nombre reservado con EJÉRCITO DE CHILE

nombre reservado

Ejército de Chile Recurso de protección Rol N°801-2025.- La Serena, uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don nombre reservado, oficial en retiro del Ejército de Chile, quien interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile, representado legalmente por su Comandante en Jefe, fundado en actos y omisiones ilegales y arbitrarios que vulneran garantías fundamentales tanto de su persona como de un menor de edad bajo su cuidado, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Indica que es cotizante activo del sistema de salud institucional, con descuentos vigentes al Fondo de Ayuda Solidaria en Salud del Ejército (FASSE), y que tiene a su cargo un hijo menor de edad diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), inscrito como carga familiar ante dicho sistema institucional.

Señala que con fecha 16 de abril de 2025 presentó un requerimiento de acceso a información pública al Ejército de Chile, consultando sobre las medidas, protocolos, coberturas y normativa adoptada por esa institución para adecuarse a la Ley Nº21.545. La respuesta del Ejército, fechada el 13 de mayo de 2025, indica que no existen actos administrativos ni protocolos dictados al respecto y que actualmente se encuentra en elaboración un programa, reconociendo así que no se ha cumplido con la adecuación normativa exigida por la ley, cuyo plazo venció el 10 de marzo de 2024.

Afirma que, simultáneamente, el Boletín Informativo Nº5309, del 23 de abril de 2025, establece un beneficio limitado de reembolso de medicamentos para personas con Trastorno del Espectro Autista, cuya solicitud debe tramitarse mediante una unidad militar, excluyendo de facto al personal en retiro, pese a cumplir con los requisitos clínicos y administrativos necesarios. Destaca que la proximidad entre la fecha del requerimiento y la emisión del boletín sugiere una reacción directa ante su solicitud y no un trabajo planificado previo.

Sostiene que esta situación configura una omisión legal al no cumplir con lo dispuesto en la Ley 21.545, y un acto discriminatorio al imponer barreras formales que impiden acceder a un derecho garantizado por la ley y los tratados internacionales vigentes, afectando directamente el interés superior del menor con discapacidad.

Señala que se vulneran las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N.º 2, referido a la igualdad ante la ley, al discriminar al personal en retiro sin causa legítima; artículo 19 N.º 9, sobre el derecho a la protección de la salud, al negar acceso a un beneficio legal; y el artículo 1 inciso final, relativo al deber del Estado de estar al servicio de la persona humana.

Indica además que existe incumplimiento del artículo 25 de la Ley Nº21.545, que obliga a los órganos del Estado a adecuar su normativa interna en el plazo de un año desde su publicación, lo que fue explícitamente reconocido por el Ejército.

Refiere que se vulneran también tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 23, que establece el derecho a cuidados y asistencia adecuada para niños con discapacidad; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 7, 25 y 26, sobre el acceso equitativo a la salud y la obligación estatal de eliminar barreras estructurales; y el principio del interés superior del niño, que debe prevalecer en toda decisión pública que afecte a menores.

Solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos y omisiones descritos y se ordene al Ejército permitir al personal en retiro adscrito al FASSE acceder al beneficio de salud para personas con TEA sin la exigencia de canalización por unidad militar, dictar la normativa interna correspondiente para dar cumplimiento al artículo 25 de la Ley Nº 21.545 y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso equitativo, continuo y no discriminatorio a las prestaciones de salud para menores diagnosticados con TEA, cargas familiares de funcionarios en retiro.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Requerimiento de información pública; 2) Carta de respuesta del Ejército; 3) Boletín Informativo Nº5309.

SEGUNDO: Que informa el recurso el General de Brigada don nombre reservado, en representación del Ejército de Chile, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales del recurrente.

Sostiene que el artículo 25 de la Ley Nº21.545 no impone obligaciones al Ejército, sino que se refiere a modificar el artículo 66 quinquies del Código del Trabajo, disponiendo un permiso laboral especial para los padres, madres o tutores legales de menores diagnosticados con trastorno del espectro autista. Este beneficio está expresamente destinado a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, la Ley N.0 18.834 y la Ley N.º 18.883, es decir, al personal sujeto a regímenes laborales civiles, por lo que a ese respecto no existe incumplimiento legal alguno.

Alega la falta de legitimación activa del recurrente, considerando que el actor comparece a título personal, en calidad de funcionario en retiro del Ejército de Chile, afirmando que actúa en defensa de los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, no se acompaña al recurso antecedente alguno que acredite la calidad de representante legal del menor, ni su nombramiento como tutor judicial, curador ad litem o cualquier otra figura legal que le permita accionar válidamente a su nombre.

Agrega que el artículo 5 de la Ley Nº 21.545, invocada por el propio recurrente, establece expresamente que la persona directamente afectada por una acción u omisión discriminatoria puede ejercer las acciones que la ley contempla "a través de su representante legal o quien tenga de hecho su cuidado personal o educación". Adicionalmente, en su inciso segundo, dicho artículo precisa que, tratándose de personas con Trastorno del Espectro Autista que cuenten con calificación y certificación de discapacidad conforme a la Ley N.º 20.422, podrán ejercer acciones por sí o por intermedio de un familiar, cuidador o cuidadora.

Agrega que existen vías judiciales específicas reguladas en las leyes Nº20.609 y Nº20.422 para la materia discutida, por lo que el recurso de protección no es procedente.

Señala que la institución ha respondido adecuadamente al requerimiento de información del recurrente, detallando diversas acciones desarrolladas para adecuarse progresivamente a la Ley N.º 21.545, incluyendo capacitaciones, protocolos, beneficios específicos y programas pilotos en distintas localidades.

Destaca que el recurrente expone en su recurso, referido a su requerimiento de acceso a la información pública efectuado en fecha 16 de abril de 2025, que le es respondido mediante carta de fecha 23 de mayo de 2023, dando cuenta que la respuesta institucional cumplió con los requisitos legales y administrativos exigidos por la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, remitiendo documentación concreta, actualizada y relacionada con lo solicitado por el recurrente.

Alega la excepcionalidad y condiciones específicas del beneficio de reembolso de medicamentos establecido por la institución, indicando que la medida es focalizada y condicionada a diagnósticos específicos, evaluación económica y social, entre otros. Explica que los requisitos no constituyen simples exigencias administrativas, sino condiciones sustantivas que permiten evaluar la pertinencia clínica, social y presupuestaria del otorgamiento del beneficio.

En consecuencia, lo solicitado por el recurrente, consistente en acceder al reembolso prescindiendo de estos filtros institucionales, no configura un derecho indubitado ni exigible por vía cautelar, tratándose más bien de una pretensión discrecional y condicionada que excede el marco del recurso de protección. Asimismo, de existir controversia sobre el cumplimiento de los requisitos del Fondo de Ayuda Solidaria de Salud del Ejército (FASSE) al que se encuentra adscrito, su conocimiento corresponde a la sede ordinaria competente.

TERCERO: Que aparece de estos antecedentes que lo pedido por el actor en su recurso dice relación con que se ordene al Ejército de Chile que “Permita al personal en retiro adscrito al FASSE acceder al beneficio de salud para personas con TEA sin exigencia de canalización por unidad militar o cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº21.545, dictando la normativa interna correspondiente, o adopte todas las medidas necesarias para asegurar el acceso equitativo, continuo y no discriminatorio a prestaciones de salud para menores con diagnóstico de Trastorno del especto autista, cargas familiares de funcionarios en retiro”.

CUARTO: Que el artículo 25 de la Ley N°21.545, se encuentra descontextualizado en relación a lo invocado en el arbitrio, toda vez que dicha norma ordena agregar en el Código del Trabajo el artículo 66 quinquies, referido a que aquellos que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media, todo lo que lleva a rechazar dicha alegación.

QUINTO: En segundo término y, en cuanto a que se ordene al Ejército de Chile que Permita al personal en retiro adscrito al FASSE acceder al beneficio de salud para personas con Trastorno del Espectro Autista sin exigencia de canalización por unidad militar, aparece por un lado, que lo que se está solicitando es que este tribunal realice una declaración general aplicable a la institución del Ejército de Chile lo que no corresponde hacer a través de una acción de naturaleza cautelar como lo es el recurso de protección y en segundo término, en cuanto no se indica en el recurso mayores antecedentes respecto de la condición del hijo del recurrente que acredite encontrarse en situación de ser aplicable la Ley N°21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, acogiéndose en tal sentido la alegación efectuada por la recurrida sobre ese punto.

SEXTO: Que, por su parte, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, de lo expresado es posible concluir que la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso desde que, como se dijo, el actor no acredita que se encuentre en la situación de ser aplicable la ley N°21.545, y en particular el beneficio que se dio a conocer través del Boletín Informativo Nº5309, de fecha 23 de abril de 2025, el cual, conforme sostiene la recurrente no responde a una obligación legal general, sino a una política institucional focalizada, sujeta a disponibilidad presupuestaria y a criterios técnicos específicos.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°801-2025 Protección.-