Protección contra jefa administradora del supermercado Unimarc

nombre reservado, nombre reservado

Jefa del supermercado Unimarc de Ovalle y Municipalidad de Ovalle.

Recurso de Protección Rol N° 817-2019.- La Serena, dieciocho de julio de dos mil diecinueve VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el 13 de junio de 2019, se presenta doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en nombre reservado, casa 21, Vista Bella, Ovalle, e interpone nombre reservado en contra de la jefa administradora del supermercado Unimarc, emplazado en domicilio reservado de dicha ciudad y también en cintra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Relata que tiene un puesto de trabajo de comerciante ambulante fuera del supermercado referido y que presenta el recurso por considerar que es injusto el actuar de la administradora del supermercado quien la hostiga para salir de aquel.

Manifiesta que es su fuente laboral y la de su familia, que allí tiene su clientela por años, que tiene un permiso y apoyo del anterior gerente, quien la habría autorizado para trabajar en el lugar.

SEGUNDO: Que con fecha 26 de junio de 2019, informando la acción de protección comparece don John Arturo Hunter Flores, abogado, en representación de RENDIC HERMANOS S.A. solicitando su rechazo con costas.

Como una cuestión previa precisa que, tanto en la introducción del recurso como en la expresa petición del mismo, se indica que los recurridos de autos son "jefa administradora del local Unimarc Libertad y Municipalidad de Ovalle”, por lo que, se excusa de informar hechos propios de la administradora en su calidad de persona natural, puesto que si bien el recurso expresamente se anuncia como deducido en contra de la administradora, sus actuaciones son en el ejercicio de un cargo y representación y no hay imputaciones de actuaciones personales respecto de las cuales se puedan aportar antecedentes.

Comienza manifestando que resulta complejo establecer cuál es el hecho concreto en qué consistiría la perturbación o amenaza que se reclama, lo mismo en cuanto a la garantía que se denuncia vulnerada.

Luego expone que hace dos semanas atrás y por un tema exclusivamente de salubridad y orden público, la administradora del local de Ovalle, se acercó a la Municipalidad para consultar por qué razón existían tantos comerciantes ambulantes fuera de la puerta principal del establecimiento. Debido a ello, un inspector municipal se apersonó en el lugar para verificar de que se trataba la consulta y se acercó a los vendedores ambulantes, dejándolos citados a la Municipalidad, todo en el ejercicio de sus facultades.

Expresa que la administradora del local en ningún momento conversó con los vendedores ambulantes ni ha realizado actuación alguna que pudiere generar molestias o malos tratos a dichas personas, salvo la consulta realizada a la alcaldía.

Relata que como respuesta a la consulta realizada a la Municipalidad, el día 17 de junio, don nombre reservado, encargado de patentes le indicó a la administradora que las personas que estaban afuera no tenían permiso de estar allí, salvo una de ellas que vende ropa y le entrega un croquis informativo. Además, le señaló que a los vendedores ambulantes que estaban sin permiso se les había multado y pedido que se abstuvieran de realizar comercio callejero mientras no tuvieran permiso municipal, pues, se trata de una actividad prohibida.

Estima que es dificultoso determinar cuál es la garantía que la actora denuncia como amagada por el actuar de su representada, quien meramente se limitó a realizar una consulta en la Ilustre Municipalidad de Ovalle, como cualquier ciudadano podría hacerlo, no pudiendo hacerse cargo de alguna garantía en específico de las que recoge nuestra Constitución.

TERCERO: Que el recurrido acompaña, junto con su informe, documento denominado “Croquis Ilustrativo entregado por la municipalidad”.

CUARTO: Que, el día 12 de julio del presente año, evacuando el informe solicitado, comparece don Sergio Antonio Galleguillos Álvarez, abogado, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Ovalle, representada por don nombre reservado, ingeniero mecánico, Alcalde, todos domiciliados en domicilio reservado.

Expresa que luego de recibir el oficio de la Corte se procedió de inmediato a requerir los antecedentes de doña nombre reservado al señor nombre reservado, Jefe de Rentas y Finanzas de este municipio, quién emitió su informe el día 4 de julio recién pasado, el cual señala:

“1.- “Que según los registros de Rentas y Finanzas la Sra. nombre reservado cuenta con permiso para ejercer comercio ambulante desde el año 2006, otorgado por la anterior administración municipal.

2.- Se hace presente que estos permisos de comercio ambulante permiten el uso de un bien nacional de uso público, de administración municipal, como son las veredas de distintos sectores de la ciudad. En consecuencia el llamado comercio ambulante lo desarrollan en un lugar establecido o determinado.

3.- La recurrente ha estado ubicada en distintos lugares de la ciudad desde el año 2006 a la fecha.

4.- En la actualidad cuenta con un permiso para desarrollar su actividad económica en domicilio reservado, fuera del Supermercado Unimarc de Ovalle, y tal permiso se encuentra debidamente pagado por la recurrente hasta el mes de Diciembre del año 2019.

5.- Se adjunta copia de la orden de ingreso que da cuenta del pago por el periodo Julio-Diciembre de 2019.

6.- Se hace presente a SS.I. que los Inspectores Municipales retiraron del sector del referido Supermercado a todos aquellos comerciantes que no cuentan con permiso y que estaban ilegalmente desarrollando actividades comerciales en dicho sector.”(sic)

Solicitando tener por evacuado el informe requerido.

QUINTO: Que el municipio emplazado, acompaña los siguientes antecedentes junto con su informe: (1) Memorándum Interno de fecha 4 de Julio de 2019 emitido por don nombre reservado, Jefe de Rentas y Finanzas, exponiendo la situación de doña nombre reservado; (2) Orden de Ingreso y Boletín de Ingresos Municipales que da cuenta del pago efectuado por la recurrente para ejercer su actividad de comercio ambulante en el período Julio a Diciembre de 2019.

SEXTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

OCTAVO: Que, analizados los antecedentes aportados por las recurridas, y contrastados éstos con el relato efectuado por la recurrente en su presentación de fecha 13 de junio de 2016, no es posible configurar el presupuesto esencial de la acción constitucional que nos ocupa, esto es, que exista una acción ilegal y/o arbitraria que haga necesaria la concesión de alguna medida en resguardo de los derechos de la actora.

Lo anterior por cuanto primeramente, en el libelo de protección no se han relatado hechos concretos que permitan establecer en qué consistiría la conducta lesiva reclamada, cuando se habría verificado ésta, y de qué forma afectaría las garantías fundamentales de la actora, y de ser así cuales serían aquellas.

En segundo lugar, y aun cuando se estimase que el acto reclamado fuera el “hostigamiento de la administradora del supermercado Unimarc de Ovalle”, como se desliza en el libelo proteccional, tampoco éste ha quedado establecido, pues lo único que se reconoció por la empresa recurrida fue la solicitud impetrada por dicha trabajadora a la Municipalidad de Ovalle, y la respuesta que habría obtenido de dicho municipio, lo que no se alza, por lo menos en esta instancia y con los antecedentes tenidos a la vista, como un acto arbitrario y/o ilegal, pues solo se limitó a efectuar una consulta al municipio de Ovalle y éste, a su vez, se restringe a contestar la solicitud, ajustándose plenamente a las labores que como trabajadora y órgano público, respectivamente, les corresponden.

A mayor abundamiento, de los antecedentes incorporados, queda claro que la recurrente cuenta con un permiso vigente por el período 2019 para laburar en las afueras del supermercado recurrido como trabajadora ambulante, por lo que su situación no se ha visto perjudicada con el actuar de las recurridas.

NOVENO: Que conforme a lo razonado precedentemente, y analizados los antecedentes que constan en la carpeta virtual de este recurso, resulta imperioso rechazar la acción constitucional, como se dirá en lo resolutivo, pues como se adelantó, no se reúnen los presupuestos básicos de la acción en análisis, al no existir un acto ilegal o arbitrario de las recurridas que amerite una protección constitucional.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se RECHAZA el nombre reservado deducido por nombre reservado en contra de la Jefa del supermercado Unimarc de Ovalle y la Ilustre Municipalidad de Ovalle, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 817-2019 Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Raúl Pelén Baldi.

En La Serena, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.