nombre reservado con MINISTERIO Y SUBSECRETARIA SALUD

nombre reservado

Ministerio y Subsecretaría Salud Recurso de protección Rol N°8-2025 La Serena, seis de febrero dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas N°3-106359924; 3-107311017; 3-108192936; 3-109226667; 3-110234767; 3-111021238, del que tomó conocimiento el 9 de diciembre de 2024, mediante ordenanza notificada por su empleadora Ilustre Municipalidad de Combarbalá, lo que representa una vulneración a los derechos de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que a propósito de las enfermedades que padecía su madre y los cuidados que ello significó, se le diagnosticó depresión y una alteración en la escala de evaluación de actividad global, por lo que por tal circunstancia y el posterior fallecimiento de su progenitora, le fueron extendidas sucesivas licencias médicas desde 21 de agosto de 2024.

Expone que el 9 de diciembre de 2024, a través de una ordenanza municipal, se le informó que las licencias médicas reprochadas por esta vía se encontraban rechazadas o sin derecho a subsidio, motivo por el que se le ordenó arbitrariamente el reintegro de las remuneraciones percibidas, comunicación que le pareció extraña, debido a que en tiempo y forma recurrió respecto del rechazo de dichas licencias ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Afirma que por un error o falla que no le es imputable, se le solicitó el reintegro, encontrándose imposibilitado de hacerlo, añadiendo que el rechazo ha producido un empeoramiento en su salud mental.

Culmina solicitando se deje sin efecto el rechazo de las licencias N°3-106359924; 3-107311017; 3-108192936; 3-109226667; 3-110234767; 3-111021238, procediendo a su pago y, consecuentemente, se deje sin efecto el proceso de reintegro ordenado, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Ordenanza N°670 de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá; 2. Pronunciamientos licencias médicas folio 3-106359924, de 27 de agosto de 2024; folio 3-107311017, de 16 de septiembre de 2024; folio 3-108192936, de 8 de octubre de 2024; folio 3-109226667, de 29 de octubre de 2024; folio 3-110234767, de 18 de noviembre de 2024; folio 3-111021238, de 2 de diciembre de 2024; 3. Informes médicos emitido por la médico cirujano con especialidad en Psiquiatría de adultos, nombre reservado, de 12 de agosto, 17 de septiembre, 4 de noviembre, 9 de diciembre y 23 de diciembre, todos de 2024; 4. Correo electrónico con código de recurso de reposición N°c78dcc94, de 20 de septiembre de 2024; 5. Correo electrónico con código de recurso de reposición N°92adcf7b, de 29 de septiembre de 2024; 6. Correo electrónico con código de recurso de reposición N°927bcc45, de 6 de noviembre de 2024; y 7. Correo electrónico con código de recurso de reposición N°2db5c156, de 10 de diciembre de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 7, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, emitiendo el informe requerido.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso intentado. En efecto, manifiesta que las licencias médicas recurridas fueron rechazadas en las datas que indica en el recuadro que adjunta, habiendo el actor ejercido la acción recién el 3 de enero de 2025, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba vencido. Sobre el particular, adiciona que las notificaciones de las resoluciones de rechazo de las licencias médicas se realizaron mediante la página destinada para ello –milicenciamedica.cl– fecha a partir de la cual debió recurrir. Acota, en lo que concierne a las alegaciones de falta de notificación de los pronunciamientos respecto de las apelaciones –interpuestas en cuatro de los seis rechazos– que los pronunciamientos le fueron notificados de la misma forma indicada recientemente.

Asimismo, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Luego, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.

Refiere que la cartola médica de la recurrente consigna que “LMED-106359924 RR se mantiene rechazo de LME 924. Informe del 17-09-2024, no aporta mayores antecedentes que justifiquen prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico.

LMED-107311017 se mantiene rechazo lm 017, informe médico no justifica extensión de reposo, sin informe psicológico a pesar de cuadro gatillado por duelo.

LMED-109226667 RR se mantiene rechazo de lme 667, antecedentes médicos presentados no justifican prolongar sin psicoterapia que justifique el rol terapéutico de su reposo.

LMED-111021238 RR se mantiene rechazo de LME 238. Informe del 09-12-2024, no aporta mayores antecedentes que justifiquen prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico.”

Indica que el recurrente con anterioridad a las licencias médicas por las que recurre presentó 5 por un total de 82 días. La primera de ellas, por un diagnóstico de “reacción a estrés agudo”, la segunda por un “trastorno mixto de ansiedad”, la tercera por un “episodio depresivo”, la cuarta por “otros trastorno de ansiedad” y la quinta por un “episodio depresivo moderado”.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acompaña a su informe: 1. Copia resoluciones rechazo de las licencias médicas N°3-106359924; 3-107311017; 3-108192936; 3-109226667; 3-110234767; 3-111021238; 2. Copia resoluciones rechazo apelaciones licencias médicas N°3-106359924; 3-107311017; 3-109226667; 3-111021238; 3. Cartola médica del recurrente; y 4. Copia apelaciones y antecedentes presentados por el recurrente.

TERCERO: Que a folio 8, luego de un mejor estudio de los antecedentes, advirtiéndose que existen actuaciones provenientes de la Municipalidad de Combarbalá que están relacionadas a la afectación que alega el recurrente y, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se solicitó informe a dicha institución, el que fue evacuado a folio 10.

Indica que el 9 de diciembre de 2024, por medio de Ordinario N°670, se le comunicó al recurrente que las licencias N°106359924, 107311017, 108192936, 109226667, 110234767 y 111021238, se encontraban rechazadas o sin derecho a subsidio, señalándosele el procedimiento a seguir, principalmente el derecho a apelar. Finalmente, indica que no se ha realizado ningún tipo de descuento en las remuneraciones concepto de licencias rechazadas.

Acompaña a su informe: 1. Ordinario N°457, de 21 de agosto de 2024; 2. Copia de correo electrónico de 3 de septiembre de 2024, enviado por don nombre reservado; 3. Copia de correo electrónico de 20 de septiembre de 2024, enviado por don nombre reservado; 4. Copia de correo electrónico de 23 de septiembre de 2024, enviado por doña nombre reservado, encargada de licencias médicas; 5. Copia de correo electrónico de 29 de septiembre de 2024, enviado por don nombre reservado; 6. Captura de pantalla respecto a licencia médica N° 109226667 y código 927bcc45; 7. Ordinario N°670, de 9 de diciembre de 2024; 8. Copia de correo electrónico de 10 de diciembre de 2024, enviado por don nombre reservado; 9. Copia de correo electrónico de 23 de diciembre de 2024, enviado por don nombre reservado; 10. Planilla de licencias médicas; y 11. Liquidaciones de sueldo de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que en relación a la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que, conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en el rechazo de las licencias médicas N°3-106359924; 3-107311017; 3-108192936; 3-109226667; 3-110234767; 3-111021238, de las que el recurrente afirma haber tomado conocimiento el 9 de diciembre de 2024, a propósito de la comunicación efectuada por su empleador. Sin embargo, conforme se colige del proceso, particularmente, de lo informado por la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y, a instancias de esta Corte, por la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, en relación a las licencias médicas las licencias médicas N°3-106359924; 3-107311017; 3-108192936; 3-109226667; 3-110234767, el recurrente tomó conocimiento del rechazo de las mismas en oportunidades anteriores a las declaradas en el libelo recursivo, lo que permite sostener que el arbitrio intentado lo fue una vez expirado el plazo perentorio contemplado en el Auto Acordado que regula la materia, circunstancia por la que se acogerá la alegación planteada, conforme se dirá en lo resolutivo.

Se hace presente, que dicha decisión no alcanza a la licencia médica N°3-111021238, cuya notificación de rechazo se verificó 11 de diciembre de 2024, de forma tal que la acción incoada lo fue dentro del término a que se ha hecho referencia.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física, igualdad ante la ley y de propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

OCTAVO: Que, en relación a la licencia médica N°3-111021238, conviene indicar que el fundamento expuesto por la recurrida en su resolución fue el siguiente: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”.

NOVENO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

DÉCIMO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

UNDÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DUODÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándolo, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los que se acogerá el recurso conforme se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO CUARTO: Que, finalmente, en lo que respecta a la petición referida a dejar sin efecto el proceso de reintegro ordenado por la Municipalidad de Combarbalá, teniendo especialmente en consideración que tal repartición pública no fue recurrida en el presente proceso, sino que sólo se le requirió información en atención a lo dispuesto en el inciso tercero, numeral tercero del Auto Acordado que regula la materia, no se accederá a ella.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, las alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

II.- Que, SE ACOGE, la alegación de extemporaneidad planteada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo respecto de las licencias médicas N°3-106359924; 3-107311017; 3-108192936; 3-109226667; 3-110234767, rechazándose, en consecuencia, el recurso intentado en lo que a ellas refiere.

III.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se ordena que la recurrida deberá proceder a autorizar el pago de la licencia médica N°3-111021238, dentro de quinto día desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°8-2025 Protección.