nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°813-2024.- La Serena, uno de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que su representado, de 66 años, a la época en que se desencadenan los hechos, se desempeñaba como conductor de camión de alto tonelaje en Minera Centinela.

Refiere que durante el mes de mayo del año 2023 comenzó a experimentar varios episodios de molestia en lo que respecta a su salud mental, con la presencia de síntomas tales como, angustia, sensación de ahogo, estrés, crisis de pánico, labilidad emocional, anhedonia, alteración del ciclo del sueño, irritabilidad, bajo ánimo, cefalea, sudoración, mareos, nerviosismo, taquicardia y tensión muscular.

A consecuencia de lo anterior, don nombre reservado acudió ante la psicóloga nombre reservado, en donde tras una extensa evaluación, se le diagnosticó trastorno de pánico, reacción al estrés agudo y trastorno de inicio y mantenimiento de sueño. Dichas sintomatologías se habrían originado como consecuencia de las extensas jornadas laborales nocturnas que ejercía don nombre reservado, situaciones que le impedían llevar a cabo una vida normal y retomar sus actividades laborales.

Posteriormente, don nombre reservado fue evaluado por el médico nombre reservado, quien confirmó el diagnostico mencionado anteriormente y determinó un tratamiento farmacológico más psicoterapia. Es por ello, que se le indico reposo absoluto y el consumo de fármacos tales como Melatonina, Clotiazepam y Sertralina.

Agrega que, en el año 2020, don nombre reservado fue operado de un tumor cancerígeno en su espalda, situación que también afecto enormemente su salud mental.

Actualmente, don nombre reservado, se atiende en el programa de salud mental del Centro de Salud Familiar Pedro Aguirre Cerda, con la psicóloga nombre reservado y su diagnóstico actual corresponde a depresión y trastorno del sueño y continúa con un tratamiento farmacológico consistente en medicamentos tales como Clonazepam y Citalopram.

Asimismo, hace presente que las licencias médicas que han sido presentadas por don nombre reservado con anterioridad a la que es materia de estos autos, han sido todas aprobadas sin ninguna observación o reparo.

Precisa que la licencia médica reclamada en la presente acción de protección corresponde a la N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días de reposo, a contar del 04 de enero de 2024.

Destaca que la resolución de rechazo de dicha licencia médica dictaminada por la COMPIN no da cuenta de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar “por reposo no justificado”.

Puntualiza que contra tal rechazo don nombre reservado presentó apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social la que por Resolución NºR-01-S-38074, de 8 de marzo de 2024, confirmó el rechazo de la licencia médica entregado por COMPIN. Posteriormente don nombre reservado presento reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución N°R-01-IBS-73140-2024, de 07 de mayo de 2024, confirmó el rechazo de la licencia médica, siendo en contra de esta última resolución que se interpone recurso de protección.

Sostiene que el diagnóstico de la enfermedad de don nombre reservado se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos y psicológicos acompañados en su oportunidad. Es más, se logra evidenciar el carácter de permanencia en el tiempo de los tratamientos médicos y medicamentos que don nombre reservado debe mantener debido a la complicada situación de salud mental a la que se ve enfrentado, logrando únicamente con los tratamientos y fármacos recetados desarrollar su vida con un poco de calma y tranquilidad.

A su juicio, la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos.

En la especie, la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de don nombre reservado poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud, condición de salud que se mantiene incluso hasta el día de hoy, lo cual ha obligado a don nombre reservado a mantener un tratamiento médico y psicológico en el tiempo y situación que le ha impedido retomar sus funciones laborales, siendo finalmente despedido de su empresa de trabajo en febrero del presente año.

Añade que en este caso la argumentación esgrimida en la resolución dictaminada por la SUSESO da cuenta de un análisis de los antecedentes e informes médicos acompañados por el paciente, por parte de un funcionario o profesional que jamás tuvo una entrevista con el paciente, ni siquiera de manera telemática. Limitándose a revisar los antecedentes documentarios acompañados, sin conocer la historia clínica del paciente, por lo que sus conclusiones resultan ser arbitrarias, antojadizas y carentes de toda razonabilidad y fundamentación.

Aduce que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de don nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de don nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó la licencia médica materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberá autorizar dicha licencia médica, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución Exenta NºR-01-IBS-73140, de 07 de mayo de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2.- Copia Informe Médico de 02 de enero de 2024, emitido por el Dr. nombre reservado; 3.- Copia de Certificado de atención psicológica en el programa de salud mental integral Pedro Aguirre Cerda, de 11 de marzo de 2024; 4.- Copia Informe psicológico de 14 de abril de 2024, emitido por la psicóloga nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

En relación con la Acción de Protección interpuesta por el Sr. nombre reservado, hace presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-31961-2024, el interesado recurrió a su representada el 11 de enero de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 04 de enero de 2024, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta NºR-01-S-38074-2024, de 8 de marzo de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito en la licencia médica reclamada no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo.

Que, la persona interesada tampoco acompaña informe de psicólogo (a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar.

Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permite a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 205 días previamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Posteriormente, de acuerdo consta en el expediente administrativo PAE código R-37193-2024, el interesado recurrió a su representada el 11 de marzo de 2024, solicitando la reconsideración del dictamen N°R-01-S-38074-2024, de 8 de marzo de 2024, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 04 de enero de 2024, por reposo no justificado.

Conforme a ello, por medio de la Resolución Exenta NºR-01-IBS-73140-2024, de 7 de mayo de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N°RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos”.

De esta forma, la referida Resolución señala que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

En relación a la presente acción de protección, indica a que e 3 de mayo de 2024, el profesional de su representada, Dr. nombre reservado, informó en relación a la situación del Sr. nombre reservado lo siguiente:

“Fundamentos de la resolución: Se sugiere mantener rechazo. Se trata de paciente con reposo ya autorizado de 205 días, ahora reclama por 30 dado por MG AE Mismo IMT que ya fue revisado por SUSESO. Único antecedente nuevo es certificado de controles en PSM, donde no se señala que tenga psicoterapia, ni describe síntomas o tratamiento”.

Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

Por otro lado, el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “Patologías mentales guías referenciales de reposo laboral”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra. Hace presente que el Sr. nombre reservado registra 205 días de reposo autorizados por patología de salud mental.

Por lo indicado, hace presente que el médico tratante de la recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº712145, figura con la siguiente inscripción: “Posee título de Médico Cirujano (medico) otorgado por Universidad Del Magdalena, Colombia, Año 2016, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 02 de agosto de 2021”.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-73140-2024, de 7 de mayo de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social mantiene el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado extendidas por un total de 30 días, a contar del 4 de enero de 2024, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar la licencia médica referida previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…el reposo prescrito por la licencia médica N°RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos”.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área que sea de su confianza y por el que, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador”.

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente y el informe evacuado por profesionales de la Superintendencia, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y Lillo, en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por la licencia médica N°RUT reservado, extendidas por un total de 30 días, a contar del 4 de enero de 2024, por reposo no justificado, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de ésta, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos.

Acordada con la prevención del abogado integrante Sr. Fonseca, quien fue del parecer de acoger la acción disponiendo derechamente el pago de la licencia médica, toda vez que, en su concepto, los antecedentes incorporados tanto en sede administrativa como ante esta Corte permiten justificar el diagnóstico del actor y por ende la procedencia del reposo prescrito en la licencia médica materia de reclamo, apareciendo la resolución impugnada como arbitraria al no hacerse cargo pormenorizadamente de los mismos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°813-2024 (Protección). -