nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO LA SERENA

Pastelería nombre reservado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Inspección Provincial del Trabajo de La Serena Recurso de protección Rol N°764-2026.- La Serena, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña nombre reservado, chilena, empresaria, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de Pastelería nombre reservado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, RUT N°RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, representada legalmente por su inspectora jefe doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, o por quien legalmente la subrogue o haga sus veces, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Refiere que la recurrida ha incurrido en una serie de actos ilegales y arbitrarios los cuales privan, perturban y amenazan los derechos constitucionales consagrados en los numerales 2°, 3° inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente es una empresa pequeña que no cuenta con mas de 18 trabajadores, 7 de ellos miembros de la familia, que tiene como uno de sus giros la gestión y explotación de locales de comida, cuyo nombre de fantasía es “Paclau”, uno de los cuales se ubica en Las domicilio reservado, en el cual la recurrida realizó una fiscalización el 28 de octubre de 2025, la cual culminó con la dictación de la Resolución Administrativa N°3677/25/47, de 30 de diciembre de 2025, mediante la cual se cursó una multa de 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales, equivalente a $9.114.610.- por haber infringido lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 8 de la Ley N°18.018 y al D.S. N°51 de 1982 del Ministerio de Justicia, por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: Comandas de propinas a objeto de verificar el pago íntegro de estas, correspondiente al período mayo a septiembre de 2025, respecto de 3 trabajadoras, actuar que obedeció a la voluntad deliberada de la recurrida de aplicar arbitrariamente la sanción más gravosa, resolución que le fue notificada el 5 de febrero de 2026, solicitándose, el 13 de marzo de 2026, sustitución de multa y, en subsidio, recurso de reconsideración, pronunciándose la recurrida, el 27 de marzo de 2025, mediante Resolución Exenta N°401-9356/2026, únicamente respecto de la solicitud de sustitución de multa, desestimándola, no emitiendo pronunciamiento respecto de la solicitud de reconsideración administrativa, actuar que constituye un proceder arbitrario e ilegal, privando a la recurrente de la igualdad ante la ley, de su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales y su derecho de propiedad.

Prosigue señalando que la recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente al exigir exhibición de documentación que le constaba no podían existir en poder de la recurrente, no pronunciarse formalmente dictando una resolución administrativa, y determinar que una infracción a la normativa laboral de falta de exhibición de documentación no sería susceptible de enmienda retroactiva, adoptando las medidas mas perniciosas a los derechos del recurrente, desnaturalizando sus funciones, en términos que contravienen y desnaturalizan el principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que amerita calificarlo como ilegal, y se ha desenvuelto, además, de manera claramente caprichosa y contraria al buen criterio y al sentido común, por lo que su comportamiento indudablemente justifica se lo califique como arbitrario.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida acoger la solicitud de sustitución de multa; o, en el evento de que ello se estimare improcedente o indebido, se ordene a la requerida formular un pronunciamiento directo acerca de la reconsideración administrativa promovida en contra de la resolución de multa N° 3677/25/47, de 30 de diciembre de 2025, en una resolución administrativa que la resuelva expresa y formalmente, o en subsidio, se resuelva conforme lo estime esta Corte.

SEGUNDO: Que, a folio 12, doña nombre reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer término, alude a lo expuesto en el recurso y a los hechos que lo motivan. Al respecto, indica que en el mes de octubre de 2025 una trabajadora de la recurrente interpuso denuncia ante la Inspección del Trabajo de La Serena en contra de la recurrente, señalando, entre otros aspectos, que se le efectuaban descuentos a las propinas percibidas, lo que dio lugar a la inspección realizada el 28 de octubre de 2025, solicitando al empleador las comandas, documento que no fue exhibido, reconociendo que de las propinas pagadas con tarjeta de crédito se les descontaba el 17% por cobro de comisión, por lo que al no exhibir los documentos, el funcionario no pudo abordar el hecho denunciado, procediendo a cursar la multa N°3677/2025/47-1, la cual fue notificada mediante correo electrónico el 05 de febrero de 2026, informándose los plazos para interponer recursos administrativos y judiciales, remitiendo, además, un formulario en el cual se indica que si se trata de una MYPE es requisito no haber recurrido a la sustitución establecida en el artículo 506 del Código del Trabajo. Añade que el 13 de marzo de 2026, el recurrente presentó ante la Dirección del Trabajo dos recursos incompatibles entre sí – reconsideración y sustitución de multa por la incorporación a un programa de asistencia al cumplimiento y puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – improcedencia que le fue informada al empleador, solicitando aclarar el recurso que pretendía interponer, por lo que al no recibir respuesta, el 25 de marzo del año en curso se reiteró la improcedencia, respondiendo el empleador que interponía los dos, uno en subsidio de otro, por lo cual, el 27 de marzo de 2026 mediante Resolución Exenta N°401-9356/2026 se pronunció sobre el recurso interpuesto, estimando que la materia sobre la que versaba la multa era de aquéllas no susceptibles de corrección retroactiva y que no constaba entre los antecedentes aportados aquéllos que acreditaran que el empleador hubiera corregido la infracción; y resolviendo, en definitiva, rechazar la solicitud del empleador, resolución notificada a través de correo el 30 de marzo de 2026.

Prosigue señalando que las alegaciones de la recurrente carecen de sustento, no siendo facultad del empleador determinar que multa debe aplicarse, sino que se aplica la multa que corresponda, reiterando la incompatibilidad de los recursos deducidos por el recurrente, citando los artículos 506 ter y 511 del Código del Trabajo, pronunciándose al respecto la Inspección, no coartando la posibilidad del actor de deducir recursos.

Continúa señalando que la recurrente está utilizando la vía del recurso de protección como un sustituto procesal, lo que resulta improcedente, acción que ampara derechos indubitados, no siendo el camino idóneo para reclamar respecto de las multas interpuestas por la autoridad administrativa.

Prosigue señalando que no ha conculcado el ejercicio de garantías constitucionales del recurrente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción constitucional se erige en contra del procedimiento fiscalizador efectuado por la recurrida, lo que dio lugar a la dictación de la Resolución Administrativa N°3677/25/47, de 30 de diciembre de 2025, que cursó una multa al recurrente, rechazando posteriormente los recursos administrativos deducidos, actuar que el actor califica de ilegal y arbitrario.

Al efecto, la recurrida alega que su actuación se ajustó al procedimiento iniciado por denuncia efectuada por un trabajador, lo que dio origen a la fiscalización y posterior multa al verificarse una infracción, rechazándose los recursos deducidos al respecto, todo lo cual se ajusta a la función fiscalizadora, no siendo procedente utilizar el recurso de protección como un sustituto procesal ante el desacuerdo con la multa cursada.

SEXTO: Que, en la especie, se pretende dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Dirección del Trabajo, lo que excede la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

SÉPTIMO: Que, en concordancia con lo referido en el considerando que antecede, resulta útil consignar que el estatuto laboral contempla los recursos que en sede administrativa y judicial puede ejercer el destinatario de una infracción en defensa de sus derechos. Así, establece un procedimiento reglado, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según el caso, conforme lo dispuesto en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, conforme se ha razonado, no se vislumbra que exista arbitrariedad ni ilegalidad en la forma en que ha procedido la entidad recurrida, por cuanto ha obrado previa habilitación legal, en base a motivos expuestos en el acto administrativo que se ejecuta, adoptando la decisión en forma razonada dentro del margen de apreciación que el legislador le ha reservado. En consecuencia, verificado que no existe un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida no es necesario determinar si la recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de Pastelería nombre reservado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°764-2026 Protección.