nombre reservado con CONDOMINIO ESPACIO LA FLORIDA II

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Condominio Espacio La Florida II Recurso de protección Rol Nº81-2024.- La Serena, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Carlos Alberto Rojas Rojas, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de nombre reservado, independiente, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de CONDOMINIO ESPACIO LA FLORIDA II, Rol único tributario Nº53.322.633-7 con domicilio en domicilio reservado, representado por su administradora nombre reservado, Run.: RUT reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la imposición de 4 multas y asimismo, por la amenaza de cortar los suministros domiciliarios básicos del departamento 504, torre 4 del Condominio Espacio la Florida II, en que habita la recurrente, actuar que vulnera sus derechos constitucionales.

Expone que la recurrente es arrendataria del departamento 110, de la Torre 4 y el estacionamiento Nº123, ambos del Condominio Espacio La Florida II, ubicado en Araucanía 5431, La Serena, desde el 03 de abril de 2022, lugar donde vive junto a su hijo nombre reservado, de 13 años de edad.

Señala que desde hace un año la recurrente ha sido sujeto pasivo de un constante acoso por parte de miembros del Comité de Administración, acusándola constantemente de realizar conductas que, supuestamente infringirían el reglamento de copropiedad, de que haría fiestas, e incluso llegando a señalar que tendría relaciones sexuales con distintas personas, insinuando que se dedicaría al comercio sexual. Agrega, que esta situación se ha ido acrecentando durante los últimos meses, a tal punto que la recurrente ha tenido al menos 4 multas por conductas que, serían calificadas por la administración como infracciones al reglamento.

En tal contexto, señala que el día 09 de noviembre de 2023, en la noche, el vehículo de la recurrente ubicado en su estacionamiento se activó su alarma, por lo que emitió sonidos durante un lapso indeterminado de tiempo, sin percatarse la actora con motivo de la distancia entre el estacionamiento y su departamento. Señala que al otro día se dio cuenta de lo sucedido por comentarios de vecinos. Sin embargo, el día 01 de diciembre de 2023 recibió un llamado de parte del dueño del departamento, arrendador, indicándole que se le habían cursado una multa por ruidos molestos.

Posteriormente, señala que 19 de diciembre de 2023, nuevamente tuvo un problema en el estacionamiento, porque intentaron abrirle el vehículo debido a que había dejado un gorro de una reconocida marca en el interior, por lo que nuevamente sonó la alarma. Frente a esto, se dirigió a hablar con la administradora nombre reservado, quien le reprochó que ella era una persona de mal vivir y que juntaría firmas para que la corrieran del edificio.

Añade, que el mismo día, luego de esa situación, solicitó a un vecino ayuda para hacer partir su vehículo, dado que se había quedado sin batería, y expone que dicho vecino le preguntó lascivamente si era scort, indicándole que eso es lo que se estaba diciendo en el condominio, habiendo surgido ese rumor desde la administración.

Por otra parte, señala que la persecución y hostigamiento de la administración llegan al punto de no permitirle el uso de bienes comunes, como la piscina del edificio.

Luego, expone que el 17 de enero de 2024 la recurrente se encontraba en compañía de su prima en su departamento, y cerca de las 11:30 de la noche llegó el conserje, debido a que había recibido un reclamo por música a excesivo volumen, cuestión que no era efectiva. Sin embargo, recibió al día siguiente una notificación de multa por ruidos molestos.

Explica que el día 18 de enero de 2024, don nombre reservado, dueño del departamento que arrienda la recurrente, le envió una impresión de pantalla de un correo electrónico que se le remitió por parte de la Administración del Condominio, donde le informan 3 multas que debe pagar, y que nunca fueron notificadas a la actora; una del 10 de noviembre de 2023 por “ruidos molestos”, otra el 02 de diciembre de 2023 por “mal uso del estacionamiento”, y por último, una multa el 19 de diciembre de 2023, por “falta de respeto”.

Asimismo, se le otorga un plazo hasta el 22 de enero de 2024 para pagar las multas, bajo amenazas de cortar los suministros básicos.

Seguidamente, reclama que las 4 multas que en total se le han impuesto y la amenaza de cortar los suministros domiciliarios son ilegales y arbitrarios, por cuanto el artículo 27 de la Ley N°21.422 otorga el conocimiento de las denuncias formuladas por los comités de administración en relación al incumplimiento de las obligaciones del artículo 8 de dicho cuerpo legal a los Juzgados de Policía Local, de manera que la recurrida carecía de facultades para actuar de la forma en que ocurrió.

Asimismo, señala que el artículo 20 N°9 del mismo cuerpo legal restringe la facultad de suspender los suministros básicos para aquellos propietarios morosos en el pago de gastos comunes, sin que pueda imputarse a los mismo las multas por infracciones al reglamento. Añade, que a la misma conclusión se llega de entenderse como aplicable la antigua ley N°19.537.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que se ha vulnerado su derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución, ya que la administración del condominio ejerce constantemente actos de acoso y hostigamiento hacia su persona, ocasionando un desgaste emocional.

Además, señala que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del numeral 2, por cuanto ha recibido un trato diferenciador en relación a los demás habitantes del condominio, impidiéndole el uso de bienes comunes como la piscina, aplicando sanciones sin entregar la correspondiente comunicación, sin permitir el acceso a la información, a los fundamentos de sus decisiones.

Por su parte, sostiene que se ha vulnerado su derecho a la honra del numeral 4 de la misma disposición, toda vez que se le aplican sanciones de multas que la hacen parecer como una persona conflictiva, así como se hacen afirmaciones falsas sobre su vida privada.

Finalmente, afirma que se ha vulnerado su derecho de propiedad del numeral 24, ya que las 4 multas impuestas implican un gravamen sobre su patrimonio, que en total asciende a $216.625,86.- Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, y ordenar: 1) Que se dejen sin efecto todas las multas aplicadas contra la actora; 2) Que la recurrida se abstenga de efectuar cualquier corte de suministro básico del departamento que habita la recurrente; 3) Que se ordene a la recurrida cesar los hostigamientos hacia la recurrente; 4) toda otra medida que el tribunal determine con el fin de restablecer el imperio del derecho.

Acompañó a su recurso: 1. Copia de contrato de arrendamiento, 2. Copia de carta de Notificación de Multa por ruidos molestos de 17 de enero de 2024, 3. Copia de anotación hecha por la recurrente en el libro de reclamos del condominio, 4. Copia de impresión de pantalla de correo electrónico de 18 de enero de 2024 recibido por el propietario del departamento de parte de la administración del condominio. 5. Copia de parte denuncia de fecha 19 de diciembre de 2023.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Previamente, precisa que doña nombre reservado no es la administradora del domicilio reservado, y que actualmente dicho Condominio no cuenta con un administrador debido a problemas de carácter interno.

Luego, refiere que la recurrente en diversas ocasiones ha incurrido en conductas de ruidos molestos en el condominio, las que se pueden constatar por los múltiples reclamos dejados en distintos días y las constancias que han dejado oportunamente los guardias del condominio en el registro correspondiente.

Respecto a las “insinuaciones respecto que (la recurrente) tendría relaciones sexuales con distintas personas”, señala que ello no se ha realizado por los integrantes del comité de administración bajo concepto alguno, igualmente en relación a lo preguntado por un vecino de manera lasciva si era scort.

En relación a que la actora no fuera notificada de las multas oportunamente, señala que no es efectivo, toda vez que se ha dejado constancia oportunamente de las multas y de la entrega de las mismas en el registro respectivo.

Respecto del hecho acaecido el día 09 de noviembre de 2023, afirma que es cierto que el vehículo de la recurrente activó su alarma. Sin embargo, se le notificó a través del grupo de whatsapp del condominio, sin perjuicio que el guardia en su debida oportunidad, y durante un lapso de tres a cuatro horas, concurrió al departamento de la recurrente para informarle de la situación la que fue contestada con una negativa, cursando, así, la multa correspondiente según lo dispone el Reglamento.

En cuanto a los hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2023, afirma que la recurrente no se habría contentado con lanzar improperios en distintas oportunidades a doña nombre reservado, sino que habría llegado a tal punto que fue necesaria la intervención de Carabineros de Chile.

Incluso, señala que posterior a ello, doña nombre reservado presentó la denuncia ante Fiscalía de Chile.

Respecto a la supuesta persecución y hostigamiento por la administración del condominio, señala que la recurrente ha solicitado uso de los bienes comunes, los que además de solicitarse deben ser anotados oportunamente en el registro, y se le han otorgado en la medida que ella ha seguido el procedimiento acordado para ello. Que jamás se le habría obstaculizado usar los bienes comunes.

A continuación, respecto a lo ocurrido el día 17 de enero de 2024, señala que se levantó acta por el guardia del condómino y que, minutos antes, se le habría amonestado verbalmente.

Con relación al correo electrónico enviado el día 18 de enero de 2024, se señala y hace el desglose de los gastos comunes y de las multas, las que -insiste- fueron oportunamente notificadas y registradas.

No obstante, señala que en el correo electrónico se envió en un formato tipo y, si bien se señala un plazo para pagar las multas, o de lo contrario se haría corte de los suministros básicos, afirma que ello corresponde a un error, dado que ello no es posible y que, habiéndose cumplido el plazo, no se llevó a cabo, por lo que simplemente se trata de un malentendido producto de los procesos automatizados, dado que no está en potestad del comité.

Asimismo, afirma que las multas cursadas estarían en concordancia con lo dispuesto con el artículo 6 del correspondiente Reglamento de Copropiedad.

En definitiva, señala que no es efectivo que el comité o la administración esparciera rumores de cualquier naturaleza sobre la recurrente; y en lo relativo a las multas, los motivos son conocidos por la contraparte y, ciertamente, se le habría notificado en su debida oportunidad, dejándose el registro de manera oportuna, así como el proceso de las amonestaciones verbales.

Adjuntó a su informe: 1.-Acta de Guardia correspondiente al día 05 de Noviembre del año 2023.2.-Acta de guardia correspondiente al día 02 de Diciembre del año 2023.3.-Acta de Guardia correspondiente al día 19 de Diciembre del año 2023.4.-Actas de Reservas de Piscina del domicilio reservado.5.-Extracto del Reglamento de Copropiedad del domicilio reservado en el que se señalan las facultades del comité de administración de acuerdo a la normativa vigente.6.-Actas de reclamos correspondientes a los días 27 de Diciembre de 2023 y 18 de Enero de 2024. 7.-Reglamento de Copropiedad del domicilio reservado.

Por lo señalado y previas citas de derecho, solicitó el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por medio de la acción interpuesta, la recurrente califica como ilegal y arbitrario los actos cometidos por la recurrida consistentes en cursar cuatro multas que debe pagar, y que nunca le fueron notificadas, consistentes la primera del 10 de noviembre de 2023 por “ruidos molestos”, otra el 02 de diciembre de 2023 por “mal uso del estacionamiento”, una multa el 19 de diciembre de 2023, por “falta de respeto” y una de 17 de enero de 2024, por ruidos molestos. Las anteriores sin cumplir con los requisitos legales, pues no le fueron notificadas. Agrega que, se le otorga un plazo hasta el 22 de enero de 2024 para pagar las multas, bajo amenazas de cortar los suministros básicos domiciliarios actos que son ilegales y arbitrarios, por cuanto el artículo 27 de la Ley N°21.422 otorga el conocimiento de las denuncias formuladas por los comités de administración en relación al incumplimiento de las obligaciones del artículo 8 de dicho cuerpo legal a los Juzgados de Policía Local, de manera que la recurrida carecía de facultades para actuar de la forma en que ocurrió.

Finalmente denuncia actos de amenazas y conductas de acoso por parte de la Administración de la recurrida, hacia su persona.

SEXTO: Que, como se aprecia, en su oportunidad se acompañó parte del Reglamento Interno de Convivencia el cual dispone que respecto de las multas, se deberá dejar constancia en el registro por el Conserje, lo cual no se ha acreditado suficientemente.

Asimismo, no existen antecedentes acerca del reglamento de Copropiedad que rige al Condominio recurrido.

Resulta útil tener presente que, las comunidades de copropietarios que se hubieren acogido a la ley N° 19.537 se regirán por la presente ley desde su publicación, debiendo ajustarse los reglamentos de copropiedad a sus disposiciones en el plazo de un año. Los acuerdos adoptados por las asambleas de copropietarios con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley no quedarán sin efecto.”

Por su parte, el artículo 1° transitorio agrega que: “Deberán dotarse de un reglamento de copropiedad aquellos condominios que hubiesen sido creados antes de la entrada en vigencia de esta ley, o que, habiendo surgido con posterioridad, se originen en una comunidad que no signifique copropiedad en los términos de la ley. Si éste no hubiese sido dictado al cabo de un año de la publicación de la presente ley, se entenderá aplicable al condominio el reglamento tipo que deberá sancionar el reglamento de esta ley.”

En complemento a lo anterior, en uso de sus facultades interpretativas, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emitió la Circular N° 2 de 17 de marzo del actual, en la que se dispone, en lo atingente, que el plazo de un año señalado en esta ley para la dictación o actualización de los Reglamentos de Copropiedad, debe contarse desde la fecha de publicación del Reglamento de la misma contemplado en el artículo 1° transitorio.

Cabe resaltar en relación a los hechos que motivan la aplicación de las multas por parte de la recurrida, que el Reglamento Interno de Convivencia del Condominio que los rige, en su artículo 6° establece: “DE RUIDOS MOLESTOS: a)Se prohíbe causar, producir o provocar ruidos molestos, cualquiera sea su origen o grados de intensidad y que perturben o puedan perturbar la normal tranquilidad, reposo o descanso de los residentes, durante el día y la noche, en cualquier horario, de lunes a jueves inclusive domingo. Para el caso de los días viernes sábados y vísperas de festivos solo se autorizará la generación de ruido moderado hasta las 2 de la madrugada, lo que no obsta a que de todas formas se respete bajo moderación el entorno audible de los residentes que no provocan el ruido. b)En caso de denuncias de algún residente por esta infracción, el primer llamado de advertencia será atendido por conserjería, quién deberá constatar el hecho y dejar registro de ello en el libro de novedades, de prolongarse la situación, se avisará inmediatamente a Carabineros de Chile para que adopte los procedimientos correspondientes, sin perjuicio de la multa que se impondrá por esta infracción al respectivo departamento infractor. c)En caso de denuncias de algún residente por el ruido provocado por una alarma de vehículo de un copropietario, arrendatario, residente o visita, será advertido en primera instancia por conserjería, quién deberá constatar el hecho y dejar registro de ello en el libro de novedades, de prolongarse la situación, se impondrá una multa por esta infracción al respectivo departamento. d)Se establece que los trabajos de arreglos, reparaciones y/o instalaciones de los departamentos o lugares de uso común así, como cualquier artefacto u otros medios que provoquen ruidos molestos, deben ser realizados de lunes a viernes de 9:00 am hasta las 18:00pm.Los sábados desde las 9 am hasta las 14 pm y los domingos y festivos no se autorizarán trabajos que afecte la tranquilidad de la comunidad, de necesitar ejecutar trabajo de forma urgente fuera de los horarios estipulado, deberán ser expresamente autorizados por el administrador(a) o Comité de administración. e) Las infracciones a esta disposición serán castigados con la imposición de la sanción de 0,65 UTM (unidades tributarias mensuales), según la gravedad o extensión del daño causado, calificados por el administrador(a) y el Comité de administración, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles, administrativas y penales que correspondan.

NOTA: Las multas emitidas a copropietarios, arrendatarios o residentes de un inmueble, ya sea por agresiones físicas o verbales, destrozos de las áreas comunes, ruidos molestos o cualquier falta estipulada en este reglamento, serán de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO DEL DEPARTAMENTO INFRACTOR, el que deberá asumir el pago de la multa en un ítem aparte de los gastos comunes.

Si bien se incorporan registros manuscritos, estos no tienen firma de quien los suscribe, no pudiendo constatarse si fue el conserje. Además no se cuenta con registro del hecho que habría acaecido el 10 de noviembre de 2023 que se acusa y que motivó una multa. El de 2 de diciembre de 2023 se encuentra incompleto, pues no se lee su contenido íntegro. En tanto, el del día 19 de diciembre de 2023, se encuentra ilegible, en cuanto a la descripción de los hechos que habrían motivado la tercera multa. Finalmente la conducta del 17 de enero de 2024 se refiere a una constancia formulada por la recurrente en contra de la administración.

Unido a lo anterior, no hay antecedentes que demuestren haberse cumplido con el procedimiento antes establecido, consistente en la comunicación a Carabineros, y tampoco acta de notificación a la arrendataria afectada, todo lo cual no permite sino concluir que la recurrida ha incurrido en un acto ilegal al haber cursado las multas que se reclaman por este arbitrio, al no haberse ajustado al procedimiento previamente establecido, por lo que deberá dejarse sin efecto.

SEPTIMO: Que, en lo referente, al corte de suministros básicos que denuncia la recurrente, aquello no habilita a la recurrida para proceder con esta medida, la que solo es posible aplicar en el caso que la deuda corresponda a los ítems referidos a gastos comunes, sin que pueda imputarse a los mismos multas por infracciones al reglamentos u otros conceptos. De esta forma, no participando tampoco de la categoría de gastos comunes las multas impuestas a la actora, no procede a su respecto el corte de suministros por su no pago.

Lo anterior y sin perjuicio de tener presente lo informado por la recurrida, quien además de referirse a la normativa vigente, declara que, reconoce que no resulta posible realizar el corte de suministros con ocasión del no pago de multas, por lo que, habiendo transcurrido incluso el plazo señalado en el correo electrónico citado por la recurrente, no se realizará bajo concepto alguno dicho corte.

OCTAVO: Por último, no habiéndose acreditado por la recurrente, la concurrencia de conductas de acoso o bien amenazas en su contra se desestimará el recurso en este punto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se resuelve, que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del CONDOMINIO ESPACIO LA FLORIDA II, sólo en cuanto se dejan sin efecto las multas de fecha 10 de noviembre de 2023, 2 de diciembre de 2023, 19 de diciembre de 2023 y 17 de enero de 2024, que impusieron sanciones pecuniarias a la recurrente de autos.

Se abstendrá la recurrida de cortar los suministros básicos, por razones diversas de las legales.

Redacción de la Ministra Suplente señora Carmen Gloria Correa Valenzuela.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 81-2024. Protección.-