nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado y otra Recurso de protección Rol Nº818-2025 La Serena, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparecen el dieciocho de mayo de dos mil veinticinco, doña Nayareth Contreras Carvajal, abogada, y don nombre reservado, apoderado, en favor de don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Técnico en Enfermería, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas Técnicos en Enfermería del Departamento de Psiquiatría del Hospital San Pablo de Coquimbo, por vulnerar sus garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 2, 3 inciso 5°, 4, 5 y 21 de la Constitución Política de la República.

Exponen que, el 03 de mayo de 2025 las recurridas abren una cuenta en Instagram denominada “funa_carlosibacachej”, en dicha cuenta proceden a motejar a su representado como cómplice de un sinfín de actos, los cuales se encuentran siendo investigados, es más, en un acto de total y absoluta autotutela, ponen el rostro del recurrente en la imagen de presentación de dicha página acompañado del texto "nombre reservado EN ENFERMERÍA ES DENUNCIADO POR SU AMIGO Y nombre reservado nombre reservado ... EL COMPLICE DECIDE DENUNCIARLO", "SEGÚN LA DECLARACIÓN DE nombre reservado Y ADEMAS COMPLICE DE ESTA ASQUEROSIDAD HABRIAN CIENTOS DE FOTOS DESDE EL 2021" Hacen presente, que su representado realiza una denuncia por una serie de hechos de connotación sexual, que realizó un tercero, sin embargo, las recurridas de manera injustificada acusan de complicidad de éstos hechos a su representado, y dirigen su venganza injustificada a la honra y bienes del recurrente, sin fundamento ni motivo alguno, simplemente por a ellas se les ocurrió que el recurrente "debía" ser cómplice ya que mantenía una relación de cercanía con el presunto responsable, olvidando que esta cercanía era habitual incluso de ellas hacia el presunto inculpado, ya que al menos en dos ocasiones pernoctaron en la casa de éste, luego de sendas fiestas llena de excesos, en las cuales su representado participó igual que ellas, pero que una vez terminadas estas él se retiraba del domicilio del acusado.

Señala que, lo anterior tiene su colofón cuando el 04 de mayo del 2025, las recurridas concurren amparadas, según ellas, por el velo de la noche a la casa de su representado a rayar las paredes y puertas con frases "nombre reservado ACOSADOR" y "nombre reservado ABUSADOR", no contando con que una cámara de seguridad las captara en el acto.

Reprochan estas conductas, cuando quien sufre no ha cometido delito alguno, y aunque lo hubiera cometido, no les da derecho a actuar como verdaderas inquisidoras.

Señala que el acto ilegal y arbitrario de las recurridas, está constituido por la autotutela injustificada de éstas, las cuales erigiéndose como jurado, juez y verdugo, han llegado a la conclusión que el recurrente es responsable de actos que no ha cometido, o que si no los cometió podría haberlos hecho, y se han dedicado a la denostación publica, atentando contra la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, así tambien alegan vulnerada la igualdad ante la ley, puesto que han catalogado al recurrente en una condición de inferioridad de facto respecto a los demás individuos, por el simple hecho de que ellas lo juzgan como cómplice; del mismo modo, indican que se han transformado en un tribunal de facto calificando y atribuyendo delitos al recurrente sin que éste haya sido juzgado por ningún ente jurisdiccional, vulnerando el articulo 19 N°3 inciso quinto de la Carta Magna, han vulnerado con sus actos de grafiti, e inclusión de la imagen y comentarios en su cuenta de Instagram la vida privada y la honra de su representado tal como lo indica el artículo 19 N°4, del mismo modo al concurrir a rayar la casa de su defendido han vulnerado el artículo 19 N°5, inviolabilidad del hogar, y por último, han atentado contra el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, ya que al atribuir conductas reñidas con el derecho, de manera falsa e injustificada, ponen en riesgo el derecho a desarrollar cualquier actividad económica de su representado, puesto que al calificar como acosador a éste lo pone en una situación de desmedro frente a cualquier posibilidad de que pueda buscar trabajo en otro lugar.

Finalmente solicita se ordene a las recurridas bajar la página de Instagram llamada “funacarlosibacachej”, cuya dirección IP es https://www.instagram.com/funa_carlosibacachej?igsh=MW44cHl1Y2N4NXU3bA==, abstenerse de divulgar datos y antecedentes del recurrente; y de propagar odio e ira por medio de la divulgación de carteles, grafitis, o bien difundir o divulgar elementos de cualquier investigación en curso respecto de los hechos investigados en sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N°6623 del 28 de abril 2025, así como, cualquier avance respecto de la causa desformalizada que se encuentra incoada en el Ministerio Público de Coquimbo y que guarden relación con el recurrente; y que, se les prohíba a las recurridas, citar, convocar, promover o asistir actos públicos de promoción de odio e imputaciones falsas o no probadas en contra del recurrente; asimismo, se les prohíba a las recurridas por si o interpósita persona acercarse al domicilio de nuestro representado, con el fin que sea; con expresa condena en costas.

Acompañan a su recurso: pantallazos de la página de Instagram; historias compartidas en la página de Instagram funa_carlosibacachej; fotos de los daños a la propiedad del recurrente; diversas notas que "medios" de comunicación reprodujeron a raíz de la funa contra el recurrente; informe digital de la página jurídica especializada Estado diario titulado "funas, redes sociales y jurisprudencia de la Corte Suprema" cuya dirección IP es la siguiente https://estadodiario.com/al-aire/funas- redes-sociales-y-la-jurisprudencia-de-la-corte-suprema/. A folio 8 se custodia pendrive con video acompañado por el recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 14, informan las recurridas nombre reservado y nombre reservado.

Niegan haber creado la cuenta de Instagram a la que se refiere el recurrente, y que, ninguna de ellas tiene control sobre dicha cuenta, ni la facultad para eliminar sus publicaciones, y que lo único que hicieron fue replicar en sus cuentas personales información ya publicada, sin realizar imputación directa ni publicación original.

Alegan que, lo que el recurrente omite en su relato es el contexto completo que da origen a estos hechos, exponen que el 28 de abril de 2025, fueron convocadas por una compañera de trabajo, quien les informó sobre hechos de extrema gravedad que habían sido confesados por el propio recurrente al interior del Hospital San Pablo de Coquimbo: desde el año 2021, el funcionario nombre reservado habría grabado y fotografiado sin consentimiento a funcionarias en espacios privados como baños y residencias, y nombre reservado confesó haber conocido estos hechos y poseer información sensible, incluyendo la existencia de material audiovisual captado incluso mientras ellas dormían. Indican que, a partir de esta situación, y tras constatar la falta de reacción oportuna del hospital, participaron en una movilización y en acciones de denuncia pública, con el objetivo de visibilizar lo sucedido y exigir medidas, y que estas acciones fueron realizadas en conjunto con más de 30 funcionarías del Hospital San Pablo de Coquimbo. Refiere que, respecto a las publicaciones difundidas no fueron de su autoría, pero las compartieron de forma personal como parte de una demanda colectiva de justicia y reparación.

Indican que, en cuanto a los hechos que el recurrente menciona vinculados a rayados en el frontis de su domicilio, son enfáticas en señalar que no existe prueba suficiente ni acreditación clara que permita establecer con certeza sus autorías, y que, toda aseveración en contrario carece de sustento probatorio concreto y constituye una imputación temeraria.

Argumentan que, les resulta preocupante y revelador que el recurrente incluya en su relato referencias expresas a una supuesta cercanía social de ellas con el funcionario denunciado, afirmando textualmente que “existía una relación de cercanía [...] ya que al menos en dos ocasiones pernoctaron en la casa de este luego de sendas fiestas llenas de excesos”. Señalan que, tal aseveración, además de ser completamente falsa —ya que inclusive existió en el año 2024 una intervención formal de la Unidad de Relaciones Laborales y Clima Laboral en relación con una situación que involucró a los funcionarios nombre reservado y nombre reservado en la Unidad de UHCIP—, pone en evidencia un sesgo de género que ha sido ampliamente identificado y criticado por la doctrina y los estándares internacionales: se pretende invalidar o debilitar la legitimidad de sus denuncias aludiendo a conductas privadas irrelevantes y previamente consentidas, como si ello implicara algún grado de responsabilidad o consentimiento respecto de las agresiones denunciadas. Señalan que, este enfoque refuerza estereotipos sexistas, revictimiza y desplaza la atención desde los hechos denunciados hacia la vida privada de las mujeres, lo cual resulta inadmisible en una discusión de garantías fundamentales.

Niegan que se configuren actos ilegales o arbitrarios, pues la acción de manifestarse en redes sociales o de manera pública se encuentra amparada por los derechos de libertad de expresión (artículo 19 N°12) y de reunión pacífica (art. 19 N°13) de la Constitución. Refieren que, tampoco hay capricho en la conducta de “repostear” publicaciones sobre hechos denunciados, sino reacción fundada frente a hechos graves y reiterados, indicando que la doctrina ha sido clara en que, incluso en contextos de tensión, el recurso de protección no puede utilizarse para inhibir la crítica legítima ni menos para acallar denuncias sobre conductas que afectan a grupos vulnerables. Indican que, no se ha acreditado la titularidad de ninguna de ellas sobre la cuenta cuestionada, ni la autoría de las publicaciones, invocan el fallo de esta Corte Rol N°1596-2024.

En cuanto a las garantías señaladas como vulneradas indican que, no se ha acreditado la afectación a la integridad psíquica o física, pues no hay certificado médico ni informe profesional, el riesgo que plantean es puramente hipotético y no demuestra un daño actual o inminente imputable a ellas. Añaden que, no existe discriminación legal arbitraria, no se demuestra un trato desigual por parte del Estado ni de las recurridas, y que el recurrente no pueda replicar en una cuenta de redes sociales ajena a las de ellas no constituye discriminación legal alguna. Asimismo, indican que, no se ha constituido tribunal especial ni juzgado al recurrente fuera del orden legal, existe una investigación penal en curso, y no se han arrogado funciones jurisdiccionales, sino que simplemente ejercieron su derecho a manifestar disconformidad ante hechos conocidos dentro de la institución. Indican que la honra no es un derecho absoluto, la libertad de expresión protege la denuncia de hechos de interés público, arguyen que no publicaron datos sensibles, sólo mencionaron nombre y lugar de trabajo, información pública; agrega que no se acreditó que la información publicada haya sido falsa, ni que provenga de alguna de las recurridas, y que, en todo caso, su difusión respondió al interés público de denunciar un patrón de encubrimiento. Añaden que, no se ha afectado el domicilio ni la vida privada del recurrente, y que no hay pruebas de intrusión física en el hogar. Por último, que no se ha demostrado que el recurrente haya perdido oportunidades laborales a causa de las publicaciones, por lo que su afectación es meramente hipotética. Las eventuales consecuencias laborales futuras son suposiciones que no permiten configurar una vulneración actual ni efectiva.

Solicita rechazar en todas sus partes el recurso.

Acompañan a su informe: copias de denuncias realizadas por las funcionarías ante el Ministerio Público; comunicación de adopción de medidas ante denuncias en Servicio de Psiquiatría Hospital San Pablo de Coquimbo; pantallazos que corroboran que las cuentas de Instagram de las recurridas son privadas; Informe de proceso Unidad de Relaciones Laborales y Clima Laboral por situación que compete a dos funcionarios de la Unidad de UHCIP, nombre reservado y nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con declarar ilegal y arbitraria la publicación de la red social Instagram que tiene por objeto “funar” al recurrente como cómplice de los actos de otro funcionario del Hospital de Coquimbo, en que se ha denunciado acoso hacia funcionaras del Hospital por medio de grabaciones sin autorización de éstas, por el cual se ha comenzado una investigación por el Ministerio Público, y asimismo, se ha dado inicio a un sumario administrativo por el Hospital; pero que el recurrente alega que han vulnerado su honra, la inviolabilidad de su hogar al rayar sus paredes con frases acusatorias, igualdad ante la ley, y se han erigido como un tribunal condenándolo, por último que éstos actos afectan su derecho a desarrollar una actividad económica pues le será difícil que lo contraten.

Por su parte las recurridas, niegan haber creado la página por la cual se lleva a cabo la “funa” al recurrente, pero sí reconocen haberla replicado en sus cuentas personales, sin perjuicio arguyen que la acción de manifestarse en redes sociales o de manera pública se encuentra amparada por los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica de nuestra Constitución; y que la acción de “repostear” publicaciones es una reacción fundada frente a hechos graves y reiterados.

SEXTO: Que, con el mérito de los antecedentes incorporados en esta causa, particularmente, del informe emitido por las recurridas, es posible concluir que éstas, en conocimiento de páginas creadas por terceros, en las que se publica información relativa a actos de connotación sexual adjudicándole parte de responsabilidad al protegido, ellas republican y comparten dicho contenido, desde que reconocieron expresamente que “las compartimos de forma personal como parte de una demanda colectiva de justicia y reparación.”

Indicamos que se trata de páginas emanadas de terceros, por no constar antecedentes que demuestren su autoría, siendo improcedente las diligencias requeridas por la representante del protegido en estrados, al no ser éste un procedimiento contradictorio. De esta forma, la conducta que ha resultado acreditada en relación con las recurridas es el republicar la información, colaborando así con la masificación de aquellos dichos.

SÉPTIMO: Que una de las actividades atribuidas en el recurso se ha efectuado en las redes sociales, que son públicas para quienes forman parte de ella e incluso en este caso públicos para toda persona que acceda al buscador Google. Consecuentemente, no es realizada de manera inocua. Por el contrario, evidencia una intención, encuadrándose en lo que suele llamarse “funa”, término utilizado por la página, expresión que grafica una denuncia destinada a buscar adhesión pública al repudio a una conducta, que se atribuye a una persona, como una suerte de sanción social a su respecto y no como una forma de informar.

La Excelentísima Corte Suprema se ha referido a esta conducta expresando que “no es otra cosa que un llamado a la violencia y al repudio, un acto de auto tutela que es contraria el ordenamiento jurídico” (Rol N° 2682-2019).

Asimismo, es relevante considerar en este tipo de materias que, en la actualidad, las redes sociales han permitido una extraordinaria velocidad de propagación de este tipo de publicaciones, las que importan un sometimiento al escarnio público fundado en la visión unilateral que es presentada por el emisor y, por consiguiente, el iniciar una “funa”, no es un acto meramente informativo, sino que pretende el descrédito del sujeto pasivo de la misma. De hecho, las publicaciones llaman a tomar parte de acciones “públicas y sociales”.

OCTAVO: Que, sin perjuicio del derecho a la crítica que tiene toda persona y, por cierto a la información y a emitir opinión, nada de aquello puede implicar insultos que puedan menoscabar a otros (las publicaciones profieren insultos y garabatos), por lo que la imputación de hechos deshonrosos, por parte de una persona en contra de otra por medio de las llamadas redes sociales afecta, sin duda alguna, los derechos de las personas imputadas, en particular su derecho a la honra, resguardado por el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto el derecho a la honra, esgrimido en el libelo y amparado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas, a través de la garantía previamente indicada.

Así también ocurre en el ámbito internacional, en el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas prescribe en su artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Por su parte la Convención Americana, Pacto de San nombre reservado Rica, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N° 1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y en su artículo 11 N° 1 establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; en su número 2, que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; y en su número 3°, que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Por su parte, el derecho a información importa tanto obtenerla como entregarla, es decir, lograr conocer el contenido de hechos o circunstancias de toda persona y autoridad y, la segunda, permite exponer situaciones de manera objetiva e imparcial. Luego, el derecho a manifestar libremente la opinión alcanza a cubrir los dichos de situaciones en que el emisor haya tomado parte o ha tenido conocimiento de éstas, sin que, en las expresiones vertidas, pueda afectarse la honra de terceros. Es ahí justamente en donde confluyen ambas garantías, protegidas por la carta fundamental: puedo opinar, sin proferir insultos, improperios u otras palabras que denosten la honra de un sujeto. Y es justamente lo contrario lo que ocurrió en el caso en análisis.

NOVENO: Que lo recién expuesto, no impide que quien se sienta afectado por lo que suponga hechos agraviantes que le hayan perjudicado, inicie las acciones jurisdiccionales que estime de rigor, pero no cabe otorgar a nadie el derecho de juzgar y condenar por sí, mediante una imputación imposible de refutar, y además de amplia difusión, hechos reprochados y reprochables a nivel social, porque eso implica no solo un acto de autotutela sino, precisamente, porque no permite ninguna defensa, y además, difundidos de manera masiva.

Así lo ha reconocido la E. Corte Suprema, en voto de minoría en autos rol N°34.095-19, al sostener que “… de lo señalado precedentemente, resulta posible colegir que el derecho a la honra de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, ha sido perturbado con las publicaciones objeto de la presente acción, toda vez que la tildan como una profesional que deliberadamente ejerció su profesión, en el caso concreto de la recurrida, de mala manera para aumentar el beneficio económico que obtendría de ello, sin importarle ayudar a la mejoría del animal, expresiones que la denuestan públicamente; actuar que por lo mismo es ilegal y arbitrario al carecer de razonabilidad, toda vez que la libertad de emitir opinión que asiste a la recurrida no supone un ejercicio ilimitado e irrestricto de tal derecho en términos que le permita atribuir públicamente a la actora un actuar poco profesional y reñido con la ética.”

DÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe acoger el presente recurso y ordenar derechamente a las recurridas que se abstengan de republicar y masificar información que denoste la honra del sujeto.

En relación con las demás conductas imputadas a éstas en el libelo (rayado de la propiedad del actor y otras) no ha resultado acreditada su autoría sobre ellas, por lo que malamente puede achacárseles su ejecución. Y, en lo relativo a la intervención en movimientos sociales, entendemos que aquello se enmarca en el legítimo derecho a opinión, en cuanto se mantenga dentro de la esfera de limitaciones a las que nos hemos referido.

Parece pertinente, en este momento afirmar que, en un Estado de derecho, como es nuestro país, el orden social se estructura mediante una organización de los poderes fácticos. En lo que aquí corresponde, se priva a las partes del derecho a juzgamiento de personas, facultad que es entregada al órgano denominado Poder Judicial quien debe conocer los asuntos que son sometidos a su comprensión, resolverlos y hacer ejecutar lo decidido, incluso por la vía compulsiva si fuera necesario. De esta forma, el generar espacios de juzgamiento o escarnio público no solo socavan las bases esenciales de una sociedad civilmente organizada, sino que importan distraer esfuerzos importantes para obtener justicia ante hechos ilícitos, como los que se describen en las presentaciones de ambas partes, cuyas sanciones deberán dictarse en el contexto de juicios contradictorios, en los que ambas partes intervengan en igualdad de condiciones y previa satisfacción de estándares de credibilidad.

Por ello, este recurso nada tiene que ver con la veracidad de los dichos -lo que es propio de la decisión judicial en el proceso -entendemos- iniciado para su investigación, esclarecimiento y juzgamiento- sino con exponer a un sujeto, inocente a esta fecha, a un descrédito y escarnio público por asuntos expuestos por una de las partes involucradas, según su propia visión de las cosas, lo que se puede traducir en el padecimiento de riesgos importantes a esa persona. Lo que ocurra en el proceso será propio del orden social, cuya decisión emanará del órgano competente. Todo lo demás, escapa a los márgenes permitidos en una sociedad fiel a sus principios y valores de igualdad, no discriminación, honra y debido proceso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado en contra de nombre reservado y doña nombre reservado EN CUANTO se les ordena a las recurridas abstenerse de republicar y/o masificar información que denoste al actor, por cualquier vía.

Rol 818-2025/Protección. -