nombre reservado con ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS LINCOSUR

nombre reservado

Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros Lincosur Recurso de Protección Rol N°79-2024.- La Serena, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veinte de enero de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región Coquimbo.

Expone ser asociado de “Lincosur” desde el año 2015 y que le pertenece un vehículo tipo autobús placa patente LW4173, que tiene asignado el número 47 en la asociación, el cual conduce personalmente por las rutas de transporte público de la ciudad de Coquimbo y La Serena.

Indica que el 21 de diciembre de 2023, en el domicilio de la asociación, específicamente en el estacionamiento de los autobuses, la presidenta del directorio de “Lincosur” le comunicó verbalmente que la directiva lo sancionó con la suspensión por seis meses de todo beneficio o derecho que le corresponda como asociado; con la prohibición de conducir autobuses en las rutas de transporte adjudicadas por “Lincosur”; y con la prohibición de conducir autobuses para realizar transporte privado de pasajeros. En el mismo instante, la presidenta del directorio le señaló que la sanción comenzaría a regir el mismo día 21 de diciembre de 2023.

Añade que trece días más tarde, el 03 de enero de 2024, en su domicilio recibió una carta suscrita por los miembros del directorio, por la cual le notificaron que, junto con la comisión de disciplina de la asociación, el directorio le imponía:

a. La sanción prevista en el artículo 50 letra c) de los estatutos de “Lincosur”, consistente en “suspensión por 6 meses de todo beneficio o derecho que importa la calidad de socio”; y b. No poder “postularse a ningún cargo, mientras permanezca la sanción”.

Precisa que en la referida carta el directorio le señala expresamente que “la principal determinación indica que lo acontecido es un hecho de carácter muy grave, tanto para las buenas relaciones internas como para la imagen hacia el exterior.”.

Además, en la misiva se indica que las sanciones se imponen “por una serie de acontecimientos propiciados y por su nulo control de impulso, y por agresión a uno de sus colegas con objeto contundente (piedra).”.

Refiere que en la misiva no se señala la sanción de prohibición para conducir autobuses en las rutas de transporte público, ni la prohibición de conducir autobuses para realizar transporte privado de pasajero.

No obstante, luego de que le notificaran la misiva compareció en las dependencias de “Lincosur”, en donde verificó que se encontraba eliminado del listado de conductores de la asociación para conducir vehículos de transporte público y que el personal de la asociación que sirve la garita de control ubicada en la entrada de “Lincosur”, tenía la instrucción de la presidenta de la directiva de no permitirle conducir vehículos de transporte público.

Destaca que de conformidad al artículo 13 de los estatutos, si la directiva toma conocimiento que un socio comete un acto que compromete o atenta gravemente contra el prestigio de la asociación, está obligada a comunicar dicha circunstancia a los asociados quienes, en asamblea general, tienen la atribución exclusiva de decidir si el asociado es sancionado con la medida de expulsión, por voto de la mayoría de los asistentes. Esta prerrogativa se reitera en el artículo 52 de los estatutos.

En específico, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de “Lincosur” asistentes en asamblea general, los asociados pueden ordenar la instrucción de una investigación sumaria conformada por una comisión compuesta por tres socios, quienes averiguarán los hechos que configuran la causal de expulsión, y entregarán una conclusión a la asamblea por medio de un informe, para que ésta vote si aplica la sanción de expulsión al socio que configuró dicha causal. Para aprobar la sanción de expulsión se requiere el voto de la mayoría absoluta de los asistentes a asamblea.

Adiciona que si la asamblea no acuerda aplicar la expulsión al asociado afectado, la investigación realizada por la referida comisión pasará al directorio. Sólo en esta circunstancia el directorio tiene la facultad para aplicar una sanción menor a la de expulsión por el mismo hecho.

Hace presente además que en este caso se regula un recurso especial, ya que el socio afectado podrá apelar la medida disciplinaria aplicada por el directorio dentro del plazo de cinco días hábiles. El recurso es conocido y resuelto por la asamblea ordinaria más próxima, a la cual deberá ser citado el socio afectado con 10 días de antelación.

Señala que en el artículo 12 letra c) de los estatutos se prevé la sanción de expulsión para aquel socio que cometa actos que comprometen o atenten gravemente contra el prestigio de la asociación.

Por su parte, en el artículo 50 letra d) de los estatutos se regulan las sanciones que se pueden imponer a los asociados que cometan faltas a los deberes de los estatutos, consistente en multa, suspensión y expulsión, reiterando que esta última sanción se aplica a aquel socio que atenta gravemente al prestigio de la asociación.

Sostiene en tal sentido que el directorio le impuso sanciones apartándose de lo prescrito en los estatutos de la asociación. En efecto, en la carta que le entregaron en su domicilio, la directiva señala expresamente que la “principal determinación” para imponerle la sanción, consiste en que cometió “un hecho de carácter muy grave, tanto para las buenas relaciones internas como para la imagen hacia el exterior”.

Entonces, la directiva le impuso una sanción sin tener la facultad para ello y sin cumplir con lo regulado en los estatutos de la asociación, ya que son los asociados quienes tienen la atribución exclusiva para conocer los hechos que configuran una causal de expulsión e imponer la correspondiente sanción y sólo si dicha sanción es rechazada por la asamblea general, la directiva cuenta con la facultad de imponer una sanción menor por el mismo hecho, quedando a salvo un último derecho en su favor de deducir un recurso de apelación en contra de lo resuelto por la directiva, en cuyo caso los asociados reunidos en asamblea vuelven a tener la facultad exclusiva de acoger o rechazar el recurso.

Agrega que la directiva también se aparta del derecho e incumple los estatutos de la asociación, al imponerle una sanción que no está prevista en dichos estatutos, consistente en prohibirle conducir autobuses en las rutas de transporte público adjudicadas por “Lincosur”, y de prohibirle conducir autobuses para realizar transporte privado de pasajeros.

Menciona que lo expuesto lleva a concluir que la directiva ejecutó un actuar ilegal y arbitrario, puesto que le impone sanciones alejándose de lo dispuesto por las propias normas que regulan la asociación.

Arguye que el actuar de la directiva es asimismo arbitrario, ya que en la referida carta el directorio le indica que las sanciones se imponen “por una serie de acontecimientos propiciados”, sin describir cuáles serían dichos acontecimientos y omitiendo fundamentar cómo aquello propició una sanción en su contra.

De la misma forma, en la referida misiva la directiva le indica que padece de un “nulo control de impulso”, calificación eminentemente psicológica que fue arribada sin exponer una fundamentación, circunstancias y antecedentes psicológicos que llevaron a la directiva a dicha conclusión.

Precisa que las circunstancias que rodean la citada imputación de la directiva, dicen relación con una denuncia por riña en la cual fue víctima de lesiones, en cuya razón se inició una investigación desformalizada por el Ministerio Público en la cual se defenderá en los derechos que le correspondan como víctima.

Postula que con su actuar ilegal y arbitrario, la recurrida ha trasgredido su garantía consagrada en el artículo 19 inciso N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que ha actuado al margen del marco jurídico establecido por los estatutos de la asociación, imponiéndole una sanción por hechos que debieron ser conocidos y resueltos por la asamblea de la organización, lo que lleva a concluir que la directiva carece de la facultad para imponerle la sanción de suspensión por seis meses de todo beneficio o derecho que le corresponda como asociado, a lo cual se agrega que la directiva también se apartó del derecho al castigarlo con sanciones no previstas en los estatutos, al prohibirle conducir autobuses de transporte público o privado de pasajeros.

Añade que con su actuar ilegal y arbitrario, la recurrida también ha trasgredido su garantía consagrada en el artículo 19 inciso N° 16 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la libertad de trabajo y de su protección, puesto que la directiva de “Lincosur”, careciendo de facultades para prohibirle conducir autobuses, de todas formas le niega el derecho a trabajar como conductor de transporte de pasajeros, labor que libremente escogió y para lo cual está especialmente preparado mediante la obtención de una licencia de conductor profesional.

Por estas consideraciones solicita se dejen sin efecto las sanciones impuestas por la directiva de “Lincosur”, consistente en suspensión durante seis meses de los derechos o beneficios que le corresponden en la calidad de socio de la asociación, ordenando la inmediata restitución de los mismos; la sanción de no poder postularse a ningún cargo, mientras permanezca la sanción; la sanción de prohibición de conducir autobuses en las rutas de transporte adjudicadas por “Lincosur”; y la prohibición de conducir autobuses para realizar transporte privado de pasajeros, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Carta de 03 de enero de 2023, remitida al recurrente por la directiva de “Lincosur”; 2. Estatutos reformados actualizados de la Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región, Coquimbo, Lincosur A.G.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, en representación de ASOCIACION GREMIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE LA IV REGION; LINCOSUR A.G.

Expone que es efectivo que el recurrente es socio de la Asociación Gremial desde el año 2015 y es también efectivo que es dueño de microbús placa patente LW4173, el cual tiene asignado el número 47 de registro interno.

En relación a los hechos, hace presente que el recurrente como socio de la Asociación Gremial está obligado a respetar los Estatutos y en virtud del mismo en su artículo 9 letra I y J debe: “i) Mantener una conducta y disciplina adecuada en los hechos que ejecute como en las palabras que prolifera, tanto respecto de otros asociados como del Directorio, debiendo además cuidar su presentación personal, respetando a Inspectores y Personal Administrativo” y “j) Comportarse con dignidad en las actuaciones internas de la Asociación y en su desempeño profesional y comercial, procurando mantener buenos antecedentes comerciales.”

Menciona que el recurrente el día 20 de diciembre de 2023, golpeo al interior del recinto de la Asociación Gremial con una piedra en la cabeza al socio don nombre reservado, esto luego de una serie de hechos que se originaron en la vía pública y que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros del microbús, de los conductores y otros transeúntes.

Esta acción antijurídica y tipificada como delito de lesiones es actualmente conocida por el Ministerio Público estando bajo el RUC 2301418953 de la Fiscalía de Coquimbo.

Destaca que la comisión de disciplina tomó conocimiento del tal hecho; comisión que está establecida en el artículo 49 de los Estatutos.

Así las cosas, la comisión tomó la denuncia efectuada por don nombre reservado y esto sumado a otros antecedentes determinaron que en su calidad de infractor y por la reiteración de hechos parecidos, que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y conductores seria sancionado con la suspensión por seis meses de todo beneficio o derecho que importa la calidad de socios. Lo anterior por la gravedad de los hechos que es una falta a los Estatutos y al reglamento de seguridad.

Así las cosas, no es la Directiva la que impone la sanción, es la comisión de disciplina, no obstante por disposición del artículo 34 letra H, le corresponde al Directorio la aplicación de las medidas disciplinarias que contempla el estatuto y sus Reglamentos, ese es el motivo por el cual la suspensión la suscribe el Directorio, toda vez que la Comisión de disciplina carece de imperio.

Añade que habiendo sido notificado de la resolución contra la cual hoy se recurre, el afectado puede en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 reclamar de la sanción ante la asamblea de socios. En mérito de lo anterior, el recurrente ya forma parte de un proceso, pudiendo ejercer los derechos que el propio Estatuto franquea para su defensa en la forma y oportunidades que en él se establecen por cual no resulta ilógico lo aludido, en cuanto a que está siendo juzgado por una comisión especial, toda vez que la Comisión de Disciplina es un organismo contemplado en los Estatutos.

Finalmente indica que el recurrente compareció ante la asamblea general de socios del día 8 de marzo de 2024 y expuso sus descargos, habiendo decidido dicha asamblea por votación a mano alzada, suspender la sanción impuesta.

Sostiene que el directorio no puede prohibir la conducción de autobuses, toda vez que dicha prohibición solo puede ser impuesta por ejemplo: por el juez de Policía Local por infracción a las normas del tránsito y básicamente se produce al suspenderse la licencia de conducir, situación que acá no acontece.

Agrega que el recurrente puede trabajar en otras líneas, lo que se le suspende es el derecho a utilizar como socio los recorridos licitados por la Asociación Gremial y los bienes que esta posee, lo que es producto o consecuencia de la suspensión de su calidad de socio como lo contemplan los estatutos. Asimismo informa que el microbús del recurrente, si puede ser utilizado en los recorridos por otro conductor o socio, pues como he señalado, la sanción es para la persona, no para sus bienes, ni importa el trabajo por cuenta de terceros.

Aduce que el presente recurso de protección solo pretende sustituir la deliberación por parte de la Asamblea del reclamo establecido en el artículo 51 de los Estatutos, y que en caso de prosperar el recurso volvería completamente ilusoria la competencia entregada a la Asamblea en la materia, así́ como también las respectivas exigencias procedimentales, que dan forma al debido proceso interno al que deben sujetarse las partes en conflicto, así como todos los socios de esta Asociación Gremial Por estas consideraciones solicita se rechace el presente recurso de protección por los motivos antes indicados, con costas.

Acompañados los siguientes documentos: 1. Copia de la Carta nº 1436/2023 de la Seremi de Transporte que denuncia los hechos protagonizados por el microbús Placa Patente LW4173; 2. Denuncia de nombre reservado en contra del Recurrente. Fecha 15 de Febrero 2023; 3. Denuncia de don nombre reservado en contra del Recurrente. Fecha 10 de Noviembre 2023; 4. Denuncia de don nombre reservado en contra del Recurrente. Fecha 20 de diciembre 2023; 5. Información asociada a causa RUC 2301418953 de la Fiscalía de Coquimbo; 6. Informe del comité de disciplina de 28 de diciembre de 2023; 8. Notificación y sanción a nombre reservado; 9. Notificación y sanción a nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el presente recurso versa sobre la imposición de sanciones a un socio de la entidad recurrida las que, a juicio del ocurrente, fueron impuestas afectando su garantía a no ser juzgado por comisiones especiales, al tratarse de medidas que no fueron aplicadas por el Comité de disciplina, único órgano competente para ello, según refiere.

Al finalizar, solicitó se dejen “…sin efecto las sanciones impuestas por la directiva de “Lincosur”, consistente en suspensión durante seis meses de los derechos o beneficios que me corresponden en la calidad de socio de la asociación, ordenando la inmediata restitución de los mismos; la sanción de no poder postularse a ningún cargo, mientras permanezca la sanción; la sanción de prohibición de conducir autobuses en las rutas de transporte adjudicadas por “Lincosur”; y la prohibición de conducir autobuses para realizar transporte privado de pasajeros, con costas.”.

SEXTO: Que, en esta instancia, ambos apoderados reconocieron que la sanción fue dejada sin efecto en Asamblea verificada el día 8 de marzo en curso, de manera que el presente libelo perdió oportunidad, desde que la medida requerida ya aconteció.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, el recurrente alude a que a su representado le fueron impuestas diversas sanciones, consistentes en suspensión de su calidad de socio por 6 meses, lo que consta en la comunicación remitida al actor y que fue anexada a folio 1; además de lo informado al recurrente de manera verbal, esto es, la prohibición de conducir su vehículo para transporte de pasajeros y de acceder a ciertas rutas.

La efectividad de haber sido sancionado a las limitaciones a la conducción no fue probada en este procedimiento, de manera que no puede desprenderse -del texto del recurso- la certeza de haber mediado la vulneración a sus garantías constitucionales, del modo en que fue descrito en el libelo.

Ahora bien, respecto de la sanción comunicada en misiva de 3 de enero pasado, aparece de manifiesto que aquella fue impuesta por el órgano que, según los propios Estatutos de la entidad recurrida, resulta ser el competente para efectuar tal gestión. En efecto, el artículo 34 letra H) sostiene que La Directiva de la Asociación cuenta, entre sus diversas facultades, la de aplicar sanciones disciplinarias contenidas el Estatuto y su Reglamento.

Esta última constatación echa por tierra la alegación de haber sido juzgado por comisiones especiales, dado que quien impuso la medida fue justamente el órgano habilitado para hacerlo, siendo únicamente dicha arista la protegida por esta acción constitucional en el artículo 19 numeral 3 inciso 5 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Por estas razones, el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 79-2024 (Protección).-