nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro.

Recurso de protección Rol N°812-2026 La Serena, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, en representación de doña nombre reservado, venezolana, pasaporte N°RUT reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaria del Interior.

Señala que doña nombre reservado presentó el 03 de enero de 2025 solicitud de regularización extraordinaria, conforme lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley N°21.325, mediante carta dirigida a la Subsecretaria del Interior, sin embargo, no ha obtenido respuesta por parte de la autoridad administrativa, quien ha dilatado el procedimiento, excediendo el plazo de 6 meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, lo que implica un trato desigual.

Refiere que el actuar de la recurrida transgrede las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y su libre elección y contratación.

Indica que la recurrente posee arraigo laboral, familiar y educacional, por lo que la omisión de la recurrida resulta pluriofensiva.

Prosigue citando fundamentos de derecho.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se ordene a las recurridas conceder el recurso y se ordene la dictación de resolución que se pronuncie sobre la solicitud de regularización migratoria extraordinaria, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 6, don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección, sin que exista, o haya existido de parte de la autoridad, acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Refiere que no existe registro que doña nombre reservado haya ingresado al territorio nacional por paso habilitado. Añade que la recurrente señala que el 03 de enero de 2025 solicitó regularización extraordinaria ante el Ministerio del Interior.

Prosigue citando antecedentes de derecho.

Continúa señalando que el Servicio es incompetente para informar sobre los hechos fundantes del recurso, correspondiéndole informar a la Subsecretaria del Interior, toda vez que la actuación impugnada en la presente acción de protección corresponde a dicha autoridad, encontrándonos frente a la hipótesis planteada por el artículo 155 N°8 de la Ley N°21.325, en cuanto corresponde a dicha autoridad el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a folio 7, doña Fernanda Saavedra Guajardo, abogada, en representación de la Subsecretaría del Interior, evacúa el informe.

Refiere los antecedentes del recurso y la normativa aplicable al caso concreto.

Prosigue señalando que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente se encuentra actualmente en etapa de tramitación en la Subsecretaría, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve. Añade que, una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Continúa señalando que la solicitud efectuada por la recurrente requiere un análisis particularmente exhaustivo, dada la importancia que implica otorgar el permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería; alude, además, a las excesivas solicitudes que han ingresado al Servicio, no verificándose una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, que prive, perturbe o amenace ostensiblemente los derechos o garantías tutelables por esta vía, razón por la cual la acción no puede prosperar.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, por la omisión en la dictación de la resolución relativa a la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente.

Al respecto, el Servicio Nacional de Migraciones señaló que la recurrente presentó la solicitud directamente ante el Ministerio del Interior, por lo que no le compete emitir informe al respecto.

A su turno, la Subsecretaria del Ministerio del Interior solicitó el rechazo de la acción, indicando que la solicitud de la recurrente se encuentra en tramitación, previo a que la autoridad dicte el acto administrativo que la resuelva.

SÉPTIMO: Que, respecto del recurrido Servicio Nacional de Migraciones, no hay medida que esta Corte pueda adoptar, toda vez que, según fluye de los antecedentes aparejados al proceso y de lo informado, la solicitud de regularización extraordinaria fue presentada formalmente ante el Ministerio del Interior, por lo que no existe acto u omisión imputable a dicho Servicio.

OCTAVO: Que, en cuanto al recurrido Subsecretaria del Interior, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización extraordinaria efectuada por la recurrente, cuya presentación fue realizada el 03 de enero de 2025.

DÉCIMO: Que, por tanto, la dilación de la autoridad respectiva en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de regularización extraordinaria, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección respecto del recurrido Servicio Nacional de Migraciones.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Subsecretaria del Interior, sólo en cuanto se ordena a la Subsecretaria del Interior emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización extraordinaria realizada por la recurrente, dentro de plazo de treinta días corridos contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°812-2026 Protección.