Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°783-2025 La Serena, tres de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado y nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad boliviana, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento que ponga fin al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando solicitud de residencia definitiva de 24 de abril de 2023, lo cual vulneraría el derecho de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880.

Expone que, la recurrida no se ha pronunciado sobre la solicitud de Permanencia Definitiva de la parte recurrente, pese a haber transcurrido más de dos años desde su solicitud; omisión arbitraria e ilegal que conculca los principios de celeridad, conclusivo y de inexcusabilidad al infringir el artículo 27 de la ley N°19.880; y, al mismo tiempo, conculcando el derecho fundamental de la parte recurrente a la igualdad a la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que, el recurrente se encuentra privada de derechos fundamentales en virtud de la demora que ha mantenido el recurrido de forma arbitraria en dar respuesta a su solicitud, encontrándose completamente limitado en tramites esenciales de la vida cotidiana, ya que, al no ser titular de un visado vigente en virtud de los largos tiempos de espera para acceder a una respuesta por parte del recurrido, no logra acceder a tramites básicos y cotidianos, pues no cuenta con cédula de identidad vigente, y que si bien al contar con solicitud de visa en trámite mantiene una situación regular dentro del país, no es menos cierto que en un sentido pragmático no corresponde a la realidad de quien se encuentra en esta situación que afecta derechos fundamentales para un libre desarrollo y desempeño.

Destaca los artículos 4°, 7°, 9° y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7° y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Previas citas jurisprudenciales y legales, solicita se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud ingresada dentro de un plazo razonable, con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso: 1. Comprobante de solicitud de Permanencia Definitiva de fecha 24 de abril de 2023. 2. Cédula de identidad de la parte recurrente. 3. Contratos de trabajo y anexo de contrato de trabajo. 4. Pasaporte de la recurrente. 5. Certificados de cotizaciones previsionales. 6. Certificado de residencia de doña nombre reservado. 7. Informe de antecedentes penales.

SEGUNDO: Que, a folio 4 evacuó informe Roberto nombre reservado Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos constitucionales resguardados por la acción de protección.

Expone que, la recurrente solicita el beneficio de residencia definitiva con fecha 24 de abril de 2023, fecha en la que pasa a etapa de análisis. Posteriormente, el 20 de junio la actora realiza el pago derechos, tras lo cual, el mismo día, se le solicitan documentos adicionales, específicamente, el certificado de antecedentes del país de origen, ya que el ingresado por la recurrente no estaba apostillado y tampoco legalizado, pasando a etapa de resolución el 22 de junio de 2023. Luego, el 15 de octubre de 2024, se le solicitaron documentos adicionales, esta vez, el certificado de viajes emitido por la Policía Internacional, que acredite entradas y salidas entre el 16 de marzo de 2022 y 14 de octubre de 2024. Finalmente, que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa resolutiva de los antecedentes ingresados, desde el 03 de diciembre de 2024.

Destaca que, conforme lo ha alegado en diversas ocasiones, el plazo de 6 meses establecido en la Ley N°19.880 tiene el carácter de no fatal, así lo ha sostenido la Contraloría General de la República como también la jurisprudencia en general, inclusive, la actual jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, además de existir la posibilidad de ampliar dicho plazo por caso fortuito o fuerza mayor, destacando la crisis migratoria que sufre el país y la alta cantidad de solicitudes de residencia que actualmente se encuentran en tramitación.

Puntualiza que, la recurrente afirma que se ve vulnerado en sus garantías contempladas en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental, sin embargo, esta autoridad afirma que en ningún momento se han establecido diferencias arbitrarias, pues todos los trámites solicitados por los extranjeros se llevan a cabo en igual tiempo y forma, el recurrente tiene la carga procesal de probar que este Servicio ha otorgado solicitudes más rápidas a otras personas, carga procesal que no se cumplió como se ve en autos.

Agrega que encontrándose en tramitación la solicitud de residencia definitiva del recurrente, este mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 38 y 45 de la Ley de Migración y Extranjería, como también en su artículo 43, conforme a los cuales la residencia regular se acredita con el Certificado de Residencia en trámite.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de permanencia definitiva en trámite.

Sostiene que, cualquier acción jurisdiccional intentada que tenga por causa el desconocimiento del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería por un tercero deberá ser dirigida en contra de aquella persona u organismo que haya desplegado efectivamente la conducta reprochable, y no en contra del Servicio Nacional de Migraciones, tal como ha sido establecido por la Excelentísima Corte Suprema.

Concluye indicando que, la acción de protección no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración, y además, ha quedado claramente establecido la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20, así como el rechazo de una condena en costas.

Acompaña al informe: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Copia notificación solicita documentos adicionales de folio N° 66329380.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria formulada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en mérito de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, es posible advertir que la tramitación de la permanencia definitiva del actor se encuentra en una etapa resolutiva, desde el 03 de diciembre de 2024.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo expuesto por la recurrida, no resulta fundamento suficiente para la demora en la tramitación el hecho de haberse requerido en dos oportunidades documentación adicional a la recurrente, considerando que entre una y otra solicitud transcurrieron casi 1 año y 4 meses, y, desde que la solicitud pasó a etapa resolutiva, transcurrieran, a la fecha otros 6 meses, plazo que escapa de toda razonabilidad para emitir un pronunciamiento, ya sea concediendo o rechazando el beneficio solicitado.

OCTAVO: Que, por lo anterior, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo de tal forma el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se ordena a la recurrida emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, en mérito a la documentación allegada al proceso administrativo incoado por el actor, dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos desde la ejecutoriedad del presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°783-2025 (Protección).