nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado Odett Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 8002-2022.- La Serena, treinta de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Javier Antonio Ruiz Isla, abogado, en favor de doña nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, de nacionalidad haitiana, deduciendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva realizada con fecha 23 de octubre de 2020, al transgredir dicha omisión las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó a Chile en calidad de turista y, con el propósito de establecerse y desarrollar un proyecto de vida en el país, presentó una solicitud a fin de obtener su permanencia definitiva en el mes de octubre de 2020.

Habiéndose acogido la solicitud a trámite, y no obstante el tiempo transcurrido, a la fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte de la recurrida, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, que consagra el principio de celeridad, añadiendo que los funcionarios de los Órganos de la Administración del Estado deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites, por lo que su actuar deviene en ilegal, al contravenir dichas disposiciones y, asimismo, en arbitraria, toda vez que el principio de economía procedimental establece que la Administración debe evitar trámites dilatorios, y en el presente caso no se ha pronunciado de la solicitud en un plazo razonable, es decir, en el término de los 6 meses desde su iniciación, lo cual conculca el legítimo ejercicio del derecho a la integridad física y síquica, al derecho de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, puesto que se le ha otorgado un trato discriminatorio en relación a otras personas que, en igualdad de condiciones, sí han obtenido la resolución de sus solicitudes en un plazo razonable, encontrándose en la actualidad en situación de constante preocupación y en una situación laboral precaria derivada de las dificultades que ha tenido para realizar diversas diligencias y trámites en la vida cotidiana.

Por tanto, solicita ordenar a la recurrida que se pronuncie sin más trámite sobre la solicitud de permanencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso: i) Copia Pasaporte. ii) Cédula de identidad extranjero. iii) Visa temporaria. iv) Solicitud de Permanencia Definitiva en trámite.

SEGUNDO: Que comparece Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción.

Manifiesta que la extranjera presentó su solicitud de permanencia definitiva en la fecha indicada por esta. Luego, con fecha 04 de agosto de 2022, se le notifica a su correo electrónico que debe pagar derechos y acompañar los antecedentes requeridos, lo que no se ha cumplido.

Así, estando en tramitación la misma, su situación migratoria se mantiene regular en el territorio nacional, pudiendo acreditarlo a través de su cédula de identidad, la que se encuentra vigente para tales efectos.

Sostiene que el plazo del procedimiento administrativo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es un plazo fatal, el que podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país. Cita jurisprudencia al efecto.

Indica que, bajo esa lógica, no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar curso de forma regular y progresiva al expediente de solicitud de permanencia definitiva, el que se ha sometido a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley 19.880, no existiendo vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos señalados por este.

Agrega que, de hecho, es el abuso de esta vía judicial lo que ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos migratoria, debiendo la autoridad dar prioridad a las solicitudes presentadas por los recurrentes de amparo y protección en desmedro de las más de 500.000 solicitudes migratorias que tramita la autoridad en la actualidad, citando jurisprudencia sobre el punto.

Por tanto, pide el rechazo de acción y de la condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada por quien recurre en octubre de 2020, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N° 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida acoger a trámite sin más demora su solicitud, o bien, adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Si bien es cierto que el Servicio recurrido ha alegado que la dilación de este proceso se debe al incumplimiento por la recurrente de la exigencia cursada, en cuanto al pago de los derechos a proseguir el trámite y anexar los antecedentes solicitados, no consta en autos que aquella instrucción haya sido debidamente notificada a la actora, de forma que se entenderá que ésta toma conocimiento de aquello a propósito de este recurso.

De esta forma y constando, como dijimos, que resulta efectivo el retraso en la dictación de la resolución sobre la solicitud elevada por la recurrente, se ordenará a la entidad recurrida dictarla en el plazo que se indicará en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de la actora, ha superado los dos años de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud de quien recurre, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Este razonamiento no se ve alterado por el hecho de existir obligaciones pendientes por cumplir por parte de la recurrente, pues es el servicio el que debe dar respuesta a la petición formulada ante él, como en derecho corresponda.

NOVENO: Que, del mismo modo, se desestimará la alegación de la recurrida en orden a que quienes recurren formarían parte de un grupo privilegiado que pretende la resolución de sus solicitudes en forma previa a las de otros peticionarios, lo cual, en su concepto, pugnaría en contra del principio de igualdad ante la ley, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, el acceso a la tutela judicial efectiva constituye el legítimo ejercicio de una garantía constitucional establecida en favor de todas las personas en nuestra Carta Fundamental, sean nacionales o extranjeros, no pudiendo, por tanto, en caso alguno puede entenderse tal prerrogativa como un privilegio.

DÉCIMO: Que, finalmente, entendiendo que tanto la solicitud de residencia definitiva efectuada por la actora, como la fecha de esta, son hechos reconocido por la recurrida, habiendo transcurrido dos años, tiempo más que excesivo para atender requerimientos ciudadanos, se condenará en costas al servicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por quien recurre, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, a contar de la fecha de vencimiento del plazo de sesenta días (60) otorgado por la recurrida para que la recurrente realice las diligencias de las que fue puesta en conocimiento a propósito de este recurso.

Acordada la condena en costas con el voto en contra de la Ministra Sra. Castro, quien además formuló la prevención de otorgar a la recurrida el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos para pronunciarse sobre la solicitud de la recurrente, al recaer el presente recurso sobre un acto administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 8002-2022 Protección