nombre reservado con SOC.COM.Y AGRICOLA CARVAJAL Y SALINAS

nombre reservado, nombre reservado

Sociedad Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas Limitada.

Recurso de Protección Rol N° 76-2023.- La Serena, diecisiete de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en su favor y, asimismo, en favor de nombre reservado, en contra de SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRÍCOLA CARVAJAL Y SALINAS LIMITADA.

Expone que desde el año 2014 es dueña del inmueble denominado Hijuela N° 6 de Chañaral de Carén, según consta en inscripción de fojas 293 vuelta número 367 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria correspondiente al año 2015, plantada y cultivada mediante técnicas campesinas de huerto familiar, predio que visitában esporádicamente para realizar labores de mantención agrícola y construcción de vivienda hasta el mes de marzo de 2020, fecha a partir de la cual vivo permanentemente junto a su cónyuge nombre reservado en el que hoy es su domicilio ubicado en domicilio reservado, Provincia de Limarí, región de Coquimbo, inmueble, que junto de constituir residencia de su familia, han mantenido su destinación como unidad productiva familiar, orientada a la producción de hortalizas y frutales para el autoconsumo familiar y la venta de excedentes entre ellos mora, duraznos, vides, paltas, damascos, cítricos, nogales y sus derivados de procesos artesanales como mermeladas, deshidratados y conservas entre otros.

Indica que vecino a su predio, específicamente, emplazado en el límite norte de la propiedad, se encuentra desarrollando parte de un proyecto de cultivo industrial de vid de mesa para la exportación desde septiembre del año 2020 la Sociedad Comercial y Agrícola Carsal Ltda. Se asienta en inmueble adquirido el año 2019 según consta en inscripción de dominio a fojas 636 n° 648 del Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria, y que es parte del mismo proyecto agroindustrial ejecutado en los predios adquiridos mediante contrato de compraventa e hipoteca de fecha 13 de marzo del año 2015, ante notario público don nombre reservado del derecho de goce singular número 12, del cual consta a su vez de dos sectores, denominados goce singular número 12 lote A y goce singular número 12 lote B, ubicados dentro de los limites comunidad agrícola “Quebrada las Mollacas”.

Refiere que, desde el año 2021 y particularmente en reiteradas ocasiones de este año 2022, la empresa recurrida ha procedido a efectuar aplicación masiva de plaguicidas en su predio colindante a su hogar, así como en otros cercanos a la vivienda, usando entre ellos fungicidas, herbicidas, insecticidas entre otros productos de carácter tóxico para la salud humana y ecosistémica según consta en las etiquetas de los mismos, con una frecuencia de al menos una vez por semana hasta incluso dos veces por semana, desde el mes de septiembre de este año 2022. Es así que el día 18 de noviembre de 2022 durante la noche, en horarios a partir de las 21:00 horas y hasta las 03:00 de la madrugada del día 19 del mismo mes, se realizaron fumigaciones mediante equipos de “turbo pulverización” conducidos por tractor dentro de los cultivos de vid y que resultado de la faena de aplicación de las soluciones químicas sobre el cultivo, se emanaron ruidos, vibraciones, gases y vapores que se percibieron y mantuvieron en su hogar por varias horas, y que en particular los olores inhalados por su familia les produjeron cuadros de intoxicación aguda por exposición a dichas sustancias, hechos constatados en el Cesfam de la localidad de Carén, centro asistencial más cercano a su domicilio al que han acudido en estas y otras ocasiones también a raíz de fumigaciones realizadas por la recurrida, tanto mediante equipos industriales tipo turbo pulverizadores o bien con métodos manuales de aplicación mediante bomba de espalda. Hechos de similar naturaleza tuvieron lugar los días 23 y 24 de noviembre, 05 de diciembre de 2022 y posteriormente, el 5 y 9 de enero de 2023. En todos los casos no se respetó una distancia razonable y conforme a los reglamentos entre el predio de la recurrida y su terreno, pues la franja de seguridad solo se despliega a favor de parte de su predio pero no en su totalidad, por lo que en ciertos sectores no supera 20 metros de distancia, en flagrante infracción reglamentaria.

Menciona que los productos químicos empleados y el manejo actual de los mismos por parte de la recurrida han ocurrido una serie de intoxicaciones tanto a ella como a los integrantes de su grupo familiar, las que se han manifestado con síntomas tales como irritación ocular, náuseas, irritación nasal y de garganta, estornudos excesivos, dolor de cabeza y cansancio generalizado, todos manifestados durante horas o incluso días luego de las aplicaciones, además de subidas de presión arterial que han sido atendidas y monitoreadas por el Cesfam de la localidad de Carén; tal recinto asistencial ha activado en diversas ocasiones sus protocolos de atención, realizando la notificación de sospecha de intoxicación aguda por plaguicidas descrita en el Decreto N° 88/2004 del Ministerio de Salud a través de su sistema de vigilancia epidemiológica REVEP.

Destaca que se ha denunciado las acciones desplegadas por la recurrida tanto a la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de Monte Patria como al Ministerio de Salud mediante el sistema OIRS, quienes han realizado fiscalizaciones a los predios del proyecto agroindustrial de la recurrida cursando además sumarios sanitarios que han establecido medidas seguridad para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto N° 158/2015 del Ministerio de Salud que regula las aplicaciones terrestres de plaguicidas. No obstante, la vía administrativa ha sido ineficaz para evitar o mitigar las vibraciones y ruidos molestos durante la noche ni menos evitar nuevas intoxicaciones, las que se han seguido produciendo a lo largo del tiempo, e incluso les ha determinado tener que hacer abandonar su hogar cada vez que los han notificado de nuevas fumigaciones en virtud de no exponerse a los efectos generados por los gases y vapores que perciben durante y después de las aplicaciones o la extenuante jornada nocturna de horas de ruido y preocupación por su salud, la de sus mascotas y su huerto de autoconsumo. Incluso se ha presentado oficios por parte del diputado de la República nombre reservado a la Sra. Ministra de Salud para que dé cuenta del estado de las investigaciones administrativas efectuadas en contra de la recurrida en razón de la conmoción pública que ha causado los hechos expuestos.

Profiere que además de la colindancia, en el entorno cercano a su y otras viviendas se realiza sobre otras 45 hectáreas de terrenos cultivados y ubicados en forma disgregada y abarcando a la fecha una proporción sustantiva de superficie cultivada en el sector sur de la localidad de Chañaral de Carén, varias de las cuales se encuentran en colindancia o cercanía con otras viviendas, callejones vecinales o comunitarios, caminos públicos y también al río Grande de Monte Patria, sitio considerado como zona de humedal según el Catastro Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente y actualmente en proceso de declaración de nombre reservado por parte de la I. Municipalidad de Monte Patria a través de la Ley 21.202 sin que tampoco se respete las distancias reglamentarias pues desde el lugar en que se realiza las aspersiones hasta el cauce del río hay una distancia aproximada de sólo 35 metros.

Adiciona que, a la fecha la recurrida no cuenta con instrumentos de gestión ambiental como marco ambiental de sus actividades e impactos, lo que resulta preocupante por la utilización de los pesticidas químicos capaces de provocar toxicidad aguda para la vida silvestre. En el caso del ya referido KARATHANE GOLD se señala en la hoja de seguridad ante referida en cuanto a su información ECOLÓGICA (Nº12) “Ecotoxicidad: Toxicidad aguda para peces. Sobre una base aguda, el producto es altamente tóxico para los organismos acuáticos (CL50/CE50 < 0,1 mg/l) para la mayoría de las especies sensibles”.

Esgrime los siguientes argumentos de derecho:

1.- Ilegalidad en cuanto el incumplimiento del artículo 11 del Decreto 158 que Aprueba Reglamento sobre condiciones para la Seguridad Sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas.

A fin de evitar la deriva - esto es, conforme el inciso 6º del artículo 2 del Decreto 158 - el “desplazamiento del plaguicida durante la aplicación, por medio del viento, desde el área tratada a otra a la que no se desea tratar”, se dispone la fijación de una franja de seguridad, esto es, de “aquella superficie de terreno que colinda con áreas sensibles, en la cual sólo se puede aplicar plaguicidas con equipos que minimicen la deriva que pueda afectar la salud, seguridad y bienestar de la comunidad”.

El artículo 11 del citado cuerpo normativo establece que “Se deberá mantener una franja de seguridad de, al menos, 50 metros medidos desde el borde del área de aplicación”.

Asimismo, el artículo lo que como ya he expresado anteriormente no ha sido cumplido por la recurrida pues se respeta en ciertos sectores pero en otros no.

2.- Infracción a la Resolución 119 de fecha 26 de agosto de 2015 del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo que promulga el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Limarí.

Señala que la actuación de los recurridos infringe, asimismo, el artículo 31 de la resolución 119 de fecha 26 de agosto de 2015 del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo que promulga el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Limarí que al señalar los Usos de Suelo Permitidos para Zona Rural 1 (Ar-1) - en adelante PRIL - no permite las industrias calificadas como contaminantes o peligrosas.

En efecto, la disposición reglamentaria citada indica: “Usos de Suelo, para los efectos de la Aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Área Rural 1 (AR-1)

Usos de suelo permitidos:

. Vivienda del propietario y sus trabajadores.

. Balneario o campamento turístico.

. Industrias calificadas como inofensivas y molestas.

. Equipamiento de clase: científico, comercio, culto y cultura, deporte, esparcimiento y salud.”

Lo anterior aparece reiterado en certificado de informaciones previas número 596 de fecha 5 de octubre de 2020 correspondiente al bien inmueble de su propiedad, que da cuenta que el sector en que se encuentra su predio y el de la recurrida corresponde a ZAR-1, esto es, Zona Rural y en que el Uso de suelo solo puede corresponder a industrias inofensivas o molestas, pero en ningún caso peligrosas o contaminantes.

3.- Ilegalidad en cuanto al incumplimiento a lo establecido en el artículo 10 letra s) de la Ley N° 19.300: en cuanto someter al proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Puntualiza que el artículo 10 de la Ley 19.300 precisa cuales proyectos o actividades deben someterse a este Sistema, agregándose mediante una reforma más o menos reciente la protección singularizada de los humedales urbanos, como aquel constituido por el “Sistema Río Grande – Río Rapel y tributarios” como aparece graficado en la aplicación de inventario nacional de humedales de Chile.

Aun más, si se atiende a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 el legislador exigiría que el plan de fumigaciones desarrollado por la recurrida sea sometido a un Estudio de Impacto Ambiental.

En efecto, indica la disposición legal recién citada su pertinencia a la luz de los efectos, características o circunstancias señalados en las letras b) y d) del artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Atendida la magnitud de los impactos ambientales susceptibles de ser causados con ocasión de los mismos, en términos ecológicos, es que, a juicio del recurrente, pesa sobre las recurridas la obligación de ingresar previamente el proyecto en cuestión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al menos en consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, lo que a la fecha no ha sucedido. aun cuando se cuenta a la fecha con fallos administrativos y judiciales que acreditan incumplimientos ambientales sectoriales emanados por Seremi de Salud Coquimbo, Servicio Agrícola y Ganadero por existencia de vertedero clandestino de residuos tóxicos, CONAF y Juzgado de Policía Local de Monte Patria por infracción a la Ley 20.283.

Invoca las siguientes Garantías Fundamentales vulneradas:

1.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

2.- Derecho de propiedad 3.- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por estas consideraciones solicita acoger el recurso:

1.- Declarando que las acciones realizadas por la recurrida son ilegales y han vulnerado el derecho a la integridad física y síquica y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

2.- Ordene el cese inmediato de fumigaciones efectuadas sobre los predios de la recurrida, mientras no cumplan la normativa de rigor, esto es:

- Que el plan operacional de la faena en general y el programa de fumigaciones en particular, desarrollado por la recurrida en cumplimiento del Artículo 10 de la Ley 19.300, debe ingresar y someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Que se proceda a demarcar franjas de seguridad respecto de todas y cada una de las áreas sensibles de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 158 que Aprueba Reglamento sobre condiciones para la Seguridad Sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas.

3.- Que se aperciba a la recurrida a no efectuar nuevas fumigaciones mientras no cumplan la normativa reglamentaria de rigor so pena de incurrir en las multas establecidas en el Nº 15 letra c) del ACTA NÚMERO 94-2015, que establece el texto refundido del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales, sin perjuicio de las sanciones penales pertinentes.

4.- En general, todas aquellas medidas que en derecho se determine, que permitan evitar la afectación de los derechos constitucionales vulnerados.

5.- Que se condena a la recurrida a las costas de la causa.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de resolución Nº 210413737 de fecha 20 de diciembre de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que aplica a Sociedad Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas, una multa de 5 U.T.M.; 2.- Copia de resolución Nº 210413738 de fecha 20 de diciembre de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que aplica a Sociedad Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas, una multa de 6 U.T.M.; 3.- Dato de Atención de Urgencia de fecha 24 de noviembre del año 2022 del SAPU de Monte Patria correspondiente a nombre reservado; 4.- Dato de Atención de Urgencia de fecha 24 de noviembre del año 2022 del SAPU de Monte Patria correspondiente a nombre reservado; 5.- Acta folio 058489 de fecha 25 de noviembre de 2022 de la SEREMIA de Salud Coquimbo; 6.- Acta folio 67320 de fecha 29 de diciembre de 2022 de la SEREMIA de Salud Coquimbo; 7.- Copia de “Informativo a la comunidad y sus representantes” enviado por Soc. Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas con fecha 04 de enero de 2023 informando la aplicación de fitosanitarios para el 5 de enero de 2023; 8.- Copia de “Informativo a la comunidad y sus representantes” enviado por Soc. Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas con fecha 08 de enero de 2023 informando la aplicación de fitosanitarios para el 9 de enero de 2023; 9.- Extracto de aplicación de Inventario nacional de humedales de Chile pertinente al sitio web:https://arcgis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6a79f6b535154991895f2bb2204b83bb&extent=-8007706.1083%2C-4019000.5424%2C-7934326.5611%2C-3982884.0466%2C102100; 10.- Copia de periódico Limarí Global de fecha 6 de enero de 2023 “Adultos mayores pasan la noche en la carretera para evitar intoxicaciones por uso de plaguicidas”; 11.- Copia de diario El Ovallino de fecha 6 de enero de 2023 “Adultos mayores pasan la noche en la carretera para evitar intoxicaciones por uso de plaguicidas”; 12.- Hoja de seguridad del producto Karathane (“Karathane® Gold Hoja de seguridad”) https://www.corteva.cl/productos-y-soluciones/proteccion-cultivos/karathane-gold.html#anchor_3 (revisado al 19 de enero de 2023); 13.- Copia autorizada de inscripción de fojas 293 vuelta, número 367 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria correspondiente al año 2015; 14.- Copia de escritura pública de contrato de compraventa de fecha 14 de marzo del año 2019, inscrita a fs. 636 Nº 648 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria; 15.- Certificado de informaciones previas número 596 de fecha 5 de octubre de 2020 correspondiente al bien inmueble de mi propiedad; 16.- Solicitud de oficio enviado por el diputado de la República nombre reservado a la Sra. Ministra de Salud para que de cuenta de las investigaciones administrativas efectuadas en contra de la recurrida; 17.- Toma extraída del sitio Google Earth del sector en cuestión;

18.- Fotografía del sector con indicación de áreas sensibles.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE.

En cuanto a lo solicitado, informa que, revisados los sistemas de información internos de la SMA, ese servicio no cuenta con antecedentes asociados a fiscalizaciones o denuncias relativas a los hechos indicados. En consecuencia, no es posible entregar la información requerida.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la LOSMA antes citado, y de acuerdo a lo previsto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, esa Superintendencia carece de las competencias legales necesarias para pronunciarse sobre los hechos materia del recurso de protección, siendo las materias denunciadas de competencia del Servicio Agrícola y Ganadero y de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud conforme al Decreto N° 158 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas.

TERCERO: Que, evacuó informe nombre reservado, DIRECTOR REGIONAL (S), REGIÓN DE COQUIMBO SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO.

Expone que de las cuatro fiscalizaciones efectuadas a Sociedad Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas Limitada, dos según sus actas de Fiscalizaciones indican “cumplen” con la normativa del Servicio, pero las otras dos fiscalizaciones, dieron lugar a sus respectivos procedimientos sancionatorios, según constan en las Actas de Denuncia y Citación.

Específicamente en aquellos casos en que se inició el procedimiento sancionatorio, se informa lo siguiente:

Causa Rol 200442, se cursó una multa a beneficio fiscal por 5 UTM amparada por la Resolución Exenta 380/2020 de fecha 25 de mayo de 2022. El procedimiento se encuentra firme y ejecutoriado con fecha 04 de febrero 2022.

Causa Rol 2104104, se cursó una multa de 2 UTM, según dispone Resolución Exenta 637/2022 de fecha 05 de octubre de 2022. Considerando que la multa no fue pagada, la deuda fue enviada a la Tesorería General de la República para su cobro, mediante Folio 13161 con fecha 05 de diciembre de 2022.

CUARTO: Que, evacuó informe JOSE LUIS CONTRERAS MUNDACA abogado, en representación de la SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA CARVAJAL Y SALINAS LIMITADA.

Solicita, en primer lugar, el rechazo del presente recurso por extemporáneo. En efecto, las actuaciones que el recurrente califica de ilegales y arbitraria habrían ocurrido o habrían sido realizadas entre los años 2021; unos días en el mes de noviembre del año 2022 los días 18 durante la noche, en horarios a partir de las 21:00 horas y hasta las 03:00 de la madrugada del día 19 del mismo mes, los días 23 y 24 de Noviembre del año 2022 y el 5 de diciembre del año 2022. El recurso lo presentó el 19 de enero del año 2023. La documental también data de esos años.

A continuación, alega inconsistencia en el tiempo del relato de hechos. En efecto, la recurrente refiere y confiesa que otras actuaciones que califica de ilegales y arbitraria habrían sido realizadas según su versión el 5 y 9 de enero de 2023. Sin embargo, esos hechos no pudieron agraviar – ni a la recurrente ni a su representado; porque confiesa haber sentido irritación ocular, náuseas, irritación nasal y de garganta, estornudos excesivos, dolor de cabeza y cansancio generalizado el 24 de noviembre del año 2022. Sus presuntos malestares ocurrieron en el mes de noviembre del año pasado. Es palmario que la recurrente no pudo dañarse con actos que no habían ocurrido en el mes de noviembre del año 2022. Por ende su pretensión se ha excedido con creces en la más generosa interpretación de los hechos que motivan la presente acción constitucional.

Señala que si la exposición a fertilizantes según versión del recurrente habría ocurrido el 5 y 9 de Enero del año 2023 no se entiende como el agravio data del año pasado. La afirmación es consistente con el documento de la atención de salud de la recurrente y su representado, ambas son del año anterior; ella misma refiere que la atención de salud es del 24 de noviembre del año 2022; esto en 3 meses anterior al hecho denunciado que habría ocurrido el 5 y 9 de enero del año 2023.

Luego, señala que no es efectivo que la recurrente sea inmediatamente vecina de los recurridos; la recurrida SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA CARVAJAL Y SALINAS LIMITADA, no es vecina de la recurrente porque el predio de ella se ubica en un sector completamente diferente al predio de la recurrente.

La recurrente es dueña del predio o hijuela número seis ubicada en Chañaral de carén comuna de Monte Patria. La recurrida es dueña de la hijuela número doce ubicada en Chañaral de carén comuna de Monte Patria. Se observa la enorme distancia entre uno y otro predio. Entre ellos hay al menos 6 propiedades intermedias. Ninguno de los propietarios es inmediatamente vecino como ha alegado.

Destaca que la distancia física entre los predios de las partes se comprueba de la propia prueba documental aportada por la recurrente.

No han sufrido tampoco afectación alguna por las actividades agrícolas de la recurrida.

Adiciona que el tercero -nombre reservado -no acreditó dominio alguno que pudiese haber sido afectado.

Agrega que en la actualidad la recurrida no ha desarrollado fumigaciones como se acusa en la pretensión a pesar de que no hay ninguna prohibición emanada de la autoridad sanitaria, por lo que resulta ajena a la competencia del presente recurso la petición hecha en orden a terminar o no continuar con las fumigaciones. Esa petición agravia el derecho a la libertad de emprender y de trabajo.

Reitera que la recurrida ha sido innumerables veces fiscalizada por la autoridad de salud la que invocando el Artículo 5º y 161 y siguientes del Código Sanitario; en el D.L. 2763/79, modificado por la Ley 19.937; D.S. 20/2022, Resolución N° 7 de 2019 de Contraloría General de la República, ha levantado – luego de innumerables denuncias - toda prohibición desde el año 2022 contra la actividad agrícola y frutícola de la recurrida.

Impedir, como se pretende en el recurso el desarrollo de la actividad agrícola en la propiedad de la recurrida, alejada a más de 6 parcelas de la recurrente, es una petición improcedente y ajena a la libertad de emprender y desarrollar una actividad lícita, y se escapa a la competencia del recurso de protección que persigue recomponer los hechos ante agravios graves, arbitrarios e ilegales que alteran el statu quo vigente lo que no ocurre en la especie.

Puntualiza que los hechos expuestos que merecieron hace años un reproche administrativo datan de hace más de dos atrás; en la especie, como confiesa el recurrente, ha sido conocido en años anteriores, tanto por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de Monte Patria como al Ministerio de Salud mediante el sistema OIRS, quienes han realizado fiscalizaciones a los predios del proyecto agroindustrial de la recurrida cursando además sumarios sanitarios que han establecido medidas seguridad para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto N° 158/2015 del Ministerio de Salud que regula las aplicaciones terrestres de plaguicidas. Adicionalmente refiere la recurrente que incluso se ha presentado oficios por parte del diputado de la República nombre reservado a la Sra. Ministra de Salud para que dé cuenta del estado de las investigaciones administrativas efectuadas en contra de la recurrida. Por ello es que no resulta procedente que se persiga mediante el recurso de protección hechos conocidos en años anteriores por los órganos administrativos; no es posible construir un resguardo especial para reestablecer el imperio del derecho porque el derecho en su protección ha sido resguardado por los órganos administrativos con potestades que un recurso constitucional – adicional - como el de la especie no se justifica.

Se observa que la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener el reconocimiento del derecho que pueda invocarse y, mientras ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente por la jurisdicción, no resulta lícito a los recurrentes valerse de una vía constitucional de urgencia cuando las autoridades sanitarias en su conjunto han desarrollado sus actuaciones y competencias en este caso Así las cosas en la especie no existe acto ilegal respecto del cual se pueda intentar cautela, por lo que el recurso no puede prosperar y debe ser desestimado, toda vez que la recurrida ha actuado ciñéndose a los procedimientos que prescribe la ley y la constitución excluyendo todo tipo reproche de legalidad.

Por estas consideraciones solicita declarar extemporáneo o rechazar el recurso de protección interpuesto en todas sus partes; con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: a.- Copia de la denuncia ingresada por la recurrida con fecha 27 de Octubre del año 2021 ante la CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO contra su funcionaria nombre reservado, RUT: RUT reservado; b.- Certificado de nacimiento de nombre reservado RUT: RUT reservado en que figura con el nombre del Padre el recurrente nombre reservado.U.N.: RUT reservado y nombre de la a Madre la recurrente nombre reservado.U.N. RUT reservado; c.- Sentencia recaída en el recurso de protección que fue conocido en los antecedentes rol Protección 2032-2021 que en un otrosí acompaño; d.- resolución NUMERO 224AMS68 dictada el 11 de noviembre de 2022 por doña nombre reservado Secretaría Regional Ministerial De Salud Región De Coquimbo .

QUINTO: Que, evacuó informe nombre reservado, SEREMI (S) DE SALUD, Ministerio de Salud.

Expone que desde el año 2021 se han recibido diversas denuncias de la comunidad contra la empresa Sociedad Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas Ltda., (CARSAL) por aplicación de plaguicidas y gestión de residuos, las cuales, por mandato legal, han sido atendidas oportunamente, iniciándose los respectivos procesos sumariales cuando se observaron irregularidades normativas.

En efecto, según los registros de ese servicio, la empresa en el último tiempo, cuenta con ocho sumarios sanitarios cursados, según el siguiente detalle:

Fiscalización de fecha 02 de septiembre de 2021, por cumplimiento medidas preventivas COVID19 en lugares de trabajo, sumario sanitario concluido por Res. Ex. 210413737 del 20 de diciembre de 2021, aplica sanción de 5 UTM, la cual se encuentra pagada. No se interpusieron recursos.

Fiscalización de fecha 23 de septiembre de 2021, por denuncia de la comunidad en relación a aplicación de plaguicidas, sumario sanitario concluido por Res. Ex. 2104794 del 17 de diciembre de 2021, aplica sanción de 4 UTM, la cual se encuentra pagada. No se interpusieron recursos.

Fiscalización de fecha 29 de septiembre de 2021, por cumplimiento medidas preventivas COVID19 y verificación DS 594/99, sumario sanitario concluido por Res. Ex. 210413738 del 20 de diciembre de 2021, aplica sanción de 6 UTM, la cual se encuentra pagada. No se interpusieron recursos.

Fiscalización de fecha 14 de octubre de 2021, por solicitud de la comunidad en relación a botadero clandestino de residuos agrícolas, sumario sanitario concluido por Res. Ex. 2104795 del 17 diciembre de 2021, aplica sanción de 5 UTM, la cual se encuentra pagada. No se interpusieron recursos.

Fiscalización de fecha 16 de marzo de 2022, por notificación de casos sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas, sumario sanitario concluido por Res. Ex. 2204181 del 08 de abril de 2022, aplica sanción de 10 UTM, la cual se encuentra pagada. No se interpusieron recursos. Esta fiscalización generó la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento, la que fuese ratificada por Res. Ex. 224MS124 de 17 de marzo de 2022.

Fiscalización de fecha 21 de octubre de 2022, por verificación cumplimiento protocolo plaguicidas y denuncia comunidad en cuanto a aplicación de plaguicidas, sumario sanitario concluido por Res. Ex. 230470 del 27 de enero de 2023, aplica sanción de 15 UTM, se notifica en misma fecha vía correo electrónico. No se interpusieron recursos.

Fiscalización de fecha 25 de noviembre de 2022, por notificación de casos sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas, sumario sanitario actualmente en proceso de resolución. Descargos fueron evacuados con fecha 07 de diciembre de 2022. Proceso pendiente de resolución.

Fiscalización de fecha 13 de diciembre de 2022, por notificación de casos sospechosos de intoxicación aguda por plaguicidas, sumario sanitario actualmente en proceso de resolución. Descargos fueron evacuados con fecha 20 de diciembre de 2022. Proceso pendiente de resolución.

En relación a la prohibición de funcionamiento, la empresa en dos oportunidades solicitó el alzamiento, emitiéndose dos resoluciones de no ha lugar, detallándose en cada una de ellas los fundamentos. Finalmente el alzamiento se materializó en noviembre de 2022, mediante la Res. Ex. 224MS68 del 11 de noviembre de 2022, notificada vía correo electrónico.

Adjuntan copia de los sumarios sanitarios resueltos, Res. Ex. 224MS124 que ratifica prohibición, resoluciones 683 y 8610 que niegan solicitud de alzamiento, y Res. Ex. 224MS68 que decreta alzamiento.

SEXTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEPTIMO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

OCTAVO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, aquella será desestimada, toda vez que del mérito de la documentación que se acompaña al recurso, en particular, de las copias de las notas de prensa que se realizaron a la recurrente en relación con los hechos materia de la acción, se logra colegir la ocurrencia de los últimos eventos que se denuncian a comienzos del mes de enero del presente año, lo cual resulta concordante con las afirmaciones formuladas por la actora en su libelo, de tal suerte que habiéndose interpuesto el presente recurso el día diecinueve del mismo mes y año, solo cabe entender que el mismo fue oportunamente deducido.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo previamente razonado, cabe consignar que del mérito de los antecedentes, en particular, de lo sostenido por las partes y de los diversos informes allegados a la causa, estiman estos juzgadores que la materia sometida a resolución de esta Corte se encuentra bajo el imperio del derecho, toda vez que los hechos materia del recurso, específicamente, la aplicación de plaguicidas y otras sustancias potencialmente toxicas por parte de la recurrida en su proyecto agrícola, es actualmente materia de fiscalización por los órganos competentes en la materia, existiendo no solo procesos administrativos pendientes, sino también procedimientos previos afinados, en los cuales se han constatado diversas infracciones a la legislación vigente por parte de la denunciada y se han aplicado diversas sanciones, entre ellas, la prohibición de funcionamiento de la denunciada y sin perjuicio de denuncias posteriores que se puedan formular en relación a los mismos hechos. Lo anterior, conlleva necesariamente a desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en su favor y en favor de nombre reservado, en contra de SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRÍCOLA CARVAJAL Y SALINAS LIMITADA.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 76-2023 (Protección).-