nombre reservado con HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Hospital San Pablo de Coquimbo Recurso de Protección Rol 810-2023.- La Serena, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés comparece deduciendo acción constitucional de protección doña nombre reservado, en contra del Hospital San Pablo Coquimbo, representada por don nombre reservado, acción que se fundamenta en la dictación de la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, notificada a la recurrente el 03 de abril del año en curso y que ordena suprimirla del cargo de Jefa de Enfermería de la Unidad de Cirugía Ambulatoria (Hospital San pablo Coquimbo), por motivos de eficiencia de servicios públicos, que ejercía, trasladándola desde la Unidad de Cirugía Ambulatoria a “Consultorio Adosado de Especialidades –CAE”, del mismo hospital, y disponiendo igualmente el término a la prórroga de su contrato en grado 10° EUS, sin mencionar, la Resolución, nuevo grado de remuneración.

Explica que se desempeñaba como Enfermera en la Unidad de Cirugía Ambulatoria (UCA) del Hospital “San Pablo” de Coquimbo, desde el 11 de marzo de 2011, calidad jurídica a “Contrata”, y a partir del año 2013 comenzó a desempeñar el cargo de Jefa de Enfermería de esa Unidad de Cirugía Ambulatoria, asignándosele, a partir del mes del 01 de abril de 2013, conforme al cargo que comenzó a desarrollar, el grado 10 EUS, manteniéndose en forma continua e ininterrumpida desde las fechas mencionadas con anterioridad, conforme a las sucesivas y continuas prórrogas efectuadas hasta su término a partir del día 01 de abril de 2023, conforme al mérito de la Resolución Exenta N° 4596 de 29.03.2023, del Hospital Coquimbo.

Expone que en virtud de Resolución Exenta N° 9128 de 14.04.2021 del Hospital de Coquimbo, se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo en su contra, ello en razón, conforme se denunció, que con fecha 18 de junio de 2021, autorizó a una técnica en enfermería de nivel superior, a ausentarse de toda la jornada laboral en la Unidad de Cirugía Ambulatoria, sin hacer uso de permiso administrativo.

Agrega que se le imputó incumplir el denominado “Plan de Mejora de Clima Laboral” de la UCA del año 2017, que fue enviado a la ACHS, en lo que respecta a la distribución del personal en forma equitativa para el desarrollo de sus labores, contribuyendo a la mantención de un clima laboral insano, lo que generó licencias médicas de determinadas funcionarias de la Unidad, certificadas por la ACHS como enfermedades laborales en el año 2021.

Añade que presentó sus descargos y rindió prueba en las etapas procesales administrativas pertinentes, proponiendo el fiscal la aplicación de medida disciplinaria de “Censura”, la cual es aplicada por el Director del Hospital “San Pablo” mediante resolución exenta N° 27.620, de 23 de diciembre de 2022, respecto de la cual interpuso recurso de reposición ante el Director del Hospital de Coquimbo, el cual lo rechazó como consta en Resolución Exenta 2.294, de fecha 26 de enero de 2023, confirmando la aplicación de la medida disciplinaria de “Censura”.

Manifiesta que ante ello, estimando la injusticia, improcedencia e inequidad de la sanción aplicada, con fecha 03 de marzo de 2023, presentó recurso de ilegalidad ante la Contraloría Regional Coquimbo, conforme lo previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, el cual a la fecha de la presentación de esta acción constitucional, aún no ha sido resuelto.

Detalla que en esa presentación solicitó que se dejara sin efecto la sanción disciplinaria aplicada, fundamentando ello en que el sumario administrativo adolece de una serie de vicios de fondo y forma, que en definitiva invalidan todo acto y efectos administrativos derivados supuestamente del mismo.

Ejemplifica que se alegó vicios en la notificación de la Resolución sancionatoria N° 2294 de 26.01.2023, que fue notificada por carta certificada a un domicilio que jamás ha informado a su empleador.

Agrega que alegó infracción grave al debido proceso administrativo, en razón que durante la tramitación de este sumario, el Director (S) del Hospital de Coquimbo, don nombre reservado, instruyó el sumario mismo, no obstante ello, comparece en el mismo en calidad de testigo y prestando declaraciones sobre los hechos materia de sumario, tal como consta en el expediente sumarial pertinente, para luego aplicar sanciones administrativas en dicha pieza sumarial, y con posterioridad, es el mismo profesional quien resuelve su recurso de reconsideración. Vale decir, instruye el sumario, testifica en el mismo, sanciona administrativamente, para terminar rechazando los recursos administrativos que procedían en su contra. Su actuación, a todas luces es manifiestamente contraria a derecho y vulneratorio, al constituirse en juez y parte, vulneración grosera a su derecho a defensa y debido proceso.

Afirma que como consta del contenido de la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, en sus considerandos, junto con mencionar los fundamentos de derecho que facultarían al Director del Hospital San Pablo de Coquimbo para adoptar la decisión materia de este este recurso, se hace mención igualmente, para pretender fundamentar la decisión adoptada, a los cargos efectuados en el sumario instruido mediante Resolución Exenta N° 10775 de 04.08.2021. Sin embargo, no puede calificarse jurídicamente como supuestos “fundamentos” de la Resolución en cuestión, a aquellas conclusiones arribadas en un sumario que a todas luces evidencia vicios de forma y fondo, tal como se ha denunciado a la misma Contraloría General de la República, con anterioridad a esta presentación.

Hace ver que la Resolución Exenta N° 4596 recoge íntegramente las conclusiones y cargos que se imputaron a la recurrente en el sumario, con los mismos vicios ya mencionados en esta presentación, esto es, que la jefatura llamada a conocer y resolver sus recursos de impugnación y por ende, a determinar la aplicación de sanciones en su contra, intervino en el sumario prestando declaraciones como testigo, constituyéndose en juez y parte de la causa, que se hayan practicado notificaciones de resoluciones en domicilios respecto de los cuales nunca mencionó en el proceso sumarial, que los cargos imputados sean imprecisos, vagos, inconexos, sin mención de precisa y detallada de circunstancias, hechos, fechas de ocurrencia de los mismos (sin poder alegar con ello la prescripción en su oportunidad procesal administrativa), afectando su derecho a la debida defensa administrativa lo que implica una vulneración a los principios de legalidad y juricidad, careciendo en consecuencia de fundamentos fácticos que justifiquen inequívocamente la aplicación de una medida disciplinaria. Se ha visto constreñida a alegar y denunciar nuevamente estos vicios que afectan al sumario en cuestión, pues sus conclusiones pretenden justificar y motivar la decisión arbitraria adoptada por parte del Hospital San Pablo Coquimbo en su contra.

Afirma que, con ello, no resulta encontrarse motivada en derecho la decisión de la autoridad, al remitirse íntegramente a las conclusiones del sumario para pretender justificar su decisión.

Expresa que la Resolución en comento carece de motivación suficiente igualmente , toda vez que vulnera su fuero gremial, siendo actualmente Presidenta de la “Asociación de Funcionarios de Enfermeras y Enfermeros del Hospital San Pablo Coquimbo”. Así las cosas, la resolución en su considerando letra l, señala que su fuero gremial no obsta a que la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, pueda disponer la adecuación de las dependencias o la estructura interna que fija la ley. De esto se advierte nuevamente la falta de motivación del acto en cuestión, toda vez que, que se pretende recurrir a otros supuestos argumentos para modificar su situación funcionarial, amparándose en las facultades que tienen las autoridades para ello, en circunstancias que la resolución alude totalmente a su situación en calidad de inculpada en el sumario que cita como fundamento de su decisión.

Destaca que la vulneración al fuero gremial efectivamente es manifiesta, al infringir lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.296, como igualmente lo razonado por la Contraloría General de la República mediante sus dictámenes Nros. 20.166, de 08.06.1998, y 78.559, de 18.12.2012, que sostiene que el cambio de dependencia de dirigentes gremiales vulneran su fuero, en la medida que implique una alteración de funciones, tal como ha ocurrido en la especie.

Agrega que, sin perjuicio de las falencias y falta de motivación ya acusadas, la Resolución Exenta 4596, junto con disponer la supresión del cargo ejercido por más de 10 años y cesando el derecho de percibir asignación de remuneración de grado 10°, dispone que debe cumplir funciones de enfermera clínica en horario diurno en el Consultorio Adosado de Especialidades- CAE , sin mencionar ni consignar cual es el grado remuneracional que le correspondería percibir en este cargo, de jerarquía inferior, evidenciando con ello la falta de motivación que se denuncia por esta presentación.

Afirma que ante esta grave omisión, y a sabiendas que esta nueva encomendación ya implica una disminución importante de sus ingresos, afectando su situación patrimonial de manera evidente y grosera, solicitó con fecha 05 de abril de 2023, por correo electrónico al Jefe de la Unidad de Gestión de Personas que le explicitara el grado remuneracional que debía percibir, respondiéndole el 10 de abril, que la remuneración correspondía a “Grado de Inicio de E.U.S.” correspondiente a Grado 15. Este cambio de funciones y grado de remuneraciones le implica regresar a sus inicios como profesional enfermera, a partir del mes de marzo de 2011, con el grave y lesivo detrimento a su situación socio económica, ya que este grado de sueldo importa una disminución de unos $900.000 mensuales aproximadamente en sus ingresos.

Razona que, con motivo de las conclusiones viciadas y espurias del sumario administrativo, no solamente se le ha aplicado una sanción disciplinaria injusta a todas luces como lo es una “Censura”, sino que junto con ella, se le ha aplicado como sanción administrativa, la supresión del cargo de jefatura ejercido por más de 10 años, el cese de grado 10 remuneracional, y se le ha rebajado a desempeñar un cargo de menor jerarquía, con una remuneración correspondiente a aquellos que inician sus primeros pasos y servicios en el sector público, con total desdén y desprecio a sus años de servicio, prestigio, experiencia y antigüedad en el cargo y grado, habida consideración de encontrarse calificada en lista uno de distinción desde el 2012 a la fecha.

Sostiene que no se advierte de modo alguno que en la Resolución 4596 de 29.03.2023, concurran los presupuestos fácticos que regula el Dictamen N° 156769/2021 de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a los supuestos o causales que justifican y fundamentan la determinación adoptada en su contra, conforme al mismo Dictamen.

Explica que el dictamen 156769/2021, que regula instrucciones sobre la aplicación de la confianza legítima, y que dicen relación con las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la confianza en los funcionarios públicos, consigna que deben reunirse determinadas condiciones o circunstancias, entre otras la motivación del acto administrativo, que dispone en el caso de la especie, el cese de cargo jerárquico, el grado de sueldo percibido, y destinación a un cargo inferior con grado de remuneración bastante menor.

Destaca que se debe temer en consideración que el artículo 11 de la Ley N° 19.880, en lo que nos atañe, la que previene “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio…”. Por su parte, el artículo 41 del mismo cuerpo legal, en su inciso cuarto, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Manifiesta que, acorde al mérito de las instrucciones de la propia Contraloría General, aquellos actos administrativos que materialicen la decisión de no renovar una designación, o modificar su función y grado de remuneración, como ocurre en la especie, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta…”; deberán expresar los motivos, vale decir, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme los cuales ha adoptado la Administración su decisión, sin que sea suficiente la mera referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión. En la práctica, el acto administrativo adoptado en su contra, carece de toda motivación tanto en los presupuestos fácticos como en los fundamentos de derecho, en los términos y condiciones que exige la propia Contraloría General de la República.

Sostiene que, como lo sostiene el propio Dictamen 156769N21, se ha recurrido por parte de la Dirección del Hospital San Pablo Coquimbo a emplear supuestos argumentos de carácter genéricos, ambiguos, sin una fundamentación real, objetiva y legal, sin explicar en rigor la adopción de la medida adoptada en su contra, en relación directa y e individual sobre su persona, no permitiendo en definitiva conocer la razón por la cual la autoridad pertinente decidió adoptar esta decisión.

Afirma que la falta de motivación del acto administrativo adoptado por la Dirección del Hospital San Pablo de Coquimbo, es tan evidente, grosero y manifiesto, que no sopesó ni consideró de modo alguno su desempeño funcionarial desde que ingresó el año 2011 a prestar servicios al centro hospitalario. En este sentido, y tal como consta del mérito de la documentación que se acompaña en un otrosí de esta presentación, ha sido calificada en Lista 1 de “DISTINCIÓN”, desde el año 2012 a la fecha.

Estima que la resolución de marras no cumple con los estándares legales y administrativos que habiliten modificar y alterar su cargo y grado de remuneración, a uno inferior, al no tratarse de un acto administrativo debidamente fundado. En este entendido, debe tenerse en consideración que la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, “se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata que correspondan al jefe superior del servicio contenido en el Estatuto Administrativo, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente corresponde aplicar las disposiciones de la referida Ley 19.880. Ahora bien, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquellos sobre transparencia y publicidad consagrados en el artículo 16, en el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas...” (Sentencia de Iltma. Corte de Apelaciones San Miguel, Rol Ingreso Corte N° 141-2022 sobre Recurso de Protección)

Reitera que el acto administrativo objeto de esta acción constitucional, no contiene fundamentos racionales y legales, tal como se ha expuesto, vulnerando con ello lo que en doctrina se acepta ampliamente en cuanto que todo acto administrativo goza de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, lo que importa que, esta Resolución impugnada, debiera ser fundada mediante una resolución completa, razonada y suficiente, indicando las razones legales y fácticas que se tengan a la vista para adoptar las decisiones de que se trata, presupuestos que no se cumplen con la Resolución Exenta 4596 de 29.03.2023.

Prosigue haciendo ver que, conforme a las instrucciones emanadas del Dictamen E156769N21 de 18.11.2021 de la Contraloría General de la República, resulta inequívoco sostener que cualquier otra infracción a los deberes u obligaciones de los funcionarios, que no importen la aplicación de una sanción de “destitución”, no puede servir de fundamento para la no renovación o el término anticipado de una contrata, ni mucho menos el cambio de funciones y rebaja de grado remuneracional, absolutamente lesivo a sus intereses patrimoniales, como ha ocurrido en la especie.

Refiere a la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema, que conociendo de recursos de protección sobre la materia, ha sostenido que si la razón que se pretende invocar para no renovar una contrata o bien para ordenar el término anticipado de quien se desempeña a contrata, respecto de quien goza de “confianza legítima”, como sucede en su situación funcionarial, es una deficiente evaluación de sus aptitudes o desempeño en el cargo, lo que corresponde en estricto rigor es efectuar dicha evaluación por medio del procedimiento establecido en la ley para dicho fin, vale decir, la calificación regular, para con posterioridad ubicar al funcionario en la lista correspondiente, y si procediere conforme lo anotado, disponer su cese de contratación o prórroga del mismo. En el caso en particular, tal como se advierte de la documentación acompañada en un otrosí de esta presentación, se encuentro calificada en Lista Uno de distinción, desde el año 2011 hasta el 2022, motivo por el cual resulta absolutamente arbitrarios y discrecionales, los cambios decretados por el recurrido en cuanto al cargo y grado de sueldo que ostentaba hasta el 30 de marzo de 2023.

Sostiene que, encontrándose amparada por la confianza legítima, resulta a todas luces improcedente que se pretenda fundamentar y/o justificar la supresión del cargo ejercido desde el año 2013, el cese de grado 10 de remuneración de que gozaba, para ejercer labores de menor jerarquía y con un grado de sueldo 15, si desde el año 2011 ha sido calificada en lista 1de distinción, sin sanciones de por medio, y producto de los resultados espurios de un sumario viciado en todas su partes, que propuso aplicar una sanción de menor entidad como una Censura.

Agrega que se debe tener en consideración lo preceptuado en el artículo 10, inciso primero, de la ley N° 18.834 y 2°, inciso tercero, de la Ley N° 18.883, los cuales definen los cargos a contrata, en términos similares, como aquellos que duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que se hubiese ordenado su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. Así las cosas, la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos 30 días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que debe concordarse con los nuevos criterios adoptados por la Contraloría General, en especial mediante su Dictamen N° 22.766, de 2016, lo que implica también en un límite temporal para que la jefatura de un servicio público determine la no renovación del vínculo, o su renovación en condiciones diferentes , por medio de la dictación del respectivo acto administrativo, en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima.

Asevera que cuando se ha generado en el funcionario la legítima expectativa de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones, tales como poner término al vínculo, no renovar o cambiar condiciones de cargo y grado de remuneraciones, deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse como en derecho proceda. En el caso sub-lite, la Resolución materia de presentación de este medio recursivo, le fue notificada con fecha 03 de abril de 2023, produciendo sus efectos a partir del 01 de abril de los corrientes, circunstancia que vulnera en forma manifiesta y grosera lo preceptuado en el Dictamen E156769N21 de 18.11.2021 de la Contraloría General de la República, respecto de la extemporaneidad para dictar el acto administrativo pertinente de la especie, que le afecta en sus intereses y derechos como funcionaria, debiéndose, de corresponder en derecho, haber notificado el acto administrativa en cuestión, a más tardar el 30 de noviembre de 2022.

Prosigue haciendo presente que de la simple lectura de la Resolución Exenta 4596 de 29.03.2023, no consigna en su contenido, referencia alguna a los recursos de impugnación que le asistirían, sean en el orden administrativo sean el orden judicial; En consecuencia, dicha resolución no cumple con las exigencias impuestas por la propia Ley y la Contraloría General de la República, respecto de la indicación del régimen recursivo en el acto que decidió suprimir el cargo de jefatura que ejercía la actora, como asimismo, cesar en su derecho a percibir remuneración en grado 10, al no ejercer cargo de jefatura.

Cita el artículo 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, transcribiéndolo en lo pertinente, para hacer presente que la resolución materia de esta reclamación omitió consignar todos los medios recursivos que asisten en contra de la misma, sean éstos administrativos o judiciales.

Recalca que estas exigencias no son facultativas para la Administración, por el contrario, constituyen un imperativo, una obligación legal, que se ajusta en las normas de un debido proceso administrativo, en particular con el derecho a defensa que le asiste a todo interesado al cual le afecten las decisiones de la autoridad, exigencia que en el caso de marras, no se cumplió derechamente.

Insiste que rige en su favor el principio de la confianza legítima, toda vez que no concurren en la especie las causales o circunstancias excepcionales que permiten poner término anticipado a las funciones y cargo que ejercía desde el año 2011, como igualmente, el término del goce de remuneraciones correspondientes a grado 10 E.U.S., para ser destinada a ejercer funciones de menor jerarquía funcionarial y con un grado de sueldo 15, implicando con ello un grave detrimento a su dignidad y prestigio profesional, como asimismo, un detrimento económico de proporciones, al verse disminuido sus ingresos remuneracionales en unos $900.000 mensuales aproximadamente, según se ha explicitado latamente. En este entendido, y tal como lo sostiene tanto la jurisprudencia administrativa y judicial aplicable en la materia, para que un funcionario pueda estimar aplicable el principio de confianza legítima en su favor, basta que se haya desempeñado por más de dos años en el cargo a contrata, que en su caso en particular, se cumple a cabalidad toda vez que se encuentra desempeñando funciones en el Hospital San Pablo Coquimbo, como Profesional grado 10°, contrata, desde el 11 de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2023, según mérito de los propios documentos emanados del señalado centro hospitalario.

Subraya que existe una prórroga de su contratación, reiterada e ininterrumpida por más de 10 años en el mencionado órgano público, en el cargo de “Jefa de Enfermería de la Unidad de Cirugía Ambulatoria”, con grado de remuneración 10° EUS, lo que torna en permanente y constante la mantención del vínculo con el mismo, causando con ello, para esta recurrente, una legítima expectativa que la indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación administrativa para el siguiente periodo contractual y año 2023 y siguientes.

Afirma es improcedente su caso en particular la aplicación de las causales que permiten y habilitan el término y cambio de funciones y grado de remuneraciones, la Resolución 4596 de 29.03.2023 carece de los requisitos y estándares exigidos por la Contraloría General de la República y fallos jurisprudenciales de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, al contener una decisión administrativa carente de motivación para pretender justificar el término anticipado de sus funciones, como igualmente, haber recurrido ilegalmente al resultado de un Sumario Administrativo para pretender justificar su espuria decisión, en circunstancias de encontrarme calificada desde el año 2011 en lista uno de distinción, la circunstancia de no haber respetado el plazo que el organismo contralor ha determinado para notificar una decisión que afecte la no renovación o cese de una contrata, esto es, a más tardar el 30 de noviembre del año respectivo, en el caso en particular, del año 2022, haber omitido consignar íntegra y totalmente el régimen recursivo que me asistía deducir en contra de la citada resolución, vulnerando con ello el debido proceso administrativo, en lo concerniente a su derecho a la adecuada y oportuna defensa administrativa.

Cita, en relación a la confianza legítima, la sentencia de la Excelentísima Corte rol N° 38.681-2017 de fecha 13.03.2018, transcribiendo los considerando séptimo y octavo, para reiterar el mismo argumento, ahora con una cita de considerando séptimo de la causa rol 12.631-2022.

Sostiene que la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023 emanada del Director del Hospital San Pablo Coquimbo, por la cual dispuso suprimir del cargo de “Jefa de Enfermería de la Unidad de Cirugía Ambulatoria ( Hospital San Pablo Coquimbo), por motivos de eficiencia de servicios públicos, que ejercía, como asimismo, trasladarme desde la Unidad de Cirugía Ambulatoria , a “Consultorio Adosado de Especialidades –CAE”, del mismo hospital, y disponiendo igualmente el término a la prórroga de mi contrato en grado 10° EUS, sin mencionar en esta Resolución, cual es el nuevo grado de remuneración, vulnera en el legítimo ejercicio de los derechos contenidos en los números 2°, 3° inciso 5°, 4°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica, en relación a la igualdad ante la ley, que la recurrida, para dictar la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, no basó su decisión en ningún fundamento legal y racional que lo amerite, al no expresar con claridad los hechos que motivaron su actuar como igualmente, las disposiciones legales que fundamentaban su decisión, es más, del análisis de ambas resoluciones se advierte claramente que contienen decisiones disimiles, una de otra. Afirma que esta decisión ilegal y arbitraria atenta en contra de la igualdad ante la ley , ignorando los motivos reales adoptados para poner término a la prórroga de su contrato de grado 10 EUS, término del cargo de jefa de enfermería, para pasar a un cargo de menor jerarquía y grado 15° EUS, sin que haya mediado evaluación o estudio previo de su desempeño, en base a criterios objetivos establecidos en la ley. Así, el actuar de la recurrida también ha infringido con su actuar el artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos estatales, al regular el principio de Imparcialidad, esto es, que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte…”.

En relación a la infracción al artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental, la garantía de juez natural, expone que dadas las razones ya expuestas y que dejan de manifiesto la arbitrariedad e ilegalidad del acto impugnado, se le ha aplicado en la práctica una verdadera sanción disciplinaria administrativa, aparte de la medida disciplinaria consistente en “Censura”, aplicada por medio del Sumario Administrativo ya señalado, vulnerando con ello el Principio “Non Bis In Idem”, sin que haya emanado de una autoridad legalmente constituida que ejerza jurisdicción, que al menos me haya formulado cargos para saber qué se le imputa, y ante la que yo haya tenido la posibilidad de defenderme y desvirtuar las imputaciones, deviniendo así el Director del Hospital San Pablo Coquimbo en una “comisión especial”.

Fundamentando la afectación al artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, expresa que la resolución impugnada, constituye un pésimo antecedente en su hoja de servicios, que provocará dudas e incertezas acerca de su desempeño, prestigio y buen nombre, tanto profesional funcionarial como particular, tanto en el propio Hospital de Coquimbo en que presta actualmente servicios, como en cualquier institución pública o privada en la que pretenda desempeñarse a futuro, de corresponder, amén de suspicacias ideológicas, recelos profesionales y personales, entre otras afecciones a la imagen acerca de su desempeño funcionarial. Este desprestigio ya le pesa muy especialmente, desde luego, en su área de experiencia y conocimientos profesionales en el ámbito de la salud, entorno en el cual ya se cuestiona su idoneidad y probidad para la función pública sin que haya mérito fundado y racional para ello, al haber estado investido del ejercicio de un cargo directivo y jerárquico de alto nivel, para luego ser rebajado dicho cargo a otro de menor jerarquía y escala de sueldo, sin motivos racionales y legales algunos.

En relación al artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, explica que dicha garantía protege el trabajo en sí, por su función social, y el derecho al trabajo, entendiéndose por este último al que asegura al trabajador cierta estabilidad o permanencia en su empleo o labor” (J.L. CEA, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Derechos, deberes y garantías .Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004, p 427).

Destaca que la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol 38.681-2017, ha señalado que “el artículo 89 de la Ley N° 18.834, plasma el principio según el cual, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a quienes detentan la condición “ a contrata”, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, toda vez que el artículo 3 letra c) de dicha norma legal, define el “ empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “ empleo” que utiliza el mencionado artículo 89, es comprensivo del funcionario que se desempeña a contrata.

En cuanto al derecho de propiedad consagrado en el N° 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, afirma que la estabilidad en el empleo es un bien incorporal, derivado de la función pública. No es un derecho absoluto, sino que es la consecuencia del ejercicio de esta función. Una de sus consecuencias, es que confiere al funcionario el derecho a ser debidamente juzgado por un juzgador imparcial, de modo que sólo mediante una decisión debidamente fundada y motivada se produzca, en mi caso, el término de la prórroga de un contrato en grado 10° EUS, disponiéndose la contratación a uno en grado 15° de EUS.

Solicita tener por interpuesta acción constitucional de Protección, en contra de la Resolución Exenta N° 4596 de fecha 29 de marzo de 2023 de la Dirección del Hospital San Pablo Coquimbo, someterlo a tramitación y en definitiva acogerlo, disponiendo: 1.-Dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 4596 de fecha 29 de marzo de 2023 de la Dirección del Hospital San Pablo Coquimbo , emanado del Director nombre reservado, y las actuaciones y obligaciones que de él se deriven; y en consecuencia; 2.-Disponer que se mantenga su contratación grado 10° EUS, en pleno ejercicio de mis derechos, deberes y obligaciones inherentes al cargo y grado, en el Hospital San Pablo Coquimbo; 3.-Ordenar al Hospital San Pablo Coquimbo, el pago de todas las remuneraciones y estipendios que me corresponden, debidamente reajustados, desde la fecha en que he estado privada del sueldo correspondiente al grado 10° de la EUS; 4.-Cualesquiera otras medidas que SS. Iltma estime pertinentes en la especie, a fin de restablecer el Imperio del Derecho y asegurar mi debida protección y, 5.-Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos; 1.- Resolución Exenta N° 4596, de fecha 29 de marzo de 2023, emanada del Director del Hospital San Pablo Coquimbo, en virtud de la cual se dispone la supresión del cargo de Jefa de Enfermería de la Unidad de Cirugía Ambulatoria, como igualmente, el cese del grado 10 de su remuneración; 2.-Resolución Exenta N° 2294, de fecha 26 de enero de 2023, emanado por parte del Director (S) del Hospital San Pablo Coquimbo, en virtud de la cual se notifica rechazo de recurso de reposición , y conforma aplicación de medida disciplinaria de “Censura”; 3.- Recurso de Ilegalidad interpuesto con fecha 03 de marzo de 2023, ante la Contraloría Regional Coquimbo, solicitando que se deje sin efecto la medida disciplinaria de “Censura”; 4.-Correo electrónico impreso de fecha 03 de abril de 2023, enviado por nombre reservado, Jefe de Unidad de Gestión de Persona, al correo de la asociación gremial de Enfermeros y Enfermeras, de la cual soy es parte de su directiva, comunicando que fue notificada de la Resolución que dispuso mi cambio de servicio; 5.- Correo electrónico impreso de fecha 10 de abril de 2023, enviado por nombre reservado, Jefe de Unidad de Gestión de Persona, al correo de la recurrente, en virtud del cual se le comunica que el nuevo cargo dispuesto, tiene asignado grado 15 EUS; 6.-Certificado emitido por nombre reservado, Jefe (S) de la Unidad de Gestión de Personas del Hospital Coquimbo, en virtud del cual da cuenta que se desempeñó en este establecimiento, desde el 11 de marzo del 2011, al 31 de diciembre de 2023, como Profesional Grado 10, Contrata; 7.-Certificado de antigüedad emitido con fecha 04 de abril de 2023, por parte de don nombre reservado, Jefe de Unidad de Gestión de Personas, en virtud del cual da cuenta que se desempeñaba como Profesional grado 10 E.U.S., en Unidad de Cirugía Ambulatoria, desde el 11 de marzo de 2011 hasta la fecha; 8.-Listado de Calificaciones emitido con fecha 17 de abril de 2023, por Jefe de Unidad de Personal del Hospital Coquimbo, que da cuenta de la calificación en Lista 1 de Distinción, desde el año 2012 al 2022; 9.-Certificado que da cuenta del registro de relación de servicios de la actora, emitido por la Jefa de Unidad Gestión de Pacientes, de fecha 06 de abril de 2023, y 10.-Certificado N°404/2022/481, de la Dirección del Trabajo, en virtud del cual consta su calidad de Presidente de la “Asociación de Funcionarios de Enfermeras y Enfermeros del Hospital San Pablo Coquimbo”.

SEGUNDO: Que, evacuó informe don Fernando Antonio Cortés López, abogado, en representación del Hospital San Pablo de Coquimbo, quien efectúa un resumen del recurso de protección deducido por doña nombre reservado, para luego de ello referirse a la naturaleza del vínculo que une al funcionario con la Administración, exponiendo que, como lo señala en varias oportunidades la recurrente, esta sería funcionaria a contrata del Hospital San Pablo de Coquimbo. En razón de esto, el vínculo que une a la funcionaria con el Estado no es de naturaleza contractual de derecho común, sino estatutaria. La relación nace con el nombramiento, el cual, una vez aceptado, incorpora a la persona designada un régimen legal preestablecido por la ley.

Citando el artículo 10 del Estatuto administrativo, destaca que los funcionarios a contrata son aquellos que desempeñan labores permanentes mediante su adscripción a cargos de carácter transitorio y, previa transcripción de la disposición, subraya que los cargos a contrata, al no tener un grado definido, se asimilan a un grado de la respectiva planta, según la naturaleza e importancia de la función.

Concluye, en base a lo analizado, que yerra la recurrente al afirmar que el funcionario adquiere, en razón de la confianza legítima, la propiedad de un grado determinado en la Escala Única de Sueldos.

Analiza las facultades del Director del Hospital San Pablo de Coquimbo, haciendo presente y recordando que las facultades que le otorga la ley al Director del Hospital para perseguir la responsabilidad administrativa corren por cuerda separada de las facultades que le otorga el Decreto 38 de 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimiento de Autogestión en Red respecto de la Organización interna del Establecimiento.

Cita el 23 del referido cuerpo normativo, para destacar que al Director le corresponde las funciones de dirección, organización y administración del Establecimiento Autogestionado, teniendo, entre otras facultades, la de: “c) Organizar internamente el Establecimiento Autogestionado y asignar las tareas correspondientes, conforme a la ley, al presente Reglamento y en concordancia con las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto[…]” y “f) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al Establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa, higiene y seguridad laboral, y gestión de recursos humanos”.

Respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe superior de servicio”.

Subraya que, de lo anterior se observa que la Resolución Exenta N°4596, de 29 de marzo de 2023 corresponde a la manifestación de una decisión del jefe de servicio respecto de la Organización del Establecimiento.

Afirma que, en razón de lo anterior, podemos establecer que el Director del Hospital actúa dentro del ámbito de sus competencias y en la forma que prescribe la ley, no existiendo un vicio de juridicidad en los términos del artículo 7° de la Constitución Política de la República.

Haciéndose cargo de la motivación del acto administrativo que se impugna, esto es, la referida Resolución Exenta N°4.596 de 29 de marzo de 2023, tiene el objetivo de continuar con una serie de cambios y modificaciones estructurales previos en la Unidad de Cirugía Ambulatoria por razones de eficiencia, de lo anterior se da cuenta en el considerando m) de la referida resolución y en la parte resolutiva en donde se señala que el cambio es “debido a la restructuración de dicha Unidad, por motivos de eficiencia de servicios públicos.”

Prosigue señalando que, si bien se hace referencia a la existencia de sumarios administrativos, estos se toman en consideración por la autoridad del Hospital como un antecedente para tomar la decisión de realizar un cambio en específico en la organización interna, pero en caso algún han sido los procesos sumariales el único fundamento para arribar a la decisión de supresión del cargo de jefatura de enfermería.

Agrega que en los considerandos i) y j) la existencia de una serie de falencias detectadas que dan cuenta de la falta de supervisión e incumplimientos de planes de mejoras que determinaron una baja productividad en la Unidad de Cirugía Ambulatoria e incumplimiento de compromisos de Gestión Institucional. Todo lo anterior se tuvo a la vista para que el Director del Hospital, dentro sus facultades de organización y en el contexto de una restructuración que ha significado la encomendación de funciones de encargatura a distintos niveles dentro de la Unidad, decidiera suprimir el cargo de enfermera jefe que detentaba la funcionaria, siendo necesario establecerle nuevas funciones.

Afirma que se cumple en la resolución con los deberes de motivación señalados en el artículo 11 y 41 de la Ley 19.880.

Explicando el deber de motivación refiere que el estándar establecido por la Contraloría General de la Republica en el Dictamen E156769 / 2021, señala “Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas. […] De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017, y de este Órgano de Control, podrán servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, entre otros[…].

Analizando los argumentos relativos a la confianza legitima, expresa que se extiende la recurrente en varias páginas explicando en que consistiría la confianza legitima de renovación de las contratas, exponiendo las líneas de la jurisprudencia administrativa respecto a los requisitos que debe cumplir la administración del Estado para no renovar contratas que cuentan con dicha confianza legitima, requisitos que emanan naturalmente del deber de motivación de los actos administrativos.

Advierte que la situación que se expone en el caso de autos es diametralmente distinta a la que se plantea por la recurrente, toda vez que lo que se ha producido en el caso de autos es la restructuración de una Unidad del Hospital que conllevo la supresión del cargo que detentaba la recurrente, hecho que es la continuación de decisiones previas que constan en el acto administrativo como fundamento.

Expresa que lo anterior tuvo como consecuencia que a la funcionaria se le asignaran funciones distintas a las que detentaba previamente, razón por la cual no correspondería mantenerla en el mismo grado, por ser distinta la responsabilidad asociada a las funciones.

Cita, en apoyo de lo referido, el Dictamen 156.769 de 2021, que la misma reclamante cita en el recurso, el cual establece: “De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017, y de este Órgano de Control, podrán servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, entre otros: - La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario. - La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente. - Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal (aplica dictamen N° 25.143, de 2017, de esta Entidad de Control)”.

Arguye que no se está ante un acto administrativo que adoleciera de ilegalidad. A reglón seguido se puede afirmar que tampoco se está ante un acto administrativo que adolezca de un vicio de arbitrariedad, lo anterior por tratarse de un acto fundado en razones objetivas.

Descarta la existencia de un acto que sea ilegal o arbitrario que requiere la acción Constitucional que se intenta.

Refiere a la notificación del acto administrativo, expresando que el recurrente desnaturaliza el tenor y sentido del artículo 45 de la Ley 19.880 y las instrucciones entregadas por la Contraloría General de la República en dictamen E156.769 de 2021.

Hace ver que la recurrente alega que yerra el Hospital al notificar del acto administrativo el mes de abril de 2023, señalando que, como la funcionaria tendría confianza legítima de ser renovada en su contrata, el acto debía ser notificado previamente y a más tardar el 30 de noviembre del año anterior, el 2022.

Afirma que tal conclusión es errada pues, como se observa del tenor del documento que acompaña la misma recurrente, la decisión de modificar la estructura organizacional suprimiendo el cargo que detentaba la funcionaria es del 29 de marzo de 2023, encontrándose dentro de las facultades del Jefe de servicio, la de dictar dicho acto en razón de la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio.

Destaca que el referido artículo 45 de la Ley 19.880 que el acto administrativo debe ser notificado al interesado a más tardar en los 5 días siguientes a aquel en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo.

Cita nuevamente el dictamen 156.769 de 2021: “[…]el acto administrativo que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor, su no renovación o su renovación en condiciones diferentes, deberá ser notificado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su dictación, la que como se dijo puede tener lugar hasta el 30 de noviembre, por lo que su comunicación solo puede efectuarse dentro de los cinco días siguientes a esa fecha”.

Explica que, por ejemplo, si el acto administrativo hubiera sido totalmente tramitado el 27 de noviembre de 2023, se tendría que notificar a los 5 días desde su total tramitación, pero, esa notificación no podría pasar del 30 de noviembre de 2023.

Sostiene, en base a lo anterior, que no tiene sentido afirmar que un acto administrativo de 29 de marzo de 2023, debiera ser notificado previamente a su total tramitación e incluso a la toma de la decisión, el 30 de noviembre del año 2022.

Hace presente que el acto administrativo fue notificado a la funcionaria el 03 de abril de 2023, dentro de los 5 días siguientes a su total tramitación, hecho reconocido en el recurso y que, desde esa fecha, la recurrente ha presentado recursos administrativos y este recurso judicial, cuestión que implica no existir vulneración al derecho al recurso.

En relación a los derechos que se ven vulnerados, explica, en relación a la supuesta afectación al Derecho a la Igualdad, que en su faz activa la protección de la igualdad se traduce en la interdicción de la arbitrariedad, lo que obliga a la administración del Estado, en su actuar, a fundamentar, razonadamente, cada una de sus decisiones, inclusive aquellas realizadas en el contexto de una facultad discrecional.

Explica que, como se ha señalado y se demuestra en el acto administrativo en comento, las decisiones que han sido tomadas por la administración en este caso son totalmente fundadas, siendo los fundamentos razonados y lógicos.

Hace ver que una situación distinta en donde el funcionario permanece asimilado a un grado pese a ser asignado a funciones y responsabilidades diversas sin estar amparado por una disposición legal sería una discriminación positiva en su favor que significa una afectación al principio de igualdad.

En relación a la supuesta afectación al derecho al juez natural y la existencia de una comisión especial que se denuncia en el recurso, que, como se ha señalado al principio respecto de las facultades del Director del Hospital, se pone en relevancia nuevamente que las facultades disciplinarias del Jefe de servicio corren por cuerda separada respecto de las facultades para determinar la organización interna.

Afirma que las conclusiones a las que se haya arribado en el contexto de un sumario administrativo en donde se da cuenta de incumplimientos de metas institucionales en post de la población toda sirvan de antecedente para que el Director del Hospital tome la decisión de realizar cambios en la estructura y funcionamiento.

Señala que no se trataría de una sanción asociada a las facultades correctivas del jefe de servicio, sino de una modificación en la forma de trabajo con el fin de mejorar el funcionamiento del Hospital en razón de las falencias detectadas.

En cuanto a la supuesta afectación al artículo 19 N°4, respecto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, expresa que se realizan una serie de alegaciones sin especificar si se alega una afectación a la privacidad, o a la honra de la recurrente. Solamente hace referencia marginal a una supuesta afectación a la imagen, realizando una errónea interpretación de dicho derecho de construcción jurisprudencial que no se encuentra expresamente plasmado en el texto Constitucional.

Destaca que de conformidad a lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la Republica y lo dispuesto en la Ley 20.285, los actos de la administración son públicos salvo que exista causal de reserva.

Expresa que, en ese sentido, el Hospital San Pablo de Coquimbo, en el contexto de la transparencia presupuestaría, debe informar periódicamente a través de los portales de transparencia activa, los gastos que se realizan en el personal, con indicación del nombre de los funcionarios, su grado y remuneraciones.

De ello deriva que, los efectos que se puedan producir del cumplimiento de dicha normativa han sido ponderados por el legislador al momento de establecer la obligación y, por tanto, no habría vulneración a los derechos de la funcionaria en la forma en que lo intenta fundamentar.

Analizando la supuesta vulneración al artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, destaca que al momento de referirse a una supuesta vulneración a la Libertad en el empleo el recurrente expone una serie de definiciones del contenido de la garantía constitucional y su relación con el cargo público que detentaría la funcionaria. Sin embargo no se refiere al cómo se vería afectada la garantía ni cual sería el grado de afectación.

Estima que, de dicha forma, es difícil extenderse a informar sobre este punto, advirtiéndose que de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Policita de la República, son sujetas a tutela a través de la Acción de Protección solo aquellas situaciones vulneratorias relativas a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto del numeral 16°.

Así, no se advierten del relato realizado por el recurrente, alguna afectación a la libertad de elección de trabajo ni a la libre contratación.

Haciéndose cargo de la supuesta afectación al Derecho de propiedad, explica que la recurrente alega que la actuación del Hospital San Pablo de Coquimbo significaría un atentado al derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la Republica reconoce a todas las personas, señalando que la estabilidad en el empleo sería un bien incorporal derivado de la función pública. En este punto nuevamente omite el recurrente en señalar el cómo se produciría la afectación y el grado de ésta.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior es necesario hacer presente que se tiene que descartar toda posible alegación que se realice respecto a una propiedad sobre la función o permanencia en el empleo. En ese sentido la jurisprudencia nacional ha asentado que no existe “propiedad en el empleo” o derecho a “ocupar en propiedad un cargo”. En un segundo término, de entenderse que existe una propiedad indubitada y objeto de protección en los términos de los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución, sobre los intereses anexos al empleo, debe entenderse a estos como bienes incorporales. Como derechos, la existencia de los bienes incorporales se agota en la estructura de su titularidad, las facultades que lo constituyen y un contenido o entidad económicos, derivado de dichas facultades.

Destacando que los Derechos Fundamentales tienen estructura de principios y que como tales son mandatos de optimización que obligan a su cumplimiento en mayor o menor medida, se tiene que determinar en un segundo momento la delimitación o límites del derecho. Los límites de protección de la propiedad que se pueda tener sobre los intereses asociados a la estabilidad del empleo, entre ellos la confianza legitima de continuidad en la renovación de contrata, los encontramos en las facultades que tiene el superior de determinar la no renovación a través de un acto fundado.

En consecuencia, estima, que la referida protección se reduciría, a que la decisión de asignar nuevas funciones y grado sea fundada. Por lo tanto, encontrándose dentro del actuar lícito del Director del Hospital San Pablo de Coquimbo la asignación de nuevas funciones, esta facultad se encuentra dentro de la delimitación natural de los referidos intereses.

Sostiene que ello es reafirmado por la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República es constante en afirmar que se encuentra dentro del actuar lícito del superior determinar la no renovación, su terminación anticipada o la contrata en condiciones diversas del funcionario a contrata.

Destaca que en relación a la posible colisión entre la facultad que tiene la autoridad superior y la confianza legítima, Contraloría ha señalado en Dictamen 8.243, de 23 de abril de 2020, lo siguiente “En este contexto, este Ente de Control ha sostenido en el dictamen N° 6.400, de 2018, entre otros, que las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda a lo menos-, originan en los respectivos servidores la confianza legítima de que tal Práctica será reiterada en el futuro, de modo que para adoptar una decisión diversa es menester que la autoridad mita un acto administrativo que explicite los fundamentos que la avalen, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, respecto de la persona afectada. Así, dicha jurisprudencia no afecta las facultades que tiene la autoridad para decidir la no renovación de un funcionario a contrata, su término anticipado o contratación en condiciones diversas, en conformidad con las disposiciones legales pertinentes, ya que solo ha precisado que en las situaciones en que la superioridad resuelva un actuar distinto, debe materializarlo a través de un acto fundado y debidamente comunicarlo al interesado, a fin de que este obrar no sea calificado de arbitrario”.

Afirma que suponer de forma contraria, que el ámbito que esta protección de la propiedad que el recurrente hace extensiva a la estabilidad en el empleo y la confianza legítima que aduce, es absoluta y que ésta se traduce en una obligación por parte del superior de no modificar las condiciones de contratación a pesar de existir razones fundadas, sería totalmente contrario a la racionalidad que exige nuestro sistema iusfundamental e implicaría una afectación a los fines declarados del Estado Chileno.

Sostiene que nos encontramos frente a un recurso improcedente que debe necesariamente ser desestimado, por cuanto: 1.- El acto impugnado no es ilegal; 2.- El acto impugnado no es arbitrario; 3.- El acto impugnado no ha afectado derecho constitucional alguno y, 4.- Adolece el recurso de determinar algún grado de afectación en específico.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado al Hospital San Pablo de Coquimbo, y, en definitiva, previo los trámites de rigor, rechazar en todas sus partes el Recurso de Protección incoado en autos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales con-templado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio de tales garantías fundamentales.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- deber ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la acción de protección deducida en estos autos dice relación con el acto administrativo materializado en la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, notificada a la recurrente el 03 de abril del año en curso y que dispuso: i.- Suprimir del cargo de jefa de la Unidad de Cirugía Ambulatoria a doña nombre reservado; ii.- Destinar a la señora nombre reservado, profesional, enfermera, grado 10° E.U.S., contratada a 44 hrs. semanales desde la Unidad de Cirugía Ambulatoria a Consultorio Adosado de Especialidades-CAE; iii.- Determinar la dependencia directa de doña nombre reservado Consultorio Adosado de Especialidades-CAE y fijar sus funciones, conforme cuadro que se detalla; iv.- Establecer que la recurrente se desempeñará como enfermera clínica en el Consultorio Adosado de Especialidades-CAE en horario diurno y que, al no ejercer encomendación de funciones como jefatura no le corresponde derecho a percibir remuneración en el grado 10, ello conforme los dictámenes que se singularizan y, v.- Que el cambio de funciones se materializará a partir del 01 de abril de 2023.

SEXTO: Que, el artículo 25 A de la Ley N° 19.937, dispone que “Los establecimientos de salud dependientes de los Servicios de Salud, que tengan mayor complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización administrativa y número de prestaciones, obtendrán la calidad de ‘Establecimientos de Autogestión en Red’, con las atribuciones y condiciones que señala este Título, si cumplen los requisitos que se determinen en el Reglamento a que se refiere el inciso siguiente”. Por su parte, el artículo decimoquinto transitorio de la Ley N° 19.937 reconoce al Hospital de Coquimbo la calidad de "Establecimiento de Autogestión en Red", ello con las atribuciones y condiciones que señala el Título IV del decreto ley N° 2.763, de 1979, cuando cumplan los requisitos que establezca el reglamento señalado en el mencionado artículo. El artículo 25 E de la Ley N° 19.937, dispone que la administración superior y control del establecimiento corresponderán al Director y el artículo otorga a éste las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente establecimiento, correspondiéndole, entre otras atribuciones: c) Organizar internamente el Establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme a la presente ley, el Código Sanitario y las demás normativas vigentes y, f) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento.

Respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe superior de servicio.

Un Reglamento, emitido a través del Ministerio de Salud, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas necesarias para ejercer las funciones de que trata el presente literal.

Por su parte el artículo 23 del Decreto Supremo N° 38, Reglamento Orgánico de Los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red, de diciembre de 2005, del Ministerio de Salud, el que establece que al Director le corresponden las funciones de dirección, organización y administración del Establecimiento Autogestionado, entre ellas el “c) Organizar internamente el Establecimiento Autogestionado y asignar las tareas correspondientes, conforme a la ley, al presente Reglamento y en concordancia con las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto.

El Director podrá diseñar la estructura organizacional, la cual deberá estar formalizada mediante resolución, la que deberá estar respaldada por manuales de organización, de acuerdo a las políticas y normas”.

SÉPTIMO: Que, establecida la facultad que posee el director de un establecimiento de autogestión en red, como lo es el Hospital de Coquimbo, de administración del personal destinado al mismo y de organizar internamente el establecimiento autogestionado, se hace necesario determinar si el acto administrativo que es impugnado cumple con la necesidad de motivación exigida por la ley.

OCTAVO: Que, la motivación corresponde a “un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. (C.S. rol 7025-2017), de forma tal que dichos elementos constituyen presupuesto necesario de validez del mismo, permitiendo determinar o establecer los motivos internos que tuvo la Administración para su dictación de forma tal que cumpla con las exigencias de legalidad y razonabilidad. De ello deriva que la motivación es, por una parte, un elemento formal del acto administrativo, pero también uno de sus requisitos esenciales, de modo que la omisión genera la nulidad del mismo y, por tanto, la privación de sus efectos normales. Esa ausencia o falta de motivación puede concurrir por estar frente a una ausencia de motivación –carecer el acto de motivos de hecho y de derecho–, como por una motivación insuficiente. El deber de motivación de los actos de la administración deriva, desde la perspectiva constitucional, del artículo 8° de nuestro texto fundamental, al consagrar los principios de publicidad y transparencia de los actos de todos los órganos del Estado, lo cual, a nivel legal se refuerza con la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, al consagrar la transparencia como principio de actuación de la Administración y, especialmente, con la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, concretamente del artículo 8º, que consagra el principio conclusivo; artículo 11 inciso 2º, principio de imparcialidad; artículo 16, que recoge el principio de transparencia y, el artículo 41 inciso 4º, que establece el contenido de la resolución final dictada en el procedimiento administrativo. Ahora bien, así como la fundamentación de toda sentencia constituye una manifestación concreta del debido proceso, en cuando permite el ejercicio efectivo del derecho al recurso y es garantía para los justiciables, la motivación del acto administrativo es esencial “para la concreción efectiva del principio de plena justiciabilidad de los actos de la Administración y su control de juricidad, especialmente en sede judicial, no bastando su mera existencia, sino exigiéndose su suficiencia” (nombre reservado y nombre reservado, La Motivación como Elemento del Acto Administrativo: Criterios Establecidos por la Corte Suprema para Efectos de du Control, Actualidad Jurídica N° 45, enero 2022, Universidad del Desarrollo, p. 264).

NOVENO: Que, el control de juricidad de los actos administrativos se extiende tanto a los aquellos que tienen el carácter de reglados, como aquellos de índole discrecional, por cuanto “todo acto administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza” (C.S., rol 3598-2017). Entre los elementos básicos del control de los actos administrativos discrecionales, conforme lo destaca nuestro máximo tribunal en la decisión citada, se encuentran “los elementos reglados que integran la discrecionalidad. Un acto concebido como discrecional puede ser anulado si se dicta sin el amparo en potestad alguna (falta de potestad), o por un órgano que no es concretamente habilitado para el ejercicio de la potestad (incompetencia) o para supuestos de hecho no comprendidos en el ámbito de la potestad, o adoptando medidas no integradas en el contenido material de la potestad, o infringiendo las normas de procedimiento establecidas para el empleo de la potestad, o utilizando la potestad para fines distintos de aquellos para los que la norma la atribuyó (…)”, lo cual, en el caso concreto, se cumpliría conforme ya se analizó en las motivaciones sexta y séptima.

DÉCIMO: Que, adicionalmente a lo expuesto, otro de los elementos a considerar en el control de juricidad del acto administrativo, en base a la decisión jurisdiccional citada estaría determinada por: “(b) Control de los hechos determinantes, esto es de la existencia y realidad del supuesto de hecho que habilita para el empleo de la potestad, pues estos son supuestos reglados de la potestad que habilitan su ejercicio y por lo tanto siempre sujetos a control judicial.(…)”.

UNDÉCIMO: Que, en relación a la existencia del supuesto de hecho que habilita el empleo de la potestad de organizar internamente el establecimiento autogestionado que se le otorga al Director del mismo, se debe tener en consideración que tal atribución se ejerce en base a “las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto” y, en el diseño de la estructura organizacional, debe formalizarla mediante resolución, “la que deberá estar respaldada por manuales de organización, de acuerdo a las políticas y normas”, ello conforme lo prescribe el artículo 23 letra c) del citado Decreto Supremo N° 38 de 2005, del Ministerio de Salud. En el caso de la resolución impugnada, se justifica la decisión de suprimir del cargo de jefa de la Unidad de Cirugía Ambulatoria a la recurrente, doña nombre reservado, destinándola desde la Unidad de Cirugía Ambulatoria a Consultorio Adosado de Especialidades-CAE, fijando su dependencia directa a doña nombre reservado referido, estableciendo sus funciones y disponiendo la pérdida de la remuneración correspondiente al grado 10 de la EUS, en razón de la facultad que, como jefe de servicio, le correspondería para trasladar y asignar al personal de servicio acorde a las “necesidades de servicio”, lo cual aparece especialmente destacado en el N° 1 al disponerse la supresión en la función y cargo por “motivos de eficiencia de servicios públicos”. Es decir, de la normativa referida se desprende que el ejercicio de la facultad de organizar internamente el establecimiento autogestionado se vincula a motivos de eficiencia y eficacia del respectivo establecimiento lo que además debe ser acorde a “las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto”, conforme ya se examinó. De esta forma, al igual que como lo afirma en su informe, el recurrido puede ejercer su facultad de organizar internamente el establecimiento autogestionado en base a aspectos técnicos de eficacia y eficiencia, vinculadas al mejor aprovechamiento y utilización de los recursos humanos y técnicos de que posee, todo ello acorde a las políticas y normas técnicas que el Ministerio de Salud imparta al respecto.

DUODÉCIMO: Que, si se examinan las motivaciones de la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023 objeto de la presente acción de protección, se puede concluir que la motivación fáctica se relaciona con la circunstancia que la recurrente fue objeto de procesos administrativos disciplinarios, ello por supuestas infracciones a sus obligaciones funcionarias y en los cuales se les aplicó una sanción, motivaciones f) y g) del citado acto administrativo, como además por la aplicación de protocolos sin previa autorización de la dirección del establecimiento (letra h), el supuesto incumplimiento de un plan de mejoras para el año 2017 (letra i) e incluso por mantener mal clima laboral en la Unidad de Cirugía Ambulatoria (letra j), siendo a partir de ello que la autoridad recurrida concluye (letra k), que una falencia en la productividad de la Ambulatoria, lo cual -según afirma- se vería reflejado en el informe de indicadores de gestión y compromisos de gestión que daría cuenta del incumpliendo de diversos compromisos, lo cual, según sostiene, importa el incumplimiento de las letras a), b) y c) del artículo 64 del Estatuto Administrativo.

DÉCIMOTERCERO: Que, de lo analizado, se deprende la existencia de un evidente divorcio entre los supuestos de hecho que fundan la resolución impugnada y el supuesto de hecho que autoriza al director de un establecimiento autogestionado a ejercer su facultad de organizar internamente el establecimiento, por cuanto, como se ha hecho presente en las motivaciones precedentes la decisión no se funda en razones de eficiencia y/o eficacia del servicio público, sino en procesos disciplinarios pendientes, en afirmaciones de mal clima laboral -que no aparecen justificadas en los antecedentes aportados y en una serie de incumplimientos de normas, órdenes y compromisos de gestión, de forma tal que el ejercicio de la potestad en examen, en el caso particular, no guarda relación alguna con las exigencias que la normativa legal y reglamentaria exige para su ejercicio, lo cual torna el acto impugnado en ilegal, en razón que la existencia y realidad del supuesto de hecho que habilita para el empleo de la potestad, conforme a las motivaciones del acto impugnado, no presentan vinculación alguna a las exigencias normativas que condicionan el ejercicio de la potestad de organización interna del servicio que se ha ejercido y que motiva el presente recurso.

DÉCIMOCUARTO: Que, adicionalmente, se estima que el acto administrativo impugnado es, además, arbitrario, dado que no sólo aparece como injustificado en base a los fundamentos fácticos que si permiten ejercer legalmente la atribución del director del establecimiento autogestionado, eficiencia y eficacia del servicio público, sino que además importa una nueva valoración de procesos disciplinarios que, conforme se desprende de los antecedentes aportados, no se encontrarían terminados, existiendo en relación a ellos recursos pendientes o bien, como ocurre con las supuestas infracciones a determinadas normas del estatuto administrativo o la falta de autorizaciones o permisos previos de la administración del establecimiento, de forma que ello, en cuanto fundan un acto administrativo que afecta derechos vinculados a la función pública de la recurrente, aparece como una verdadera sanción anticipada y erige al recurrente como una comisión especial de aquellas que nuestro texto fundamental prohíbe en su artículo 19 N° 3 inciso 5°, al importar una infracción al juez natural que debe conocer de estos conflictos y/o incumplimientos de deberes funcionarios que no es otro que la propia administración previo proceso disciplinario debidamente tramitado.

DÉCIMOQUINTO: Que, además, a juicio de estos sentenciadores, la acción ilegal y arbitraria del Director del Hospital de Coquimbo, materializado en la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, afecta el derecho de propiedad de que es titular la recurrente, derecho que se ve afectado por cuanto el acto administrativo la priva ilegal y arbitrariamente de los ingresos, sueldos y demás beneficios económicos que vienen adscritos al grado 10 de la E.U.S. que estaba asignado a las funciones que la actora de protección ejercía en su calidad de Jefa de Enfermería de la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital San Pablo Coquimbo antes de habérsele suprimido del referido cargo y asignación remuneracional a objeto de trasladarla a otra dependencia y funciones que no conllevan los mismos ingresos.

DECIMOSEXTO: Que, conforme se ha razonado en las motivaciones procedentes, constatada la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, ya singularizada y la afectación material que tal acto importa en las garantías constitucionales ya singularizadas, forzoso resulta acoger la presente acción conforme se resolverá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Hospital San Pablo Coquimbo, representada por don nombre reservado, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 4596 de 29 de marzo de 2023, ya singularizada, que dispuso la supresión en el cargo de Jefa de Enfermería en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del referido hospital de la recurrente, su traslado al Consultorio Adosado de Especialidades –CAE del mismo hospital, su nueva dependencia jerárquica a otra profesional y la pérdida de la asignación en grado 10° EUS que le correspondía percibir con anterioridad al acto administrativo impugnado, debiendo ser reintegrada a la función y cargo que desempeñaba con anterioridad a la dictación de la citada resolución exenta con los derechos subsecuentes a ello, especialmente, el pago íntegro de sus remuneraciones en el grado de la EUS que le correspondía, ello sin solución de continuidad desde la fecha de su separación y para lo cual se deberá proceder a dictar los actos administrativos que en derecho correspondan al debido cumplimiento de lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 810-2023 (Protección). -