nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°792-2024.- La Serena, veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el quince de mayo de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), en particular, en contra de la Resolución Administrativa N°R-01-UME-60966-2024 de 15 de abril de 2024, de la que fue notificado en la misma fecha, que rechaza las siguientes licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 80234382-5, 80834286-3, 81597237-6, 82756725-6, RUT reservado.

Expone, en lo medular, que por problemas laborales y familiares se le genero una parálisis en la pierna izquierda que le impedía caminar con normalidad, lo cual fue el inicio de las licencias médicas, comenzando con terapias o sesiones kinesiológicas, puesto que se creía que podría ser lumbago o algo parecido, no obstante, no lo era, por lo que estuvo con tratamiento por 1 mes y medio aproximadamente.

Luego se dio cuenta de que no solo era un supuesto lumbago, sino que era algo ya que estaba afectando su sistema nervioso, su estado anímico se fue deteriorando aún más y el salir de su casa ya era todo un reto, un problema, puesto que las aglomeraciones de personas hacían que comenzara a sudar, a marearse, inclusive un par de veces esos mareos se transformaron en pérdida de consciencia, desmayos, por lo que debió iniciar tratamientos psicológicos y psiquiátricos, en donde se le recetaron medicamentos que lo ayudaban, pero lo mantenían en un estado de letargo, por lo que sin duda le era muy difícil retomar el ritmo de la minería trabajando en turnos largos de 10 x 10 o superior, máxime con todas las exigencias, los viajes, dormir mal, la presión y todo lo que conllevan las faenas mineras.

Es así como por prescripción médica se mantuvo con licencias, para recuperarse de lo que estaba padeciendo, intentando hacer otras cosas, compartir más en familia, etcétera, a fin de que, bajo instrucciones del psiquiatra, pudiera prepararme para su reinserción en lo laboral.

Destaca que ni siquiera fue citado para ser evaluado por la SUSESO o COMPIN, conforme a las facultades que estos organismos tienen.

Hace presente que a finales del mes de mayo del año 2023, luego de meses de licencia médica, el especialista le dio el alta correspondiente para que pudiera retornar a sus labores en la minería y buscara hacer su vida de forma normal, pero lamentablemente fue desvinculado de sus labores.

En definitiva, se acompañó una serie de documentos médicos para respaldar sus apelaciones, lo cual era concordarte con la circular N°AU08-2020-02065 de la propia SUCESO, la cual mencionaba que junto con la solicitud se debe acompañar entre otros documentos: Informe médico (con su respectiva fecha probable de reintegro, rol terapéutico, evolución del paciente y el plan de tratamiento) junto a otros antecedentes médicos. Estos documentos fueron ciertamente acompañados en la oportunidad administrativa pertinente.

Es así que, tras ser informado del rechazo de sus licencias médicas por parte del COMPIN, decidió el 07 de febrero de 2024 recurrir vía reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-60966-2024 de 15 de abril de 2024, rechaza las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 80234382-5, 80834286-3, 81597237-6, 82756725-6, RUT reservado, extendidas por un total de 145 días a contar del 03 de noviembre de 2022, por reposo no justificado.

Aduce que la SUSESO, sin realizar un análisis pormenorizado ni justificar su negativa, termina rechazando sus pretensiones en orden a la reconsideración de la negativa a aprobar las licencias rechazadas.

Reiter que ni COMPIN ni SUSESO le realizaron algún tipo de peritaje o examen de tipo psicológico o psiquiátrico, según correspondiera, para efectos de establecer la realidad de su incapacidad y su situación de afectación mental, como comúnmente se debe realizar (y corresponde hacerlo), confirmando el rechazo de las licencias por mero capricho y arbitrio de la recurrida.

Menciona que la SUSESO decidió sin más mantener el rechazo a las licencias médicas que le fueron otorgadas válidamente, a pesar de existir informes que avalarán su necesidad y su fundado otorgamiento por las afectaciones a la salud que estaba padeciendo, sin considerar siquiera que desde el año 2022 estaba intentando sobrevivir y mantenerse sin recibir el subsidio que le corresponde.

Por otra parte, debe considerarse lo anterior como una decisión abusiva en atención de que debiese considerarse como más que suficiente que como paciente médico consulte a un especialistas médico en el área de la siquiatría realizando un seguimiento y un tratamiento serio con la medicación e informes respectivos, de manera que resulta una conducta diligente por su parte a fin de evitar precisamente el rechazo posterior de las licencias; sin embargo, sin que exista fundamento médico alguno para el rechazo de las licencias, se señala que simplemente todos esos antecedentes no justifican el reposo.

Así pues, el rechazo de las licencias médicas por el organismo administrativo, debido a los fundamentos escuetos y carentes de motivación ya expresados, resulta claramente arbitrario, abusivo e ilegal.

Postula que el hecho fundante de esta acción de protección que constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1º, 2, 9º, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la Resolución Administrativa individualizada y decretar que se aprueben las licencias médicas rechazadas, ya individualizadas, teniendo por justificado el reposo médico decretado, ordenar su pago y todos los derechos que emanan de dicha aprobación, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia de dictamen Departamento Contencioso Unidad Médica R-19338-2024, Resolución Exenta N°R-01-UME-60966-2024, Santiago, del 15 de abril de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2) Informe emitido por Médico Psiquiatra don nombre reservado; 3) Informe Médico emitido por el especialista en psiquiatría don nombre reservado; 4) Informe psicológico emitido por la profesional doña nombre reservado; 5) Informe emitido por el Médico Cirujano don nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que consta en el expediente administrativo que se acompaña al informe, el Sr. nombre reservado, reclamó mediante presentación de 07 de febrero de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Atacama, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 80234382-5, 80834286-3, 81597237-6, 82756725-6 y RUT reservado, extendidas por un total de 145 días, a contar del 03 de noviembre de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esa Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes tenidos a la vista, entre los que se encuentran el Maestro Histórico de Licencias Médicas de su entidad previsora de salud y los informes médicos y de psicólogo (por psicodiagnóstico) que acompañan la actual presentación, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología y 360 en total. En efecto, los informes antes mencionados, no dan cuenta del rol terapéutico del reposo, lo que sumado a que no acredita asistencia regular a terapia psicológica (solo asistencia a psicodiagnóstico) o la utilización de otras herramientas terapéuticas orientadas al reintegro laboral, impiden justificar la prórroga. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N°R-01-UME-60966-2024, de 15 de abril de 2024.

Al respecto, destaca que en atención al reclamo presentado por el Sr. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:

“(13/03/2023) … RR LME 4382, se mantiene rechazo, adjunta IMT muy general y no protocolizado de med. Del extrasistema, sin GAF, sin señalar si requirió ajustar farmacoterapia, sin pronóstico y sin FPA, adjunta certificado de psicóloga muy general. Considerando lo extenso del reposo (195 días de reposo continuo, todos autorizados) no se objetiva derivación a psiquiatra. Los antecedentes no resultan suficientes para justificar que la prolongación del reposo cumpla un rol terapéutico…”

Por su parte, los profesionales de esa Superintendencia, consistente con lo señalado informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: 36 años, cesante (antes trabajaba en minería)270 días de reposo autorizados (alternados con 90 por patología de columna lumbar) y 90 rechazados por afección de salud mental. De acuerdo a documentación adjunta, problema de salud fue gatillado por que se le negó permiso para "bajar" a ver a su padre gravemente enfermo. Lo anterior en contexto de embargo de su casa. Presentó sintomatología principalmente ansiosa con crisis de pánico y trastorno del sueño. manejo con paroxetina 12,5 mg sin modificaciones. Judicializó 3 LM que habían sido rechazadas por la COMPIN. La corte instruyó peritaje que realizó uno de los médicos que lo había atendido, razón por la cual dicho peritaje deja de tener validez alguna. Pese a lo anterior las LM fueron autorizadas. Se revisan los antecedentes incluidos informes médicos y peritaje. En los IMC no se advierte de la presencia de elementos psicopatológicos o impacto en la funcionalidad de magnitud tal que le impidan trabajar o se describe evolución cronológica del cuadro clínico ni la necesidad de cambios o ajustes farmacológicos en función de la misma. No acredita asistencia regular a psicoterapia (solo proceso de psicodiagnóstico) la utilización de otras herramientas terapéuticas orientadas al reintegro. Evaluación por psiquiatra posterior a al menos 350 días de reposo, antes por médico general. Se rechaza.”.

A su vez, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…los informes antes mencionados, no dan cuenta del rol terapéutico del reposo, lo que sumado a que no acredita asistencia regular a terapia psicológica (solo asistencia a psicodiagnóstico) o la utilización de otras herramientas terapéuticas orientadas al reintegro laboral, impiden justificar la prórroga...”

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esa Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita sea desestimada en todas sus partes la acción, con costas.

Acompaña copia del expediente administrativo, relativo al caso del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-60966-2024, de 15 de abril de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social mantiene el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 80234382-5, 80834286-3, 81597237-6, 82756725-6 y RUT reservado, extendidas por un total de 145 días, a contar del 03 de noviembre de 2022, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea “los antecedentes tenidos a la vista, entre los que se encuentran el Maestro Histórico de Licencias Médicas de su entidad previsora de salud y los informes médicos y de psicólogo (por psicodiagnóstico) que acompañan la actual presentación, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología y 360 en total. En efecto, los informes antes mencionados, no dan cuenta del rol terapéutico del reposo, lo que sumado a que no acredita asistencia regular a terapia psicológica (solo asistencia a psicodiagnóstico) o la utilización de otras herramientas terapéuticas orientadas al reintegro laboral, impiden justificar la prórroga”.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área que sea de su confianza y por el que, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente y el informe evacuado por profesionales de la Superintendencia, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 80234382-5, 80834286-3, 81597237-6, 82756725-6 y RUT reservado, extendidas por un total de 145 días, a contar del 03 de noviembre de 2022, rechazadas por reposo no justificado, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°792-2024 (Protección). -