Fisco, registrándose en la Cuenta Única Tributaria del deudora través del formulario de cobro correspondiente, esto es, el F.34. Desde entonces, la deuda deja de situarse exclusivamente en el ámbito de la relación entre la entidad financiera y el deudor, quedando sometida, para efectos de su recaudación y cobro, al estatuto legal aplicable a los créditos fiscales o del sector público cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías.

Advierte el error del recurso al tratar como jurídicamente idénticas dos realidades que el propio legislador diferenció con claridad, por una parte está el crédito originalmente otorgado por la institución financiera, respecto del cual ésta conserva la calidad de acreedora y puede valerse de mecanismos como el del artículo 17 de la Ley 20.027, y por otra, enteramente diversa, es la acreencia que queda radicada en el Fisco o respecto de la cual se ha hecho efectiva la garantía estatal, supuesto en el cual la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, queda legalmente habilitada para ejercer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de créditos de los que el Fisco es titular o de aquellos en que la garantía estatal se ha hecho efectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley 20.027. Esa disposición, por tanto, no puede ser leída aisladamente ni en contradicción con el resto del sistema, sino como parte de una estructura legal destinada precisamente a asegurar la recuperación de recursos fiscales desembolsados o comprometidos para financiar estudios superiores.

Sobre su competencia legal para ejercer la cobranza de las deudas del CAE, invoca el dictamen de la Contraloría General de la República N°54.539 de 2011, en el cual sostiene que, atendido el marco normativo del sistema, dentro del ámbito de aplicación de las normas de cobranza del sector público quedan comprendidas toda clase de acreencias de que el Fisco sea titular, incluidas aquellas que derivan de las sumas de dinero que el Estado paga por concepto de garantía estatal, debiendo entenderse que ellas constituyen créditos a favor del sector público. En el mismo sentido, el dictamen D183-2026, reafirmó que corresponde a la Tesorería General de la República ejercer la cobranza de los créditos CAE en que ha operado la garantía estatal o que han sido cedidos al Fisco, pudiendo para ello valerse de los procedimientos administrativos y judiciales contemplados por el ordenamiento aplicable. Por tanto, la Tesorería no actúa como si estuviera cobrando un crédito bancario ordinario, sino en cumplimiento de las potestades legales que le han sido conferidas para recuperar recursos fiscales comprometidos o desembolsados con ocasión del sistema de financiamiento de educación superior con garantía estatal.

Destaca que, la recurrente omite indicar que el artículo 18 bis de la Ley 20.027, no regula por sí solo toda la vida jurídica del crédito ni toda la secuencia de su cobranza, sino que se inserta en un entramado normativo más amplio, en el cual concurren la Ley 20.027, su reglamento, las normas generales sobre administración financiera del Estado, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y, finalmente, el régimen de cobro de los créditos del sector público. Indica que, La norma del artículo 18 bis no dice que la Tesorería solo podrá accionar mediante el juicio ejecutivo civil del Código de Procedimiento Civil, sino que dice algo muy distinto, a saber, que las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de la ley.

Señala que, la procedencia del Título V del Código Tributario no depende de que el crédito CAE pase a ser impuesto, sino de que se trata de un crédito fiscal o del sector público cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías por mandato legal.

Destaca que, aun cuando en abstracto pudiera imaginarse una discusión interpretativa sobre el alcance del artículo 18 bis, de ningún modo podría calificarse como ilegal o arbitraria la actuación de Tesorería cuando ella se ajusta precisamente a la interpretación consolidada del órgano contralor y al mandato legal que regula la cobranza de los créditos fiscales.

Indica que, los convenios de pago, la existencia de una propuesta de regularización no constituye un acto coactivo autónomo ni una fuente nueva de ilegalidad. Se trata, más bien, de una alternativa de cumplimiento progresivo frente a una deuda ya registrada y sometida a cobranza, cuyo objeto es compatibilizar la recuperación del crédito público con la situación patrimonial del deudor, y que, la recurrente estime económicamente gravosa, insuficiente o inconveniente una determinada propuesta de convenio no transforma en arbitrario el procedimiento de cobro, no extingue la deuda, no invalida el título ni priva a Tesorería de la competencia que la ley le entrega.

Sobre la vulneración de garantías constitucionales, señala que no existe, pues la recurrente no ha sido sometida a un estatuto excepcional, singular o discriminatorio, sino al mismo régimen jurídico que corresponde a los deudores CAE que se encuentran en una situación equivalente, y no existe infracción al debido proceso ni al derecho a un procedimiento racional y justo, pues el procedimiento de cobro regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario contempla base legal, competencia del órgano que actúa, formación de título ejecutivo, despacho de mandamiento, notificación, requerimiento de pago, plazo para oponer excepciones, corrección de vicios manifiestos y posterior control jurisdiccional. En el caso concreto, además, la parte recurrente fue puesta en conocimiento del procedimiento y del plazo de 10 días hábiles para oponer excepciones, de manera que no se advierte indefensión ni privación de defensa jurídica. Añade que no hay vulneración al derecho de propiedad, pues el patrimonio del deudor no se encuentra constitucionalmente inmune frente al cobro de obligaciones legalmente exigibles ni frente a los mecanismos compulsivos que el ordenamiento contempla para su satisfacción.

Finalmente, afirma que la Tesorería ha actuado dentro de su competencia, sobre la base de atribuciones conferidas por la Ley 20.027, su reglamento, el Decreto Ley 1.263, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y el Código Tributario, además de hacerlo en armonía con los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, y lo planteado por la recurrente es una discrepancia con el estatuto jurídico aplicado por Tesorería, pero dicha discrepancia no basta para configurar una infracción manifiesta al principio de juridicidad susceptible de ser amparada por esta vía cautelar.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: 1) Expediente administrativo N°11.376-2026 de Coquimbo, de la Tesorería Provincial de Coquimbo; 2) Certificado de Deuda del recurrente en el que consta el formulario 34; 3) Circular N°131, de 04 de mayo de 2026, sobre recaudación de las deudas por Crédito de Educación Superior con Aval del Estado, Ley 20.027, y condiciones para la celebración de convenios de pago; 4) Dictamen D183-2026 y Dictamen N° 54.539, de 2011 de la Contraloría General de la República; 5) Copia sentencias pronunciadas por la Excma. Corte Suprema en causas Rol N°19.139-2019, Rol N°247.876-2023 y Rol N°54.802-2024; 6) Informe en derecho “Legalidad y procedencia del uso de los procedimientos de cobro coactivo de la Tesorería General de la República para la recuperación del Sistema de Crédito con Aval del Estado”, de 06 de mayo de 2026.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, la acción que se reprocha de la recurrida, como ilegal y arbitraria, consiste en haber iniciado en su contra el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, facultad que no contempla la Ley N°20.027, pues tales potestades fueron reservadas por el legislador exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza de la que el Crédito de Aval del Estado carece.

Así las partes se refieren, a fin de sostener sus pretensiones, a la correcta interpretación que debe efectuarse de ciertos artículos de la Ley N°20.027, aquellos que dicen relación con el cobro de las deudas por CAE y las facultades que la misma entrega a la Tesorería, en los cuales, ambas partes destacan lo dispuesto en el artículo 18 bis de la señalada ley, interpretando la norma para favorecer sus respectivas defensas o alegaciones.

SEXTO: Que, para resolver la problemática planteada, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 18 bis de la Ley 20.027, norma incorporada por la Ley 20.634, publicada el 4 de octubre de 2012: “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22.

Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de los que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión.

Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad”.

Por su parte, el artículo 35 del Decreto Ley 1.263 del Ministerio de Hacienda, señala que: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos”.

SÉPTIMO: Que, de las normas transcritas, se deduce que efectivamente el Estado es acreedor del crédito antes descrito, pero que, este no es idéntico a otros que lo benefician los que pueden ser efectivamente ejecutados por la normativa tributaria aludida, como los que responden a impuestos, pues las deudas provenientes de los créditos obtenidos para cursar estudios universitarios, son específicas al ser contempladas en una regulación que por su especialidad prima sobre la normativa contenida en el Código Tributario. A ello se suma que la misma fue dictada con posterioridad a la norma tributaria, y con el objeto de dar facilidades para cursar estudios superiores a aquellas personas que no tenían la posibilidad de optar a préstamos del sistema financiero en atención a su situación económica, por no cumplir ciertos requisitos.

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, el que la recurrida aplique el procedimiento de cobro establecido en el Título V del Libro III el Código Tributario, titulado “De la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los procedimientos y de la prescripción”, y aquél, “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, por lo que, la recurrida adscribe a los deudores del CAE a la aplicación de un procedimiento establecido claramente para obligaciones de naturaleza tributaria.

Así, a partir del artículo 168 del Código Tributario, cada una de sus referencias lo es, precisamente, a aquellas obligaciones tributarias, cuyo título ejecutivo se forma de la manera establecida en el artículo 169, cuyo inciso primero señala “...Y la cantidad adeudada por concepto de impuestos o de sanciones en su caso y del tipo de tributo...”, primera aproximación que excluye su aplicación en este caso y que, igualmente, admite únicamente tres excepciones a la ejecución, estas son: las de pago de la deuda; la prescripción de la acción; y, no empecer el título al ejecutado, según lo establece el artículo 177 del mismo código.

NOVENO: Que, por otro lado, de la lectura del inciso segundo del artículo 18 bis ya citado, se desprende la existencia de una remisión expresa para efecto de las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República a las reglas de procedimiento generales, dentro de las cuales no es posible comprender las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, los cuales, como ya se señaló, se refieren al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, cuyo no es el caso.

Así, de lo anterior es posible colegir que la amplitud en la redacción de este artículo obliga necesariamente a remitirnos a las reglas de interpretación que, en el caso de los organismos públicos, como sucede en la especie, requiere necesariamente de la consideración al de juridicidad en sentido estricto, consagrado en el inciso primero del artículo 7 de la Carta Fundamental: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley” (el destacado es nuestro), el cual exige que toda actuación de los órganos del Estado se someta íntegramente a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. En estricto rigor, implica una vinculación positiva, esto es, el Estado solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta y se relaciona directamente con la seguridad jurídica reconocida también en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República.

De lo anterior se desprende que se requiere de una habilitación expresa que efectúe el reenvío hacia las normas que está aplicando la recurrida en este procedimiento de cobro, pero que -a diferencia de lo que esta estima- el referido artículo 18 bis no contiene.

Es más, al revisar otros preceptos de la misma ley, esta sí establece expresamente el reenvío a otras regulaciones específicas para efectos de ponderación del riesgo, sanción o cobro, tal es el caso del artículo 6 bis, que hace un reenvío al Decreto Ley N°3 de 1997 del Ministerio de Hacienda; el artículo 32, que reenvía a la Ley 18.010; el inciso final del artículo 32, que reenvía a la Ley 17.322; los artículos 34 y 39, que reenvían a la Ley 18.962.

En consecuencia, a diferencia de lo que sostiene la recurrida, no es posible realizar una interpretación sistemática de varios artículos para poder entender que existe una habilitación legal que permite a Tesorería General de la República efectuar estos cobros utilizando el procedimiento contemplado en el Código Tributario. La misma no se encuentra expresamente considerada por el legislador en la normativa especial que regula los créditos CAE. Además, dicha interpretación permitiría acceder a un procedimiento con precarias garantías procesales, lo cual también es reñido con los principios constitucionales que regulan el Estado de Derecho conforme con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

A ello se suma la circunstancia que la Ley 20.027 entrega una multiplicidad de facultades de cobro y disposición de estos créditos, incluso venderlos a terceros, tal como lo señala el inciso final del artículo 18 bis, lo que resulta completamente incompatible con la postura que en estos autos ha mantenido el recurrido, ya que si se alude a que la naturaleza jurídica del crédito con garantía estatal es la que define que su cobro únicamente debe hacerse a través del procedimiento establecido en el Código Tributario, tal acto de disposición, como la venta, sería imposible, pues de aceptarse importaría una interpretación que se aparta de la regla contenida en el artículo 22 del Código Civil.

Por otro lado, no obsta a lo que se ha venido razonando, el artículo 35 del Decreto Ley 1.263, por cuanto de su tenor literal se desprende que la alusión a “cualquiera que sea la naturaleza del crédito” contenida en su inciso segundo, sólo puede referirse a aquellos créditos descritos en su inciso primero, dentro de los cuales no se encuentra el de autos.

Finalmente, la naturaleza jurídica del crédito de autos no puede mutar por el solo hecho de ser incluido en un formulario, como se pretende, por no existir la facultad legal que así lo permita, como es el caso del impuesto territorial.

DÉCIMO: Que, de lo expuesto, y teniendo como referencia el estándar de legalidad deseado en las actuaciones y decisiones del Estado, se desprende que el accionar de la recurrida deviene en ilegal y en consecuencia lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues obliga al recurrente a someterse a un procedimiento que resulta altamente restrictivo en el ejercicio de sus derechos procesales, a diferencia de lo que ocurre en el cobro ejecutivo establecido en las reglas generales y al cual debe someterse el cobro de los créditos ordinarios.

Por las anteriores consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y, en consecuencia, se deja sin efecto el procedimiento de cobro incoado por la recurrida en contra de la recurrente, Rol N°11.376-2026 de Coquimbo.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Carolina Salas Salazar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

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