nombre reservado con TESORERIA REGIONAL DE COQUIMBO

nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol N°790-2026 La Serena, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado, don Fabian Peñailillo Pérez, en favor de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por su Director Regional, por el acto ilegal y arbitrario consiste en despachar mandamiento de ejecución y embargo, correspondiente a deuda CAE bajo la Ley 20.027, conforme al procedimiento de cobro de tributos, indicando que aquello ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 7 de abril de 2026, la recurrida, despachó Mandamiento de Ejecución y Embargo, por el cual se requiere al recurrente el pago de la suma de $3.773.022, conforme al procedimiento administrativo de cobro de Tesorería establecido en los artículos 171 y 173 del Código Tributario, lo cual alega ser ilegal y arbitrario, pues aquel procedimiento está regulado en el Titulo V del Código Tributario, para las obligaciones tributarias de dinero.

Se explaya en aclarar que se debe entender por obligación tributaria, y determina que estas obligaciones nacen de la ley, que describe con detalle la actividad o hecho que es susceptible de una carga tributaria. Luego indica que la deuda por Crédito con Aval del Estado proviene de un contrato privado de mutuo, que otorga una entidad bancaria privada, que, ante el no pago de la obligación puede cobrar esta al Estado en calidad de aval, permitiendo al Fisco el cobro de la deuda en dicha calidad, por lo que concluye que las deudas del Crédito con Aval de Estado, bajo ningún concepto implican una obligación tributaria, ya que no se adeuda por una actividad gravada de impuesto por una ley previa.

Añade que, para el ejercicio por la recurrida de las facultades de cobro de los artículos 171 y 173 del Código Tributario, es necesario que la obligación que se cobra sea tributaria, y así lo delimita el artículo 1 del código del ramo.

Comenta que, la Ley 20.027, determina que facultades tiene Tesorería General de la República en el cobro de la deuda de CAE, así el artículo 17 de aquella ley faculta a la Tesorería retener la devolución de impuestos a la renta, por otra parte, el artículo 18 bis del mismo cuerpo normativo determina que la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, tiene la facultad para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial, sometidas a la reglas generales del procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo.

Afirma que el cobro de la deuda de CAE, encuentra su origen en la Ley 20.027, y no es de competencia del Servicio de Impuestos Internos su cálculo y determinación, ya que los montos se originan de la deuda bancaria con las instituciones financieras privadas que otorgan originalmente el crédito, en este entendido y tal como se señaló para a la aplicación de las normas del Código Tributario se deben a materias de tributación de competencia del Servicio de Impuestos Internos.

Sobre las garantías constitucionales vulneradas con el actuar de la recurrida, señala en primer término, la igualdad ante la ley, el cual se infringe al ejecutar un cobro por una vía no permitida, excede las facultades de Tesorería General de la República, actuando como un organismo privilegiado, estableciendo diferencias arbitrarias, al utilizar un cobro ejecutivo permitido solo para obligaciones tributarias respecto de una obligación cuya naturaleza es netamente ordinaria. Sobre la garantía del artículo 19 N°3, señala que se infringe al aplicar un procedimiento ejecutivo administrativo que no corresponde, actúa como una comisión especial, más aún decide arbitrariamente desatender el mandamiento expreso de ejercer las acciones de cobro ordinarias determinadas en el artículo 18 bis de la Ley 20.027.

Por último, en cuanto al derecho de propiedad, se vulnera al ejercer la recurrida un procedimiento ilegal, que busca ejecutar los bienes del actor, limita con el embargo el dominio de los bienes, limitando la facultad de disposición que el dominio entrega al propietario, por ende, amenaza la concreción del embargo sobre bienes para el pago del CAE, el dominio de su representado sobre sus bienes.

Concluye solicitando sea acogido el recurso, y dejar sin efecto el cobro ejecutivo administrativo de los artículos 171 y 173 del Código Tributario, y en su lugar se determine que, para el cobro del Crédito con Aval del Estado que se realice en contra del recurrente, se efectué por la vía judicial ordinaria como lo determina el artículo 18 bis de la Ley 20.027, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso los siguientes antecedentes: 1) Nómina de deudores morosos y mandamiento de ejecución y embargo en contra de nombre reservado, Expediente N°11.274-2026, emitido por la Tesorería Regional de Coquimbo, de 6 de abril del 2026; 2) Notificacion de cobro judicial de Tesoreria Regional de Coquimbo a nombre reservado de 7 de abril del 2026.

SEGUNDO: Que, comparece la Tesorería General de la República, informando al tenor de lo ordenado.

Describe brevemente el sistema de financiamiento de la Ley 20.027, indicando que su objeto es el financiamiento de estudios de educación superior para aquellos que no cuentan con posibilidad de acceder al crédito en el sistema financiero, y que esta ley creó la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión), la cual es la que otorga el beneficio de crédito con garantía, luego el beneficiario suscribe los instrumentos respectivos con la institución financiera, y el monto prestado es cancelado en cuotas mensuales. Añade que, frente a incumplimientos del deudor, la institución financiera puede solicitar a la Comisión el pago de la garantía estatal o por deserción académica, previa acreditación del agotamiento de las gestiones de cobranza prejudicial, la mora del deudor y la interposición de acciones judiciales de cobro. Y que, verificados estos requisitos, la Comisión aprueba la solicitud mediante el correspondiente acto administrativo, y luego la deuda es informada a la Tesorería General de la República, la que procede a registrarla como crédito fiscal en la Cuenta Única Tributaria (en adelante “CUT”) del deudor, a través del Formulario 34, pasando a ser una obligación de naturaleza legal distinta de la obligación crediticia original. Asimismo, tratándose de deserción académica, la Comisión también hace efectiva la garantía correspondiente ante la institución de educación superior, la cual debe enterar el monto respectivo conforme a la normativa aplicable. Finalmente, conforme al artículo 5 de la Ley 20.027, a los artículos 43 y siguientes de su Reglamento y a las Bases de Licitación Pública del sistema, el Fisco de Chile, representado por la Tesorería General de la República, podrá adquirir los créditos respecto de los cuales la institución financiera ejerza su derecho de venta, particularmente aquellos asociados a cambio de carrera o de institución, así como los casos de deserción académica debidamente certificada.

Precisa que, una vez que la Comisión aprueba el pago de la garantía estatal mediante el correspondiente acto administrativo o certifica el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos cuyo titular es el Fisco de Chile, se materializa la ejecución de una obligación caucionada por el Estado en los términos del artículo 40 del Decreto Ley 1.263, esto es, una garantía que respalda una obligación originalmente contraída por un tercero. En virtud de dicho pago, el Fisco, que ha efectuado el desembolso, se encuentra legalmente obligado a exigir su restitución, lo que no implica la continuidad de la relación crediticia original, sino el nacimiento de un crédito distinto, de naturaleza fiscal, cuyo titular es el Fisco y que se incorpora al Sistema de Administración Financiera del Estado.

Asevera que la Comisión actúa como ente girador de un crédito fiscal moroso, cuya fuente ya no es convencional, sino legal, derivada del pago de la garantía estatal y de las normas de administración financiera del Estado. Por consiguiente, dicha acreencia pasa a integrar el conjunto de créditos del Sector Público y debe ser registrada y perseguida por la Tesorería General de la República conforme a los mecanismos de recaudación y cobranza establecidos en el ordenamiento jurídico, aplicables a todo crédito fiscal, cualquiera sea su origen.

Prosigue exponiendo los antecedentes de la deuda del recurrente y el proceso de cobro, la cual se encuentra asociada al expediente administrativo N°11.274-2026 de La Serena, en el cual el 6 de abril de 2026 se confeccionó la nómina de deudores morosos, se despachó mandamiento de ejecución y embargo y se ordenó la notificación y requerimiento de pago al ejecutado, de conformidad con los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Alega que el recurso no es la vía idónea, pues el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para esta materia, Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes, en relación con los artículos 30 y 35 del Decreto Ley 1263, por lo tanto, la acción es improcedente como vía sustitutiva o paralela al procedimiento especial que el legislador ha establecido para el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y demás créditos fiscales cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías, por cuanto el recurso de protección es una acción de naturaleza estrictamente cautelar, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actuaciones u omisiones que afecten el ejercicio actual de determinadas garantías constitucionales.

Luego arguye que el recurso impetrado, en los hechos, persigue dejar sin efecto actuaciones y resoluciones dictadas dentro de un procedimiento de cobro reglado por ley, en el cual el Tesorero actúa como Juez Sustanciador en virtud de las potestades que expresamente le confiere el Código Tributario. Por lo que, el reproche del actor no es en contra de una mera actuación material carente de sustento normativo, sino a resoluciones emitidas dentro de un expediente ejecutivo de cobro, de modo que la acción intentada no puede erigirse en una vía paralela para revisar lo obrado dentro de dicho procedimiento especial, tanto más si la propia ley contempla mecanismos de impugnación, corrección y revisión ulterior. Por lo que el asunto se encontraría sometido al imperio del derecho.

Indica como tercera alegación de inadmisibilidad de la acción, por la ausencia absoluta de un derecho indubitado en favor del recurrente, puesto que la tesis del recurso descansa en una determinada interpretación normativa, según la cual el artículo 18 bis de la Ley 20.027 excluiría la aplicación del procedimiento del Título V del Libro III del Código Tributario, sin embargo, dicha afirmación no constituye un derecho preexistente, claro e indubitado, sino una controversia jurídica discutible que exige ponderar normas de distinta jerarquía y especialidad aparente dentro del sistema de administración financiera del Estado.

En cuanto al fondo, señala que el recurso descansa en una premisa errada, sostiene que, por no tratarse el CAE de un impuesto ni de una obligación tributaria en sentido estricto, Tesorería se encontraría impedida de aplicar el procedimiento del Título V del Libro III del Código Tributario. Sin embargo, dicha argumentación confunde dos planos distintos: por una parte, el origen o naturaleza primitiva de la obligación educacional; y, por otra, el régimen jurídico aplicable a su recuperación una vez que la garantía estatal ha sido ejecutada o la acreencia ha quedado radicada en el Fisco.

Indica que la Tesorería no sostiene que el Crédito con Aval del Estado sea un tributo, ni pretende transformar una obligación educacional en una obligación tributaria. Lo que se afirma es algo distinto: una vez que opera la garantía estatal o la acreencia ingresa al patrimonio fiscal, el crédito pasa a quedar comprendido dentro de los créditos fiscales o del Sector Público cuya cobranza corresponde legalmente al Servicio de Tesorerías. En ese escenario, el procedimiento aplicable no se determina por la naturaleza civil, comercial o educacional que pudo tener la relación originaria, sino por la regla orgánica y financiera que regula la recuperación de créditos públicos, contenida en el artículo 35 del Decreto Ley 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, norma que entrega al Servicio de Tesorerías la cobranza judicial o administrativa de los créditos del Sector Público y dispone expresamente que, para tal efecto, aplicará los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos, cualquiera sea la naturaleza del crédito.

Agrega que, el artículo 18 bis de la Ley 20.027 tampoco excluye el procedimiento del Código Tributario, sino que, faculta a Tesorería, en representación del Fisco, para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de que es titular el Fisco y de aquellos en que se hubiere hecho efectiva la garantía estatal. Luego, agrega que tales acciones se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de dicha ley.

Finaliza señalando, que no se configura vulneración de garantías constitucionales. No existe infracción a la igualdad ante la ley, porque el recurrente ha sido sometido al mismo régimen general aplicable a los demás deudores CAE en situación equivalente, tampoco existe afectación al debido proceso, porque fue notificado, informado del plazo legal para defenderse, y, por último, no existe lesión ilegítima al derecho de propiedad, porque no consta una privación actual de bienes y porque el patrimonio del deudor no se encuentra constitucionalmente inmune frente al cobro de obligaciones legalmente exigibles.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: 1) Expediente administrativo Rol N°11274-2026 de La Serena, de la Tesorería Regional de Coquimbo; 2) Certificado de Deuda del recurrente en el que consta formulario 34; 3) Copia del Dictamen N°54.539, de 2011, de la Contraloría General de la República; 4) Copia del Dictamen D183-2026, de la Contraloría General de la República; 5) Copia de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°19.139-2019; 6) Copia de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°247.876-2023; 7) Informe en derecho “Legalidad y procedencia del uso de los procedimientos de cobro coactivo de la Tesorería General de la República para la recuperación del Sistema de Crédito con Aval del Estado”, de 06 de mayo de 2026.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, la acción que se reprocha de la recurrida, como ilegal y arbitraria, consiste en haber iniciado en su contra el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, facultad que no contempla la Ley N°20.027, pues tales potestades fueron reservadas por el legislador exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza de la que el Crédito de Aval del Estado carece.

Así las partes se refieren, a fin de sostener sus pretensiones, a la correcta interpretación que debe efectuarse de ciertos artículos de la Ley N°20.027, aquellos que dicen relación con el cobro de las deudas por CAE y las facultades que la misma entrega a la Tesorería, en los cuales, ambas partes destacan lo dispuesto en el artículo 18 bis de la señalada ley, interpretando la norma para favorecer sus respectivas defensas o alegaciones.

SEXTO: Que, para resolver la problemática planteada, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 18 bis de la Ley 20.027, norma incorporada por la Ley 20.634, publicada el 4 de octubre de 2012: “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22.

Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de los que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión.

Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad”.

Por su parte, el artículo 35 del Decreto Ley 1.263 del Ministerio de Hacienda, señala que: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos”.

SÉPTIMO: Que, de las normas transcritas, se deduce que efectivamente el Estado es acreedor del crédito antes descrito, pero que, este no es idéntico a otros que lo benefician los que pueden ser efectivamente ejecutados por la normativa tributaria aludida, como los que responden a impuestos, pues las deudas provenientes de los créditos obtenidos para cursar estudios universitarios, son específicas al ser contempladas en una regulación que por su especialidad prima sobre la normativa contenida en el Código Tributario. A ello se suma que la misma fue dictada con posterioridad a la norma tributaria, y con el objeto de dar facilidades para cursar estudios superiores a aquellas personas que no tenían la posibilidad de optar a préstamos del sistema financiero en atención a su situación económica, por no cumplir ciertos requisitos.

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, el que la recurrida aplique el procedimiento de cobro establecido en el Título V del Libro III el Código Tributario, titulado “De la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los procedimientos y de la prescripción”, y aquél, “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, por lo que, la recurrida adscribe a los deudores del CAE a la aplicación de un procedimiento establecido claramente para obligaciones de naturaleza tributaria.

Así, a partir del artículo 168 del Código Tributario, cada una de sus referencias lo es, precisamente, a aquellas obligaciones tributarias, cuyo título ejecutivo se forma de la manera establecida en el artículo 169, cuyo inciso primero señala “...Y la cantidad adeudada por concepto de impuestos o de sanciones en su caso y del tipo de tributo...”, primera aproximación que excluye su aplicación en este caso y que, igualmente, admite únicamente tres excepciones a la ejecución, estas son: las de pago de la deuda; la prescripción de la acción; y, no empecer el título al ejecutado, según lo establece el artículo 177 del mismo código.

NOVENO: Que, por otro lado, de la lectura del inciso segundo del artículo 18 bis ya citado, se desprende la existencia de una remisión expresa para efecto de las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República a las reglas de procedimiento generales, dentro de las cuales no es posible comprender las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, los cuales, como ya se señaló, se refieren al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, cuyo no es el caso.

Así, de lo anterior es posible colegir que la amplitud en la redacción de este artículo obliga necesariamente a remitirnos a las reglas de interpretación que, en el caso de los organismos públicos, como sucede en la especie, requiere necesariamente de la consideración al de juridicidad en sentido estricto, consagrado en el inciso primero del artículo 7 de la Carta Fundamental: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley” (el destacado es nuestro), el cual exige que toda actuación de los órganos del Estado se someta íntegramente a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. En estricto rigor, implica una vinculación positiva, esto es, el Estado solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta y se relaciona directamente con la seguridad jurídica reconocida también en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República.

De lo anterior se desprende que se requiere de una habilitación expresa que efectúe el reenvío hacia las normas que está aplicando la recurrida en este procedimiento de cobro, pero que -a diferencia de lo que esta estima- el referido artículo 18 bis no contiene.

Es más, al revisar otros preceptos de la misma ley, esta sí establece expresamente el reenvío a otras regulaciones específicas para efectos de ponderación del riesgo, sanción o cobro, tal es el caso del artículo 6 bis, que hace un reenvío al Decreto Ley N°3 de 1997 del Ministerio de Hacienda; el artículo 32, que reenvía a la Ley 18.010; el inciso final del artículo 32, que reenvía a la Ley 17.322; los artículos 34 y 39, que reenvían a la Ley 18.962.

En consecuencia, a diferencia de lo que sostiene la recurrida, no es posible realizar una interpretación sistemática de varios artículos para poder entender que existe una habilitación legal que permite a Tesorería General de la República efectuar estos cobros utilizando el procedimiento contemplado en el Código Tributario. La misma no se encuentra expresamente considerada por el legislador en la normativa especial que regula los créditos CAE. Además, dicha interpretación permitiría acceder a un procedimiento con precarias garantías procesales, lo cual también es reñido con los principios constitucionales que regulan el Estado de Derecho conforme con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

A ello se suma la circunstancia que la Ley 20.027 entrega una multiplicidad de facultades de cobro y disposición de estos créditos, incluso venderlos a terceros, tal como lo señala el inciso final del artículo 18 bis, lo que resulta completamente incompatible con la postura que en estos autos ha mantenido el recurrido, ya que si se alude a que la naturaleza jurídica del crédito con garantía estatal es la que define que su cobro únicamente debe hacerse a través del procedimiento establecido en el Código Tributario, tal acto de disposición, como la venta, sería imposible, pues de aceptarse importaría una interpretación que se aparta de la regla contenida en el artículo 22 del Código Civil.

Por otro lado, no obsta a lo que se ha venido razonando, el artículo 35 del Decreto Ley 1.263, por cuanto de su tenor literal se desprende que la alusión a “cualquiera que sea la naturaleza del crédito” contenida en su inciso segundo, sólo puede referirse a aquellos créditos descritos en su inciso primero, dentro de los cuales no se encuentra el de autos.

Finalmente, la naturaleza jurídica del crédito de autos no puede mutar por el solo hecho de ser incluido en un formulario, como se pretende, por no existir la facultad legal que así lo permita, como es el caso del impuesto territorial.

DÉCIMO: Que, de lo expuesto, y teniendo como referencia el estándar de legalidad deseado en las actuaciones y decisiones del Estado, se desprende que el accionar de la recurrida deviene en ilegal y en consecuencia lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues obliga al recurrente a someterse a un procedimiento que resulta altamente restrictivo en el ejercicio de sus derechos procesales, a diferencia de lo que ocurre en el cobro ejecutivo establecido en las reglas generales y al cual debe someterse el cobro de los créditos ordinarios.

Por las anteriores consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y, en consecuencia, se deja sin efecto el procedimiento de cobro incoado por la recurrida en contra de la recurrente, Rol N°11.274-2026 de La Serena.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Carolina Salas Salazar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°790-2026 (Protección).