nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

nombre reservado

Administradora De Fondos De Pensiones Modelo S.A.

Recurso de Protección Rol N°766-2026 La Serena, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don nombre reservado, en presentación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, representado por don nombre reservado, gerente general, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario dictado el 08 de abril de 2026, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que el recurrente solicitó a la AFP recurrida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156 que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, sin embargo, el 08 de abril de 2026, fue notificado de lo resuelto por AFP Modelo, quien señaló que el certificado de afiliación al sistema previsional del país de origen no cumple con los criterios de aceptación, y, la declaración realizada ante notario en Chile no cumple con ser un documento emitido por una entidad previsional extranjera, desconociendo la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular, incorporando un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en la ley.

Prosigue citando los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, señalando que el recurrente cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa para efectuar el retiro de fondos, sin embargo, la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador.

Añade que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañado por el recurrente, puede ser verificado y validado en el respectivo sitio web indicado en el documento, no obstante, la conducta omisiva de la entidad de no verificar el documento deviene en un actuar arbitrario e ilegal, acompañando, además, el certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado, lo que fuerza a concluir que el recurrente se encuentra afiliado a la seguridad social en su país de origen.

Prosigue aludiendo a fundamentos de derechos y jurisprudencia, señalando que la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley al otorgarle un trato desigual al recurrente, con respecto a otros solicitantes que se encuentran en iguales circunstancias, vulnerando, además, el derecho de propiedad del actor.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que reconozca como valida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, conforme a derecho, y, dentro de un plazo razonable efectúe la devolución de los fondos de pensión al recurrente, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 6, don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, “AFP Modelo”, evacúa el informe.

Indica que el 07 de abril de 2026 el recurrente presentó una solicitud para obtener la devolución de los fondos previsionales, amparado en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por MSI Minería SPA, acompañando a su solicitud título profesional, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones y contrato y anexo de contrato de trabajo suscrito con el empleador MSI Minería SPA, procediendo a efectuar el análisis de los antecedentes y, advirtiendo que los documentos denominados Constancia Electrónica de Cotizaciones y Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para Retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), emitida el 30 de mayo de 2024, no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, en razón de lo cual no se ingresó la solicitud de devolución de fondos. Añade que se verificó que el recurrente obtuvo el título profesional el 02 de agosto de 2025, es decir, obtuvo la calidad de técnico o profesional extranjero con posterioridad al inicio de la relación laboral respecto de la cual solicita la devolución, vínculo laboral que inició el 02 de julio de 2024, citando al respecto el Oficio N°11.285, de 20 de junio de 2022, dictado por la Superintedencia.

Prosigue señalando que AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó constancia de afiliación o certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, y, porque no tenía la calidad de técnico o profesional extranjero al momento de celebrar el contrato de trabajo, por lo cual, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintedencia de Pensiones y el espíritu de la norma, no actuando de forma ilegal ni arbitraria.

Continúa citando fundamentos de derecho, específicamente artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, artículos 52 y 94 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, oficios dictados por la Superintendencia de Pensiones, artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, artículo 47 de la Ley N°19.882, y jurisprudencia, haciendo presente que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en la ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos, lo que no cumplió el recurrente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantía constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra la comunicación efectuada el 08 de abril de 2026, por AFP Modelo al recurrente, informando que negó lugar a dar curso a la solicitud de retiro de fondos de pensiones por técnico extranjero, actuación que la recurrente califica de ilegal y arbitraria.

Al respecto, la recurrida señaló que no se dio curso a la solicitud del recurrente porque no cumplió los requisitos establecidos en la Ley, toda vez que no acompañó constancia de afiliación o certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, y, porque no tenía la calidad de técnico o profesional extranjero al momento de celebrar el contrato de trabajo.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, resulta pertinente considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

OCTAVO: Que, en el caso particular, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional que dé cuenta que se encuentra afiliado en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, circunstancia que es tácitamente reconocida por el actor, al sostener que la entidad recurrida podía verificar la documentación acompañada al efecto. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales, no siendo idóneo el documento anexado a folio 1.3, para satisfacer dicho requerimiento, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional.

Además, consta en los documentos acompañados a folio 6.1 y a folio 6.4 que el recurrente celebró el contrato de trabajo con MSI Minera SPA el 17 de junio de 2024, esto es, con antelación a la fecha en la cual se tituló, 02 de agosto de 2025, por lo cual, no cumple con el presupuesto básico para solicitar la devolución de los fondos previsionales, toda vez que, conforme se desprende de la normativa precedentemente citada, el trabajador debe detentar la calidad de técnico al momento de celebrarse el contrato, lo que en la especie no se verifica.

NOVENO: Que, abona a lo anterior que la recurrida sustenta su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, por no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, elemento propio de las garantías que pueden ser impuestas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio.

DÉCIMO: Que, finalmente, la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros temporales, facultad que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado, pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora De Fondos De Pensiones Modelo S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°766-2026 Protección