Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de Protección Rol N° 814-2019.- La Serena, seis de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don VICENTE RAMIRO MOYA SUAREZ, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, ingeniero de minas, domiciliado en domicilio reservado, e interpone nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, persona jurídica de su denominación, representada legalmente por su Gerente don nombre reservado, contador auditor, ambos domiciliados en Santiago, Región Metropolitana, domicilio reservado.

Solicita que se ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los descuentos a las remuneraciones que el recurrente don nombre reservado percibe de la empresa BESALCO MAQUINARIAS S.A., con costas.

Relata que el 15 de octubre del año 2013, el afectado obtuvo un crédito con la recurrida ascendente a $20.067.832. En ese contexto, firmó un pagare que debía pagarlo en 60 cuotas, con una tasa de interés del 1,740%, cada una de ellas por un valor de $541.549.- venciendo la primera cuota el 31 de enero de 2014. Estas cuotas debían ser descontadas de las remuneraciones que en aquella época percibía el recurrente de la Compañía Minera Pelambres.

Expresa que pagó las primeras 23 cuotas y debido a que fue desvinculado de Minera Los Pelambres, no pudo pagar el resto, encontrándose en mora de las cuotas restantes. Por ello, la recurrida, haciendo uso de la cláusula de aceleración, inició con fecha 2 de diciembre de 2016 un juicio ejecutivo de cobro de pagare ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol C-29.748-2016, por un monto de $12.375.163.- Dicha causa se encuentra actualmente archivada por retardada. Agrega que con fecha 31 de marzo del año 2015, obtuvo de la recurrida otro crédito por $4.115.083.- pagadero en 60 cuotas con una tasa de interés del 28,68, cuotas que también se encuentran en mora siendo cada una de valor de $247.026.-.

Refiere que posteriormente, encontrándose el recurrente comenzó a prestar servicios a la empresa BESALCO MAQUINARIAS S.A., la recurrida solicitó y obtuvo que se le descontara de sus remuneraciones la suma de $928.121.- por dicho crédito. Este descuento se realizó en la liquidación de las remuneraciones de fecha 31 de mayo de 2019, siendo esta la oportunidad en la que tuvo conocimiento del acto ilegal y arbitrario.

Expone que frente a esta situación acudió a las oficinas de la recurrida en La Serena y por caja pagó 3 cuotas respecto del crédito mayor y una cuota para el crédito menor.

Indica que el 21 de marzo del 2019, ingresó como jefe de turno de planta de la Empresa BESALCO S.A., en la faena de MLP El MAURO, y fue al momento de recibir sus remuneraciones, el 31 de mayo del año 2019, que logró constar en la respectiva liquidación 2 descuentos a favor de la Corporación de Asignación Familiar Los Andes, por $247.026.- y $928.121.- respectivamente. Añade que actualmente se encuentra en Dicom por la deuda existente.

Tilda como actos ilegales y arbitrarios el haber requerido al empleador, EMPRESA BESALCO S.A., se realizaren descuentos por un crédito que se encuentra cobrado judicialmente en los referidos autos Rol C-29.748-2016 del 7º Juzgado Civil de Santiago. También constituye acto ilegal y arbitrario de cobro abusivo del crédito sobrepasando en exceso el máximo legal del 15% de las remuneraciones fijados por el Código del Trabajo en su artículo 58 inciso 2°, toda vez que la remuneración mensual del afectado es de $2.947.000.- y los descuentos ascienden a $1.175.147.- en circunstancias que el monto que legalmente podría descontarse es de $442.050.- Además constituye un acto ilegal y arbitrario la retención de las remuneraciones puesto que los montos que se ordenan retener en su favor ya se encuentran en cobranza judicial, siendo privado de una porción legitima de sus remuneraciones afectándolo en la sustentación económica de su familia.

Invoca en lo conclusivo la garantía contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Acompaña:

1.- Fotocopia de la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de 31 de mayo del año 2019, de la empresa BESALCO MAQUINARIAS S.A.

2.- Copia de demanda causa Rol C-29.748-2016 del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, con pagare, mandato judicial y resoluciones.

3.- Boletín Comercial Certificado de Dicom de nombre reservado.

4.- Nómina mensual de retenciones previsionales a BESALCO MAQUINARIAS S.A. de la Caja de Compensación de Asignación Familiar correspondiente a don nombre reservado, periodo mayo del año 2019.

5.- Nueve comunicaciones de parte de la Caja de Compensación Los Andes, Gerente de Finanzas dirigida a los Departamentos de Remuneraciones de las empresas donde ha estado trabajando mi representado en las cuales se comunica que se suspendan los descuentos emitidos considerando que se realizará una evaluación de créditos en mora y así no afectar al líquido.

6.- Liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de mayo del 2019, en que se advierte un descuento de $1.175.147.- en favor de Caja de Compensación Los Andes.

7.- Descuento de liquidación de remuneraciones de diciembre del año 2018, de Maquinarias Olmue Limitada por un descuento de $350.000.- a favor de la Caja de Compensación Los Andes.

8.- Descuento de liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de febrero del año 2019, de Maquinarias Olmue Limitada por la suma de $350.000.- a favor de la Caja de Compensación Los Andes.

9.- Desarchivo de la causa Rol C-29.748-2016 y solicitud de oficios, con las resoluciones del Tribunal que ordena el desarchivo y el despacho de los oficios.

SEGUNDO: Que, con fecha 26 de agosto de 2019, comparece don SERGIO ABARCA VARGAS, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, y evacúa el informe requerido solicitando el rechazo del recurso deducido.

Señala que con fecha 11 de octubre de 2013, Caja Los Andes otorgó al señor nombre reservado un crédito por un capital inicial de $20.067.832.-, con una tasa de interés de 1.74%, pagadero en 60 cuotas por la suma de $553.999, y cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de enero 2014. La entonces empleadora, Minera Los Pelambres, Rut. RUT reservado, retuvo y pagó las cuotas N° 1 a la N° 21, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Luego, con fecha 16 de noviembre y 14 de diciembre 2015, el señor nombre reservado pagó en forma directa en cajas de sucursal las cuotas N° 22 y N° 23, cesando en el pago de las cuotas posteriores. Ante la falta de pago, con fecha 2 de diciembre de 2016, se dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza dicha operación de crédito, ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, autos ROL C-29748-2016, la cual nunca pudo ser notificada al Sr. nombre reservado, por cuanto no fue habido en el domicilio que registró al momento de solicitar el crédito, motivo por el cual la causa se encuentra archivada. Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador a la empresa Maquinarias Olmué Ltda. el 10 de enero 2019, se efectuó la retención y pago por la suma de $350.000, valor que es registrado y contabilizado como abono a la cuota N° 24. Añade que al 16 de agosto 2019, se encuentran en mora las cuotas de los meses de enero 2016 a diciembre 2018, cuotas N° 25 a la N° 60.

Indica que, con fecha 31 de marzo 2015, Caja Los Andes otorgó al Sr. nombre reservado otro crédito, por un capital inicial de $4.124.461.-, con una tasa de interés de 2.39%, pagadero en 60 cuotas por la suma de $132.675, cuyo primer vencimiento se verificó el 30 de abril 2015. La empresa Minera Los Pelambres, retuvo y pagó las cuotas N° 1 a la N° 6. Luego, con fecha 14 de diciembre de 2015, el señor nombre reservado efectúa pago en forma directa de las cuotas N° 7 y N° 8. Con fecha 10 de marzo 2016, la empresa antes referida retuvo y pagó la cuota N°9. Posteriormente, con fecha 17 de julio 2017, el Sr. nombre reservado pagó directamente la cantidad de $50.000, valor que fue registrado y contabilizado como abono a la cuota N° 10. Habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador a la empresa Maquinarias Olmué Ltda., dicha empresa retuvo y pagó la suma de $266.725., valor que fue registrado y contabilizado como abono a la cuota N° 10, por la suma de $82.675 más un interés moratorio de $51.375 y como pago de la cuota N°11 por la suma de $132.675. Durante el año 2019 se han efectuado retenciones por concepto de pago de crédito, y que al día 16 de agosto de 2019, dicho crédito se mantiene moroso las cuotas de mayo 2016 a junio de 2019, cuotas 14 a la 51, y aún se encuentran por vencer las que van de agosto de 2019 a marzo de 2020.

Sostiene que nos encontramos frente a dos créditos vigentes y actualmente exigibles. Niega que hayan efectuado descuentos por sobre el límite dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social.

Explica el marco jurídico aplicable a los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, enfatizando el carácter social de dichos créditos y destaca el mecanismo de cobro contemplado en el artículo 22 de la Ley 18.833, norma que faculta a deducir de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se rigen por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

En ese contexto sostiene que la circunstancia de haber entablado acción ejecutiva no libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, dado el carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. En consecuencia, no se trata solo del ejercicio de una facultad, sino al cumplimiento de una obligación legal en orden a cautelar el fondo social.

Precisa que el descuento de este tipo de créditos no se encuentra afectos a la limitación establecida en el inciso 3° del artículo 58 del Código del Trabajo, pues dicha norma regula los descuentos de carácter facultativo u que requieren acuerdo por escrito. En consecuencia, no sería aplicable dicho límite al cobro de los créditos sociales, los que, se rigen por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

Cita jurisprudencia administrativa de la dirección del trabajo y señala que la Superintendencia de Seguridad Social ha dispuesto los limites a que deben ajustarse los descuentos para el cobro de un crédito social, a través de la circular N° 2052 que dispone en su punto 10.2 que la cuota mensual no podrá exceder el 25% de la remuneración liquida mensual. En consecuencia, los momentos efectivamente deducidos no superan los $350.000, equivalentes aproximadamente al 11% de la remuneración del recurrente, teniendo en cuenta que su remuneración liquida supera los $3.272.000.- Sostiene que no existe vulneración al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ya que no hay un traslado ilegal de la esfera de dominio del deudor, ni expropiación de parte de sus remuneraciones. En su concepto, solo sería ilegal el descuento por concepto de créditos sociales en que hubiese declarado la prescripción de la acción cambiaria o de la emanada del mutuo.

Acompaña: detalle de pagos efectuados en el mes de mayo por la empresa BESALCO MAQUINARIAS S.A., a través del sistema PREVIRED, que da cuenta de una suma remesada a Caja Los Andes ascendente a $247.026.- TERCERO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833, establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales”.

En ese contexto, cabe estimar que el cobro del crédito del crédito social a través de la deducción de fondos de la remuneración del recurrente y su subsecuente remesa a la entidad acreedora, es un acto que emana del ejercicio de una facultad legal, de manera que ha de descartarse que, la mera circunstancia de haberse efectuado el cobro del crédito a través de este mecanismo, constituya un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser impugnado a través de la presente acción constitucional.

No obsta a esta conclusión, la circunstancia de haberse deducido demanda ejecutiva ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, toda vez que, de los documentos acompañados por el propio recurrente, no existe constancia de que en dicha causa se hubiese trabado la Litis a través de la notificación en forma legal de la demanda.

SEXTO: Que, no obstante lo indicado anteriormente, es menester elucidar si la forma en que se procedió al cobro de los créditos sociales se apegó a la normativa legal y reglamentaria que gobierna el conflicto sub judice, especialmente en lo concerniente al monto máximo que puede ser descontado de las remuneraciones de un trabajador.

En ese orden de ideas, cabe referir que la Circular N° 2052, de fecha 10 de abril de 2003, de la Superintendencia de Seguridad Social, denominada “Régimen de Crédito Social. Imparte instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, en su punto 10 establece que “La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración líquida mensual o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente (…)”.

Establecida dicha premisa normativa, cabe consignar que del examen de la liquidación de remuneraciones del recurrente del mes de mayo de 2019, se advierte que con ocasión del pago del estipendio correspondiente a dicho mes, se efectuó un descuento por concepto de crédito social adeudado a la recurrida ascendente en total a $1.175.147.- en circunstancias que la remuneración liquida del recurrente correspondía a $3.270.883.- Así las cosas, se advierte que la deducción de remuneraciones del recurrente, en el contexto del cobro del crédito social en conformidad al referido artículo 22 de la Ley 18.833, alcanzó un 35,92% de su remuneración liquida, contraviniendo lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social a través de la normas administrativas contenidas en la aludida circular N° 2052.

Por consiguiente, ha de estimarse que el cobro efectuado en esos términos adolece de ilegalidad toda vez que contraviene lo dispuesto en una norma de carácter general, dictada de conformidad a las facultades legales que el ordenamiento jurídico otorga a la aludida Superintendencia y cuya observancia resulta obligatoria para las entidades encargadas de gestionar los créditos sociales regulados por la Ley 18.833.

Por otra parte, tampoco es posible prodigar ausencia de arbitrariedad, habida consideración que la recurrida no ha esgrimido justificación alguna en orden a los motivos o circunstancias que incidieron en el cobro por los montos aludidos, y al contrario su defensa se ha incardinado a afirmar que ha respetado los límites legales y reglamentarios a lo largo de todo el proceso de cobro, omitiendo referirse en particular al descuento efectuado en mayo de 2019.

En ese contexto, resulta procedente acoger el nombre reservado deducido, habida consideración que la circunstancia anotada anteriormente, constituye un acto contrario a derecho susceptible de afectar el ejercicio legítimo derecho de propiedad que la recurrente ostenta sobre sus remuneraciones.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE el nombre reservado deducido por don nombre reservado en representación de don nombre reservado, y en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, solo en cuanto se dispone que la recurrida, en el cobro de los créditos sociales, no podrá deducir de las remuneraciones del recurrente sumas superiores a los límites establecidos en las normas administrativas dictadas por la autoridad competente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 814-2019 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Cristian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés.

La Serena, a seis de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.