nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DUEÑOS DE TAXIS COLECTIVOS LÍNEA N° 35 VISTA HERMO

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Sindicato Taxis Colectivos N° 35 Vista Hermosa Recurso de protección Rol Nº 749-2020-PRO La Serena, veintiuno de Septiembre de dos mil veinte.

Se da cumplimiento a lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema mediante fallo de fecha ocho del actual, recaido en causa rol 85.213-2020, en orden a que esta Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto al decidir que el recurso ha sido deducido dentro de plazo legal.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a efectos de una mejor comprensión de lo que se decidirá, se estima necesario volver a consignar que con fecha 06 de mayo de 2020, comparece don nombre reservado, conductor y propietario de taxis colectivos, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos N° 35, Vista Hermosa de La Serena, representada por su Directorio, compuesto por su Presidente, don nombre reservado y su Secretario, don Rubén Miranda Herrera, todos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal cometido, al disponer su expulsión del Sindicato, atentando gravemente contra las garantías constitucionales de los numerales 3, inciso quinto, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el día 12 de marzo del año en curso, se realizó una reunión ordinaria de socios en dependencias de la recurrida, en la que sin que estuviera contemplado en la tabla, se trató sobre su expulsión del Sindicato, según tomó conocimiento el 8 de abril de 2020, ya que en el referido acto, luego de que se trataran temas administrativos y antes de solicitar un pronunciamiento sobre su eventual expulsión, se le hizo abandonar la reunión, ello por insistencia del Directorio, siendo del caso que hasta ese momento ignoraba que se analizaría ese punto puesto que no estaba contemplado en tabla y, además, temas de tal naturaleza son conocidos en asambleas extraordinarias, convocadas especialmente al efecto. Agrega que el 8 de abril de 2020, se le envió a través de su chofer nombre reservado, una carta que éste le entregó por mano ese mismo día, firmada por el Presidente y Secretario del Sindicato, fechada el 13 de marzo de 2020, en la que se le comunica que el 12 de octubre de 2020 (entiende que sería un error, debiendo decir 12 de marzo de 2020) la asamblea había acordado “por mayoría absoluta” su expulsión del Sindicato. En dicha carta, dice, se le imputan cuatro situaciones que se describen en la misma, siendo catalogadas como “graves acontecimientos”, cometidas por su persona. Hace presente que independiente de la falsedad o veracidad de aquellas imputaciones, ninguna de ellas está definida como infracción en el Reglamento del Estatuto del Sindicato ni muchos menos catalogadas como “infracción grave”.

Refiere además, que el día 9 de abril de 2020 requirió información a uno de los socios propietarios que participó en la referida reunión, quien le señaló que luego que el Presidente le impidiera permanecer en ella, solicitó a los 25 socios que estaban presentes que se pronunciaran sobre la expulsión, para lo cual el Secretario pasó a cada uno de los asistentes un papel requiriéndoles que escribieran “SI” aludiendo a la expulsión y “NO” en caso contrario, contraviniéndose así, toda la normativa que regula una decisión de tal naturaleza, desde que de acuerdo al artículo 31 del Reglamento del Sindicato, corresponde a la Comisión de Disciplina aplicar multas y sanciones según las normas que singulariza el mismo artículo. Por su parte, el propio Estatuto prescribe en su artículo 47, que la Comisión de Disciplina es el órgano regulador de la Disciplina, de manera que no habiendo intervenido dicha Comisión, la expulsión decretada resulta arbitraria e ilegal, y además, fue adoptada en una reunión de asamblea, sin los quorum requeridos (mayoría absoluta del universo de socios, no de los asistentes a reunión). Hubo una ausencia de toda formalidad y también se contravino lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto el cual exige que para cada proceso de votación que se realice, se debe constituir un “Órgano Calificador de Elecciones” encargado de implementar la votación, así como supervisar el acta eleccionaria y certificar los resultados.

Más adelante, insiste que su expulsión se verificó sin forma de juicio, no dando cumplimiento a las mínimas normas del debido proceso, y tampoco se le notificó de la resolución de expulsión ni de sus fundamentos, todo ello en contravención al Estatuto y su Reglamento, ambos relativos al Sindicato, que indican que ante una falta o infracción que se impute a un socio, debe haber una investigación por parte de la Comisión de Disciplina que proponga la expulsión para que ésta sea resuelta por la Asamblea, la que será de carácter extraordinario, dada la envergadura de la medida, y cuyo proceso de votación, debe ser supervigilado y a cargo de un órgano calificador designado para tal efecto, nada de lo cual ocurrió en su caso. Adiciona que en la carta de expulsión se esgrime como fundamento de aquella lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto, norma que prescribe que al socio “siempre se le dará la oportunidad de defenderse” posibilidad que él no tuvo; como a su vez dispone que “la medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del Sindicato”, no obstante ello, la carta señala que la expulsión fue acordada por 15 socios, lo que no constituye mayoría. Además, el artículo 32 del Reglamento del Estatuto establece que el socio sancionado por falta grave tendrá derecho a apelar ante la Asamblea, de lo que ha sido privado, ya que quien lo sancionó fue la propia Asamblea y no la Comisión de Disciplina, es decir nunca fue acreedor de ninguna sanción, y no obstante se le expulsa.

Señala que de esta manera, la medida de expulsión así acordada, convierte al órgano que la adoptó en una comisión especial, carente de competencia, infringiendo la garantía constitucional del debido proceso, esto es, artículo 19 N° 3, inciso quinto de la Constitución Política, si se tiene en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 47 del Estatuto del Sindicato y artículos 2, 9 y 14 de su Reglamento. Asimismo, se ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 24 del señalado artículo 19, esto es, su derecho de propiedad, en la especie, en su dimensión incorporal, derecho que tiene sobre el conjunto de prerrogativas que emanan de su condición de socio del Sindicato, privándole entro otros, de los beneficios y derechos que reconoce el Estatuto del Sindicato a quien ostenta la calidad de socio; como, a su vez, se le impide y priva de hacer uso del recorrido de transporte de pasajeros del Sindicato al cual están adscritos los cuatro taxis colectivos de su propiedad, privándole así del derecho de propiedad que tiene en cada uno de sus cuatro “cupos” en el sindicato (uno por cada uno de sus vehículos).

Por último, solicita que se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que queda sin efecto la expulsión de su persona del Sindicado, decisión adoptada por la recurrida en Asamblea ordinaria de 12 de marzo de 2020, con expresa condena en costas.

Para fundar sus alegaciones acompaña:

1.- Carta de fecha 13 de marzo de 2020 de la recurrida, firmada por el Presidente y Secretario del Sindicato, entregada a don nombre reservado el día 8 de abril de 2020.

2.- Declaración jurada firmada ante Notario Público por don nombre reservado, con fecha 30 de abril de 2020.

3.- Declaración jurada firmada ante Notario Público por el recurrente, con fecha 30 de abril de 2020 4.- Cuatro Certificados de dominio vigente emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, de cada uno de los vehículo adscritos al Sindicato recurrido, placas patente BX SV-82, BX VR-27, GB YL-77, y HW YZ-99.

5.- Cuatro Certificados de Inscripción en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de los cuatro vehículos de propiedad del recurrente adscritos al servicio de transporte de pasajeros del Sindicato, placas patente BX SV-82, BX VR-27, GB YL-77 y HW YZ-99.

6.- Estatuto del Sindicato recurrido.

7.- Reglamento del Estatuto del Sindicato.

8.- Captura de imagen de fecha 2 de junio de 2020, extraído de la página de Correos de Chile, código de envío N° 1176231858631, estado “envío en reparto”.

SEGUNDO: Que en el informe evacuado por la recurrida, alega primeramente la extemporaneidad del recurso, asunto que ya ha sido desestimado.

Ahora bien, acerca del fondo, argumenta falta de arbitrariedad e ilegalidad, indicando que el Reglamento interno invocado por el recurrente, no tiene existencia legal para regir los actos del mismo, atendido que a la fecha no ha sido aprobado ni registrado ante la Inspección del Trabajo correspondiente. Sólo se encuentra vigente el Estatuto del sindicato, aprobado y registrado por resolución número 04-01.0087.

Explica que el acuerdo de expulsión del recurrente, se efectúo por la Asamblea Extraordinaria de socios, según lo prescrito en el artículo 46 de sus Estatutos, ello en razón de haber incurrido el señor nombre reservado en los siguientes hechos, expuestos y debatidos por los socios asistentes, a saber: 1.- Amenazar al Presidente y Secretario del Sindicato por no apoyarlo en una denuncia efectuada en Fiscalía en contra del socio señor nombre reservado, el que trató de golpearlo en una de las reuniones, razón por la que les profirió la amenaza “aténganse a las consecuencias”; 2.-Señalar como domicilio particular el de las oficinas en que funciona la sede del Sindicato, lo que se considera de mucha gravedad, por exponerlos a embargos o cualquier forma que dañe el patrimonio del Sindicato; 3.- Haber interpuesto orden de alejamiento en contra del socio señor nombre reservado, por lo que éste no pudo asistir a ninguna reunión y menos firmar el registro diario en las oficinas; y 4.- que en razón de la denuncia de agresión formulada en contra el señor nombre reservado, entregó a la Fiscalía o investigaciones la nómina de socios con sus respetivas direcciones y números telefónicos, para que fuesen citados a declarar, sin haberles tomado el consentimiento.

Añade que tras exponerse los hechos, en la misma Asamblea, se concedió al recurrente la oportunidad procesal para ejercer su derecho a defensa en relación a los hechos disciplinarios imputados, el que haciendo uso de la palabra sólo señaló que entregó la nómina de socios con sus direcciones y teléfonos a petición de la Fiscalía de Chile, no indicando otros argumentos de defensa, como consta del acta de la asamblea extraordinaria de socios que se acompaña, por ende, no se puede imputar a la recurrida que ha trasgredido el derecho de defensa o de un debido proceso.

Finalmente, expone que la disposición del artículo 41 de los Estatutos, que esgrime el recurrente, se refiere a las votaciones que se efectúa en los procesos eleccionarios del Sindicato, materia distinta de las votaciones de los acuerdos en las asambleas extraordinarias, respecto de la cual el Estatuto no prescribe normas concretas.

Acompaña para fundar sus alegaciones:

1.- Comprobante de envío de carta certificada por Correo de Chile, de fecha 16 de marzo de 2020.

2.- Poder especial otorgado por nombre reservado a nombre reservado, con fecha 4 de diciembre de 2019.

3.- Copia firmada y timbrada por la Seremi de Transporte de fecha 28 de junio de 2018.

4.- Copia de Acta de Asamblea Extraordinaria de la recurrida, de fecha 12 de marzo de 2020.

5.- Copia de Estatutos del Sindicato de Taxis Línea N° 35 Vista Hermosa, aprobado y registrado por la Inspección del Trabajo de La Serena.

6.- Copia de Acta de asistencia de Asamblea extraordinaria del Sindicato recurrido, de fecha 12 de marzo de 2020.

TERCERO: Que para un mejor acierto del fallo, esta Corte dispuso que la recurrida acompañase una nómina completa de socios vigente al 12 de marzo de 2020, y que la Inspección del Trabajo informase si se encontraba registrado y vigente el Reglamento de los Estatutos del Sindicato en cuestión, debiendo adjuntarlo, si fuese así.

La recurrida cumplió lo ordenado enviando la nómina peticionada, de cuyo examen aparece un listado de 38 socios vigentes a la fecha del acto donde se acordó la expulsión.

En tanto, la Inspectora Provincial del Trabajo de La Serena informó que revisado el expediente del Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos Línea Nº35, Vista Hermosa, fue hallado el documento denominado Estatutos, que se encuentra vigente, adjuntándose copia del mismo (Documento que ya estaba incorporado en los antecedentes del recurso).

CUARTO: Que así las cosas, se debe concluir que el Sindicato recurrido se encuentra actualmente regido por el Estatuto que obra en autos, que consta en el registro sindical único de la Inspección del Trabajo que está depositado e inscrito bajo el Nº 04010087.

QUINTO: Que procediendo al examen del mismo, bajo el epígrafe “Del Régimen Disciplinario Interno”, está su artículo 46 que dispone: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato.

El socio expulsado no podrá solicitar su reingreso sino después de un año de esta expulsión”.

En tanto, el artículo 47, dispone que “El órgano regulador de la disciplina es la Comisión de Disciplina elegida por la Asamblea para hacer respetar las normas, reglamentos y los sistemas de trabajo del Sindicato.

La Comisión de Disciplina es un ente autónomo dentro del sindicato, dando cuenta de su accionar a la directiva y a la Asamblea”.

SEXTO: Que obra en autos copia de la carta enviada al accionante por el presidente y secretario del Sindicato, por la que se le comunica que en la asamblea de socios realizada el día 12 de octubre de 2020 (debe leerse 12 de marzo) se llevó a cabo la votación para decidir su permanencia o expulsión de la institución debido a los graves acontecimientos que se cometieron de su parte (que detalla) , dando cumplimiento al artículo 46 de los Estatutos, y que la votación dio el siguiente resultado:

“Socios presentes 25;

votos apruebo la expulsión 15;

Abstenciones 4;

No votaron 6;

Porcentaje de aprobación de expulsión 60% Por tal motivo se da curso a su expulsión teniendo en cuenta que su expulsión fue por mayoría absoluta”

SÉPTIMO: Que en relación con lo anterior, la recurrida también acompañó Acta de la reunión efectuada el 12 de marzo de 2020, denominada “Asamblea Extraordinaria”, que da cuenta, entre otras materias, de las faltas imputadas al socio recurrente Sr. nombre reservado, haciéndose constar, en lo que interesa al recurso, lo siguiente: “Ante esta situación de algunos socios se solicitó la expulsión del Sr. nombre reservado los que se procedió a hacer en forma escrita y secreta solicitado por la mayoría delo socios presente en esta reunión. Posterior a lo expuesto se le entrego a todos los participante un voto para que emitieran su pensar escribiendo un Si (apruebo) un no (rechazo). Se deja constancia que la votación se hizo en presencia del Sr nombre reservado por lo que inmediatamente se entero del resultado que arrojó lo siguiente…” (sic) Después se consigna: “Como respuesta a la acusación el Sr. nombre reservado dijo que había entregado esta documentación a petición de la Fiscalía para citar a declarar a las personas que figuraban en dicha lista…”

OCTAVO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

NOVENO: Que a fin de evaluar los antecedentes fácticos consignados en el presente fallo, menester resulta indicar que de conformidad con lo señalado en el artículo 212 del Código del Trabajo, las organizaciones sindicales que se constituyan deben sujetarse a la ley y a los estatuyos de las mismas. La fuerza obligatoria de estos últimos, tiene su fundamento en el deseo del legislador de no intervenir en la reglamentación de aquellas materia propias del funcionamiento interno del sindicato, a fin de que sea la propia organización la que, en ejercicio de su autonomía sindical, fije las reglas en diversos tópicos de su actuar, como por ejemplo, los quórum que deben reunir las votaciones en el ámbito disciplinario sancionatorio.

Pues bien, en el presente caso se ha cuestionado la medida de expulsión impuesta al recurrente, medida que por cierto, por su carácter y trascendencia, es de la mayor gravedad para cualquier socio afectado, de ahí entonces que corresponde examinar si en su génesis se ha ceñido con rigurosidad a la normativa establecida al efecto por los Estatutos del Sindicato.

DÉCIMO: Que del examen del procedimiento efectuado por el ente sindical que llevó a la expulsión del socio, según antecedentes que suministra el recurso, el informe y las propias medidas decretadas por esta Corte, no queda en evidencia cuál ha sido la participación que le cupo al órgano regulador de la disciplina, que es la denominada Comisión de Disciplina a que se refiere el artículo 47 de Estatuto actualmente vigente; se desconoce cómo se formuló o determinó la convocatoria para una asamblea extraordinaria en relación con el asunto disciplinario a presentar, como también se ignora en qué oportunidad y por qué medio se formularon los cargos al socio afectado, aspectos todos que con fundamentos acusa el recurrente.

Sin embargo, lo que resulta de la mayor trascendencia para el presente recurso de protección, es que la medida de expulsión, en todo caso, fue adoptada por un número inferior al exigido en el artículo 46 del cuerpo estatutario, disposición que señala que “la medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato”. Aquel aserto, se concreta al tener presente que de acuerdo con los propios antecedentes suministrados por el sindicado recurrido, el número de socios vigentes al 12 de marzo de 2020, ascendía a 38, de lo que sigue que una mayoría absoluta se constituye al reunirse el voto conforme de 20 socios, y no de 15 como aparece del acta de la Asamblea donde se acordó al expulsión.

UNDÉCIMO: Que como consecuencia de todo lo señalado, queda en claro que la recurrida, en la medida de expulsión acordada, no ha cumplido con las disposiciones estatutarias relacionadas con el régimen disciplinario y de votaciones dispuestas al efecto, de lo que sigue que tal desfiliación forzada, de la manera efectuada, resulta ilegal por contravenir la normativa que ya ha sido indicada, y también arbitraria por carecer de la debida razonabilidad que es exigible respecto de las acciones adoptadas de orden disciplinario.

Con la referida actuación ilegal y arbitraria, se ha vulnerado el derecho del recurrente a no ser juzgado por comisiones especiales, como lo fue el órgano que de manera irregular, por no contar con los votos suficientes, adoptó la decisión impugnada transgrediendo la normativa sobre la materia; y también se ha vulnerado el derecho de propiedad de su calidad de socio del Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos N° 35, Vista Hermosa de La Serena, privándole de todos aquellos derechos que emanaban de tal condición, como el de hacer uso del recorrido de transporte de pasajeros que servía.

Sin perjuicio de lo anterior, es dable hacer presente que la garantía al debido proceso indicada por el recurrente, a que se refiere el inciso sexto del Nº3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no se encuentra amparada por el recurso de protección.

En consecuencia, procede que esta Corte adopte de inmediato lo que corresponda a fin de restablecer el imperio del derecho asegurando la debida protección del afectado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos N° 35, Vista Hermosa de La Serena, y en consecuencia se deja sin efecto la medida de expulsión dispuesta por la recurrida en sesión celebrada el 12 de marzo de 2020, debiendo continuar el recurrente como socio del referido organismo sindical, con los mismos derechos que tenía antes de su expulsión.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el ministro señor Shertzer.

Rol Nº 749-2020 Protección.