nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 777-2021.

La Serena a treinta de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que con fecha primero de junio de 2021 comparece doña Ana María Rivera Álvarez, abogada, en representación, de doña nombre reservado, con domicilio en Tambillos, Coquimbo y deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de rechazar el pago de las licencias médicas, ya que ello constituiría una vulneración, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales de los numerales 1°, 2°, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que a través de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-59562-2021, Santiago, 12/ 05/ 2021 del Departamento Contencioso Unidad Médica R-38831-2021, dictaminó lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que, ha recurrido con fecha 23 de marzo de 2021 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN: RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-124507-2020 de fecha 29 de noviembre de 2020, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 57843588, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 178 días a contar del 20 de enero de 2019, por Diagnóstico irrecuperable. Que, esta Superintendencia estudió nuevamente los antecedentes disponibles y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 57843588, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Cabe señalar, que, para el cuadro diagnosticado, cursa con indicación de licencias médicas desde abril de 2016, sin lograr recuperación sintomática. RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 57843588, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

Indica que la recurrente es una persona de 48 años, de profesión mecánica, que trabaja en la empresa Sergab Diesel Limitada, cuyas funciones consistían en realizar labor de técnico mecánico de inyección diesel de vehículos livianos y maquinaria pesada, desde el 1° de febrero de 2014. Sostiene que ha trabajado como mecánica desde el año 1993, que en el año 2016 empezó con el mal que la aqueja en su hombro derecho por la que fue operada en 2017, describiendo su situación clínica detalladamente en su libelo. Sostiene que las labores que cumple en su trabajo le hacen imposible que hasta la fecha pueda retornar ya que son incompatibles con su actual estado de salud. No le resulta posible operar maquinarias pesadas. Se mantiene cotizando en Fonasa y que se encuentra con contrato de trabajo vigente.

Hace presente que solicitó pensión de invalidez siendo rechazada en tres oportunidades y que por Dictámen 005.603/2021 de 24 de febrero de 2021, la SUSESO a través de la Comisión Médica de La Serena, rechazó la pensión de invalidez de la afectada, por estimar que el menoscabo de la capacidad de trabajo es inferior al 50% (30.1).

Indica que el reposo de la recurrente fue otorgado por un profesional competente, autorizado para otorgar licencias médicas y evaluar la patología del paciente de conformidad a la lex artis correspondía cursar debidamente el reposo otorgado de acuerdo con la actual ciencia médica y el pago del correspondiente subsidio por incapacidad laboral.

Señala que el acto respecto del cual recurre el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al rechazar el legítimo derecho a gozar de un tratamiento médico y seguir las indicaciones y recomendaciones de su médico tratante para recuperar su salud; la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, ya que La SUSESO arbitrariamente perturba, amenaza y vulnera esta garantía constitucional al negarle el derecho que le asiste a diferencia de otros trabajadores a quien si se los autoriza y el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24, señalando que la recurrida al desconocer este derecho y negar el pago de sus licencia s médicas, priva al cotizante, paciente y recurrente, de un importante recurso económico cuando más lo necesita.

Cita jurisprudencia y pide que acogiendo el presente recurso se resuelva ordenar a la recurrida el pago de la totalidad de las licencias médicas con condena en costas.

Segundo: Que, con fecha cinco de julio de dos mil veintiuno evacua informe nombre reservado en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que no ha existido de parte de su representada una actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido en atención a que la Superintendencia que representa, de acuerdo con los antecedentes administrativos que acompaña, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Compin Región De Coquimbo que rechazó sus licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 135 días, a contar del 19-06-2019, por la causal de reposo no justificado.

Agrega que, 13-11-2020, la Sra. nombre reservado reclamó ante su representada en contra de la Compin Región De Coquimbo que rechazó sus licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 57843588, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 178 días a contar del 20 de enero de 2019, por la causal de reposo no justificado.

Señala que el Servicio luego del estudio y análisis de los antecedentes, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-124507-2020, de 29-11-2020, dictaminó lo siguiente: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 57843588, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. De acuerdo con la documentación adjuntada, en la presentación, la patología ha sido definida de irrecuperable, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, más allá del período ya autorizado. Registra 3 tramites de invalidez ejecutoriados con fecha 5-12-2018, 30-10-19 y 08-05-2020, rechazados por incapacidad insuficiente. En estas circunstancias, no procede autorizar más licencias por esta causa, toda vez, que dicho beneficio sólo procede en enfermedades que provocan incapacidad laboral temporal y en el caso de las enfermedades con incapacidad laboral definitiva, sólo durante el primer trámite de calificación de invalidez.”

Agrega que, posteriormente, la Sra. nombre reservado, con fecha 23-03-2021, acudió nuevamente ante la Superintendencia solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-124507-2020 y que luego del estudio y análisis de los antecedentes, mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-59562-2021, de 12-05-2021, resolvió confirmar lo resuelto precedentemente, indicando: “…Que, esta Superintendencia estudió nuevamente los antecedentes disponibles y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 57843588, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Cabe señalar, que, para el cuadro diagnosticado, cursa con indicación de licencias médicas desde abril de 2016, sin lograr recuperación sintomática.”

Señala que los profesionales médicos de la Superintendencia al analizar, cada una de las presentaciones hechas por la recurrente, plasmaron sus opiniones médicas en las fichas médicas, que constan en los expedientes administrativos que se acompañan, en donde se señaló: Expediente R-388831-2021: “47 años técnico Operada en agosto 2017 en H. San Pablo de Coquimbo. Reposo de larga data por patología de hombro. 3 TPI rechazadas, discapacidad de 34% y 25% 08-05-2020, 30-10-19, 05-12-2018. Rechazo, patología irrecuperable.” Expediente R-128767-2021: “No acoge: cuadro crónico, tres TPI rechazados con licencias médicas mismo diagnóstico de abril de 2016.”

Destaca que la recurrente cuenta con tres dictámenes de invalidez negativos, ejecutoriados con fecha 5-12-2018, 30-10-19 y 08-05-2020, rechazados por incapacidad insuficiente, es decir, se resolvió no otorgar invalidez por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos un 50%. Al respecto señala, que la normativa especial al respecto no permite la autorización de más licencias médicas luego del primer trámite de invalidez; y solo se podrían autorizar más licencias médicas si es que al trabajador se le otorga una pensión de invalidez, la cual sólo podrá otorgársele si obtiene más de un 50% de pérdida de capacidad de ganancia, lo que no ha obrado en la especie. Por ello, señala que el actuar de la Superintendencia no podría tacharse de ilegal, por cuanto, por el contrario, su decisión se ha adecuado a la normativa del ramo.

Indica que la valoración de los antecedentes acompañados, permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que las decisiones adoptadas, además de encontrar soporte legal, no se sustentaron en el mero capricho de esa Institución la que emitió sus pareceres de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos, decisión administrativa que no fue del agrado de la trabajadora, sin embargo, indica que no por ese motivo se puede señalar que el actuar de la Superintendencia ha sido ilegal o que haya vulnerado, o siquiera, amenazado alguna de las garantías fundamentales de la recurrente.

Luego, hace referencia al concepto de licencia médica, al procedimiento al que se somete la autorización de licencia médica y a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, para finalmente alegar la ausencia de derechos vulnerados.

Alega además la improcedencia del recurso por tratarse -el pago o no de una licencia médica- de un tema de seguridad social, cuestión que no está protegida por esta acción constitucional. Finalmente y en subsidio de lo anterior, solicita tener por evacuado el informe y que sea “desestimado el recurso en todas sus partes” (sic).

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que sobre la improcedencia alegada por la recurrida, esta se rechazará, pues si bien la garantía del artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, no está incluida dentro de aquellas que enumera el artículo 20 del mismo texto constitucional, en el libelo no se denuncia la infracción de dicha garantía, y además, en este punto no se puede desestimar la vulneración a alguna de otras incluidas por el constituyente como protegidas por la última norma citada, lo que conduce al rechazo de la improcedencia alegada.

Sexto: Que del estudio del expediente administrativo acompañado en folio 7 de estos autos digitales, consta lo siguiente: que todas las licencias médicas reclamadas por esta vía fueron rechazadas por reposo prolongado; que la recurrente acompañó ante la Superintendencia recurrida informes del Médico tratante del 6 de noviembre de 2020 y de 11 de marzo de 2021, los que dan cuenta de un “Negativo pronóstico funcional en términos laborales”, para el caso del primero y para el caso del segundo señala: “La paciente aun manifiesta al hombro derecho bastante dolor aun estando hace aproximadamente tres años operada. Además actualmente también comenzó con molestias a su otro hombro el cual ya está en un grado de ejercer poca fuerza” y agrega como conclusión: “Se espera cirugía para el hombro izquierdo y se encuentra tramitando pensión de invalidez”, ambos informes están firmados por el mismo médico tratante de especialidad traumatólogo, según se lee en ellos.

Séptimo: Que en efecto y tal como señala la recurrida al informar el recurso, médicos de su servicio plasmaron sus opiniones en las fichas médicas, que constan en los expedientes administrativos (folio 7 del expediente digital), en donde se señaló para el caso del Expediente R-388831-2021, como fundamento de la resolución: “No acoge: cuadro crónico, tres TPI rechazados con licencias médicas mismo diagnóstico de abril de 2016”, lo que se tuvo como base para la Resolución Exenta N° R-01-UME-124507-2020, de 29-11-2020, emanada de la recurrida y por la cual confirmó el rechazó las licencias médicas hecho por la Compin en una primera instancia. Y para el caso de Expediente R-128767-2021, como fundamento de la resolución se indicó: “47 años técnico Operada en Agosto 2017 en H. San Pablo de Coquimbo. Reposo de larga data por patología de hombro. 3 TPI rechazadas, discapacidad de 34% y 25% 08-05-2020, 30-10-19, 05-12-2018. Rechazo, patología irrecuperable”, lo que se tuvo como base a su vez para la Resolución Exenta N° R-01-IBS-59562-2021, de 12-05-2021 emanada de la recurrida y por la cual confirma nuevamente el rechazo de las licencias médicas objeto de estos autos.

Sin embargo, en ambos informes plasmados por los médicos del Servicio, según se da cuenta de la revisión de los documentos acompañados en autos, solo mencionan los antecedentes adjuntados por la propia recurrente (entre ellos informes del médico traumatólogo tratante y de exámenes ) y sin mayor análisis de los mismos. Y además se indica no existir un peritaje médico.

Que es dable sostener, que la existencia de un peritaje médico permitiría contrastar las conclusiones del médico tratante, quien efectivamente habría realizado un examen clínico a la paciente.

Octavo: Que para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es pertinente tener presente el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, dispone: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Noveno: Que conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida SUSESO, no se habría apoyado en un peritaje médico que permitiera hacerse cargo de las conclusiones de los Informes del médico tratante de 6 de noviembre de 2020 y de 11 de marzo de 2021 y que constan a folio 7 del expediente digital, como se dijo.

Décimo: Que de acuerdo a la normativa indicada, es factible que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema.

Undécimo: Que en el asunto que nos ocupa a juicio de estos sentenciadores, el actuar de la recurrida SUSESO no se ajusta a la normativa legal que le es pertinente, puesto que no ha especificado suficientemente los fundamentos de su decisión de confirmar el rechazo de las licencias médicas, como asimismo al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.

Duodécimo: Que, como ha dicho la Corte Suprema “…tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes” (rol Nº31.051-2021).

Decimotercero: Que como ha ocurrido en estos autos, desestimar una licencia médica emitida correctamente por el facultativo que la suscribe, sin fundamentos suficientes o elementos de contraste, como se dijo en el considerando undécimo de esta sentencia, se torna arbitrario. Y, siendo una decisión de esta naturaleza tan relevante para los afectados, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Decimocuarto: Que, el acto impugnado es un acto administrativo pues es una decisión escrita adoptada por la Administración, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es una resolución. (Artículo 3 Ley 19.880). Que, en consecuencia, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley señala que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Decimoquinto: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además infringe las garantías constitucionales contendidas en el artículo 19 Nº 1 y Nº 2 de la Carta Fundamental, al afectarse de manera arbitraria el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente ya que su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud, como asimismo representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Que, además, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de la reclamante, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre esta acción constitucional, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado que rige la materia, se decide que: SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección, interpuesto en favor de doña nombre reservado, disponiéndose que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, del domicilio de la recurrente, debe realizar un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto de la presente acción cautelar.

Redactado por la abogada integrante, Elvira Badilla Poblete.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 777-2021 (Protección).-