Protección contra FISCO DE CHILE

La Serena, veintiocho de agosto de dos mil doce.

VISTOS:

A fojas 23 comparece don JUAN PABLO CORRAL GALLARDO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, ambos en la ciudad de Ovalle.

Expone que deduce acción de protección en contra del FISCO DE CHILE, (Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección Provincial Limarí, Ovalle), representado legalmente para estos efectos por el abogado Procurador Fiscal de La Serena don nombre reservado, y en contra de don nombre reservado Provincial del Servicio Agrícola y Ganadero, Provincial Ovalle, a fin de que se ponga a tajo a las actuaciones ilegales y arbitrarias de los recurridos, se restablezca el imperio del derecho y ampare su garantía constitucional al derecho de propiedad, en conformidad a las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Señala que don nombre reservado, es dueño del predio denominado hijuela número cincuenta y uno, formada de la estancia comunidad de Potrerillo Bajo, ubicada en La Chimba, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Cuarta Región, que mide 71,17 hectáreas (saldo) de superficie y deslinda: Al Norte, con el río grande o Limarí; Al Sur, con las hijuelas número cuarenta y nueve y cincuenta; Al Oriente, con la Hacienda Santa Catalina; y, Al Poniente, con el borde del río Limarí e hijuela número cuarenta y nueve, separadas por el canal Camarico. Su mandante obtuvo la propiedad referida por compra que le hizo a nombre reservado y nombre reservado, según consta de escritura pública de fecha 3 de diciembre de 1997, otorgada ante el Notario Público de Ovalle don nombre reservado, aclarada por escritura pública de fecha 18 de agosto de 1998, ante el Notario Público de Ovalle don nombre reservado, y por escritura de fecha 30 de agosto de 2002, ante el Notario Público de Copiapó don nombre reservado, y además conjuntamente con la inscripción de fecha 9 de agosto de 2003, se protocolizó Plano y Escritura de Declaración, Aclaración y Rectificación, inscrita a fojas 3491, número 1225 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, correspondiente al año 2003 y archivado bajo el número 1076, al final del mismo Registro. La propiedad rola inscrita a fojas 6196 vta., número 3778, del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 1997.

Indica que el Servicio Agrícola y Ganadero, Provincial Ovalle, ha procedido a autorizar una subdivisión de terrenos que son de propiedad de su representado, en un plano hechizo que terceros presentaron para dichos fines, en donde se atribuyen el dominio de parte de la propiedad de su representado. Seguidamente, afirma que la subdivisión predial la autorizó, con fecha 10 de julio de 2012, el Fisco de Chile por intermedio del Servicio Agrícola y Ganadero, específicamente su jefe provincial don nombre reservado, a sabiendas de estar actuando contra derecho y de forma arbitraria. Agrega que el citado Servicio había rechazado en dos oportunidades la subdivisión predial solicitada por nombre reservado y nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos ellos de apellido nombre reservado, fundado en que existía diferencia entre los deslindes de los planos presentados y los títulos de dominio y, además, diferencias de superficie, lo que le fue comunicado vía oficio al Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, quien insistió en la autorización.

A continuación, manifiesta que da cuenta de la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación recurrida que es requisito previo a su autorización, que el plano que debe acompañarse a la solicitud de subdivisión esté conforme al título de dominio, tanto en cuanto a los deslindes como respecto de la superficie del terreno, cuestión que claramente no ocurre en este caso puesto que los deslindes que se dibujan en el plano no se condicen con los indicados en la escritura, y la superficie real del predio que se pretende subdividir, conforme a su rol de avalúo fiscal N 696-3, alcanza a 16.90 hectáreas y no a 31.69 hectáreas, como lo pretende el plano de subdivisión autorizado. Asimismo, expresa que el Servicio recurrido autorizó en el año 2003 a su defendido una subdivisión de su predio, ya individualizado, que abarca parte del plano de subdivisión requerida por los terceros previamente mencionados, creando una falsa superposición de predios y causando una confusión inadmisible, lo que constituye una amenaza o turbación a su derecho de propiedad.

Concluye señalando que la autorización otorgada es el primer paso hacia una usurpación definitiva de terrenos de su mandante, que es preciso detener debido a que, con toda seguridad, se presentará la solicitud de pre-roles de avalúo al Servicio de Impuestos Internos, la posterior inscripción del plano en el Conservador de Bienes Raíces de Ovalle y, finalmente, la venta o toma material de la propiedad de su representado, cuestión claramente ilegal y arbitraria que afecta el derecho de dominio de su mandante. Lo expuesto constituye una amenaza o perturbación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, ya que las recurridas no pueden autorizar a los terceros antes mencionados a subdividir lo ajeno, consumando un despojo o una usurpación respecto del derecho de dominio de su mandante sobre su predio.

La recurrente acompaña diversa documentación, entre la que se cuenta, inscripción de dominio vigente a nombre de su mandante; plano protocolizado de la propiedad de su mandante; inscripción de dominio vigente a nombre de nombre reservado y nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos ellos de apellido nombre reservado; y, copia de carta de fecha 26 de julio de 2012, en que su defendido le solicita al Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero el rechazo de la subdivisión predial cuestionada.

A fojas 45, comparece informando la acción de protección don nombre reservado de Oficina Provincial del nombre reservado (S), domiciliado en domicilio reservado. Afirma que el Servicio Agrícola y Ganadero, conforme lo establecido en el artículo 1 de la Ley 18.755 es un servicio funcionalmente descentralizado, con duración indefinida, personalidad jurídica y patrimonio propio, y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo que no actúa con la personería del Fisco de Chile.

Asimismo, como antecedente previo, arguye que el SAG no autoriza subdivisiones prediales. En efecto, conforme lo establece el artículo 1º del D.L. 3.516 de 1980, “Los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas”. A contar del 5 de enero de 1994, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Ley 19.283, que modificó la Ley 18.755, el SAG comenzó a certificar la subdivisión de predios rústicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la citada norma legal que señala que para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente, entendiéndose que con ello se refiere a que los lotes resultantes de una subdivisión deben tener una superficie no inferior a 0.5 hectáreas físicas.

Argumenta que el SAG certificó con fecha 10 de julio de 2012, la subdivisión predial requerida por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por cuanto los solicitantes acreditaron con copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble y certificado de vigencia, ser propietarios del dominio del mismo y en los planos se graficaba que los lotes resultantes de la subdivisión tenían superficies iguales o superiores a 0,5 hectáreas físicas. Reitera que esta subdivisión se hizo dando estricto cumplimiento a lo establecido en la parte final del artículo 46 de la Ley 18.755, esto es, “Asimismo, para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente”.

Aclara, por otra parte, que en forma previa se había rechazado en dos oportunidades la certificación solicitada, por los motivos señalados en los Oficios Nº 000838 de fecha 11 de mayo de 2012 y Nº 001007 de fecha 18 de junio de 2012, ambos acompañados en autos. En consecuencia, sólo una vez subsanadas todas las observaciones se procedió a certificar la subdivisión pedida.

Finalmente, expresa que el hecho que el SAG haya certificado con anterioridad una subdivisión predial en un inmueble del recurrente durante el año 2003 no tiene ninguna relevancia, toda vez que las certificaciones de divisiones prediales son actos aislados e independientes unos de otros y los inmuebles cambian de propietario por diversos títulos traslativos de dominio, por lo que este hecho no hace presumir la ilegalidad y/o arbitrariedad de las actuaciones del SAG o de sus funcionarios. Aún si se tratara de predios cuyas superficies se superponen en todo o en parte, con inscripciones distintas y a nombre de personas diversas, no le corresponde al SAG determinar quién es el verdadero dueño, facultad privativa de los Tribunales de Justicia.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes.

Acompaña plano de subdivisión de la Hijuela Uno del Fundo Santa Catalina, certificado por el SAG; certificado de subdivisión N IV-L-47 de fecha 10 de julio de 2012; copia de inscripción de dominio del predio objeto de la subdivisión, con certificado de vigencia; oficios de observaciones previas a la certificación; dos cartas de reingreso de la solicitud de subdivisión; y, Ordinario N 1097 de 5 de julio de 2012, suscrito por el abogado Patricio Izquierdo.

A fojas 50, comparece nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal, quien informando el recurso manifiesta que el recurrente confunde indebidamente dos entidades distintas, por una parte el Fisco y, por otra el Servicio Agrícola y Ganadero. Indica que el Fisco, en conformidad al artículo 547 inciso 2º del Código Civil, es una persona jurídica de derecho público. A su vez el Servicio Agrícola y Ganadero, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 18.755 es un servicio funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

A consecuencia de lo anterior, según lo establece el DFL Nº 1 de 1993, de Hacienda, sólo le asigna a los Abogados Procuradores Fiscales la representación de los servicios de la administración descentralizada del Estado de manera eventual, y sujeta a la calificación por parte del Consejo, en conformidad a lo establecido en el Nº 3 del artículo 24 del cuerpo legal citado, lo que en la especie no ha acontecido. Aclara además, que al tenor del artículo 6 de la Ley 18.575, la representación judicial y extrajudicial del Servicio Agrícola y Ganadero le corresponde a su Director Nacional. Manifiesta que conforme al artículo 46 de la normativa previamente citada, corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero certificar el cumplimiento de la normativa vigente en lo tocante a la subdivisión de predios rústicos, por lo que corresponde a dicho servicio informar respecto a sus decisiones en dichas materias, estándole vedado al Fisco, en cuya representación comparece, intervenir informando sobre lo actuado por el Servicio Agrícola y Ganadero respecto de lo impugnado por el recurrente de autos.

A fojas 53 se traen los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección de garantías constitucionales consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene una naturaleza cautelar y está destinada a restablecer la vigencia del derecho, amparando el libre ejercicio de las garantías constitucionales específicamente señaladas en la norma citada, ante una situación anormal o evidente que vulnere o amague dicho ejercicio, suponiendo la existencia cierta y comprobada de algún acto ilegal o arbitrario, que cause privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo de las garantías y derechos que el artículo 20 de la Constitución asegura;

SEGUNDO: Que, la pretensión por la cual se recurre, consiste en que el Servicio Agrícola y Ganadero ha procedido a autorizar una subdivisión predial de terrenos que son de propiedad de su representada, en un plano que terceros han presentado para esos fines atribuyéndose dominio sobre parte de un inmueble de su mandante. Ello, por cuanto según expresa, el plano que se acompaña a la solicitud no se encuentra conforme a los títulos de dominio en cuanto a los deslindes y a la superficie del terreno, abarcándose parte del predio de propiedad de su representado que fue subdividido el año 2003. Lo que constituiría un acto ilegal y arbitrario que amenaza y perturba la garantía constitucional consagrada en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho de dominio;

TERCERO: Que, el Servicio Agrícola y Ganadero, arguye que entre sus facultades legales no se encuentra la de autorizar subdivisiones prediales, ya que conforme al artículo 1º del D.L. 3.516 de 1980, los predios rústicos podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. En los términos citados al Servicio únicamente le compete certificar la subdivisión de predios rústicos de acuerdo al artículo 46 de la Ley 18.755. Así, en la especie, expone que los solicitantes acreditaron mediante copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble y su certificado de vigencia actualizado, ser propietarios del mismo, graficándose en los planos que los lotes resultantes tenían superficies iguales o superiores a 0,5 hectáreas;

CUARTO: Que, para el análisis del presente recurso es preciso tener en consideración que si bien el recurrente manifiesta la existencia de una presunta superposición de predios, entre un inmueble de propiedad de su representado y el terreno objeto de subdivisión predial, no singulariza en modo alguno el retazo en cuestión, no se refiere a sus deslindes ni superficie, ni entrega elementos de juicio que permitan comprobar el carácter indubitado de su derecho;

QUINTO: Que, por otra parte, de la lectura atenta de la carta de fecha 26 de junio de 2012, dirigida por el recurrente a don nombre reservado, Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, acompañada a fojas 19 de autos, se desprende que existe un juicio pendiente respecto de la propiedad de los terrenos referidos en el procedimiento sub-lite;

SEXTO: Que, cabe tener presente además, que la controversia existente, que versa sobre la propiedad de un inmueble que se atribuye tanto el interviniente como los requirentes de la subdivisión predial no puede ser resuelta, en forma alguna, por el Servicio Agrícola y Ganadero, por cuanto carece de las facultades legales para ejercer tal función. En efecto la ley ha limitado su competencia en orden a realizar un análisis específico y concreto de los títulos de dominio que se le incorporen, referido a la coincidencia entre éstos y los planos de subdivisión presentados, tanto respecto de los deslindes cuanto de la superficie de los lotes resultantes. En este sentido, como se ha señalado precedentemente, el artículo 46 de la Ley 18.755 utiliza la expresión “certificará” y no “autorizará” para la procedencia de la subdivisión de predios rústicos, lo que ratifica que no se trata de una facultad discrecional del Servicio sino de una constatación del cumplimiento de la normativa vigente. A mayor abundamiento, es la Resolución Exenta Nº 169 de 1 de febrero de 1994 la norma legal que dispone la documentación que debe acompañarse a la solicitud de subdivisión, entre la que se cuenta la inscripción de dominio del predio, y sus considerandos fijan claramente los objetivos del legislador en la materia. Ellos se limitan a establecer un sistema ágil y expedito para el otorgamiento de los certificados que acrediten el cumplimiento de la normativa legal, en materia de subdivisión de predios rústicos; la necesidad de aplicar y fiscalizar las normas sobre defensa del suelo y su uso agrícola; y, finalmente, el establecimiento de una sistema catastral específico, para conocer la magnitud y estado de los recursos naturales renovables del ámbito agropecuario y el establecimiento de normas técnicas para los estudios de la carta nacional de suelos;

SÉPTIMO: Que, considerando el carácter breve y sumario de este procedimiento, para que pueda prosperar la acción de protección, los hechos denunciados deben constituir una privación, perturbación o amenaza grave y ostensible, de tal forma que se aparten de manera evidente de la legalidad o impliquen un actuar arbitrario, caprichoso, carente de los más elementales principios de la lógica o la prudencia, esto es, lejano a cualquier fundamentación razonable. Así, conforme a lo razonado, el derecho presuntamente conculcado debe revestir el carácter de indubitado para que prospere esta acción cautelar OCTAVO: Que, en este contexto, no es posible obtener por esta vía el reconocimiento del derecho que se reclama, pues la controversia jurídica que de ello se sigue ha de resolverse en un juicio de lato conocimiento que permita el esclarecimiento de los hechos pertinentes y en que se fundamente cada una de las pretensiones de los interesados. En la especie, como se desprende de los motivos previos, la cuestión de fondo promovida, excede con creces los límites de un recurso de protección, cuyo procedimiento breve y sumario no permite el conocimiento de conflictos jurídicos como el expuesto.

NOVENO: Que, la presente acción de protección se ha deducido también en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal de La Serena, don nombre reservado. A este respecto cabe considerar que, efectivamente, el Fisco de Chile y el Servicio Agrícola y Ganadero son dos entidades diversas. En conformidad al artículo 1º de la Ley 18.755, el SAG es un servicio funcionalmente descentralizado, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Por su parte, el artículo 6 del cuerpo legal citado, en su inciso 1º, dispone que “La dirección superior, la organización y la administración del Servicio Agrícola y Ganadero le corresponderán al Director Nacional, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo y será el Jefe Superior del Servicio”.

Asimismo, conviene tener presente que según lo establece el DFL Nº 1 de 1993, de Hacienda, sólo se le asigna a los Abogados Procuradores Fiscales la representación de los servicios de la administración descentralizada del Estado de manera eventual, y sujeta a la calificación por parte del Consejo, en conformidad a lo establecido en el Nº 3 del artículo 24, respecto de la defensa en recursos de protección dirigidos en contra de servicios estatales, lo que en la especie no ha ocurrido, de acuerdo a lo expresado en el informe del Abogado Procurador Fiscal que rola a fojas 50 de autos.

Por las razones expuestas y habida cuenta que los actos objetados han sido de competencia del Servicio Agrícola y Ganadero, en su calidad de órgano descentralizado y con personalidad jurídica propia, resulta del todo improcedente que la acción sub-lite se haya dirigido en contra del Fisco de Chile.

DÉCIMO: Que, por todo lo expresado, debe desestimarse la acción impetrada.

Y, vistos, además, lo prescrito en el artículo 20 de la constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema sobre la materia, se RECHAZA el recurso deducido en lo principal de fojas 23, por el abogado Juan Pablo Corral Gallardo en representación de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Raúl Pelen Baldi.

Rol Nº 805-2012 Civil.-