Recurso de protección

nombre reservado nombre reservado

Recurso de protección Rol N°779-2026 La Serena, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Paula Wustner Monsalve, abogada, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado y en contra de nombre reservado, por el acto consistente en realizar publicaciones en diversas redes sociales en las que difunden imágenes íntimas de la recurrente, la insulta y le atribuye hechos de carácter moralmente reprobable. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con el recurrido mantuvieron una relación sentimental durante un año aproximadamente y que, en ese contexto, la actora compartió con él contenido de carácter sexual e íntimo destinado a ser mantenido en la privacidad de la pareja. Agrega que tras el término de la relación, el recurrido ha adoptado actitudes violentas y de hostigamiento hacia la recurrente, y sostiene que en abril del año en curso, al iniciar la actora una relación amorosa con otra persona, el recurrido habría comenzado a difundir el material de tipo sexual que le fuera compartido en su momento, junto a mensajes insultantes y amenazantes que ha hecho llegar al círculo familiar y social de la actora mediante redes sociales como WhatsApp, Instagram o Facebook. Detalla que los mensajes difundidos contienen expresiones tales como “está llena de sida, vendo a esta puta”, “conoces esta puta?”, “mira a la puta de tu amiga”, los que evidentemente vulneran la honra de la actora.

Previas citas de derecho, solicita acoger el recurso intentado, ordenando al recurrido “a) Abstenerse total y absolutamente de toda nueva difusión, publicación, reenvío, exhibición, reproducción o utilización de las imágenes íntimas de la recurrente, bajo apercibimiento de multa diaria de 1 UTM. b) Eliminar de manera completa e inmediata todo archivo, copia, respaldo o registro de las aludidas imágenes de todos los dispositivos electrónicos, cuentas digitales, servicios de almacenamiento en la nube, correos electrónicos y cualquier otro medio de almacenamiento. c) Prohibir expresamente todo contacto directo o indirecto con la recurrente, así como remitir, exhibir o hacer referencia de las imágenes ante terceros”.

SEGUNDO: Que, ante la inactividad del recurrido mediante resolución de trece de julio pasado se prescindió de su informe y se trajeron los autos en relación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a alcanzar o, aun, inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se ajusta a la normativa que debe regirla o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados al recurso, aparece acreditado que el recurrido ha realizado publicaciones en redes sociales con el propósito de “funar” a la recurrente o lograr su descrédito, atribuyéndole la realización de conductas moralmente cuestionables, adjuntando imágenes de contenido sexual, las que acompaña de textos injuriantes relativos a su persona, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la actividad atribuida en el recurso, descrita en el considerando precedente, se ha efectuado en las redes sociales, que son públicas para quienes forman parte de ellas y, consecuencialmente, no es realizada de manera inocua; por el contrario, evidencia una intención, encuadrándose en lo que suele llamarse “funa”, expresión que grafica una denuncia destinada a buscar adhesión pública al repudio a una conducta que se atribuye a una persona, como una suerte de sanción social a su respecto y no como una forma de informar.

La Excelentísima Corte Suprema se ha referido a esta conducta expresando que “no es otra cosa que un llamado a la violencia y al repudio, un acto de autotutela que es contrario al ordenamiento jurídico” (Rol N° 2682-2019).

Asimismo, es relevante considerar en este tipo de materias que, en la actualidad, las redes sociales han permitido una extraordinaria velocidad de propagación de este tipo de publicaciones, las que importan un sometimiento al escarnio público fundado en la visión unilateral que es presentada por el emisor y, por consiguiente, el iniciar una “funa”, no es un acto meramente informativo, sino que pretende el descrédito del sujeto pasivo de la misma.

SEXTO: Que en estas materias se ven involucrados, a lo menos, dos derechos constitucionalmente reconocidos: la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, consagrada en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, numeral 4 de la citada disposición, sin que el constituyente haya definido cuál de los dos debe prevalecer en esta contienda, de forma que el intérprete es quien, atendidas las circunstancias de cada caso, debe decidir el derecho que cede y el que predomina.

Que, aunque el artículo 20 de la Constitución Política de la República no mencione entre las garantías susceptibles de ampararse a través del recurso de protección "el derecho a la propia imagen", ciertamente es hoy por hoy un derecho de carácter fundamental, relacionado con los derechos de la personalidad, consecuencialmente implícito en el artículo 19 número 4, en relación al numeral 24 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que lo relevante para la resolución del asunto planteado no es si es efectivo o no lo afirmado por el recurrido en sus perfiles públicos de las redes sociales, correspondiendo por este medio solamente dilucidar si ha existido vulneración de garantías resguardadas por la acción impetrada.

OCTAVO: Que las publicaciones, que constituyen el actuar del recurrido, resultan un acto ilegal y arbitrario que amenaza el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza nuestra Carta Magna, en los términos expresados en el motivo sexto de esta resolución.

En efecto, sin lugar a dudas el derecho constitucional a la libertad de emitir opinión no es un derecho absoluto, pues siempre aparecerá un deslinde a su ejercicio, a saber, el abuso del derecho y el choque que con otros derechos puede generar su ejercicio, entre ellos con el derecho a la honra en su faz objetiva, referida a apreciación de terceros o externa, que es aquella de interés para el derecho, señalándose que "La protección constitucional de la honra no se refiere a la valoración que cada persona tiene de sí misma, sino que a la valoración que, objetivamente, ella merece dentro del conglomerado social en que se desenvuelve" (STC Rol N° 834-2007) y que el derecho a la honra “es un derecho que emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana, un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre o mujer, que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana“ y que “se trata de un derecho estrechamente vinculado con la dignidad humana y con la integridad síquica de la persona, pues un atentado contra la honra afecta el respeto y consideración que merece toda persona, y puede afectar también severamente su integridad emocional” (cita a nombre reservado, J.; Derecho Constitucional Chileno, tomo II, pág. 180, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004). (STC Rol N° 943-2007).

Así las cosas, considerando el tenor de las publicaciones realizadas, en las cuales se desliza un actuar alejado de la moral, se puede colegir la intención antes mencionada y el abuso que aquello conlleva del derecho en cuestión, transformando dicho proceder en arbitrario o caprichoso, lo que guía a estos sentenciadores a acoger la acción constitucional intentada, pues se ve lesionada la honra de quien recurre, entendida esta como el buen nombre, crédito o reputación que una persona goza en el ámbito social o frente a terceros, o sea, la faz objetiva del honor, amparada en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental.

En efecto, la reputación, el buen nombre, debe ser objeto de protección constitucional, cuando por la divulgación pública de hechos que involucran a una persona se busca socavarlos, como sucede en la especie, constituyendo una injerencia indebida en la vida privada de este y de su familia y al hacer esas divulgaciones en redes sociales que, en esencia, son espacios públicos, implica una perturbación del derecho a la propia imagen del recurrente que, como ya se dijo, está implícito en el artículo 19 número 4, en relación al numeral 24, de la Constitución.

NOVENO: Que, en consecuencia, cabe acoger esta acción constitucional en los términos en que se dirá en lo resolutivo, pues existe un acto del recurrido que cumple con los supuestos de arbitrariedad e ilegalidad que afecta las garantías invocadas por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, ordenándose al recurrido eliminar las publicaciones en cuestión, realizadas en las redes sociales —si no lo ha hecho ya— dentro de quinto día de notificada esta sentencia, debiendo, en lo sucesivo, abstenerse de difundir aquella publicación u otra de naturaleza similar en contra de quien recurre, tanto en las redes sociales ya señaladas como en cualquier otra de similares características.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°779-2026 Protección.