nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTRO

nombre reservado

Superintendencia de Pensiones y otro Recurso de protección Rol N°802-2025.- La Serena, siete de julio dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo a la solicitud de retiro de fondos para extranjero, comunicado el 15 de abril de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°18.156 y, al efecto, cita los artículos 1 y 7 del referido cuerpo legal, haciendo presente que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa para acceder al retiro peticionado.

Acota que en el rechazo se señaló: “Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”, circunstancia que admite implícitamente que se encuentra afiliado.

Afirma que se incorporan requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que evidencia el actuar arbitrario e ilegal al limitar el derecho de propiedad que tiene el actor respecto de los fondos depositados.

Expone que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que indica en su libelo. De esa forma, al ser la constancia electrónica verificable, la actitud omisiva asumida por la parte recurrida abona a considerar el rechazo como arbitrario e ilegal.

Argumenta que la Administradora de Fondos de Pensiones insiste en señalar que la constancia electrónica no es un documento válido, sin especificar el motivo de esa afirmación y el fundamento jurídico que lo sustenta. En ese sentido, señala que aquélla, al momento de ser descargada arroja un código de verificación compuesto por letras y números. Añade que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, lo que se realiza ingresando al dominio web que indica.

Destaca que la normativa solamente se limita a señalar que el técnico profesional extranjero debe encontrarse afiliado y manifestar la voluntad, en el contrato de trabajo o en sus anexos, de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad.

Culmina solicitando se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; adoptándose las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Notificación rechazo; 3. Carta de rechazo; 4. Declaración jurada simple; 5. Declaración jurada ante Notario Público; 6. Constancia de afiliación electrónica; 7. Título profesional; 8. Anexo de contrato de trabajo; 9. Cédula de identidad venezolana; y 10. Carta de aprobación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum.

SEGUNDO: Que a folio 7, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

Esgrime que el motivo por el que rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero, se debe a que el recurrente acompañó a su solicitud el documento “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, el que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación y no señala las coberturas con que cuenta el afiliado, sino que indica de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano; asimismo, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y no está debidamente legalizado o apostillado, por tanto, carece de validez en nuestro país, postura que ha sido refrendada por diversas Cortes de Apelaciones.

Afirma que no puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones, toda vez que el actor no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la letra a) del artículo primero de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, de forma tal que en la especie no se verifica acto ilegal ni arbitrario alguno.

Acompaña a su informe: 1. Solicitud N°23681; 2. Título profesional apostillado; 3. Declaración jurada ante Notario; 4. Constancia electrónica de cotizaciones; y 5. Contrato y anexo suscrito con el empleador.

TERCERO: Que a folio 12, evacuó informe la recurrida Superintendencia de Pensiones.

En primer lugar, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto, por cuanto del tenor literal del arbitrio se desprende que lo que pretende el recurrente no es otra cosa que una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, al no estar conforme con lo resuelto por esta Superintendencia, olvidando que no acreditó cumplir con los requisitos normativos para acceder a tal devolución.

En cuanto al fondo, menciona que el actor no registra ante este dicho organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes al recurso, lo que se corrobora con el hecho que no hace referencia alguna ni individualiza el acto en contra del que recurre respecto de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere la normativa aplicable a la materia consultada, haciendo presente que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

Esgrime que en el ejercicio de su facultad interpretativa, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1 de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Menciona que la jurisprudencia administrativa de su organismo ha resuelto que para acreditar este requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual, expresamente, se indique que éste ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Argumenta que conforme con los antecedentes acompañados, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos para retirar los fondos como técnico extranjero, se puede apreciar que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y no fue legalizado ni apostillado, por lo que no cumple con los requisitos de legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, por otra parte, agrega que el actor sólo acompaña anexo del contrato de trabajo, lo que no permite acreditar si cumple con el requisito de expresar inequívocamente en su contrato de trabajo, su voluntad de permanecer afiliado al régimen previsional de seguridad social en el extranjero, sino que después de haber iniciado su relación laboral, pretende dar por cumplido el requisito de permanecer afiliado al sistema previsional de su país de origen.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, conviene señalar que, desde el momento que existe controversia sobre si los antecedentes acompañados por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, cumplen o no con los requisitos que establece la Ley N°18.156 en su artículo 1 para proceder a dar lugar a lo peticionado, se evidencia que en la especie no existe un derecho indubitado, circunstancia que impide dar lugar a la acción pretendida.

Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, se estima que el documento acompañado por el actor, consistente en constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es idóneo y suficiente para tener por cumplido el requisito contemplado en la letra a) del articulo 1 de la Ley N°18.156, motivo suficiente para insistir en el rechazo que se indicó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°802-2025 Protección.-