nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección.

Rol N°758-2026.- La Serena, a siete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Que a folio 1 el 22 de abril de 2026, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, reprochando la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026, de 26 de marzo de 2026, mediante la cual se acogió el recurso de reposición interpuesto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UJU-178736-2025, de 23 de diciembre de 2025, confirmando el rechazo de las licencias médicas folios N°112709144-3, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°116442083-K, por estimar acreditada la causal prevista en el artículo 55 letra b) del D.S. N°3, de 1984, consistente en la realización de trabajo remunerado o no durante el período de reposo, circunstancia que conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 y N°24 de la Carta Fundamental.

Refiere que tuvo licencia médica entre el 4 de enero y el 24 de abril de 2025, por patologías de salud mental, las que luego fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el 01/10/2025 sobre la base de antecedentes provenientes de redes sociales, actas internas y supuestas actuaciones de fiscalización, rechazo que fue reclamado ante la misma COMPIN el 17/10/2025, el que fue rechazado por la misma entidad el 30/10/2025, frente a lo cual el 13/11/2025 dedujo la recurrente reposición para ante la SUCESO.

.

Indica que, con posterioridad, la Subsecretaría de Salud Pública le comunicó la obligación de reintegrar remuneraciones percibidas durante los períodos de licencia, motivo por el cual dedujo los recursos administrativos correspondientes, sosteniendo que no desarrolló actividad laboral alguna durante el reposo médico, que no registra inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, emisión de boletas de honorarios, percepción de remuneraciones ni cotizaciones derivadas de las actividades cuestionadas, agregando que estas correspondían a actividades de carácter terapéutico y no lucrativo.

Expone que la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante Oficio E139854/2025, estimó improcedente exigir reintegros mientras no existiera un pronunciamiento definitivo sobre la materia.

Señala, asimismo,, que reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-178736-2025 de 23 de diciembre de 2026 acogió su presentación e instruyó autorizar las licencias médicas, concluyendo que no se encontraba acreditada la causal invocada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, toda vez que los antecedentes aportados no permitían establecer de manera clara, precisa e individualizada la realización de trabajo remunerado o no durante los períodos de reposo médico, ni determinar fechas concretas, actos específicos o elementos objetivos que justificaran la aplicación del artículo 55 letra b) del D.S. N°3, de 1984, destacando la necesidad de contar con evidencia suficiente respecto de las actividades imputadas y de la época en que estas habrían tenido lugar.

Agrega que, no obstante, dicho pronunciamiento, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez interpuso recurso de reposición, el cual fue acogido por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la resolución recurrida, revocando su decisión anterior y confirmando el rechazo de las licencias médicas sobre la base principalmente de un acta de reunión de 19 de agosto de 2025 y de publicaciones efectuadas en redes sociales.

Sostiene que dicho acto resulta ilegal y arbitrario por carecer de una fundamentación suficiente, desde que no precisa las conductas que se estiman constitutivas de trabajo, las fechas en que estas habrían ocurrido ni la evidencia directa que permitiría tener por acreditada la causal de rechazo respecto de cada licencia médica, agregando que la autoridad administrativa modificó el criterio previamente sostenido sin explicar adecuadamente las razones de dicho cambio.

Refiere además que no tuvo acceso oportuno a todos los antecedentes considerados para resolver, lo que habría limitado el ejercicio efectivo de su derecho de defensa.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso de protección, se declare que la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026 constituye un acto ilegal y arbitrario, se deje la misma sin efecto y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección de las garantías constitucionales que estima vulneradas, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

A folio 11 el 5 de mayo de 2026, informando la recurrida, solicita el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Indica que la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026 fue dictada en el ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia de Seguridad Social y conforme al procedimiento administrativo establecido para el conocimiento y resolución de reclamaciones en materia de licencias médicas.

Señala que, al resolver el recurso de reposición deducido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, se efectuó un nuevo análisis de los antecedentes incorporados al expediente administrativo, concluyéndose que existían elementos suficientes para tener por acreditada la causal contemplada en el artículo 55 letra b) del D.S. N°3, de 1984.

Refiere que la decisión impugnada se fundó en antecedentes objetivos reunidos durante la tramitación administrativa, entre ellos publicaciones efectuadas en redes sociales y demás elementos de convicción que permitieron establecer la realización de actividades incompatibles con el reposo médico prescrito.

Agrega que la resolución recurrida se encuentra debidamente motivada, expresando las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión adoptada, por lo que no puede ser calificada como arbitraria o ilegal.

Sostiene que la recurrente contó con las instancias administrativas necesarias para formular observaciones, aportar antecedentes y ejercer su derecho de defensa, descartando la existencia de vulneraciones al debido proceso.

Añade que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito técnico de las decisiones adoptadas por los órganos competentes en materia de licencias médicas, por existir procedimientos específicos previstos por el legislador para tales efectos.

Finalmente, afirma que no concurre vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por la actora, por cuanto el acto impugnado fue dictado dentro de la esfera de competencia de la autoridad, con observancia de la normativa aplicable y sobre la base de antecedentes que justificaban la decisión adoptada, motivo por el cual solicita el íntegro rechazo de la presente acción constitucional.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación y se procedió a su vista en la audiencia del miércoles ocho de julio pasado, sin la asistencia de ninguna de las partes.

Terminada la audiencia, atendido el mérito de los antecedentes y estimándose necesario para la acertada resolución del asunto sometido a la decisión de esta Corte, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decretó, como medida para mejor resolver, que la Superintendencia de Seguridad Social remitiera a esta Corte todos los antecedentes que obren en su poder respecto del recurso de reposición incoado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-178736-2025, de 23 de diciembre de 2025 y que, finalmente, motivó la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026, de 26 de marzo de 2026, en particular, aquellos instrumentos que acrediten la data en que fue notificada la primera decisión a la autoridad administrativa y la correspondiente a la presentación del arbitrio, debiendo, en todo caso, referirse a cada una de las circunstancias del proceso.

La medida adoptada fue cumplida el 10 de julio pasado, agregándose a folio 31 del expediente virtual de esta Corte.

Conforme al artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales y habiéndose cumplido la medida para mejor resolver, el 28 de julio pasado se reanuda la discusión procediéndose a efectuar la deliberación entre los integrantes de la sala, adoptándose acuerdo que se plasma en la siguiente sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

3° Que, atendido el libelo en que consta el arbitrio constitucional deducido por la recurrente, se desprende que por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026, de 26 de marzo de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual se acogió el recurso de reposición deducido por la COMPIN Región de Coquimbo, y se dejó sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UJU-178736-2025 de 23 de diciembre de 2025, que había instruido autorizar el pago de las licencias médicas folios N°112709144-3, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°116442083-K por no encontrarse acreditada la causal de rechazo invocada, y se confirmó el rechazo de dichas licencias por estimarse configurada la causal prevista en el artículo 55 letra b) del D.S. N.°3 de 1984, consistente en la realización de trabajo remunerado o no durante el período de reposo.

4° Que, la recurrida por su parte solicita el rechazo de la acción constitucional, sosteniendo que la resolución impugnada fue dictada dentro del ámbito de sus competencias legales y sobre la base de antecedentes suficientes para acreditar la causal de rechazo aplicada, señalando que la decisión se fundó en elementos objetivos incorporados al expediente administrativo, los cuales permitieron concluir la existencia de actividades incompatibles con el reposo médico prescrito, descartando la concurrencia de ilegalidad o arbitrariedad y de cualquier vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la actora.

5° Que, para una acertada resolución a este reproche se hace necesario construir el historial de las licencias que en definitiva dieron origen al rechazo posterior o Re-Dictamen de las licencias y ordenó la devolución de los subsidios incorrectamente pagados.

En este sentido no hay controversia entre las partes que las licencias médicas que dan motivo a este arbitrio son las siguientes:

Código Número Rango de fechas Duración IMED-1 112709144-3 04/01/2025 a 04/01/2025 1 día MEDI-2 RUT reservado 05/01/2025 a 03/02/2025 30 días MEDI-2 RUT reservado 04/02/2025 a 05/03/2025 30 días MEDI-2 RUT reservado 06/03/2025 a 04/04/2025 30 días IMED-3 116442083-K 05/04/2025 a 24/04/2025 20 días Tampoco hay controversia que las licencias precedentemente individualizadas fueron aprobadas y ordenado el pago del subsidio correspondiente a la recurrente.

Posteriormente el 01 de octubre de 2025 COMPIN emite Resolución RE-DICTAMEN respecto de cada una de las licencias médicas referidas en las cuales declaraba su rechazo por infracción al artículo 55 letra b) del Decreto Supremo N°3, resoluciones que fueron notificadas a la recurrente el 16 de octubre de 2025. Que el sustento básico en que se apoya la decisión de rechazo fue un acta levantada ante su empleador en la cual la recurrente reconocía haber efectuado trabajos no remunerados durante el período de la licencia médica y unas fotos de redes sociales.

El 17 de octubre de 2025 la recurrente presenta una reposición ante la COMPIN respecto de cada una de las licencias médicas rechazadas en que se ordenaba su reintegro, el que fue rechazado respecto de cada una de las licencias médicas por la COMPIN el 30 de octubre de 2025, frente a lo cual la recurrente, el 13 de noviembre de 2025, deduce reclamación ante la SUCESO con el objeto de revertir la decisión de reintegro, solicitud que es resuelta mediante Resolución Exenta R-01-UJU-178736-2025, de 23 de diciembre de 2025, en la cual se acoge la reclamación y se deja sin efecto la resolución de la COMPIN que ordenaba el reintegro de las licencias.

Finalmente, la COMPIN habiendo sido notificada de dicha resolución el mismo 23 de diciembre de 2025 decide deducir el 31 del mismo mes y año recurso de reposición en contra de la decisión de la SUCESO, petición que es resuelta el 26 de marzo de 2026 a través de Resolución Exenta R-01-F-41924-2026, mediante la cual confirma el rechazo de las licencias médicas, resolución ésta última notificada a la recurrente el 09 de abril pasado.

Con los antecedentes expuestos deberá examinarse si el rechazo posterior de las licencias médicas Nos. 112709144- 3, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 116442083- K y Re- Dictamen, que se materializó mediante RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-41924- 2026, de 26 de marzo de 2026, por parte de la SUCESO, notificada el 09 de abril del mismo año a la recurrente, constituye un acto ilegal y arbitrario que haga necesario que esta Corte haga uso de sus facultades para corregir los supuestos yerros reclamados y que afectarían las garantías denunciadas por la recurrente.

6° Que, consta de los antecedentes que obran en esta instancia que luego que cada una de las licencias médicas fueron sometidas a su aprobación -entre enero y abril de 2025- ante los organismos sectoriales (FONASA-COMPIN) éstos procedieron a su aprobación sin más, ordenando el pago del subsidio correspondiente a la recurrente, los que, en uso de sus prerrogativas legales y reglamentarias, revisaron las licencias médicas continuas a nombre de la recurrente folios Nos. 112709144- 3, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 116442083- K, extendidas por 1, 20, 30, 30, y 30 días, respectivamente, y resolvieron que dicho instrumento y el reposo por él prescrito era apto para producir los efectos que le son propios, esto es, justificar la ausencia de la trabajadora o funcionaria a sus labores y dar lugar al derecho a percibir el subsidio correspondiente (artículo 17 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional), esto es, durante el procedimiento de revisión de las licencias médicas de la recurrente, los organismos sectoriales públicos no ejercieron ninguna de las prerrogativas que le reconoce el artículo 21 del Decreto N°3, que en síntesis les permite solicitar antecedentes, practicar exámenes, realizar interconsultas y disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo y en su lugar procedieron, derechamente, a la autorización de las licencias médicas de la recurrente.

7° Que, desde un punto de vista procesal lo anterior no es una cuestión menor por cuanto en el Derecho Administrativo Sancionador existe un estándar denominado clausura procesal, que se traduce en la exclusión de la posibilidad de juzgamiento de un hecho ante la existencia de otra sanción, anterior o simultánea, relativo al mismo hecho, restricción que se identifica, en el caso analizado, con la institución de la cosa juzgada material.

En este caso, y llevándolo al caso sub-lite, las licencias médicas que se cuestionan fueron examinadas hace 6 meses, contado desde la última (abril 2025) y se resolvió, con el mérito de los antecedentes que los propios organismos sectoriales decidieron recabar, que dichas licencias estaban ajustadas a derecho, siendo merecedora de los efectos que le son propios, entre estos, el pago del subsidio respectivo.

Por lo anteriormente razonado, habiendo operado la cosa juzgada, no resulta posible reabrir el procedimiento administrativo, como lo pretende la recurrida, para efectuar una nueva revisión de los antecedentes, en tanto no han variado las circunstancias que los organismos previsionales tuvieron presentes al momento de legitimar el uso de estas licencias médicas, sin que pueda considerarse que los argumentos levantados en el mes de octubre de 2025 como el 31 de diciembre de 2025, constituyan un antecedente nuevo desde que estos existían en el momento del juzgamiento administrativo, a entera disposición de los organismos respectivos, si éstos hubieren ejercido las facultades legales de que están revestidos.

A mayor abundamiento, no consta de los antecedentes allegados a éste arbitrio que los organismos sectoriales ejercieron, al momento de pronunciarse acerca de las licencias médicas, las facultades fiscalizadoras que les confiere la ley, de manera que pasar por alto la cosa juzgada implicaría también aceptar que se aprovechen ahora de su propia falta de diligencia, la que también concurre para el empleador recurrido ya que a éste le asiste igualmente el derecho de fiscalización domiciliaria ya mencionado, el que tampoco fue utilizado, máxime que la recurrente se desempeña en la propia COMPIN.

8° Que, por otro lado, tal como consta de los antecedentes de la carpeta judicial, el hecho básico y principal por el cual tuvo lugar el rechazo posterior o Re-Dictamen de las licencias médicas, que se materializó mediante la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-41924- 2026, de 26 de marzo de 2026, por parte de la SUCESO, notificada el 09 de abril de 2026, fue por falta del deber de fiscalización, los que fueron conocidos el 19 de agosto de 2025, es decir, varios meses después de haber sido aprobadas dichas licencias médicas, sólo en virtud de la propia declaración de la recurrente y de unas imágenes de páginas sociales de esta última, en base a las cuales se tomó la decisión de dejar sin efecto las licencias legalmente aprobadas mediante el correspondiente Re-Dictamen, rechazándolas.

Unido a lo anterior y sólo frente a la dictación de la Resolución Exenta R-01-UJU-178736-2025, de 23 de diciembre de 2025 y una vez notificada legalmente la COMPIN decidió recurrir alegando, nuevamente, un hecho que ya le era conocido desde el 19 de agosto de 2025, sin que lo hubiera hecho valer durante el proceso de reclamación de la recurrente desde el 13 de noviembre al 23 de diciembre, ambos de 2025.

Conforme al artículo 59 de Ley N°19.880: “El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico”.

Agregando en su inciso 5° de la referida disposición que: “La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos”.

9° Que, conforme a los antecedentes acreditados en estos antecedentes, a juicio de estos sentenciadores, el Re-Dictamen por el cual se rechazaron las licencias médicas que posteriormente se materializó con la dictación de la Resolución Exenta R-01-F-41924-2026 de 26 de marzo de 2026 de la SUCESO, si bien fue emanado de autoridad competente, se torna en arbitrario, antojadizo que sólo obedece al mero capricho de la autoridad, por cuanto no es posible que por la omisión del ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le entrega el D.S. N°3 a los organismos sectoriales (FONASA-COMPIN) se pretenda hacerlas revivir más aun cuando no fueron ejercidas de forma oportuna, y de esta manera se obtenga de la SUCESO un nuevo pronunciamiento en base a hechos ya conocidos, dejando sin efecto una acto administrativo como lo es la aprobación de una licencia médica y su correspondiente pago, frente a lo cual solo podía intentarse el recurso extraordinario de revisión que contempla el artículo 60 de la Ley N°19.880, desde que las licencias cuestionadas ya se encontraban firmes., sin embargo dicho recurso no puede prosperar en el caso sub-iudice, por cuanto éste exige en su letra b) “que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento”, cosa que no se da desde que tales antecedentes se encontraban a disposición y en pleno conocimiento de la COMPIN desde el 19 de agosto de 2025.

Junto a lo anterior, aparece, además, arbitraria la resolución recurrida por cuanto el recurso intentado (reposición) era del todo extemporáneo desde que se debió interponer dentro de quinto día desde que se autorizaron las licencias médicas aprobadas, toda vez que de otra manera el recurrido se estaría fabricando un nuevo plazo para atacar un acto que debió hacerlo antes y no esperar que se acogiera la reclamación deducida por la recurrente por parte de la recurrida SUCESO para valerse de antecedentes que no tienen la calidad de nuevos para revertir una resolución ya tomada por la SUCESO.

A mayor abundamiento, considerar que, en cualquier momento la autoridad fiscalizadora estaría facultada para invocar un antecedente que ya era conocido, para revertir una situación consolidada, ante su superior jerárquico, denota aún más lo arbitrario y antojadizo, de ahí que al contemplar el recurso extraordinario del artículo 60 de la Ley N°19.880 se establece como exigencia de su procedencia que existan antecedentes nuevos que no pudieron hacerlos valer de manera oportuna, como se dijo.

Por otro lado, tampoco sería procedente la invalidación del artículo 53 de la Ley N°19.880 por cuanto si bien opera de oficio o a petición de parte siempre es previa audiencia del interesado lo cual por cierto no ha ocurrido.

10° Que, conforme a lo latamente expuesto se puede evidenciar que el acto impugnado RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-41924- 2026, de 26 de marzo de 2026, por parte de la SUCESO, notificada el 09 de abril de 2026, si bien emanó de autoridad competente, este fue dictado sin apego a las normas procedimentales establecidas en la Ley N°19.880, lo que lo hace ilegal, toda vez, como se dijo en el motivo precedente ninguno de los arbitrios contemplados en dicha normativa era viable, ya sea para invalidar o anular de oficio un acto administrativo como son las resoluciones de licencias médicas extendidas a favor de la recurrente y no obstante ello se accedió a lo solicitado por la COMPIN ordenando el reembolso de los subsidios levantando que fueron pagados indebidamente.

Del mismo modo se torna arbitrario y antojadizo tal acto desde que se basa únicamente en antecedentes pretéritos que fueron o debieron ser conocidos por FONASA o COMPIN al autorizar y aprobar el pago del subsidio respectivo y al ser considerados de forma extemporánea hacen perder de validez a dicho acto.

11° Que atendido a lo reflexionado precedentemente, estos sentenciadores estiman que la recurrida al emitir la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-41924- 2026, de 26 de marzo de 2026, por parte de la SUCESO, notificada el 09 de abril de 2026 en virtud del cual ordenó el Re-Dictamen de las licencias médicas folios Nos. 112709144- 3, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 116442083- K, extendidas por 1, 20, 30, 30, y 30 días, respectivamente, disponiendo su rechazo ordenando su reintegro o devolución del subsidio, constituye un acto tanto ilegal como arbitrario que atenta contra la garantía fundamental contemplada en el N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al privar a la recurrente del subsidio por incapacidad, al ordenan su reembolso, motivo por el cual se acogerá el arbitrio en esta parte, como se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se DECIDE:

I.- Que se ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social SUCESO, dejándose, en consecuencia sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026, de 26 de marzo de 2026.

II.- Cada parte pagará las costas de esta instancia.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°758-2026 Protección.