INVERSIONES SAN JAVIER LTDA. con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Inversiones San Javier Ltda.

Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Recurso de protección Rol Nº748-2025.- La Serena, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña Claudia Margarita Pereira López, abogada, en representación de INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA, Rut N°RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, representada por su Director Regional don Rómulo Gómez Sepúlveda, por privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de La República.

Expone que, la recurrente adquirió inmueble ubicado en domicilio reservado, por compra que le hizo a Banco Santander Chile, según consta en escritura pública de compraventa de 13 de junio de 2024, suscrita ante el Notario don Francisco Javier Leiva Carvajal. El dominio a nombre de Inversiones San Javier Limitada se encuentra inscrito a fojas 6.475, N°3.844, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2024, con rol de avalúo 175-10 de la comuna de La Serena. A su vez, Banco Santander Chile, adquirió el inmueble referido en el numeral anterior por dación en pago que le hiciera Inversiones C Y F Ltda., según consta en escritura pública de 17 de noviembre del año 2023, otorgada ante Notario don Rubén Reinoso Herrera. El dominio a nombre de Banco Santander Chile fue inscrito a fojas 1732, N°1072, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2024. Por su parte, Inversiones C Y F LIMITADA, adquirió el inmueble ya referido por compra que le hizo a don nombre reservado, según consta en escritura pública de compraventa de 28 de noviembre del año 2012, cuyo dominio se inscribió a fojas 10.624, N°7.665, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2012.

Indica que, por otra parte, la sociedad RUMO COINSER SPA., es dueña del inmueble ubicado en domicilio reservado. Lo adquirió por compra que le hizo INVERSIONES C Y F Ltda., según consta en escritura pública de compraventa de 13 de marzo del año 2024, otorgada en la Notaría de Coquimbo de don nombre reservado. El dominio a nombre de Rumo Coinser SPA, se encuentra inscrito a fojas 2.892, N°1.764, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2024, esta propiedad figura con el rol de avalúo 175-10 de la comuna de La Serena. A su vez, INVERSIONES C Y F Ltda., adquirió el referido inmueble por compra que le hizo a la Sociedad de Turismo Peñuelas Limitada, según consta en escritura pública de compraventa de 28 de noviembre del año 2012, otorgada en la Notaría de La Serena de don nombre reservado. El dominio a nombre de la referida sociedad se encontraba inscrito a fojas 10.623, N°7.664, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2012.

Señala que, La sociedad C Y F Ltda. adquirió la propiedad ubicada en domicilio reservado; y la de domicilio reservado, también en el año 2012 con el Rol 175-1.

Explica que, el año 2016 la sociedad C Y F Ltda. presentó ante el Servicio de Impuestos Internos una solicitud de fusión de roles del inmueble de domicilio reservado, con el de domicilio reservado, ambos de la comuna de La Serena, respaldada en un plano elaborado por la arquitecta Sra. nombre reservado, dicho plano fue aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena, pero nunca fue legalmente inscrito ante el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, por consiguiente, nunca se hizo la fusión de manera legal. Siendo en la actualidad dos inmuebles pertenecientes a propietarios diversos, en el Servicio de Impuestos Internos figuran ambos con el mismo Rol de avalúo, esto es, el 175-10, que pertenece a la propiedad de domicilio reservado, de propiedad de la recurrente.

Refiere que, el 21 de agosto de 2024, aportando todos los antecedentes para ello, solicitó al Servicio de Impuestos Internos de La Serena, la desvinculación de las propiedades referidas y que cada una quedase con sus propios roles como históricamente ha sido, dando antecedente suficiente de que dicha fusión legalmente no existe ni ha existido por no encontrarse inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena. A ello, el servicio recurrido responde el 14 de octubre del año 2024, a través de la funcionaria tasadora doña nombre reservado, solicitando que para proceder a la separación de la propiedad de domicilio reservado (a la que corresponde el rol de avalúo 175-1) del rol de avalúo 175-10 que corresponde a domicilio reservado, se debía acompañar un nuevo plano de subdivisión, procediéndose al cierre de la solicitud bajo el argumento de faltar antecedentes y de no haberse aportado oportunamente.

Añade que, el 17 y 20 de diciembre del año 2024, se vuelve a presentar la misma solicitud de manera mayormente explicativa y extensa, y con más antecedentes, sin embargo, la misma tasadora, en consulta presencial el 4 de febrero de 2025, respecto al estado de la solicitud, señaló que faltaban antecedentes, que los que tenía no eran suficientes, para luego contradecirse y señalar que no los había podido revisar porque se encontraba viendo solicitudes recién de 2022, pero que de todas maneras creía que no se acogería la solicitud, que no recordaba porque se había denegado en octubre, pero que probable se denegaría por la misma razón.

Manifiesta que, ante esa situación, solicitó el 5 de febrero del año en curso audiencia con el Director Regional del Servicio a través de la Plataforma de Ley del Lobby, la cual se llevó a efecto el 14 de febrero del presente año, con el Sr. Director Regional subrogante don Miguel Donoso Riveros, y en presencia del Sr. nombre reservado, y de los señores abogados don Cristian Aníbal Gazmuri Ortega y don Jorge Guzmán Espinoza. Indica que, expuso los argumentos a favor de su representada, sugiriéndose por los señores presentes que procediera al desistimiento de las solicitudes presentadas en el mes de diciembre ante el ya referido Servicio, a efectos de presentar una nueva, que sería revisada directamente por la Dirección Regional y por el equipo jurídico, pero que además contaría con el respaldo de unidades de Santiago.

Expresa que, el mismo día, mediante correo dirigido a don nombre reservado, se desistió de la solicitud N°4549307, para luego, el 18 de febrero del año en curso proceder a presentar una nueva solicitud de acuerdo a las instrucciones dadas, quedando con número de ingreso 4601952.

Destaca que, el 27 de febrero del año en curso, la sociedad Rumo Coinser SpA., presenta la solicitud N°4609968, con el objetivo desvincular su propiedad del rol de avalúo 175-10 perteneciente a la propiedad de Inversiones San Javier Ltda., sin embargo, un día antes de recibir la negativa del Servicio a la solicitud presentada por instrucciones de la misma Dirección Regional, la sociedad Rumo Coinser desiste de la suya.

Expone lo resuelto por el Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio ordinario de respuesta N°193, que le fue notificado el 08 de abril del presente año, en los siguientes términos:

“Como podrá advertirse, la aprobación del plano de fusión que fundamentó la existencia del Rol 175-10 de la comuna de La Serena, constituye un acto administrativo, ya que se trata de una decisión que toma la autoridad y que en definitiva produce efectos jurídicos, en este caso, en relación a la contribución a la que está afecta el inmueble.

Por lo cual no puede soslayarse o eliminarse la existencia de dichos actos como se pretende en este caso.

El hecho de no haberse incorporado el plano legalmente aprobado al Registro Conservatorio, no supone la inexistencia de un acto administrativo cual es la resolución que aprueba el plano de fusión por parte de la Dirección de Obras Municipales que sirvió además de antecedente para fusionar en el Catastro los roles 175-10 y 175-1 de la comuna de La Serena, y respecto de cual, también se emitió un acto administrativo, de suerte además que dichos actos dicen relación con el impuesto territorial y no con el dominio de los predios en cuestión.

En consecuencia, no resulta procedente otorgar o “revivir” el Rol 175-1 de la comuna de La Serena, en tanto no exista el acto administrativo que así lo disponga.”

Afirma que, lo exigido por el servicio recurrido resulta inviable, ya que legalmente no existe fusión de dichos lotes, debido a que el plano presentado en el Servicio fue únicamente allí exhibido, nunca llegando a concretarse la fusión a través de la presentación del plano en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena para su correspondiente aprobación. Prueba de lo anterior es que inclusive existiendo dicho plano aprobado por la DOM de La Serena y presentado ante el Servicio para la unificación de los roles citados, las propiedades se siguieron enajenando por separado, siendo la misma sociedad que solicitó la unificación, quien después enajenó por separado la propiedad de Avenida Balmaceda a través de la dación en pago efectuada a Banco Santander, inmueble que posteriormente fue vendido por este último a Inversiones San Javier Limitada.

Expresa que, la unificación de roles de las propiedades le genera serios perjuicios patrimoniales, ya que la recurrente ha pagado y seguirá pagando contribuciones de su propiedad y las contribuciones de la propiedad de calle Brasil perteneciente a una empresa totalmente ajena a ella, debido a que figuran bajo el mismo rol ambas propiedades.

Alega que, pese a todos los antecedentes aportados, el Servicio de Impuestos Internos de La Serena, persiste en que lo que se debe realizar es una subdivisión, sin embargo, aquello es del todo improcedente, porque ambas propiedades hoy tienen propietario diverso y sin ningún tipo de relación entre sí, por lo demás jurídicamente no puede subdividirse algo que nunca fue legalmente fusionado. Añade que, lo anterior fue expuesto ante al Conservador de Bienes Raíces de La Serena, quien manifiesta no tener antecedente alguno en sus registros de haberse practicado fusión, lo que se reafirma con las enajenaciones de los inmuebles por separado que se realizaron posterior a la unificación de roles ante el SII, cuestiones todas que sí constan en los registros del Servicio de Impuestos Internos.

Sostiene que, la resolución de desvincular los roles de avalúo y asignarle a cada propiedad su rol es una cuestión netamente administrativa de competencia del Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, la negativa no sólo limita sino también vulnera la sociedad Inversiones San Javier en sus derechos.

Puntualiza que, el servicio recurrido ya había sido advertido de la situación en la que se encontraban ambos inmuebles. Al efecto, al momento de efectuar la transferencia de dominio del inmueble de domicilio reservado de Inversiones C y F Ltda. a Rumo Coinser SpA, ambas sociedades representadas por don nombre reservado, el Conservador de Bienes Raíces se negó por pertenecer el rol de avalúo a un inmueble cuyo titular nada tenía que ver con las sociedades precedentemente referidas, sin embargo el 20 de marzo del año 2024, mediante autorización especial N°AE-34, el SII le ordena proceder con la inscripción, argumentando la señora tasadora firmante de dicha resolución que ambos roles serán fusionados, cuestión que estaba a la vista no se cumpliría, porque se reitera, la propiedad de Balmaceda había sido traspasada el 17 de noviembre de 2023 por el mismo solicitante Inversiones C y F Limitada a un tercero, esto es, al Banco Santander Chile, constando en los registro internos del Servicio dada la emisión del formulario 2890 de Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces del Servicio de Impuestos Internos.

Detalla la cabida de ambos inmuebles, e indica que, mediante una simple operación aritmética, es dable concluir que ambas propiedades se encuentran en una proporción aproximada de 25,21% y 74,79% respectivamente, es decir Brasil 539 de Balmaceda 360. Asimismo, expone los pagos que ha realizado a título de contribuciones, por un total de $83.824.477, cifra que estaría comprendiendo también contribuciones que debe pagar la sociedad Rumo Coinser SpA., por ser dueña del inmueble de calle Brasil, por lo tanto, del monto referido aproximadamente $21.132.150 serían pagos de la antedicha sociedad. Con ello, quedaría en evidencia el perjuicio económico sufrido.

Aduce que, existiría por una parte una acción arbitraria del servicio, al imponerle a la recurrente un trámite administrativo que en la especie además de ser improcedente e inoficioso, es imposible de concretar, como lo sería una subdivisión de predios que nunca fueron fusionados, y que se encuentran bajo el dominio de personas distintas. Por otra parte, existiría una omisión, ya que, pese a tener pleno conocimiento que ambas propiedades son de dueños distintos, las mantiene bajo el mismo rol de avalúo, dando pie a un enriquecimiento sin causa por parte de la sociedad RUMO COINSER SPA, así como a una posible evasión tributaria.

Alega vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por haber generado una diferencia arbitraria a su respecto, en cuanto se limita su derecho de dominio respecto del inmueble en cuestión y principalmente las facultades derivadas de este derecho, cuales son la de disponer y gozar libremente de él, adicionalmente de no presentar un plano de subdivisión de inmuebles nunca fusionados, se le impone arbitrariamente la carga de asumir el pago de contribuciones de una propiedad que no le pertenece, desconociendo por lo demás el dominio indubitado que ambas sociedades detentan sobre sus respectivos inmuebles.

Por otra parte, se vería conculcado su derecho de propiedad, al tener que injustamente ponerlo a disposición del pago de contribuciones que no le corresponde cubrir. En consecuencia, el servicio recurrido pretende mediante una actuación primero, esto es la de desconocer que el dominio detentado por la recurrente es sólo respecto una propiedad, la de Balmaceda N°360, y luego, mediante la omisión a dar solución al problema exigiendo requisitos innecesarios a la luz de los hechos, está perturbando el derecho de propiedad, indubitado de la recurrente respecto de su inmueble y de su dinero.

Adicionalmente, en este trato diferenciado que ha recibido como contribuyente al verse obligado a asumir el pago de una contribución, se produce una diferencia ilegal y arbitraria que limita el derecho de igualdad.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso, adoptando las providencias que sean necesarias a fin de restablecer el imperio de los derechos vulnerados, especialmente la de ordenar a la recurrida la desvinculación del inmueble ubicado en domicilio reservado, el que pertenece al inmueble de Balmaceda número 360, ambos de la ciudad y comuna de La Serena, este último de dominio único y exclusivo de la sociedad Inversiones San Javier Limitada, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Copia de inscripción de dominio de la propiedad de domicilio reservado a nombre de Inversiones San Javier Limitada, de fojas 6.475 número 3.844 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2024. 2. Copia de inscripción de dominio de la propiedad de domicilio reservado a nombre de Banco Santander Chile, de fojas 1.732 número 1.072 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2024. 3. Copia de inscripción de dominio de la propiedad de domicilio reservado a nombre Inversiones C y F Limitada, de fojas 10.624 número 7.665 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2012. 4. Copia de inscripción de dominio de la propiedad de domicilio reservado a nombre de nombre reservado, de fojas 5.307 número 4.134 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2011. 5. Copia de inscripción de dominio de la propiedad de domicilio reservado, a nombre de Rumo Coinser SPA, de fojas 2.892 número 1.764 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2024. 6. Copia de inscripción de dominio de la propiedad de domicilio reservado, a nombre de Inversiones C y F Limitada, de fojas 10.623 número 7.664 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2012. 7. Plano de fusión de propiedades de Balmaceda N°360 y Brasil N°539. 8. Comprobante de Petición Administrativa efectuada ante el Servicio de Impuestos Internos el 21 de agosto de 2024 y su respectiva carta de respaldo. 9. Resolución exenta N° 222024315549 de 14 de agosto del año 2024, que rechaza petición administrativa de 21 de agosto del año 2024. 10. Respuesta enviada por correo electrónico a abogada Claudia Pereira López por doña nombre reservado, fiscalizador tasador del Servicio de Impuestos Internos de La Serena, el 14 de octubre del año 2024. 11. Comprobante de solicitud de desvinculación de inmueble formulada el 17 de diciembre del año 2024. 12. Comprobante de solicitud de audiencia a través de ley de lobby. 13. Registro de correo electrónico de 13 de febrero del año 2025 de desistimiento de solicitud presentada el 17 de diciembre del año 2024. 14. Comprobante de solicitud de desvinculación de inmuebles formulada el 18 de febrero del año 2025. 15. Comprobante de solicitud de desvinculación de inmuebles formulada el 27 de febrero del año en curso por sociedad Rumo Coinser SpA., y su respectiva carta de respaldo. 16. Oficio ordinario de respuesta N°193 de 7 de abril del año 2025, dirigido por doña nombre reservado. 17. Autorización especial N°AE-34 del SII que ordena al Conservador de Bienes Raíces de La Serena, proceder con la inscripción del inmueble de domicilio reservado. 18. Certificado de avalúo fiscal detallado rol 175-10 comuna de La Serena. 19. Pago de contribuciones cuota 2, 3 y 4 año 2024 y cuota 1 2025.

SEGUNDO: Que, a folio 8, evacúa informe don Rómulo Gómez Sepúlveda, Director Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Explica, en primer lugar, que el recurso trata sobre la situación jurídica de dos inmuebles, el ubicado en domicilio reservado, y el ubicado en domicilio reservado, ambos de comuna de La Serena, los cuales se encuentran registrados tributariamente bajo el Rol de Avalúo 175-1 de esta comuna, y que poseen distintas inscripciones conservatorias a nombre de dos empresas diferentes.

Describe los hechos que dieron lugar a las actuales inscripciones de los inmuebles, y aclara que, el año 2020, mediante Certificado de Recepción Definitiva de Obras N°337, la Dirección de Obras Municipales de La Serena constató que, en las propiedades fusionadas se había construido un solo inmueble denominado “Edificio Estacionamientos San Lorenzo”, el que se encontraba edificado conforme a los Permisos de Obra N°77 de 2017 y 179 de 2018, exponiendo, al efecto, fotografías y una imagen satelital del inmueble, siendo luego de ello que se verificaron las enajenaciones e inscripciones a nombre de sus actuales propietarios.

Se Refiere sobre la reunión sostenida el 14 de febrero de 2025 con la representante de la recurrente, en la cual se solicitó la modificación a la asignación de los roles de los inmuebles antes referidos, formalizada mediante formulario 2118 N°4601952, de 18 de febrero de 2025, lo cual fue resuelto mediante Ordinario N°193 de 07 de abril de 2024, en los términos que cita.

Alega, en primer lugar, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer y resolver la controversia. Destaca el carácter excepcional de esta acción constitucional y observa que, lo pretendido por la recurrente, es que se soslayen los efectos jurídicos de la resolución que aprueba el plano de fusión por parte de la Dirección de Obras Municipales, que sirvió además de antecedente para fusionar en el Catastro los roles 175-10 y 175-1, de la comuna de La Serena. Por consiguiente, de manera larvada y soterrada, lo que pretende la reclamante es que el Servicio, de manera breve y sumariamente, conozca y resuelva acerca de una cuestión de lato conocimiento y respecto de las cuales carece de competencia, ya que de acuerdo con la normativa legal vigente y dada la situación relatada por la recurrente, se desprende que se está en presencia de una situación fáctica que debería ser resuelta entre los propietarios de ambos terrenos, mediante un juicio de lato conocimiento.

A mayor abundamiento, debe considerarse que, conforme los antecedentes en poder del Servicio y que quedan en evidencia de las muestras fotográficas presentadas en su informe, los inmuebles en cuestión operan actualmente como una unidad física y funcional, explotados en su totalidad por la recurrente mediante el funcionamiento de un solo proyecto: un estacionamiento vehicular. Esta circunstancia revela, desde un punto de vista fáctico, la inexistencia de separación material entre los bienes raíces mencionados, situación que refuerza la necesidad de un procedimiento declarativo previo, que, en este caso, debe tramitarse ante la Dirección de Obras Municipales, aportando antecedentes técnicos y jurídicos que permitan no sólo la delimitación física efectiva de ambos bienes raíces, sino también su separación jurídica, de conformidad al ordenamiento jurídico.

Luego, alega la inexistencia de actuaciones ilegales y/o arbitrarias por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Destaca lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, artículo 2° de la Ley N°18.575, 1° y 6° del Código Tributario y 29 de la Ley N°17.235, desprendiendo de dichas normas que el servicio recurrido tiene las facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias y, en particular, del impuesto territorial, para lo cual posee una base de datos que clasifica y divide a todas las propiedades existentes en el país en comunas y roles, en los cuales se describen las características constructivas, técnicas y legales de cada una de ellas.

Cita los artículos 67 y 69 de la Ley de Urbanismo y Construcción y 3.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, concluyendo que no resulta efectivo lo alegado por el recurrente en cuanto a que la fusión no existiría legalmente al no encontrarse inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, por cuanto si bien se autoriza el archivo de las fusiones, no señala si ésta debe ser anotada al margen de las inscripciones de los lotes que le dan origen, o si debe ser inscrita en el registro de propiedad. En caso de que la alternativa usada sea la de una inscripción, el Reglamento del Registro Conservatorio no señala la forma de hacerla, ya que no es título de dominio que deba o pueda practicarse en el registro de propiedad, conforme al artículo 52 y 53 del mismo cuerpo normativo. No es en este caso entonces una forma de hacer la tradición de un bien raíz, sino una manera de mantener la historia de la propiedad, y no cancela por tanto las inscripciones de los lotes objeto de la fusión. En suma, el hecho de que la fusión de propiedades autorizada el año 2016 no se encuentre inscrita no implica que la misma sea ilegal o simplemente no exista ya que la inscripción no se exige como solemnidad.

Recalca que, la materia sometida a conocimiento de esta Corte no guarda relación con el dominio de los bienes raíces, sino con la fusión administrativa de roles de avalúo solicitada voluntariamente por el entonces propietario de ambos inmuebles, fusión que fue debidamente aprobada por la Dirección de Obras Municipales de La Serena y ejecutada por el Servicio, en el marco de las competencias legales vinculadas al impuesto territorial. Por tanto, cualquier pretensión de revertir dicha fusión debe necesariamente sustentarse en un nuevo acto administrativo dictado por la autoridad competente que disponga expresamente la subdivisión de los predios o la invalidación de la fusión aprobada. En ese entendido, este Servicio ha orientado correctamente a la contribuyente, indicándole que la vía procedente para lograr la división de los roles consiste en gestionar ante la autoridad urbanística respectiva la emisión de la resolución que autorice dicha modificación, siendo este el único cauce legalmente habilitado para alterar los efectos tributarios vigentes.

Hace presente que, para autorizar la asignación de nuevos roles como consecuencia de una subdivisión predial, es necesario que el peticionario acompañe “Resolución Municipal, del plano de Subdivisión, Loteo o de Copropiedad, aprobado por la Dirección de Obras Municipal u organismo competente; certificado de número domiciliario, emitido por la Dirección de Obras Municipal”. Para la obtención de esta autorización el recurrente debe dirigirse a la Dirección de Obras Municipales de la comuna de La Serena y reunir los antecedentes necesarios a efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuestión que a la fecha no ha realizado.

Por lo anterior, no vislumbra una actuación ilegal por parte del servicio recurrido, ni menos que ésta sea arbitraria, indicando que, la negativa a asignar nuevos roles, obedece exclusivamente a la falta de documentación requerida a la recurrente, y que debe ser solicitada a la autoridad municipal competente, y no a una actuación discrecional o infundada del Servicio. Asimismo, la fusión predial realizada en 2016 fue debidamente aprobada por la Dirección de Obras Municipales y no requiere inscripción conservatoria como solemnidad legal, por lo que su validez no puede ser desconocida. Agrega que, resulta absolutamente improcedente y carente de sentido, el que se impute responsabilidad al Servicio, respecto de situaciones ajenas a su competencia, como en el tema de la aprobación de fusiones o divisiones, toda vez que tal materia, es de competencia municipal.

Finalmente, niega la existencia de la vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

En cuanto a la igualdad ante la ley, no se verifica identidad de presupuestos fácticos ni jurídicos entre la situación de la recurrente y la de otros contribuyentes que están o pudiesen estar en la misma situación. El trato que la recurrente denuncia no emana de un acto arbitrario o discriminatorio por parte de la autoridad, sino de la legítima aplicación de la ley conforme a lo establecido por el legislador, como a su vez, a los requisitos y/o condiciones objetivas establecidas en el cuadro Anexo de la Resolución Ex. N°46 de 2017 emitida por el Director del Servicio. Por tanto, la alegación debe ser desestimada, por no configurarse infracción constitucional alguna. Por lo demás, la recurrente no aporta antecedente alguno respecto de otro u otros contribuyentes a quienes se haya dado un tratamiento distinto, en términos que pueda concluirse que exista un trato discriminatorio respecto de la recurrente, lo que indudablemente, impide poder establecer la existencia efectiva de la discriminación simplemente alegada por la recurrente.

En cuanto al derecho de propiedad, destaca que tanto la sociedad recurrente como RUMO COINSER SPA, al momento de adquirir sus respectivas propiedades, conocían, o a lo menos debían conocer, que estas se encontraban enroladas, para efectos tributarios, bajo un mismo rol, debido a que en su oportunidad se había informado al Servicio de Impuestos Internos la existencia de una fusión previamente aprobada por la Dirección de Obras Municipales. En tal contexto, cualquier eventual inconveniente derivado del cobro de un único impuesto territorial sobre el terreno que comprende ambas propiedades debe ser resuelto entre los nuevos propietarios, tratándose de una cuestión ajena a la competencia del Servicio.

Reitera que, la posibilidad de separar e individualizar los roles, para efectos de la aplicación del impuesto territorial, depende única y exclusivamente de que los actuales propietarios soliciten a la Dirección de Obras Municipales la respectiva separación, ya sea mediante una nueva solicitud de división o a través de una petición formal para dejar sin efecto la fusión autorizada en el año 2016, debiendo acompañar los antecedentes técnicos y jurídicos que dicha autoridad estime necesarios.

En consecuencia, no se configura vulneración al derecho de propiedad, dado que el Servicio no ha afectado o amenazado los derechos fundamentales que la recurrente estima conculcados, ya que la negativa a la solicitud se basó en antecedentes objetivos y dentro de las facultades legales, más bien, sucede que la recurrente debido a su inactividad no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales y establecidos por este servicio para acoger dicha solicitud, por lo que la acción de protección debe ser rechazada.

Solicita, por tanto, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Anexo Resolución Ex. N°46 de 2017. 2.- Ordinario N°193, de fecha 07.04.2025.

TERCERO: Que, a folio 16, el 10 de junio de 2025, agregado el presente recurso para su vista, en la Segunda Sala, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral tercero inciso tercero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve solicitar informe a la Sociedad RUMO COINSER SpA., sobre los hechos expuestos en el libelo de protección, no pudiendo ser notificada según consta a folios 18 y 19, por lo que a folio 24 se prescinde del informe.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario el actuar del Servicio de Impuestos Internos al negar la separación de los Roles de Avalúo de dos propiedades, una del recurrente y otra de un tercero, las cuales se encuentran registradas bajo un mismo número, en base a una fusión de predios que nunca se habría concretado.

Que, a su turno, la recurrida alega que la acción de protección no sería la vía idónea para resolver el asunto, por una parte, por cuanto los asuntos que se generen entre las propietarias de ambos inmuebles deben ser ventilados en un juicio de lato conocimiento, y por otra, por cuanto por esta vía se pretende que el servicio soslaye la existencia de un acto administrativo válido, para obtener una declaración que, previamente, debería ser conocida por la autoridad que dictó la aprobación del plano de fusión, negando asimismo la existencia de un actuar ilegal o arbitrario que vulnere las garantías invocadas por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, de lo expresado por las partes y de los antecedentes allegados al proceso, se desprende que la controversia que se plantea en autos se basa, esencialmente, en hechos controvertidos, esto es, la fusión efectiva de dos roles de propiedad, y en caso contrario determinar si efectivamente corresponde entregar un nuevo rol a la propiedad ubicada por calle Brasil, lo cual en primer término debiera ser resuelto con los antecedentes respectivos por la institución pública llamada a aprobar o rechazar divisiones o subdivisiones de terrenos urbanos, como es la Dirección de Obras Pública de la Municipalidad, sin que aquello sea un asunto que pueda ser resuelto en una acción constitucional como ésta, la que requiere para ser acogida, la certeza de existir en el patrimonio de la actora, un derecho indubitado, previamente declarado, lo que no ocurre en este caso, más aún cuando no se ha apersonado en el presente recurso la propietaria del terreno sobre el cual se desea crear un rol de avalúo.

En efecto, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007)

OCTAVO: Que, es imposible para esta Corte acceder al presente requerimiento constitucional, pues es relevante primero dilucidar asuntos controvertidos, lo que escapa con creces a los márgenes de esta acción, de suyo excepcional y de urgencia que supone el ejercicio de derechos fuera de debate, cuyo no es el caso de marras. Es necesario, entonces, someter el asunto a un proceso declarativo que resuelva los puntos discutidos, permitiendo a las partes el uso de un contradictorio, rendir prueba, objetar la de la contraria y, luego, que la autoridad pertinente defina la propiedad de los derechos, por lo que la presente acción deberá ser desestimada como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de Inversiones San Javier Limitada, en contra de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°748-2025 (Protección).-