Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol Nº8-2026 La Serena, dos de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, trabajadora, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 13 de diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 90 días a contar del 12 de junio de 2023, por reposo no justificado, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que al momento de emitirse las licencias médicas rechazadas, se encontraba afectada por un cuadro de salud mental de larga data, consistente en trastorno depresivo moderado con síntomas ansiosos, agravado por la enfermedad y cirugía de su madre, a quien debió brindar cuidados postoperatorios.

Señala que dicho contexto generó un deterioro significativo de su estado psíquico, acreditado mediante informes médicos y certificado psicológico oportunamente acompañados ante COMPIN y SUSESO, los cuales diagnosticaron un compromiso funcional relevante e indicaron reposo laboral total como parte indispensable del tratamiento.

Refiere que las licencias médicas fueron inicialmente rechazadas por la COMPIN de Coquimbo, por estimar injustificado el reposo, decisión que fue confirmada por la SUSESO, fundándose en que los antecedentes no permitirían justificar incapacidad laboral más allá de los 165 días previamente autorizados, cuestionando la suficiencia de los informes médicos, la falta de manejo psiquiátrico continuo y la ausencia de un plan psicofarmacológico detallado.

No obstante, alega que la resolución es ilegal y arbitraria, por cuanto SUSESO desestimó los antecedentes clínicos aportados sin realizar diligencias mínimas de corroboración —como ordenar nuevos exámenes, peritajes o solicitar informes complementarios a los profesionales tratantes— limitándose a invocar argumentos genéricos relativos a la supuesta insuficiencia del tratamiento y a la extensión del reposo ya autorizado, infringiendo con ello el deber de motivación y el principio de objetividad que rige la actuación administrativa.

En consecuencia, argumenta que la resolución no cumple con los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos, infringiéndose los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, como además lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas y manifiesta que la recurrida, en definitiva, actúa en forma arbitraria e ilegal al no cumplir con su deber de fundamentar el rechazo de las licencias médicas o bien de recabar mayores antecedentes para despejar las dudas que puedan asistirle respecto al reposo prescrito, vulnerando su derecho a la vida e integridad física, al privarle de ejercer el derecho de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud.

Asimismo, refiere que se infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por último, refiere que dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Política, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y se ordene dejar sin efecto la resolución que confirmó el rechazo de las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberán autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago.

Acompañó a su presentación: 1- Resolución Exenta N° NUM000. 2- Informe médico de 03 julio de 2023 emitido por Dra. nombre reservado. 3- Informe médico de 12 de julio de 2023 emitido por Dra. nombre reservado. 4- Certificado atención psicológica de 28 de octubre 2025. 5- Epicrisis médica.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso de protección, señalando que la acción fue interpuesta el 03 de enero de 2026, en circunstancias que el recurrente ya tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN, desde que optó por reclamar en sede administrativa ante la Superintendencia de Seguridad Social el 30 de octubre de 2025. En consecuencia, sostiene que el presente recurso de protección fue interpuesto ya vencidos los 30 días a contar del momento en que el actor tomó conocimiento del rechazo de sus licencias, por lo que estima que debe declararse extemporáneo.

En subsidio, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, explicando el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, haciendo presente que, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, el sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez.

Por otra parte, señala que se estudiaron los antecedentes médicos de la parte recurrente y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permitieron establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por la misma patología.

Asimismo, señala que los informes médicos de fecha 03 de julio de 2023, 12 de julio de 2023, 18 de agosto de 2023, emitidos por las tratantes emisoras, resultan insuficientes a la hora de evidenciar elementos psicopatológicos-diagnósticos de gravedad tal en proporción a la extensión del reposo ya autorizado. Además, no permiten adecuadamente justificar el rol terapéutico del reposo reclamado, pues no se expone un plan de tratamiento psicofarmacológico concordante con la extensión total del periodo de reposo. Además, no se evidencia manejo terapéutico por profesional psiquiatra en todo el reposo citado. Sumado a lo anterior, el informe psicológico no especifica la frecuencia efectiva de sesiones psicoterapéuticas realizadas durante el periodo de reposo reclamado.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Señala que la Superintendencia se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la parte recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales de la actora.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, en lo referente a la alegación de extemporaneidad de la recurrida, debe tomarse en consideración, que si bien consta de los antecedentes que la recurrente reclamó del rechazo de sus licencias el 30 de octubre de 2025, lo cierto es que la presente acción de protección se interpone en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 13 de diciembre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 90 días a contar del 12 de junio de 2023, por reposo no justificado.

Por su parte, consta que la actora dedujo la presente acción constitucional el 03 de enero de 2026.

En consecuencia, de ello se verifica que la acción ha sido deducida dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, por lo cual la alegación de extemporaneidad deberá ser rechazada.

SEXTO: Que, enseguida, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado en reiteradas ocasiones por esta Corte- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 13 de diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 90 días a contar del 12 de junio de 2023, por reposo no justificado.

En cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 165 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes médicos generados con fecha 03-07- 2023, 12-07-2023, 18-08-2023, por las tratantes emisoras, resultan insuficientes a la hora de evidenciar elementos psicopatológicos-diagnósticos de gravedad tal en proporción a la extensión del reposo ya autorizado a la fecha. Además, no permiten adecuadamente justificar el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, no se expone un plan de tratamiento psicofarmacológico concordante con la extensión total del periodo de reposo. Además, no se evidencia manejo terapéutico por profesional psiquiatra en todo el reposo citado. Sumado a lo anterior, el informe psicológico adjunto no especifica la frecuencia efectiva de sesiones psicoterapéuticas realizadas durante el periodo de reposo reclamado”.

OCTAVO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

NOVENO: Que, además, conviene tener presente lo previsto en el artículo 16 del cuerpo legal previamente citado y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejando además a la paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de 13 de diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 90 días a contar del 12 de junio de 2023, por reposo no justificado y, en su lugar, se resuelve que se autorizan dichas licencias médicas, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°8-2026 (Protección).-