nombre reservado con ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)

nombre reservado

Asociación Chilena de Seguridad Recurso de protección Rol N°808-2024 y acumulada.

La Serena, veintidós de julio dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el ingreso Rol N°808-2024 Protección, comparece don Miguel Ángel Reyes Poblete, abogado, en favor de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección contra la Asociación Chilena de Seguridad, señalando como acto ilegal y arbitrario la notificación del término de su reposo laboral, razón por la que debía presentarse a trabajar el 25 de mayo de 2024, lo que conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en pleno proceso de reintegro por recalificación de enfermedad profesional, la recurrida le prescribió reposo laboral vigente hasta el 30 de mayo de 2024. Así, se agendó hora de atención médica telemática por parte de psicólogo y psiquiatra, especialistas que estaban de acuerdo en continuar el tratamiento para la neurosis laboral por acoso laboral que padece, prescribiéndole el médico los medicamentos correspondientes a la patología.

Señala que luego de que el 18 de mayo fuera citado a una sesión telemática, el día 20 del mismo mes recibió un correo electrónico de la recurrida en el que se consignaban las indicaciones de índole administrativa, entre ellas, la mención a 8 sesiones de atención médica pendientes de realizar.

Refiere que contra toda lógica fue notificado del término de su reposo laboral y se le instruyó que debía presentarse a trabajar el 25 de mayo, negándosele las prestaciones pendientes a que tiene derecho, al encontrarse en tratamiento de una enfermedad profesional de larga data.

Manifiesta que la patología que adolece es de origen laboral, razón por la que no es racional que se prescriba por la secretaria de la recurrida el alta médica y, a renglón seguido, sesiones de tratamiento médico y recetas de medicamentos y excluirlo de las coberturas de la Ley N°16.744, pues dicha enfermedad profesional ha sido latamente calificada por resolución R-01-ISESAT-56382-2024, de 5 de abril de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social.

Explica que la actuación reprochada importa una vulneración al derecho a la vida e integridad física y psíquica, al obligarlo a volver a trabajar al mismo lugar donde se provocó su enfermedad; de igualdad, por cuanto se desconoce la calificación de la enfermedad profesional al mantener las atenciones de psicoterapia, pero acortando la licencia; y al de propiedad, en tanto el retorno laboral sin las adecuaciones requeridas impide acceder al subsidio para el restablecimiento de su salud.

Culmina solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra la recurrida y se ordene dejar sin efecto el término del reposo laboral del actor, disponiendo las demás medidas para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Indicación de 8 sesiones de psicoterapia, de 20 de mayo de 2024; 2. Certificado de término de reposo laboral de 20 de mayo de 2024; 3. Listado de controles agendados; 4. Orden de reposo; 5. Resolución calificación enfermedad profesional; 6. Información próximas citaciones; Y 7. Resolución Superintendencia de Seguridad Social.

SEGUNDO: Que en el ingreso Rol N°967-2024 Protección acumulado, comparece el mismo abogado en favor del recurrente, en contra de la recurrida, reiterando en primer término los hechos del recurso referido en la motivación que antecede.

Luego, refiere que a raíz de la orden de no innovar concedida en el primer arbitrio, la recurrida prosiguió prestando las atenciones de salud al actor y, en ese contexto, el 18 de junio de 2024 recibió citación para sesión de telemedicina para el día 19 del mismo mes, oportunidad en que se le informó que egresaba el 22 de junio de este año, pudiendo reintegrarse a su trabajo desde el día siguiente, esto es, el 23 de junio de 2024.

Sostiene que la facultativa que decretó al alta médica no registra especialidad alguna en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, por lo que tal acto debe ser calificado como arbitrario, sobre todo, teniendo en cuenta que se mantienen los síntomas; que conforme a la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social las patologías se produjeron en el contexto laboral; que no se han eliminado los elementos de riesgo que provocaron la enfermedad; que la profesional no especialista dio el egreso el mismo día y por el mismo diagnóstico previo; y que la resolución carece de fundamentos, dado que no se hace cargo de la información anterior.

Explica que ello vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica; de igualdad y de propiedad y finaliza solicitando se acoja el recurso impetrado y se deje sin efecto el término del reposo laboral; se ordene la revisión de sus antecedentes por médicos de la recurrida que no hubiesen conocido previamente el caso ni hubiesen integrado comisiones que se hayan pronunciado sobre sus licencias, calificación y alta; así como las demás medidas para restablecer el legítimo ejercicio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Indicación de 8 sesiones de psicoterapia de 20 de mayo de 2024; 2. Certificado de término de reposo laboral de 20 de mayo de 2024; 3. Listado de controles agendados; 4. Orden de reposo; 5. Resolución calificación enfermedad profesional; 6. Información próximas citaciones; 7. Resolución Superintendencia de Seguridad Social; 8. Correo electrónico de citación a sesión de telemedicina; 9. Resolución que dispone el egreso y documentos relacionados enviados al correo el 19 de junio; y 10. Ebook del recurso Rol protección N°808-2024 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena.

TERCERO: Que a folio 13 comparece nombre reservado en representación de la recurrida Asociación Chilena de Seguridad evacuando el informe requerido relativo al primer ingreso.

Expresa que al recurrente por decisión de la Superintendencia de Seguridad Social se le ha otorgado la cobertura del seguro de la Ley N°16.744, debiendo atenderse dentro de la red que la Asociación Chilena de Seguridad. En ese contexto, conforme a la obligación y responsabilidad que le cabe en la rehabilitación de la enfermedad de salud mental que padece el actor, necesariamente debe ser examinado y supervisado por un equipo de profesionales, dentro de ellos, psiquiatras, psicólogos y médicos cirujanos, ya sea que entreguen sus servicios en un establecimiento propio o a través de aquellos en convenio con ella, de manera tal que es dicho equipo multidisciplinario el que deberá determinar cuáles son los procedimientos terapéuticos adecuados para el tratamiento de la patología que experimenta el recurrente, estableciendo los periodos en que debe mantenerse con reposo médico, periodicidad y cantidad de sesiones de psicoterapia y, en caso del profesional psiquiatra, prescribir los fármacos que debe ingerir.

Agrega que en ningún caso aquello debe ser realizado por profesionales externos completamente ajenos a la recurrida y a la cobertura del seguro social, estimando que a eso apuntaría el objetivo de la acción del recurrente, quien al parecer pretende acudir a un profesional que lo atienda en forma privada, a través de su sistema previsional de salud, para que le extienda una licencia y así continuar con reposo médico. Lo anterior, a pesar de haber reclamado a la Superintendencia de Seguridad Social la calificación efectuada respecto del origen de su enfermedad, con la finalidad que sea considerada como profesional y con ello acceder a la cobertura del correspondiente seguro.

Alude al artículo 73 del Decreto Supremo N°101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley N°16.744 en lo que respecta a las órdenes de reposo laboral; y a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social referidas a que corresponde al respectivo organismo administrador la determinación de que el trabajador está capacitado para reintegrarse a su jornada de trabajo y a su labor habitual, en las condiciones prescritas por el médico tratante, cuestión que supone evaluar la condición de salud física y/o mental del trabajador, según corresponda, considerando las características y exigencias específicas de las actividades laborales que desarrolla.

Expone que en el caso del recurrente se le había extendido el alta Laboral con la finalidad que se reintegrara a su jornada de trabajo y labor habitual -como administrativo encargado de actas del Juzgado de Garantía de Copiapó- pero en ningún caso se le ha excluido de la cobertura del seguro social, pues ha sido derivado a diversas sesiones de psicoterapia, una por semana a las cuales regularmente no asiste; se le ha recetado un tratamiento farmacológico; mantiene controles médicos periódicos y; el profesional psiquiatra, el 20 de mayo de 2024, le extendió el alta diferida en su especialidad en 7 días más.

Afirma que a juicio del equipo médico que trata la patología del actor se encuentra en condiciones de reintegrarse a su trabajo, extendiéndole el alta laboral respectiva, medida que se encuentra suspendida debido al cumplimiento de la orden de no innovar decretada mediante resolución de 24 de mayo pasado.

Insiste que le ha otorgado hasta la fecha todas las coberturas médicas y económicas previstas en la Ley N°16.744, bajo las condiciones e instrucciones que imparte el organismo fiscalizador y no ha negado ninguna de las prestaciones, sino que lo único que ha determinado es que, en opinión del equipo médico tratante, se encuentra capacitado para reintegrarse a su trabajo, por lo tanto, en ningún caso, en la especie concurre un actuar arbitrario o ilegal que afecte sus derechos fundamentales.

Arguye que la acción de protección no es la vía idónea para reclamar en este caso. En efecto, la controversia que el recurrente somete al conocimiento de esta Corte desborda sin dudas los límites de esta acción constitucional, toda vez que carece de un derecho de carácter indubitado y preexistente, siendo ello un presupuesto esencial para que su acción cautelar pueda prosperar. En ese sentido, profundiza que no es la vía para declarar derechos subjetivos, sino que es una instancia de protección de aquellas garantías constitucionales expresamente protegidas por el constituyente, que, siendo preexistentes, ciertas e indubitadas, se encuentren afectadas por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, presupuestos que, conforme a lo razonado, no concurren en la especie, por lo que solicita el rechazo del recurso intentado, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Ficha clínica del recurrente; y 2. Informe médico del recurrente de 27 de junio de 2024.

CUARTO: Que a folio 16 la recurrida, en atención a la acumulación dispuesta y con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución de 26 de junio de 2024, dictada en la causa Rol N°967-2024, reitera en todas sus partes el contenido de lo informado en la presentación efectuada a folio 13, con el agregado que a la parte recurrente se le han pagado los subsidios respectivos en las fechas en que se ha determinado que se encuentre con reposo médico, medida que se encuentra vigente debido al cumplimiento de la orden de no innovar decretada en la causa a la que el presente ingreso se acumuló.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que el mérito de los antecedentes y particularmente los hechos descritos por el actor y las peticiones concretas sometidas a conocimiento de esta Corte, lleva a estos sentenciadores a concluir que en la especie no se avizora un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, desde que la evaluación, tratamiento, lineamientos a seguir en la patología que padece el recurrente y, en definitiva, la determinación si se encuentra o no en condiciones de reintegrarse a su trabajo es de resorte exclusivo de los profesionales de salud que por orden de la recurrida lo atienden, excediendo las peticiones del libelo la naturaleza y características de esta acción cautelar, la que tiene por objeto otorgar una tutela de urgencia ante acciones u omisiones ilegales y arbitrarias respecto de derechos indubitados, razones por la que se rechazará el recurso interpuesto conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZAN, sin costas, los recursos de protección interpuestos por nombre reservado, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°808-2024 y acumulada Protección.-