nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 791-2024.- La Serena, treinta de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 y el 15 de mayo de los corrientes comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra actuando en favor del ciudadano venezolano nombre reservado, empleado, C.I. N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión en el pronunciamiento de la petición de permanencia definitiva y con ello privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente garantizados en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, es decir, la igualdad ante la ley, conforme a los siguientes antecedentes.

Señala que el recurrente ingresó a Chile en calidad de turista, con el objeto de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida en nuestra nación, decidió cambiar su condición migratoria a residente temporario.

Agrega que el 18 de abril de 2023 solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, como consta en comprobante de solicitud N°62753858., posteriormente, el 8 de mayo de 2024 realizó el pago de los derechos del beneficio migratorio solicitado, dentro del plazo indicado en la orden de giro emitida para tales efectos.

Menciona que hasta la fecha no se le ha dado respuesta respecto de su petición, lo que le priva de derechos fundamentales, al no poder realizar trámites esenciales de la vida cotidiana, ya que, al no ser titular de un visado vigente, no logra acceder a trámites básicos como lo son actos de compraventa, así como de realizar inversiones en el país, siendo el caso de que en la práctica las instituciones financieras y bancarias han solicitado en reiteradas oportunidades ser poseedor de un visado vigente para poder postular a financiamientos o crédito.

Indica que al no contar con una cédula de identidad vigente se ha visto coartado y postergada la libertad de acceder a distintas instituciones tanto públicas y privadas ya que se encuentran inmersos por un trámite tardío y demorado, limitando la capacidad de contratar servicios, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar productos bancarios, solicitar créditos, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y manteniéndola en una constante situación de preocupación e incertidumbre.

Acota que si bien la normativa sectorial no establece los plazos dentro de los cuales la autoridad administrativa debe pronunciarse, ya sea en relación con la permanencia de extranjeros en Chile o al otorgamiento de visa, en cualquiera de sus modalidades, por la naturaleza de estos procedimientos administrativos, requieren de la autoridad un pronunciamiento oportuno, de ahí la necesidad de establecer un tiempo de sustanciación del mismo.

Señala que el artículo 7 de la Ley de Migraciones destaca la noción de procedimiento migratorio informado, en virtud del cual es deber del Estado, proporcionar información sobre el mismo, en forma íntegra, oportuna y eficaz, para lo cual, es indispensable que el procedimiento comparta iguales caracteres. Añadiendo que se debe aplicar en forma supletoria las normas de la Ley 19.880, en especial el artículo 27 que dispone que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, en tanto el artículo 24, prescribe que las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los veinte días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse.

Finaliza solicitando acoger el recurso interpuesto y ordenar a la recurrida que se prenuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 del Reglamento contenido en Decreto Supremo N° 296 de 2022 o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes antecedentes: 1. Comprobantes de solicitud de permanencia definitiva; 2. Cédula de identidad para extranjeros, 3. Comprobante de subsanación de nombre reservado, 4. Comprobante de subsanación, enviado por correos de Chile, 5. Certificado antecedente de residencia de AFP PLAN VITAL donde acredita su domicilio.

SEGUNDO: Que, a folio 04 y el 22 de mayo de 2024, informando por la recurrida comparece el abogado Roberto Ignacio Castillo Toro, solicitando en primer lugar se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, lo que no se configura, conforme sustenta con la mención de dos sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, Rol 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales del recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

A continuación, señala que el actor, ingresó por primera vez al país el 4 de mayo de 2017 por el paso fronterizo Aeropuerto Comodoro nombre reservado y el 16 de julio de 2017, el Servicio de Migraciones otorgó al recurrente una visa de residencia sujeta a contrato, por un año en calidad de titular. Este permiso se mantuvo vigente hasta el 21 de noviembre de 2018.

En lo relativo a la solicitud de residencia definitiva, menciona que consta que el solicitante la realizó el 18 de abril de 2023 bajo el ID de solicitud N°62753858.

Luego, el 14 de junio de 2023, mediante comunicación electrónica folio 40603311 del Servicio Nacional de Migraciones, se señala que “Su solicitud de permanencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes. Lo anterior, en atención a las razones que se exponen a continuación:

Con respecto a la documentación presentada, se indica lo siguiente: Certificado de antecedentes de Origen (Opcional) Sin Legalizar O Apostillado: El documento se encuentra sin la legalización (ante el consulado chileno en el país de origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores) o no ha sido apostillado por el país respectivo. No Presento El Documento Requerido: El documento presentado no era el que se le estaba solicitando.

- Además, debe cancelar los derechos de la residencia definitiva.”

Agrega que posteriormente, con fecha 05 de abril de 2024, mediante notificación electrónica PREVIO RECHAZO bajo folio 56397820, se le informó que, habiendo analizado su solicitud de Residencia Definitiva, ID 62753858, el Servicio Nacional de Migraciones verificó que el solicitante se encontraba comprendido en causal de rechazo, explicitándola en los siguientes términos: “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PAÍS DE ORIGEN VERIFICABLE. Debe presentar el Certificado de Antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado con verificación por QR o link electrónico.”

Dicha misiva, agrega, le informó al recurrente que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación en dicho procedimiento, para realizar los descargos respecto de la causal invocada, debiendo acompañar todos los documentos que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello, entre otras precisiones Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325, y señala que la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022.

Conforme a lo anterior, indica que el recurrente mantiene a la fecha del informe evacuado, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Menciona que efectivamente existe retraso en la tramitación dada la masividad de solicitudes de residencias existentes, y que dichas solicitudes puedan ser resueltas dentro de los plazos legales En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, indica que el mismo se debe aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Oficio Ordinario N° 67130, de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N° 80585, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N° 80586, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 843, de 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N° 34.531, de 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de 20 de marzo de 2023. 8. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 9. Notificación solicita antecedentes y pago de derechos de 14 de junio de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones. 10. Notificación Previo Rechazo de 05 de abril de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada el 18 de abril de 2023, lo que el actor califica de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre el requerimiento de permanencia definitiva dentro de un plazo razonable, conforme los principios que impone la legislación vigente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

OCTAVO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que, de acuerdo con el mérito de los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia que el actor formuló solicitud de permanencia definitiva el día 18 de abril de 2023, iniciándose el procedimiento administrativo N°62753858. En dicho procedimiento, según se refiere en el informe de la entidad recurrida, ésta le ha requerido al actor el otorgamiento de nuevos antecedentes justamente para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, lo que el actor no ha cumplido, sin que en este estadio procesal conste lo contrario.

En efecto, el 14 de junio de 2023 se le pidió una serie de documentos que, según la ley, se requieren para resolver, y luego, ante la ausencia y falta de respuesta del actor, el 5 de abril de este año, se le reitera tal diligencia. Aquello es relevante para entender que, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, el Servicio recurrido sí ha procurado el avance del procedimiento y lo ha hecho pidiéndole al actor documentación justamente para resolver su petición, de forma que es éste el que se ha puesto en la situación de esperar por un tiempo que él califica de irracional, elemento que solo lleva a rechazar el libelo, por cuanto no media una omisión arbitraria ni ilegal de la autoridad recurrida, ni el incumplimiento de alguna de sus obligaciones. Aquello sólo impone el rechazo del libelo.

Es más, si esta Corte le exigiera al Servicio emitir pronunciamiento, al no contar con todos los antecedentes que legalmente deben ser revisados, es presumible que aquello perjudicaría los intereses del propio actor, de forma que la decisión de esta Corte será la antes mencionada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la solicitud de declarar inadmisible el recurso.

II.- Que, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°791-2024/Protección.-